Por Nahuel Lag y Ailín Bullentini
“La palabra ‘seguridad’ esconde muchas cosas. Tenemos que destaparla día a día y denunciar lo que ocurre.” Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pronunció esas palabras en la puerta de la sede del Ministerio de Seguridad nacional a un año de la muerte de Kevin, el niño que fue la única víctima fatal de un largo tiroteo en la villa Zavaleta, tres horas y 105 tiros que no detuvieron ni los gendarmes del Operativo Cordón Sur, instalados a 50 metros del lugar, ni los llamados al 911 (ver recuadro). La frase retumbó ayer entre los árboles frondosos, los edificios europeos, las calles paquetas y los oídos inseguros de algún vecino de Recoleta. “Porque liberaron la zona, como siempre”, “porque la Justicia ni siquiera los citó a declarar”, “porque el Ministerio de Seguridad jamás inició la investigación interna que prometió”, “porque en la causa del homicidio sólo se investiga ‘un enfrentamiento entre narcos’”, destapó La Poderosa ante “la Casa de la Inseguridad” y, al hablar del caso de Kevin, sus miembros escracharon la complicidad judicial-policial-política que también se llevó a Luciano Arruga y a Jonathan “Kiki” Lezcano. Vanesa Orieta, hermana de Luciano, y Angélica Urquiza, madre de Kiki, también llevaron su lucha y su palabra para acompañar el grito “Ni una bala más, ni un pibe menos”, respaldado por organizaciones barriales, políticas y sindicales. El reclamo de un control popular sobre las fuerzas de seguridad y el despido del secretario de Seguridad, Sergio Berni, también fueron un grito profundo.
Kevin va y viene, tiene una decena de piernas, toma envión en otra decena de brazos y consigue jugar en tres canchas de fútbol al mismo tiempo. Todos los pibes y pibas de las villas donde hace pie La Poderosa lo llevan en sus pechos, mientras juegan al sol. De arco a arco: “Todos somos Kevin”, dicen los chicos. Las canchas están improvisadas sobre la calle Juan Andrés Gelly y Obes. A pocos metros hay un busto que homenajea al jefe del Estado Mayor del Ejército argentino durante la Guerra de la Triple Alianza, al hombre de confianza de Bartolomé Mitre. Sobre el perímetro de rejas que lo protegen, cuelgan los carteles de los desprotegidos: Iván Torres, Julio López, Facundo Rivera Alegre, Sergio Ávalos, Luciano Arruga, Marita Verón, todos desaparecidos en democracia.
Los pocillos, hasta el tope de guiso de lentejas, van y vienen entre las canchitas y el escenario, ubicado a unos 70 metros sobre Gelly y Obes, en la puerta de ingreso del “Ministerio de Inseguridad”. “Zavaleta te extraña”, saluda a Kevin una de las tantas banderas de La Poderosa que decoran las esquinas. Está firmada por amigos y familiares, y un grupo de chicas la extiende con papeles y fibrones: “Te quiero mucho”, escriben. Así recuerdan aquella noche en la que Gendarmería y Prefectura Naval se ausentaron de la “Plaza Kevin” —hecha a pulmón por los vecinos en el corazón de Zavaleta—, en la que entre tanto tiro “narco” uno impactó en la cabeza del niño de 9 años, que estaba escondido bajo la mesa de su casa. “No debería haber una Plaza Kevin. Kevin debería estar jugando en una plaza”: otro mensaje a puño y fibra.
“Es triste saber que parte de los pibes pobres está siendo eliminada. El tema es no naturalizarlo y pensar qué lugar ocupamos para no ser máquinas que ven cómo muere gente.” V. Orieta
El Operativo Cordón Sur envía, desde 2011, gendarmes y prefectos a los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires por orden del gobierno nacional y es coordinado por el ministerio encabezado por María Cecilia Rodríguez, creado bajo la dirección de Nilda Garré después de la represión y las muertes en el Parque Indoamericano. Sin embargo, La Poderosa tuvo que crear el puesto “Vecinos Sin Gorra” el año pasado para recibir las denuncias de insultos, patadas, maltratos y robos de las mismas fuerzas que los deberían proteger.
“La actitud del Poder Judicial es lamentable en el caso de la muerte de Kevin, la misma que tuvieron en los peores años del país”, denunció en micrófono abierto el abogado que representa a mamá Roxana y papá Claudio. También exigió “el trabajo de fiscales especializados en derechos humanos y no de amigos de las fuerzas de seguridad”. Durante el año que transcurrió entre el asesinato del niño en Zavaleta y hoy, las causas judiciales radicadas en el Juzgado de Instrucción 41, a cargo de Hernán López, cuyo impulso depende de los fiscales Pompeya Adrián Giménez y Marcelo Munilla Lacasa (los mismos que se desempeñaron en la causa que imputó a Fernando Carrera como el responsable de la Masacre de Pompeya, en 2007), tuvieron diferente desarrollo. Mientras el expediente que trabaja sobre las responsabilidades directas está a las puertas del juicio oral, en el que serán juzgados dos hombres que habrían participado del tiroteo; el que trabaja sobre el presunto incumplimiento de deberes de gendarmes y prefectos por haber liberado la zona ni se movió.
Según informó, Ortiz Almonacid debió apelar a la Cámara para que la Fiscalía aceptara a Roxana, la mamá del nene asesinado, como querellante en la causa, mientras que ningún efectivo de las fuerzas fue indagado. “Si los fiscales no quieren trabajar, que se vayan de la causa”, exigió el abogado y subrayó que “Berni se tiene que hacer responsable del accionar de las fuerzas porque es de no creer que los gendarmes y los prefectos no hayan escuchado 105 disparos de armas de guerra por la lluvia de aquella noche”.
Alejandra cambia mates en una mesita que brinda información sobre la iniciativa de “control popular de las fuerzas de seguridad”, en una esquina que, cacerola en mano, suele hacerse oír como única víctima de la falta de eso que también ahí, en Recoleta, llaman “seguridad”. Un rato después, se le quiebra la voz sobre el escenario cuando recuerda a su hijo, también llamado Kevin y asesinado tiempo atrás por un disparo seguro de las fuerzas de seguridad. “Las madres sabemos lo que cuesta seguir adelante, pero también sabemos lo importante que es luchar para cambiar las cosas, por una sociedad mejor para ellos. No hay que tener miedo, hay que concientizar a la gente”, alentó.
Hace un mes, a once del asesinato de Kevin Molina, la brigada de Robos y Hurtos de la Federal asesinó a los adolescentes Brian Ayaviri (19) y Jonathan Mareco (17) en las inmediaciones de la villa en donde vivían, la 20, en Lugano. “La violencia institucional no es problema de las villas ni de los villeros, sino de la democracia argentina y del Poder Judicial, que garantiza la impunidad”, recalcó la abogada de las familias de esos chicos en la tarde de Recoleta. La semana pasada, las balas policiales alcanzaron a otro adolescente. La fuerza, como en el resto de los casos, lo acusó de “delincuente” para justificar su gatillo fácil. Los noticieros y diarios repitieron la versión policial. A fines de agosto sucedió lo mismo con Gabriel Vaca y Mario Ruiz, de la Villa 21/24 de Barracas. “Estamos tan podridos de la violencia policial que sus familias no pueden ni hablar por el desgarro que sienten. Por eso estoy hoy acá”, se presentó Daiana, vecina y amiga de Vaca y Ruiz. “Este festival no tendría que ser en honor a nuestras víctimas: tendríamos que estar festejando con ellos”, añadió.
“Radio Zona Libre”, se lee en la bandera que es el escenario móvil de la emisora itinerante con la que familiares y amigos de Luciano Arruga sostienen el reclamo de justicia por la desaparición forzada del adolescente y proponen ante la violencia institucional “la urgencia de defender los derechos de los niños y adolescentes”. Vanesa se lamenta porque sabe que “después de este acto, vendrán otros casos de gatillo fácil”. Pero no descansa y señala: “La violencia institucional es un problema general: falta de educación, vivienda digna, alimentación adecuada. La ausencia de derechos genera exclusión, que se traduce en discriminación y, en la sociedad argentina, abre paso a la criminalización. En esa situación, los jóvenes humildes enfrentan otro tipo de violencia: a mano de las fuerzas de seguridad o por complicidad de éstas con el delito, ocurren las desapariciones forzadas”, entre otros abusos. “Es triste saber que así una parte de los pibes pobres está siendo eliminada”, denuncia, y avanza: “El tema es no naturalizarlo y pensar qué lugar ocupamos para no ser máquinas que ven cómo muere gente. Es importante que grupos y organizaciones sociales y políticas diferentes empecemos a unir nuestros reclamos”.
Un mural de piso de la cara de Kevin queda fundido en blanco sobre el asfalto, que brilla con el sol que se va escondiendo. Los pibes y pibas de Fátima, de Zavaleta y de la Rodrigo Bueno, y también Javier, amigo de Kevin, pararon la pelota y están cerca del escenario escuchando a todos los que se acercaron a acompañar el grito seguro de las villas. Vanesa ya estaba sobre el escenario junto a otros compañeros de lucha y Nacho, padrino Kevin y miembro de La Poderosa, le agradece la presencia y una enseñanza: “Partidos políticos hay muchos, pero derechos humanos hay uno solo. Entonces —continúa— nunca más nos podemos volver a preguntar cómo tenemos que jugar políticamente, porque con los derechos humanos no se especula ni se realizan cálculos”.
