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fuera de control

el derrame en veladero

Foto: Wikipedia

Barrick Gold reconoció que el 8 de septiembre pasado ocurrió un nuevo derrame de solución cianurada en la mina de oro Veladero en San Juan. La multinacional canadiense lo admitió cuando se cumplía un año del derrame de un millón de litros de agua cianurada sobre los cursos de agua del río Jáchal, el más grande en la historia de la minería argentina. Hace siete meses, el hidrogeólogo y geoquímico Robert Moran subió —con sus 40 años de experiencia sobre la actividad minera— a Veladero. Lo hizo a partir de una convocatoria de la asamblea Jáchal No Se Toca y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas para responder 13 preguntas hechas por el juez federal Sebastián Casanello, a raíz de la causa penal abierta por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos. En ese informe, al que accedió NAN, Moran resumió los principales déficits de control para preservar el medio ambiente y los peligros para la salud que trae la explotación desarrollada por Barrick Gold. La causa de Casanello se abrió de forma paralela a la que en los Tribunales de San Juan lleva el juez Pablo Ortija por el derrame del 12 y 13 de septiembre de 2015. Un año después, volvió a ocurrir. Las autoridades provinciales y nacionales repitieron sus condenas, el juez Oritja —quien sólo procesó a ejecutivos de bajo rango— subió otra vez a revisar el trabajo de la multinacional, y la Corte Suprema —que le quitó la investigación contra la minera a Casanello y se la dejó a Oritja— pidió un informe a la provincia. Los peligros habían sido advertidos en el documento de Moran, que desde mayo tiene arriba de su escritorio el juez provincial.
* Falta de transparencia por parte tanto de la corporación como de sus reguladores controladores.
* Los datos y la información importantes las proporcionan las partes económicamente interesadas, no partes independientes.
* Los organismos reguladores pertinentes (controladores) han fallado en proporcionar una supervisión adecuada y en actuar como “frenos y contrapesos” en las operaciones ambientales de MAGSA (NdeR: Mineria Argentina Gold SA, concesionaria de Barrick Gold), especialmente los relacionados con los recursos hídricos.

 

Esos fueron los tres puntos críticos relevados por Moran siete meses antes del nuevo derrame. El informe estaba en manos de Casanello por la causa impulsada por los abogados Diego Seguí, de la asamblea Jáchal No Se Toca, y Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, respecto de la violación de la Ley de Residuos Peligrosos y con un pedido de una cautelar por el cierre de Veladero. Lo mismo que solicitaron los vecinos de Jáchal esta semana al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, a un año del derrame que destapó todas las irregularidades.

 

TRANSPARENTE COMO AGUA CIANURADA

 

Moran recorrió Veladero en abril junto al entonces gerente general de la empresa Rick Baker, quien había llegado a San Juan para ocupar el lugar del desplazado Guillermo Caló, responsable de la explotación durante el derrame del año pasado. Baker duró menos de un año en su puesto, ya que también fue despedido tras el nuevo derrame. Una de las primeras observaciones hechas por Moran en el informe entregado a Casanello fue la siguiente: “La información respaldatoria necesaria para entender el impacto de este derrame está contenida en tantos miles de páginas de datos e informes contradictorios y, a veces, engañosos de numerosas fuentes”.

 

Los condicionamientos para el análisis de lo ocurrido no sólo fueron documentales; el hidrogeólogo visitó Veladero luego de que fueran rechazadas las presentaciones judiciales hechas por los abogados de Barrick Gold para evitar su presencia en el lugar y mientras el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, solicitaba a la Corte Suprema apartar de la causa a Casanello al considerar que la investigación, impulsada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, era “ilegal” y sólo perseguía “el cierre de la mina, lo que traería un enorme perjuicio para la provincia”.

 

Foto: Wikipedia
Foto: Wikipedia

Una última situación condicionó la inspección de Moran: “Cuando visité las operaciones de la mina, ya había realizado todos sus cambios de ingeniería posteriores al derrame”. Esos cambios habían sido solicitados por la Justicia y el gobierno de San Juan, lo que mantuvo la mina clausurada durante varios días tras el derrame de 2015. La reacción tras el nuevo derrame del 8 de septiembre fue calcada: cancelación de las operaciones, multas, solicitud de “trabajos de prevención”.

 

Esta semana, Oritja adelantó la inminente reapertura de la explotación, tras una inspección ocular que realizó junto al ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, y directivos de la empresa investigada. El juez sólo espera el informe de la Policía Minera, dependiente del gobierno local, para que la multinacional vuelva a operar. Antes de eso, el gobernador sanjuanino, al igual que hizo la Barrick tras ambos derrames, tuvo el gesto de disponer el viernes pasado el cambio de la cabeza de la Policía Minera y aseguró que sería acompañado con cambios en los protocolos de acción del organismo y nuevas exigencias a las empresas.
En opinión de Moran, los cambios directivos y de personal en Veladero fueron perjudiciales para llegar a la verdad: “La continuidad histórica se destruye y la responsabilidad de los impactos del derrame se ven comprometidos”.

 

BARRICK EXPLOTA, BARRICK CONTROLA

 

¿Qué había advertido Moran cuando finalmente llegó a Veladero? “Al igual que la mayoría de las modernas minas a cielo abierto similares, Veladero se encuentra en una zona remota, donde todos los accesos a las instalaciones de la mina y esencialmente toda la información técnica están estrechamente controladas por la corporación”, señaló en su informe.

 

Y agregó: “Por lo tanto, la corporación ‘controla’ fuertemente la información dada al público en general, a los entes reguladores, a los consultores de Magsa (NdeR: subsidaria de Barrick Gold en la Argentina) y a los observadores externos. Lo más importante, controlan los ‘hechos’ que pueden ser liberados a la información, y los que deben ser ocultados”.

 

Fotografía: Wikipedia
Fotografía: Wikipedia

Esta descripción de Moran revela por qué el derrame más grande de la historia de la minería argentina se conoció hace un año a partir de un mensaje de whatsapp de un obrero de la mina que llegó hasta la ciudad de Jáchal y en pocas horas se viralizó en las redes sociales. Aquella noche, 300 vecinos fueron a la puerta del Municipio, 120 kilómetros aguas abajo de la mina para pedir respuestas por el temor de los impactos en la salud de los 10 mil jachaleños.

 

Esta semana, unos 500 vecinos e integrantes de la asamblea Jáchal No se Toca unieron a pie los 170 kilómetros que los separan de la capital sanjuanina y entregaron en mano al gobernador un petitorio para avanzar en el cierre de la explotación. La respuesta se mantiene: “No hay lugar para la antinomia ‘minería sí o minería no’ sino que para nosotros es minería sí, aunque muy responsable para que podamos vivir tranquilos”, aseguró Uñac. Palabras difíciles de asimilar, tras la revelación a principios de año de un informe del Ministerio de Ambiente de la Nación —difundido por el periodista Juan Pablo Parrilla de Infobae— que indicaba que el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012 se habían producido otros derrames que no fueron informados públicamente.

 

Esa información coincidió con el análisis de Moran respecto de cómo Barrick controla toda la información de los posibles derrames que se ocasionan en el área periglacial donde funciona el proyecto —en violación a la Ley de Glaciares, algo denunciado desde un principio por la Asamblea de Jáchal—. En el documento con el que contaba Casanello y que desde mayo descansa en el despacho de Oritja, Moran presumió que los primeros datos después del derrame debieron ser documentados “con fotos, posiblemente también fotografías aéreas, imágenes de satélite”. Presumió y escribió “posiblemente” porque “ninguna de estas fotos o imágenes nos fueron proporcionadas durante nuestra visita al sitio, ni he descubierto ninguna en la revisión de relevantes informes externos”.

 

Los informes del derrame del año pasado de los que habla Moran salieron a la luz varias semanas después de que el hecho ocurriera, ya que “ninguno de los empleados o los autores de los informes del consultor Magsa (o partes externas, tales como la Policía Federal, la Unops) estaban presentes en el lugar del derrame de PLS el 12 y 13 de septiembre”, insistió el hidrogeólogo y se preguntó: “¿Dónde están los datos de análisis químico del agua detallados desde el 13 de septiembre hasta las próximas dos semanas?”

 

En diciembre del año pasado, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), había dividido la zona afectada en cinco zonas, empezando por el río Potrerillos y continuando por el río Las Taguas, en las que sí encontró registros elevados de cianuro, pero descartaba contaminación en las otras tres zonas de la cuenca del Jáchal. “En general, son los consultores de la industria minera los que llevan a cabo este tipo de actividades patrocinadas por la ONU”, advirtió Moran.

 

Fotografía: Colectivo Manifiesto
Fotografía: Colectivo Manifiesto

También se publicaba otro informe de la Universidad de Cuyo, encargado por el Municipio de Jáchal y realizado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de esa casa de altos estudios que advertía se había hallado manganeso y aluminio en las muestras: “Estos metales se encontraron con valores muy elevados con respecto a lo permitido por ley nacional para el uso de riego y consumo animal”. Eso provocó una rápida respuesta por parte del hasta entonces gobernador José Luis Gioja, quien exigió una rectificación por parte de la casa de altos estudios.

 

La danza de versiones llegaron a su fin en diciembre cuando se difundió el estudio realizado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) que dio por probado que el derrame de la solución cianurada contaminó los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, afectando la cuenca provincial y violando la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El informe que había presentado la Barrick, un mes después del primer derrame, a Oritja hablaba de un millón de litros de “solución cianurada” o denominada técnicamente como PLS y negado la contaminación del río Jáchal.

 

LAS ADVERTENCIAS DERRAMADAS

 

En mayo, la Corte Suprema escuchó el reclamo del fiscal de Estado de San Juan y resolvió por una cuestión de competencia de jurisdicción que la causa abierta por la Asociación de Abogados Ambientalistas que tramitaba en el juzgado de Casanello debía limitarse a la investigación de los exsecretarios de Minería y de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso y Jorge Mayoral, mientras que dejó en manos del juez Oritja la investigación sobre la actuación de la Barrick Gold y el informe de Moran. El juez provincial ya había decidido procesar sólo a nueve ejecutivos, pero sin investigar las responsabilidades del renunciado directivo Guillermo Caló —quien estaba imputado por Casanello—, ni de las autoridades del Gobierno provincial.

 

Además, Oritja había rechazado como querellante a la asamblea Jachal No se Toca, representada por Diego Seguí, algo que había aceptado Casanello en febrero tras la presentación de Abogados Ambientalistas. La decisión del máximo tribunal llegó un jueves y no en la habitual reunión de los martes. La decisión llegó días antes de que venza el plazo para que Casanello resuelva la cautelar interpuesta por Seguí y Viale para el cierre de Veladero.

 

Tras el nuevo derrame del 8 de septiembre, la Corte ordenó en su acordada (ahora sí) del martes 20 de septiembre que la provincia de San Juan presente un informe en 20 días sobre ambos derrames tóxicos: si se dio aviso a la población sobre “existencia y alcance” de los derrames, si “las medidas concretas que la comunidad debería adoptar para prevenir riesgos” y sobre las eventuales “consecuencias” para la salud. ¿Qué respuestas había en el informe de hace siete meses respecto de posibles riesgos para la salud y el ambiente?

 

— “El derrame de agua liberada durante septiembre del año 2015 contiene muchos componentes químicos potencialmente tóxicos, además de numerosas formas de cianuro, muchos de los cuales no han sido reportados en los documentos disponibles al público”.
— “Las actividades de extracción minera, tratamiento y eliminación de residuos de rutina de Veladero (…) han contaminado aguas y sedimentos asociados periglaciares. Los contaminantes químicos liberados por estas operaciones de la mina en las aguas superficiales y subterráneas locales migran aguas abajo en ambas formas, disueltas y en partículas”.
— “Las operaciones de rutina de la mina (…) continuarán degradando la calidad del agua local y regional, y aumentarán la previsible competencia regional por el agua en el futuro cercano. Estos residuos permanecerán en el lugar para siempre, aún después del cierre de la mina”
— “Los criterios y standards de la calidad del agua argentina son, en algunos casos, más débiles o inexistente para muchos componentes químicos importantes, en comparación con las aplicables en EE.UU y Canadá, el país de origen de la empresa matriz”

 

“Ante semejante derrame —subrayó el geoquímico— aspiraría a formar dos equipos diferentes de muestreo”. Moran explicó que los muestreos realizados por la multinacional, en forma conjunta con la Unops, la Policía Federal y otros equipos externos, se realizaron de forma paralela en los mismos lugares y el mismo tiempo, lo que trae errores en el muestreo.

 

También destacó problemas para el control de los recursos hídricos utilizados por la Barrick Gold. El experto subrayó que los informes de la multinacional indicaban que la empresa está autorizada a proveerse de 9.504.000 litros de agua por día, de los que sólo utilizaría el 70 por ciento: 6.652.800 litros por día. Información que no pudo contrastar con números oficiales: “Parece ser que los reguladores argentinos y los entes de control no tienen la autoridad y /o capacidad de forma independiente de verificar estos volúmenes de uso de agua”.

 

Frente a esas falencias, el experto incorporó a sus respuestas la recomendación de impulsar “una competente supervisión real pro-activa por partes independientes” y la creación de “un equipo de ciudadanos independientes para ser entrenado para ayudar a MAGSA en algunas de sus actividades de supervisión”.

 

El geoquímico también se tomó una licencia para resaltar una cuestión económica de los informes que le brindó la Barrick: “A diciembre de 2012, MAGSA estima la recuperación de Veladero y los costos de cierre en 53,2 millones (Mina Veladero, Formulario 40-F EDGAR, 2013). Al parecer, el gobierno argentino no requiere a las empresas mineras que proporcionen ninguna forma de garantía financiera”. Y apuntó: “En las condiciones actuales, el gobierno y los contribuyentes argentinos están ‘subsidiando’ estas actividades mineras, ya que muchos de los costos a largo plazo no están siendo pagados por la compañía”.

 

Fotografía: Colectivo Manifiesto
Fotografía: Colectivo Manifiesto

Para cuando el exintegrante del Servicio Geológico de Estados Unidos redactó el informe, el presidente Mauricio Macri ya había anunciado al pie de la cordillera, acompañado por el gobernador Uñac, la eliminación total de las retenciones a la actividad minera. Macri aseguró que el impuesto “violaba las reglas de juego”. El decreto presidencial hizo que el Estado deje de percibir 220 millones dólares anuales. Otro “subsidio” para las multinacionales mineras.

 

El informe solicitado por la Corte Suprema siete meses después del que Moran entregara el suyo a Casanello surge a partir de una presentación de la Fundación de Ciudadanos Independientes que, al igual que lo hizo la Asociación de Abogados Ambientalistas, indaga por el incumplimiento de la Ley de Glaciares, que prohíbe actividades como la minería en el área periglaciar. La fundación responsabilizó al Estado nacional por “omisión legislativa”. Que Veladero funciona sobre un área periglaciar es un hecho reconocido en los informes de la propia multinacional y también presente en el informe de Moran: “Es importante reiterar que todas estas aguas se desarrollan a partir de la fusión de los glaciares locales (aguas glaciales derretidas). Además, todas las instalaciones de lixiviación y la roca estéril se encuentran en la parte superior de los sedimentos permeables periglaciares”.

 

“Si todos los trabajos se han cumplido y Policía Minera dice que está todo ok, y que la mina puede operar en forma segura con los trabajos realizados, ya que no hay motivo para sostener la medida cautelar y debe ser levantada”, dijo el martes Oritja. Ayer, por tercera vez consecutiva, la Comisión de Minería fracasó en su intento de alcanzar un quórum de 11 diputados para analizar lo ocurrido en Veladero. Fueron 10 diputados, se ausentaron 20, pertenecientes a todos los bloques políticos.

 

barro@lanan.com.ar
 

Nº de Edición: 1650