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El encierro de los pibes

institutos de menores

El encierro lo asfixiaba, lo comía por dentro. Desde hace algunas semanas, Marcos estaba detenido en el Centro Cerrado de Virrey del Pino y no veía la hora de irse de ese lugar. Estaba desesperado. La Policía lo había detenido por robo calificado y el Juzgado lo había derivado a este instituto que no está preparado para alojar a jóvenes que caen por primera vez. Compartía módulo con pibes más grandes, la mayoría con condenas por delitos graves y que hace años estaban alojados ahí. La presión, el aislamiento, la violencia, el ambiente, lo llevaron a un punto límite, a tomar una decisión drástica: una noche de diciembre decidió prender fuego el colchón de su celda para suicidarse. Terminó internado en el Hospital Simplemente Evita, en estado crítico y con quemaduras internas.

 

—No aguantó la presión, no soportó la soledad, no toleró las condiciones y las características de este centro. Este lugar no está preparado para alojar a jóvenes que nunca han pasado por otros institutos y que no están declarados culpables —sostiene Gisela Gauna, trabajadora social y delegada del centro de menores, uno de los más cuestionados de la provincia de Buenos Aires.

 

El Instituto Cerrado de Virrey del Pino está lleno de historias como ésta: a los diez días de haberse inaugurado, en noviembre de 2008, dos adolescentes aparecieron ahorcados en sus celdas con pocas horas de diferencia. La versión oficial habló de “suicidio”. El sistema carcelario implementado en La Matanza trajo aparejadas situaciones desastrosas para el régimen penal juvenil. El Servicio Penitenciario fue ganando terreno entre muros y en los pabellones se instaló una lógica propia de los penales de adultos (en contra de lo que dicta la Convención de los Derechos del Niño).

 

—Esta situación genera un estado de tensión y conflicto constante— dice Gauna—. De seguir así, si no se adoptan políticas, este centro va camino a convertirse en un depósito de pibes.

 

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La crisis en los institutos de menores y centros de recepción no es nueva, viene desde hace años. Sin embargo, el escenario recrudeció en los últimos tiempos. “El sistema penal juvenil fue asimilando prácticas y dispositivos del sistema padecido por los mayores: persecución, hostigamiento, torturas; detenciones ilegales; alojamiento en condiciones inhumanas; limitado acceso a la justicia y al debido proceso”, explica la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su último informe.

 

A partir de las inspecciones que el organismo realizó en algunos de los 27 centros de detención que funcionan en la provincia de Buenos Aires detalló que actualmente hay más de 600 jóvenes alojados en institutos. En todo el país, según datos de Unicef, son 3908 los adolescentes que se encuentran en dispositivos penales (con medidas socioeducativas en espacios abiertos y centros de restricción). Casi el 90 por ciento tiene 16 o 17 años (incluso más), pero entre un 8 y un 10 por ciento tienen menos de 16 años, algo totalmente fuera de la ley porque hasta esa edad los chicos no son punibles.

 

“En la práctica, hay una mayor criminalización y persecución hacia los jóvenes, lo que deriva en un aumento del encierro de niños y niñas cada vez a menor edad”, advierte la CPM. Desde el 2009, por ejemplo, se evidenció una tendencia de reconvertir centros semiabiertos en regimenes cerrados, donde los chicos padecen situaciones de “aislamiento” e “inactividad”. “Todo esto ya venía de antes, pero con este Gobierno las políticas recrudecieron”, asegura Fernando Fernández, operador del Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación (CREU) de Jóvenes de Lomas de Zamora.

 

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Los trabajadores que se desempeñan en los institutos vienen denunciando desde hace tiempo el “vaciamiento” y “desmantelamiento” del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. La primera muestra, dicen, está el decreto de enero de 2016 que disolvió la Secretaría de Niñez, y la segunda, en el ajuste y el cierre de programas a partir de la Ley de Emergencia Económica y Administrativa. “Hay una intención manifiesta de estigmatizar y judicializar a los jóvenes y trasmitirle a la sociedad que ellos son el principal problema de todos los males, en lugar de brindar garantías y herramientas que permitan trabajar en un proceso de reinserción”, apunta Fernández.

 

El modelo a seguir, denuncian desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), es el de Virrey del Pino, donde el Servicio Penitenciario maneja la política interna del centro. “En La Matanza, las fuerzas de seguridad trabajan prácticamente a la par de los asistentes y los operadores (N.de.R: Cuando en el resto de las alcaidías solo se dedican garantizar el cuidado del perímetro). Tienen el control de la llave, las rejas las manejan ellos y le quitan peso al contacto cuerpo a cuerpo, al diálogo, a la contención que pueden llegar a tener los operadores con los pibes. Una vez que se activa eso, empieza a imponerse una lógica más violenta, de autoregulación”, explica Alejandro Fernández, miembro de ATE y otro de los delegados del CREU de Lomas.

 

Foto: Ate Sur

Este proceso de “carcelización” de los institutos se empieza a ver desde los detalles más mínimos: en el Centro de Recepción ubicado en Larroque y 12 de Octubre, entre enero y abril de este año, 18 trabajadores fueron trasladados “compulsivamente” a otros establecimientos del régimen penal juvenil. La explicación de los funcionarios de la Dirección de Institutos Penales fue que era necesaria una “reasignación de recursos humanos” para cubrir el “número mínimo” de asistentes de minoridad que debe tener cada institución a fin garantizar los servicios elementales.

 

“No es que tomaron gente, sino que reubicaron. Mandaron a compañeros a distintos centros, porque lo que plantea el Gobierno es que en Lomas somos muchos, obviamente en función de la lógica que están queriendo aplicar: de pocos operadores para una gran cantidad de chicos. Nosotros lo que decimos ante esto es que se está poniendo en cuestionamiento una forma de trabajo y una modalidad para encarar el tratamiento de chicos en conflicto con la ley penal”, dice Fernando.

 

El CREU de Lomas, luego de los traslados, quedó con poco menos de 100 operadores para trabajar en cuatro guardias rotativas de 24 horas. Aparte, tiene un equipo técnico de 25 profesionales, entre psicólogos, abogados y trabajadores sociales, y seis enfermeros para atender alrededor de 67 chicos. “Vos pensá que toda esa gente, dividida en tres módulos, para todos los días, con francos de por medio, no alcanza, se hace muy difícil trabajar así”, agrega. Por la dinámica que tienen los centros, el “número ideal” sería de un asistente cada dos pibes. Hoy verdaderamente eso no existe.

 

“Para nosotros la ecuación es simple: cuántos más operadores, menos situaciones de violencia. Y eso está comprobado. Nosotros desde hace una década venimos trabajando con un método que es el de la pedagogía de la presencia para que el joven se sienta escuchado, acompañado y que no esté solo en este proceso que es difícil. Si vos rompés con eso, aislás al pibe, metés a las fuerzas de seguridad adentro y les das más tareas, ¿qué pasa? Fijate lo que son los penales de adultos, donde 60 o 50 personas controlan a 3000 internos. Para lo único que intervienen los penitenciarios es para meter palos o entrar a los pabellones a tirar balazos de goma”, grafica Alejandro.

 

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El abandono de los institutos de menores también se transparenta en las pésimas condiciones en las que tienen que vivir los jóvenes detenidos. Celdas de no más de ocho metros cuadrados, baños con un olor nauseabundo, cloacas desbordadas, falta de luz, agua y gas, ratas y cucarachas. “Centros con infraestructura de no más de diez años de antigüedad tienen cada vez mayor deterioro, tanto en las condiciones materiales como en las condiciones estructurales”, afirma la CPM.

 

El CREU es un caso testigo. Inaugurado a fines de 2005, en varias oportunidades estuvo a punto de ser clausurado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Lomas de Zamora a raíz de la desidia, la falta de inversión y de mantenimiento de parte de las autoridades ejecutivas del centro. Hoy, de los cuatro módulos que posee, solo funcionan tres. Uno está cerrado porque es inhabitable.

 

Foto: Comisión Provincial por la Memoria

Las habitaciones en donde duermen los pibes son de 4×2 metros, con una cama cucheta de metal y colchones finitos como una rodaja de pan lactal. Los baños no tienen puerta, cuentan con un lavatorio de cemento, un inodoro sin tapa y una ducha sin flor. El olor a pis inunda todo. La humedad brota desde el piso y sube por las paredes, las cucarachas están por todos lados.

 

—Cada tanto se producen enfermedades de la piel, los pibes aparecen con forúnculos, ahora hace rato que no pasa, pero en una época sí, nosotros también nos contagiamos—cuenta Fernando.

 

A nivel infraestructura, el edificio deja mucho que desear. El problema del agua es crónico. Hay semanas enteras en la que los jóvenes se tienen que bañar con agua fría o con baldes. En invierno, con la llegada de las bajas temperaturas, el establecimiento se puede quedar sin gas. El centro no está conectado a la red de gas natural (pese a que el caño troncal pasa frente al establecimiento) y posee un zeppeling que las autoridades llenan por la mitad y a veces dura 10 o 15 días. Por eso, a mediados del año pasado, los trabajadores tuvieron que cocinar a leña en varias oportunidades. Ahora rezan por que la situación no se vuelva a repetir durante los próximos meses.

 

—El deterioro es progresivo, de muchos años, nunca se frenó. Nosotros lo denunciamos siempre pero en este clima de ajuste te podrás imaginar cuáles son las respuestas—suelta.

 

El 28 de junio pasado, un fallo de la jueza Miriam Buzzo, del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas, instó al Organismo Provincial de la Niñez, a cargo de Pilar Molina, y al director del CREU, Roberto Bermúdez, a regularizar en lo inmediato el suministro del agua debido a que partir de un análisis bacteriológico que se realizó se comprobó que el agua estaba contaminada.

 

Según cuentan los trabajadores, pasadas tres semanas “no hubo novedades”. “Esta situación no hace más que profundizar la crisis que vive la institución y pone en peligro a los jóvenes”, dicen.

 

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En el CREU, como en los otros 27 institutos de menores de la provincia de Buenos Aires, no hay un programa preestablecido de resocialización. La televisión en el comedor es la principal distracción. La inactividad de los adolescentes es casi absoluta. Esto lo reconocen los trabajadores, más allá de los talleres que organizan ellos por voluntad y los que ofrece el Gobierno muy cada tanto.

 

“Los jóvenes padecen un régimen de vida que profundiza los efectos del encierro: pasan la mayor parte de su tiempo en la celda y en lugares nombrados con eufemismo que no son otra cosa que espacios entre rejas. En la mayoría de los centros no acceden a espacios verdes y las actividades recreativas y de ocio se desarrollan en ámbitos que son jaulas”, denuncia la CPM.

 

En Lomas, por ejemplo, a las 20 cada uno está en su celda y las puertas se abren a las 8 o 9.30. Los que están autorizados por el juzgado pueden ir a la escuela; los que no, se levantan, ayudan con el desayuno, por ahí con la limpieza, pero no tienen más actividad que esa. Al estar tipificado como un centro de recepción (aunque en los hechos funciona como un instituto), los espacios son mínimos.

 

Foto: Comisión Provincial por la Memoria.

—En los institutos vos tenés espacios como para hacer talleres de oficio, entonces, por ahí hay un galponcito o un lugar para que los chicos puedan hacer algo, pero en nuestro caso no tenemos nada. Si bien hubo algunas experiencias que se lograron meter a través del sistema educativo de talleristas, tienen una limitación de alcance bastante precaria. Terminan siendo más como actividades culturales o recreativas, muy valiosas por cierto, pero no son por ejemplo un taller de oficio en el que los pibes se van verdaderamente con una herramienta— reconoce Fernando.

 

La pregunta en ese escenario es cómo se puede trabajar en la resocialización de un pibe al que el Estado no le ofrece ninguna herramienta para reinsertarse en la sociedad tras haber estado detenido. La respuesta hoy, incluso entre los especialistas, ostenta un gran signo de interrogación.

 

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El crimen de Agustín Bustamante, el niño de tres años asesinado el 8 de junio pasado cuando iba a comprar una pizza con su padre en Villa Centenario —en Lomas de Zamora, a muy pocas cuadras del CREU— volvió a reflotar el tema de la baja de imputabilidad debido a que los presuntos autores del hecho serían dos jóvenes de 14 y 16 años. El domingo pasado, Jorge Lanata emitió en su programa televisivo Periodismo Para Todos una “entrevista” en la que el “Polaquito”, un nene de 12 años que vive en Lanús, cuenta supuestas andanzas de robos y drogas. La charla con el nene, que viola todos sus derechos y fue realizada con la connivencia de la policía comunal y la presencia del secretario de Seguridad de ese partido, Diego Kravetz, no hizo más que echar leña al fuego.

 

El Gobierno nacional, envalentonado, retomó el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que tiene guardado y prometió enviarlo al Congreso “antes de las elecciones”. La primera versión del texto, acordada con jueces, fiscales y ONGs, según el ministro de Justicia, Germán Garavano, propone la punibilidad a partir de los 14 años para casos de homicidio y de 15 años para casos de delitos graves, en los que se incluye al robo calificado y secuestro extorsivo.

 

“El proyecto está a días de finalizarse para ponerlo a disposición para su análisis y consultas correspondientes”, reveló el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez, según publicó Página/12 en su edición del 13 de junio pasado. Para el jefe de Gabinete de ese ministerio, Martín Casares, el Gobierno impulsa una baja de la edad de punibilidad con el fin de “cortar la cadena del delito cometido por el adolescente, cada vez más grave y más violento”.

 

Las estadísticas oficiales refutan esa visión demagógica y punitivista que por lo general suele surgir en época de campaña. Según datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en 2015 se iniciaron 26.798 causas contra menores de 18 años, de las cuales 126 corresponden a homicidios dolosos, o sea, menos del 0,5 por ciento del total. En la Ciudad de Buenos Aires, por caso, de los 175 asesinatos ocurridos en el mismo período sólo uno fue perpetrado por un menor de 16 años, según el Consejo de la Magistratura de la Nación.

 

“Bajar la edad de imputabilidad sería un retroceso en materia de derechos humanos y un paso atrás en materia de leyes y garantías que hoy amparan a los niños”, resalta Fernando. Aparte señala que este escenario vuelve “más difícil” luchar y discutir “por un mejor tratamiento” para los pibes: “Nosotros estamos peleando por más recursos, más programas, más políticas para resolver el problema de los pibes y no queremos ceder ante la políticas de criminalización dándole más poder a las fuerzas represivas que son las mismas que organizan el circuito del delito en los barrios”.

 

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El CREU está tipificado como un Centro de Recepción y Evaluación, es decir, como un lugar de paso, pero en los hechos funciona como un instituto de menores. Por falta de plazas en otras alcaidías y por decisión de las autoridades o la Justicia, hay pibes que pasan uno, dos y hasta tres años adentro. “En algunos casos —los menos— hay chicos que están un día, otro y se van. Pero en su mayoría quedan con prisión preventiva, que de mínima son seis meses; y los jueces, generalmente, se la renuevan a propósito porque todo el proceso es muy lento, entonces hay pibes que tienen dos o tres preventivas y tienen que cumplir condenas de hecho”, cuenta Fernando.

 

Así, hay pibes que se comen un año, dos y después van a juicio y son liberados.

 

Según la Comisión Provincial por la Memoria, de acuerdo a los partes de los detenidos en la provincia de Buenos Aires en manos de las autoridades del área de Niñez, el 56 por ciento de los adolescentes en situación de encierro está con prisión preventiva. El 77 por ciento está en calidad de procesado, un 11 por ciento procesado está condenado y del 12 por ciento restante no se tiene información.

 

Lo que la ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño establece en su artículo 46 (que “la internación y cualquier otra medida que signifique el alojamiento del niño en una institución pública, semipública o privada, tendrá carácter excepcional y será aplicada como medida de último recurso, por el tiempo más breve posible, y debidamente fundada”) no se cumple. Por el contrario, el sistema sigue profundizando la vulneración de derechos a través de prácticas procesales y judiciales que repiten la lógica del paradigma del Patronato de Menores.

 

—En este escenario, te podrás imaginar que un pibe que atravesó todo lo que atravesó en su vida, enjaulado tanto tiempo empieza a vivir una situación bastante desesperante. Si encima, los lugares son reducidos, no tiene mucho que hacer y se la pasa en el mismo lugar no es raro que aparezcan situaciones conflictivas —explica Fernando que desde hace diez años trabaja en Lomas.

 

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El 8 de marzo un intento de motín en el Centro Cerrado de Virrey del Pino mostró la cara más cruda del régimen carcelario que el Gobierno quiere imponer en los institutos de menores. Un grupo de internos bajo el efecto de pastillas rompió las rejas y entró a la zona donde trabajan los asistentes. Destrozaron todo lo que estuvo a su alcance y golpearon y amenazaron a los trabajadores para reclamar la falta de comida y las pésimas condiciones que tienen que padecer desde hace meses. Todo terminó con una feroz represión del servicio penitenciario bonaerense y pibes lastimados.

 

—La situación fue de violencia extrema producto del estado de abandono en el que están —sentencia Gisela.

 

En el instituto ubicado en el kilómetro 42 de la Ruta N°3 hoy están alojados 53 pibes en tres módulos solo con el acompañamiento de 19 asistentes de minoridad. El lugar no cuenta con actividades ni talleres, con lo cual los jóvenes permanecen alrededor de 18 horas al día en sus habitaciones. A raíz de esto, muchos internos han pedido ser trasladados a una unidad penitenciaria de mayores.

 

—Las autoridades de Niñez y Adolescencia se tienen que hacer responsables. Estos pibes en su mayoría son pobres y tienen sus derechos vulnerados desde la niñez por un Estado que no se ha preocupado por su situación como sujeto de derecho y ahora los sigue abandonando— dice la trabajadora.

 

barro@lanan.com.ar

 
Nº de Edición: 1764

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