Por Werner Pertot y Luciana Rosende
Jorge Julio López fue secuestrado y desaparecido el 18 de septiembre de 2006, un día antes que se conociera la sentencia al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. López fue testigo y querellante en ese juicio, el primero que comenzó tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. A ocho años de su desaparición en democracia, en la causa no hay ningún imputado. Pero sí hay entre las miles de fojas del expediente ciertas líneas de peso que podrían marcar el camino hacia los responsables. Esas líneas nunca se profundizaron. Dos de ellas giran en torno a Etchecolatz: por un lado, su entorno privado y familiar; por otro, los policías que formaron parte del Circuito Camps y que López mencionó en su testimonio. Hay también una tercera línea, menos conocida y poco difundida, que involucra a miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde también había interesados en que los juicios por crímenes de lesa humanidad no avanzaran. Esa línea incluye denuncias anónimas, escuchas, personajes con largos prontuarios y otros que serán señalados sólo con una letra, para no entorpecer una pista vigente. Lo que sigue es “la pista de los penitenciarios”, en la única causa en el país que investiga el secuestro y desaparición en democracia de un ex detenido-desaparecido de la dictadura.
El primer legajo de la causa López, también conocido como “anexo SIDE”, contiene una de las pistas que nunca salió en los diarios. La denuncia involucraba a B., un ex jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense. B. tenía llamadas con el teléfono de Marciana Lescano, la suegra de Miguel Osvaldo Etchecolatz. Hablaba, incluso, con el abogado del represor, Luis Boffi Carri Pérez. Además, los policías que manejaban el VAIC —sistema informático de entrecruzamiento de llamados— pudieron encontrar vinculaciones de ese hombre con todo el grupo de penitenciarios presos en Marcos Paz: tenía contactos con Abel Dupuy, Héctor El Oso Acuña, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Mario García y Julio Rebaynera. También aparecía en la agenda de uno de los ex policías investigado en la línea de los conspiradores, otra de las pistas en torno a la desaparición de López: Aldo Conter, al que le habían encontrado una esvástica en su casa en un allanamiento. Y había llamado a otro ex policía vinculado a ese grupo, Julio Sáenz Saralegui, quien había sido exonerado por la represión estudiantil de 1996. Por hacer el gráfico que señaló a B. en el centro de estos grupos, los encargados del VAIC fueron reprendidos por sus superiores en la Bonaerense. El motivo nunca quedó claro.
Revisando los registros, los abogados Guadalupe Godoy y Aníbal Hnatiuk encontraron una llamada al 911 que entró a los pocos días de la desaparición de López, el 29 de septiembre de 2006. La persona que llamó dio su nombre y dijo ser un penitenciario retirado. Afirmó que un pariente de uno de los penitenciarios presos en Marcos Paz le contó que “escuchó que festejaban ruidosamente entre ellos, que les había salido redondo lo hecho con López”. Luego, este denunciante dijo que “B. es el asesino” de López. Mencionaba a un penitenciario preso en Marcos Paz. El hijo de ese detenido tenía comunicaciones con la mujer de Etchecolatz el día en que López desapareció.
La persona que llamó dio su nombre y dijo ser un penitenciario retirado. Afirmó que un pariente de uno de los penitenciarios presos en Marcos Paz le contó que “escuchó que festejaban ruidosamente entre ellos, que les había salido redondo lo hecho con López”. Luego, este denunciante dijo que “B. es el asesino” de López.
En febrero de 2008, el juez Arnaldo Corazza ordenó que se hicieran tareas de inteligencia sobre B. Los espías lo siguieron hasta la casa de un ex agente de inteligencia de la Bonaerense en la dictadura. Vieron cómo se reunía con él y con otro ex penitenciario en una confitería. La SIDE remitió 14 casetes de escuchas a B. que no fueron oídas ni transcriptas. Quedaron apiladas en el juzgado de Corazza. De todas formas, la central de inteligencia le informó al juez que B. habría expresado su preocupación cuando fue detenido Luis Patti y que tenía entre sus conocidos a Carlos El Indio Castillo. Era el jefe de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata. Se lo acusó de ser uno de los que participó en la masacre de Ezeiza y como parte de la banda de Aníbal Gordon que se unió a la Triple A. En la dictadura, se sumó a los grupos de tareas: Pablo Díaz lo vinculó al grupo que participó de la Noche de los Lápices y fue visto en el Pozo de Banfield. En 1984, no había perdido las mañas: lo detuvieron por intentar secuestrar a un empresario industrial. En 1988, el juez Alberto Piotti lo vinculó a una célula carapintada y pidió su captura. En 1991, le encontraron un arsenal en su casa y terminó detenido. Tenía fusiles FAL, dinamita, un cohete autopropulsor, granadas y equipos de comunicaciones. Todo localizado a dos cuadras de la residencia presidencial de Olivos. En 1991, fue la mano derecha de Aldo Rico en la rebelión carapintada. En esa época, tenía una credencial falsa que decía que se llamaba “Enrique Solís” y que era miembro del Ejército. En 1995, Castillo baleó a unos chicos que estaban escuchando música en el piso de arriba de donde vivía. En 2000, lo encontraron en Paraná con otro nombre falso y una camioneta robada. Estaba acusado de haber intentado asesinar al intendente de Monte Caseros, Corrientes. Lo que se dice un buen muchacho.
Un testigo lo había visto a Castillo fuera de donde se hizo un juicio a Etchecolatz despotricando contra las organizaciones de derechos humanos. La conexión de Castillo con B., por lo tanto, resultaba más que llamativa. Por los cruces de llamadas, encontraron que Castillo y B. se comunicaron en la semana de la desaparición de López. A fines de 2009, en una charla con un amigo, B. cuestionaba los juicios a los penitenciarios de la Unidad 9, la cárcel de La Plata, que estaban por llegar a juicio oral y en el que López podría haber sido testigo.
—Si esto sigue parcializado así, me parece que va a haber que investigar a los subversivos, que en su momento perjudicaron la democracia.
—Sí. Y que están en el Gobierno.
—Exactamente. Acá tienen que acabar con todo esto.
Su interlocutor era Isabelino Vega, el número dos de la cárcel platense en la dictadura. Vega sería condenado a prisión perpetua en 2010. Los investigadores pensaban que había que generar algún hecho, para ver si B. hablaba del caso López. “Dos años más tarde no va a estar conversando sobre el secuestro. Tenemos que hacer algo”, razonaron. Organizaron un escrache en la puerta de la casa del ex penitenciario. Sin embargo, justo en ese momento, la causa se vería paralizada. El juez decidió apartarse del expediente para siempre y no dejó instrucciones. La conclusión: el escrache se hizo, pero nadie estaba escuchando el teléfono de B.
Los días sin López muestra por qué nunca se identificó a los responsables y quiénes siguen siendo hoy los principales sospechosos. El rol de la Policía Bonaerense, los diversos intentos de desviar la causa con pistas falsas, los allanamientos a los represores en la cárcel de Marcos Paz, los nombres que no se investigaron de la agenda de Miguel Osvaldo Etchecolatz, los penitenciarios que también tenían interés en que los juicios de lesa humanidad no avanzaran, los policías que López mencionó, las comunicaciones del entorno de Etchecolatz el día de la desaparición de López son algunas de las pistas que revela el libro. A un año de su publicación, no se avanzó en ninguna de estas líneas, que podrían llevar a los responsables de su desaparición.
Contacto con los autores: losdiassinlopez@gmail.com.
