Ilustración: Paula Sosa Holt
MEMORIA
3.20
de la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976 fue la hora en la que la junta militar anunció, vía radio, la toma del gobierno. La ya por entonces expresidenta María Estela Martínez de Perón había sido detenida por los milicos antes de la 1. Entonces, jaurías de genocidas ya cazaban a militantes por todo el país. El terror se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983.
4
juntas militares “gobernaron” el país durante el último golpe cívico militar. Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti integraron la primera; Roberto Viola, Armando Lambruschini y Omar Graffigna, la segunda; Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo, la tercera; y la cuarta estuvo integrada por Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Hughes y Reynaldo Bignone. De todos, sólo permanecen con vida Bignone y Graffigna. El primero ya fue varias veces condenado y continúa afrontando juicios. El segundo recibió su primera condena el año pasado.
600
fueron, por lo menos, los centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron durante la última dictadura cívico militar, según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se calcula que sólo en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, ubicada en Avenida del Libertador 8151, en Ciudad de Buenos Aires, permanecieron secuestrados cerca de 5 mil hombres y mujeres. La “205”, una dependencia de la Policía Bonaerense ubicada en las afueras del partido bonaerense de Esteban Echeverría, es el centro clandestino más recientemente descubierto.
23
de esos centros clandestinos fueron reconvertidos en Espacios para la Memoria: despojados de las funciones que cumplían y entregados al Estado para que realice allí actividades relacionadas con la memoria sobre lo que ocurrió en el último golpe de Estado cívico militar, la investigación, la educación y la promoción de derechos. En 2011 se aprobó la ley 26.691, que permitió la reconversión de lugares en donde funcionaron centros clandestinos en sitios de memoria sobre el terrorismo de Estado. En 2014 se creó la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, que los nuclea.
4
centros clandestinos de detención, por lo menos, fueron “sedes” del Plan Cóndor en el país: Automotores Orletti, el más importante del conjunto; los Pozos de Banfield y de Quilmes, y la Brigada de San Justo.
91
víctimas de las más de 100 cuyas violaciones a los derechos humanos fueron evaluadas en el juicio que analizó los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor son extranjeras pero fueron secuestradas y/o encerradas, torturadas y desaparecidas en la Argentina: 11 bolivianos, 3 paraguayos, 22 chilenos, 45 uruguayos.
500
son los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos que fueron apropiados por las fuerzas militares durante la última dictadura cívico-militar. Muchos de ellos fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como NN, otros vendidos, según Abuelas de Plaza de Mayo.
198
niños y niñas nacieron en cautiverio y fueron separados de sus madres en las maternidades clandestinas de la ex-Esma, el Pozo de Banfield, Campo de Mayo y de otros centros de detención de la dictadura cívico-militar.
11
niños y niñas fueron desaparecidos junto a sus padres.
121
son los nietos y nietas que recuperaron su identidad gracias al trabajo primordial de Abuelas de Plaza de Mayo, acompañadas desde la última década por el Estado. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo.
40
años hace que un grupo de mujeres se reunió en la Plaza de Mayo para reclamar por información sobre el paradero de sus hijos, hijas y nietos. Los milicos les prohibieron quedarse quietas, así que decidieron dar vueltas en torno de la pirámide de la plaza. Llevaban sus cabezas cubiertas con pañuelos blancos. Era el 30 de abril de 1977. Nacían las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. El 10 de diciembre de ese año, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce, tres de las madres fundadoras, fueron secuestradas. Sus cuerpos fueron identificados en 2005 en una fosa común de un cementerio de la Costa Atlántica.
40
años hace que el periodista y militante montonero Rodolfo Walsh fue asesinado mientras represores de la ex Esma intentaban secuestrarlo. Walsh estaba arrojando en un buzón ubicado en Entre Ríos y San Juan, al sur de la ciudad de Buenos Aires, varias copias de su «Carta Abierta a la Junta Militar», en la que denunció “sin la esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido” los múltiples crímenes que la dictadura estaba desarrollando con objetivos sociales, económicos y políticos.
21
años hace que existen movilizaciones masivas para conmemorar el inicio del golpe de Estado cívico militar cada 24 de marzo. El Encuentro Memoria Verdad y Justicia nació en 1996, a 20 años de la dictadura, y nucleó a casi todos los organismos de derechos humanos del país. En 2006, se dividió. Desde entonces, hay dos marchas.
VERDAD
25
directorios de empresas nacionales y filiales de compañías internacionales radicadas en el territorio argentino están involucrados en secuestros, torturas y desapariciones. Ford, Mercedes Benz, Fiat, Ledesma, La Veloz del Norte y Molinos Río de la Plata integran la lista. En las 25 empresas estudiadas se identificaron casi 900 víctimas del terrorismo de Estado. 354 están desaparecidas; 65 fueron asesinadas. La mayoría eran trabajadores y ex trabajadores, participantes de los procesos de conflicto y organización obrera, según el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
43.000.000.000
de dólares era el número de la deuda externa en 1982. La política económica de la dictadura cívico-militar puesta en marcha con la Reforma Financiera del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz multiplicó la deuda por cuatro desde 1978, cuando era de 12 mil millones. Además, fundó una etapa de concentración del capital: en 1983 casi el 70 por ciento de la deuda externa privada había sido contraída por treinta grupos económicos y poco más de cien conglomerados extranjeros y empresas transnacionales, según Acerca de la naturaleza de la deuda externa, de Eduardo Basualdo.
652.000.000
de dólares fue lo que la empresa Acindar transfirió al Estado en concepto de obligaciones en el proceso de estatización de deuda privada. Las empresas cómplices de la dictadura recibieron otro tipo de beneficios económicos; por ejemplo, en 1977 un decreto firmado por Jorge Rafael Videla autorizó la instalación de una nueva planta de la cementera Loma Negra en la provincia de Catamarca con beneficios impositivos como la desgravación por diez años del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre el capital de las empresas, además de la exención de derechos de importación, de acuerdo al informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
2811
días permaneció cerrado el Congreso de la Nación. En las elecciones del 30 de octubre de 1983, con la elección presidencial también se eligieron 254 diputados y 46 senadores. Durante los siete años de la dictadura cívico-militar, un organismo integrado por 9 representantes de las fuerzas confeccionaron el marco jurídico del “Proceso de Reorganización Nacional”.
2000
fueron las leyes creadas por la dictadura cívico-militar a través de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) para modificar el entramado legislativo de modo que le permitiera implementar su plan político y económico. Estaba controlado por el poder militar con 9 miembros, tres por cada fuerza, y funcionaba en el edificio del Congreso, que fue cerrado el 24 de marzo de 1976. Parte de los trabajadores de planta permanecieron en funciones; otros figuran entre los 30 mil desaparecidos, según el colectivo de periodistas Sin Fin/Memoria Abierta.
471
leyes de la dictadura continúan vigentes, a pesar del artículo 36 de la Constitución de 1994 que anula todo acto de un gobierno de facto. Sobre el total del marco legislativo nacional —las redactadas por todas las dictaduras—, aún representan una de cada diez. Entre las vigentes redactadas por la CAL, aún siguen vigentes la Ley de Entidades Financieras, el Régimen Penal Juvenil y la Ley de Personal de la Policía, según el colectivo de periodistas Sin Fin/Memoria Abierta. El presidente Mauricio Macri fundamentó con la ley 22.423, creada por la CAL, tres decretos para habilitar la venta de 53 terrenos e inmuebles del Estado.
331
artistas, investigadores, periodistas y pensadores integraron las listas negras de los gobiernos terroristas. Los registros —tres actas que fueron localizadas y difundidas por el Ministerio de Defensa en 2013— calificaban a las personalidades por grado de “antecedentes ideológicos marxistas”. Músicos como Mercedes Sosa, Osvaldo Pugliese y Juan Carlos Cedrón. Escritores como Osvaldo Soriano, Abelardo Castillo y Julio Cortázar. Periodistas como Osvaldo Bayer y Tomás Eloy Martínez. Investigadores como Gino Germani y Eva Giberti.
1.500.000
de libros y fascículos de la editorial Centro Editor de América Latina (CEAL) incendió la Policía Bonaerense el 30 de agosto de 1980, en el marco de una inconmensurable campaña de la dictadura cívico-militar para eliminar las lecturas consideradas “subversivas”, práctica que se extendió a otras editoriales y bibliotecas populares de todo el país. Los 90 mil libros “secuestrados” del catálogo de Eudeba es otro episodio recordado de aquella cruzada de la censura e “higiene” ideológica.
JUSTICIA
593
causas investigaron e investigan responsabilidades militares, policiales, eclesiásticas y civiles en asesinatos, secuestros, desapariciones y torturas cometidas durante la última dictadura cívico militar desde que las leyes de obediencia debida y punto final fueron anuladas, hace 11 años.
284
expedientes continúan abiertos en la Justicia Federal. De ellos, sólo 42 demuestran “algún grado más de avance”, señala la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (en tanto el o la fiscal de esas causas pidió que la investigación sea elevada a juicio).
175
causas por crímenes de lesa humanidad llegaron a juicio y culminaron con sentencias durante la última década.
10
años hace que Jorge Julio López permanece desaparecido. Sobrevivió a la última dictadura y fue uno de los testigos principales del primer juicio por delitos de lesa humanidad que se llevó a cabo en el país tras la caída de las leyes de impunidad. El principal acusado en esa causa era Miguel Etchecolatz, que fue condenado.
19
fueron las sentencias durante 2016, un número que viene en caída desde 2013, cuando se alcanzaron los 25 fallos por delitos de lesa humanidad.
118
investigaciones ya culminaron y cuentan con el pedido de comienzo de juicio oral.
7
expedientes cuentan con fecha concreta de inicio en 2017, aunque tal cuestión no asegure su concreción. El juicio por los secuestros y las desapariciones de obreros y delegados de la automotriz Ford, en la zona norte del Gran Buenos Aires, está listo desde 2014 y fue suspendido en dos oportunidades. Iba a comenzar el 14 de este mes, pero fue suspendido en enero.
16
juicios orales se están llevando a cabo en la actualidad.
2780
militares, policías y civiles fueron o están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar argentina.
321
miembros de las fuerzas armadas fueron condenados desde que comenzaron los juicios de lesa humanidad. El Ejército se lleva la tajada más grande, con 260 culpables.
255
expolicías recibieron condenas por haber participado de crímenes del terrorismo de Estado. Además, 21 gendarmes, 13 prefectos y 53 penitenciarios recibieron condenas.
88
civiles fueron condenados por haber sido hallados responsables directos, secundarios o cómplices de secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y robo de bebés. El aún sacerdote Christian Von Wernich es el único integrante de la Iglesia Católica que ha recibido condena. Los miembros de esa institución que están siendo investigados no superan la quincena.
1149
imputados, entre condenados y procesados, se encuentran en libertad.
1044
permanecen detenidos. La mayoría, 518, cumplen encierro en su casa; más de 30, en la unidad penitenciaria de privilegio número 54, que funciona en Campo de Mayo, una dependencia del Ejército argentino en donde funcionaron cuatro centros clandestinos de detención y una maternidad ilegal en la que los genocidas hacían parir a las mujeres secuestradas y se apropiaban luego de sus bebés.
827
recibieron una sentencia por los hechos sobre los que se los ha juzgado: 750 fueron condenados y 77 absueltos.
187
cuentan con una de sus sentencias confirmadas: sólo el 25 por ciento de los que recibieron condenas.
794
están procesados.
587
imputados no podrán ni pueden, por el momento, ser enjuiciados. 45 se encuentran prófugos de la Justicia. 542 fallecieron, 467 sin haber recibido condena.
17.382
dice el Centro de Estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas (Celtyv) —una de las organizaciones pro dictadura que abogan por la “memoria completa”— que son las personas asesinadas, secuestradas y heridas entre 1969 y 1979 por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo “y las otras 16 organizaciones que cometieron actos terroristas en los ’70”, dijo su presidenta, Victoria Villarruel. También dijo que para elaborar el listado utilizaron “información pública” para “garantizar la objetividad” de la lista: “diarios de época y publicaciones de las organizaciones y revistas de las organizaciones armadas”. No son, por definición, crímenes de lesa humanidad.
30.000
son las víctimas de la desaparición forzada, una de las líneas del plan sistemático (otras fueron el robo de bebés, las torturas bestiales, los fusilamientos, el robo de bienes y el sometimiento durante años al control de las fuerzas) implementado por el Estado terrorista que gobernó a la Argentina entre 1976 y 1983 con objetivos sociales, políticos y económicos, en un contexto en el que los países de América del Sur sufrían políticas similares. A esta cifra se le debe sumar la cantidad de asesinados y de sobrevivientes de secuestros y torturas.
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Nº de Edición: 1717
