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en el nombre de la orga

violencia machista

Fotografía: Rabia

Una mujer. Una mujer comunicadora, trabajadora, militante. Una mujer comunicadora, trabajadora, militante está reunida con otras mujeres comunicadoras, trabajadoras y militantes. Integran un sindicato. Integran la Secretaría de Mujeres y Géneros de ese sindicato y están hablando de derechos, de la violencia machista, del repudio que deben ejercer y exigir. Una mujer comunicadora, trabajadora, militante está acompañada de pares y a punto de quedarse sola. En el marco de esa charla sobre derechos y violencia contra otras mujeres y repudio, se anima y les cuenta que ella fue víctima de un violento y que ese violento es uno de sus dirigentes, de sus compañeros. Una mujer comunicadora, trabajadora, militante, sola. Un grupo de mujeres comunicadoras, trabajadoras, militantes la escuchan. Y los derechos, la violencia machista, el repudio, explotan entre todas como una bomba.

 

La semana pasada, la comisión directiva (CD) del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) decidió por unanimidad reincorporar a Patricio Klimezuk a sus tareas como secretario gremial, luego de haber sido puesto bajo una “licencia temporaria” debido a que una afiliada al sindicato lo denunció por violencia psicológica, acoso y hostigamiento. Según consta en una de sus actas, la CD del sindicato tomó esa determinación luego de que Klimezuk, delegado interno de la agencia pública de noticias Télam y miembro del Colectivo de Trabajadores de Prensa —una de las tres organizaciones que comparten la dirigencia gremial del Sipreba— reconociera “responsabilidades en lo sucedido” ante “distintos integrantes” de la CD. Además, esa comisión decidió no penalizar el caso; es decir, no denunciar a su secretario gremial ante la Justicia, y “crear instancias para abordar temas como este y elaborar un protocolo”.

 

La denuncia llegó a la Secretaría de Mujeres y Géneros del Sipreba y se resolvió entre los 15 miembros de la CD. Se supone, según se desglosa en las actas que esa comisión elaboró sin demasiados detalles, que el hecho de que una mujer sola se animara a denunciar a uno de sus dirigentes servirá de “aprendizaje” para que todos dentro del gremio modifiquen su conducta y su postura en torno de la violencia machista. Klimezuk sigue siendo dirigente y su responsabilidad en actos violentos contra una mujer, solo debatidos hacia el interior de la CD del sindicato.

 

El secretario general del Sipreba, Fernando “Tato” Dondero, explicó a NAN la determinación a la que llegaron, de manera unánime, los miembros de la CD: “Decidimos devolverle la militancia en la conducción del sindicato basados en que el compañero, que nosotros sepamos, no reincidió en problemas, y a eso le damos valor; y que acató la separación que le ofrecimos y quedar a disposición del sindicato sin decir ni mu”. “Me parece que hay que darle una oportunidad”, agregó.

 

La afiliada que lo denunció renunció al Sipreba. Y no fue la única mujer que lo hizo. La certeza de que la decisión unánime de sostener al secretario gremial en su puesto y de mantener el hecho dentro de los límites de la CD no cumple con una de las intenciones a la que se comprometieron sus integrantes en el acta resolutiva de la situación (“capacitarnos y poder intervenir cuando se presente cualquier situación de violencia en el ámbito laboral”) sino que por el contrario clausura el debate y la discusión sobre los casos de violencia machista figuran entre las principales razones de las renuncias. “Nosotros sabíamos que sea cual fuera la decisión que tomáramos no íbamos a dejar contentos a todos”, sostuvo Dondero.

 

LA CREDIBILIDAD Y LA JERARQUÍA

 

Según la ley de Protección Integral a la Mujer, la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos. Klimezuk fue denunciado por ejercer violencia psicológica, modalidad que esa misma norma define como “la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación”. Según el informe anual más reciente de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia, en el 97 por ciento de los casos recepcionados por ese organismo el tipo de violencia observada es psicológico. La violencia psicológica no deja rastros visibles, sus cicatrices son fuertes marcas que, vaya paradoja, son difíciles de demostrar más que con palabras. El testimonio de una mujer violentada psicológicamente es, de hecho, la prueba principal del hecho. ¿Les basta a quienes lo escuchan?

 

“En las organizaciones políticas hay una fuerte sospecha hacia las mujeres que denuncian. Se pone la atención en ellas, se las observa, se les buscan defectos”, advierte la antropóloga social Laura Masson. La CD ha pedido a la mujer que denunció a Klimezuk que cuente en más de tres ocasiones lo que le sucedió con él, en una clara actitud revictimizadora. La docente, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y coordinadora del Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismos, propone “historizar cómo y por qué se dio como se dio en los sindicatos, sobre todo, la incorporación de las mujeres a las estructuras y a sus jerarquías”. En ese sentido, entiende, la resolución tomada por el Sipreba “demuestra que la jerarquía del género masculino se refuerza”. “Hay un juego de poderes que combina jerarquía de género con jerarquía institucional”, suma. ¿Qué hubiera pasado si una mujer ocupara uno de los tres cargos de mayor rango jerárquico en la CD?

 

Por otro lado, Masson se pregunta “cuál es el lugar que esa mujer tiene dentro de la estructura”. El Sipreba, un sindicato que nuclea a trabajadores de medios de comunicación empresariales, se conformó formalmente en junio de 2015, tras una “asamblea fundacional” que reunió a más de 200 personas. En noviembre de ese año, el Ministerio de Trabajo aprobó su personería jurídica, en una de las últimas acciones de Carlos Tomada al frente de esa cartera. En abril pasado, la Lista Pluricolor —una lista de unidad que nuclea a militantes del CTP, del Movimiento Sindical de Prensa y de la Naranja de Prensa, que responde al Partido Obrero— ganó las elecciones. La distribución de cargos que esa lista llevó a las elecciones y que resultó ganadora regala una fotografía con la que se puede responder fiel y objetivamente a la pregunta de la antropóloga: Klimezuk ocupa el cuarto puesto en esa lista, cuyos primeros seis integrantes son hombres. Las mujeres quedaron a cargo de las secretarías de Actas (séptimo puesto), de Mujeres y Géneros (octavo) y de Acción Social (décimo), además de las vocalías primera, segunda y cuarta.

 

La falta de credibilidad, no obstante, es “generalizada”, plantea la fiscal Mariela Labozzetta. “Los operadores judiciales descreen del relato de las víctimas al punto de someterlas a test de fabulación para ver si mienten. Eso es lo normal en un caso en el que hay secuelas físicas. Imaginemos en los casos de violencia psicológica”, admite la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). La denunciante de Klimezuk se acercó a la OVD a plantear su caso, pero no lo registraron debido a que había pasado “mucho tiempo”. “Estamos tratando de construir conciencia, por eso es tan importante que las organizaciones debatan, hagan emerger las situaciones y les den el valor negativo que tienen”, concluye la fiscal.

 

Ilustración: Paula Sosa Holt
Ilustración: Paula Sosa Holt

 

LA (NO) SANCIÓN, LA RESPONSABILIDAD ADMITIDA Y LA BUROCRACIA

 

“Nuestra intención fue por un lado resolver el tema puntual y por otro generar condiciones para que el sindicato pudiera resolver las que lleguen a futuro”, advirtió Dondero a NAN. La denunciante contó lo sucedido con Klimezuk a la Secretaría de Mujeres y Géneros en abril pasado, a pocas semanas de que el nuevo sindicato atravesara su elección inaugural. En ese momento, la secretaría decidió vías de resolución internas: por un lado, exigió al Colectivo de Trabajadores de Prensa —una de las organizaciones que integran la dirigencia del sindicato y a la que pertenecían denunciante y denunciado— que “defina una resolución” sobre el tema; por otro, informarla a la CD del Sipreba. “Nos llegó un año después de los hechos de violencia sucedieran”, apuntó el secretario general. Es cierto. No bien ocurrieron los hechos, la denunciante había advertido a su organización de pertenencia, el CTP. Una “mesa chica” de ese colectivo le pidió a Klimezuk que no mantuviera contacto con su denunciante. Y nada más.

 

En cuanto al Sipreba, según consta en las actas en las que registró el hecho —en las que a Klimezuk sólo se lo identifica como “compañero”—, la CD resolvió darle una “licencia temporaria” al secretario gremial mientras algunos de sus integrantes y profesionales “externos” al sindicato se dedicaron a analizar la situación para, luego, determinar los pasos a seguir. ¿Por qué no se lo apartó de la lista eleccionaria? “Técnicamente no era posible porque estaba legalizada la lista y se podía impugnar un cambio”, respondió el secretario general. ¿Por qué no se lo suspendió formalmente, una vez electo? “Eso es una sanción y si nosotros decidíamos sancionarlo, por estatuto debíamos abrir un legajo, tomarle a él un descargo. Preferimos separarlo para evitar el tema formal y él aceptó”, explicó el dirigente. El análisis posterior, del que participaron integrantes de la UFEM; Dondero; la secretaria de Mujeres y Géneros, Ana Laura Tornaquindici; y la de Acción Social, Carla Gaudensi; concluyó que la denuncia contra Klimezuk revelaba “un caso de violencia de género de carácter psicológico”, según la Ley de Protección Integral a las Mujeres nº 26.485.

 

Acorde lo postulan en el acta resolutiva del caso, Klimezuk reconoció su accionar violento. No lo hizo ante una asamblea. Tampoco ante una reunión formal de la CD. Desde el sindicato, registraron que habló “ante distintos integrantes” de la estructura dirigencial. La CD consideró esto como un antecedente “positivo”, de la misma manera que analizaron el hecho de que el secretario gremial haya “acatado la suspensión” (al inicio del acta la plantean como una “licencia”) y dejado en manos del sindicato “la resolución del problema”. También entendió como atenuante la ausencia de “otro hecho ni repetición” de su comportamiento violento. La decisión unánime de la CD fue su reincorporación tras la licencia otorgada, además de la realización de un “seguimiento” del caso. “Va a estar controlado de manera colectiva”, mencionó Dondero, sin poder dar más datos sobre el cómo de ese control. En el acta también se insta a “los miembros de la CD y a los delegados de base a participar de las instancias de formación sobre cuestiones de género que se dictarán con especialistas como iniciativa de la Secretaría de Mujeres y Géneros”.

 

¿Hizo bien el sindicato? Son varias las variables que se ponen en juego al momento de evaluar. Existe un primer parámetro, que templa la bronca, pero ubica en perspectiva: la historia. Visto en una línea de tiempo, el manejo que el Sipreba hizo de la denuncia fue “positivo”, evalúa Labozzetta. El hecho de que las estructuras dirigenciales de la organización hayan recibido el relato y que se hayan puesto a pensar sobre el tema es mucho más de lo que sucedió en “otras organizaciones políticas y sindicatos en los que ni siquiera se les da crédito o registro a las denuncias de mujeres”, compara. Y Dondero lo tiene claro: “El sindicato se hizo cargo y lo resolvió a su manera, como pudo”, reconoció.

 

La definición de la situación “deja en evidencia los valores de la organización en torno de la violencia de género”, remarca Masson, quien se permite imaginar un escenario mejor: “Si el sindicato hubiera tenido otros valores y uno de sus dirigentes, tal como lo hizo, reconoce que fue violento con una mujer, ese dirigente debería haber renunciado. Así hubiera dado un mensaje hacia todo el resto y hacia lo que la institución es capaz de tolerar en estos casos”. Masson y Labozzetta se encuentran en la conclusión de ese ejercicio imaginario: “Lo interesante desde el proceso político hubiera sido que el violento pierda legitimidad, más allá de la sanción”, entiende la titular de la UFEM.

 

La investigadora y docente de la Universidad Nacional de San Martín introduce otro eje de análisis: la militancia feminista y el lugar que le quedó dentro de las organizaciones políticas y sociales. “Hay una pérdida de la militancia de las mujeres en ellas, sobre todo en los sindicatos”, advierte. En ellos, añade, “las políticas de género pasaron a ser una cuestión burocrática”. “Está muy bien, en cuanto a estructura, que haya comisiones de género. El problema es que las normas no funcionan por sí mismas. Es necesario que la militancia feminista sea activa dentro de esas estructuras no sólo para regular casos como estos, de violencia, sino para aportar a la regulación social en general”, incluye.

 

Fotografía: Sipreba
Fotografía: Sipreba

En mayo pasado, la Secretaría de Mujeres y Géneros participó de una audiencia pública que se realizó en el Congreso Nacional para exigir la libertad de Belén, la joven tucumana condenada a ocho años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo. El 3 de junio convocó a “los y las trabajadoras de medios de Prensa Escrita, Radial y Televisiva a marchar hacia la Plaza de Mayo para demandar el cese de la violencia de género en todas sus manifestaciones”, en el marco de una nueva y multitudinaria edición de #NiUnaMenos. Esa misma secretaría debe, aún, analizar los resultados de una encuesta que lanzó el 8 de marzo pasado con el objetivo de “visibilizar las problemáticas de género dentro del gremio”. Ante la denuncia contra Klimezuk, ninguna de las acciones desarrolladas por ese escalafón gremial, así como tampoco las que llevó a cabo la CD del sindicato, implicó la apertura de un debate hacia las bases o la visibilización del tema.

 

¿Debería la CD del sindicato haberlo desplazado? Según confirmó NAN mediante diferentes fuentes, la excusa que desde el sindicato reflotó una y otra vez fue la organización política: como si el hecho de hacer frente públicamente (una sanción es eso: tomar una decisión pública) a un caso de violencia de género en las entrañas propias del sindicato la pusiera en peligro. Según Labozzetta, la lógica es que “si hay sanción, sea pública para que ese hecho tenga impacto político en la legitimidad de la persona denunciada”. Pero va más allá de la sanción y propone: “Es interesante que la organización colectivamente se cuestione la representatividad política de una persona denunciada por violencia y se le dé valor negativo al hecho de que un hombre denunciado como violento, más si no negó tal acusación, sea representante”.

 

Labozzetta insiste en que es “muy importante” que el sindicato se encargue de tomar medidas que “afecten el después”: la elaboración de procedimientos y de regímenes de recepción de denuncias, protocolos de intervención en casos de violencia, designación de autoridades encargadas de intervenir en ellos, enumeración de los pasos que debería tener esa intervención que implique la contención de la denunciante y la posibilidad de que el denunciado se defienda, el establecimiento de sanciones para cada tipo de violencia. “Eso no está reglamentado en el Sipreba; propusimos que lo elaboren en debate público, que modifiquen el estatuto en este sentido”, apunta la fiscal. Nada de esto figura de manera certera tampoco en el acta resolutiva del caso que culminó con la confirmación de Klimezuk en su puesto y la renuncia de la mujer que lo denunció por violento. La CD sólo menciona la elaboración de un protocolo, sin más datos ni especificaciones. De todos modos, Masson advierte que, al tratarse de “un tema muy complejo y movilizante”, debe ser “acompañado cuidadosamente con un seguimiento. No se resuelve desplazando a alguien simplemente”. Por eso, apunta que “es necesario recuperar la militancia de género en estas organizaciones, para poder pensar estos casos desde otro lugar y no sólo desde el castigo”.

 

barro@lanan.com.ar

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