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santiago maldonado, presente

el estado es responsable

Fotografía: M.A.F.I.A

“Somos el Gobierno (…) somos los que premiamos a los represores, torturados y explotadores; y castigamos a los que no son como queremos que sean.” Santiago Maldonado.

 

“Santiago te quiero ver, estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida”, gritó Sergio Maldonado en la Plaza de Mayo el viernes pasado. Santiago es su hermano menor y hace 11 días es un nuevo desaparecido en democracia. Sergio reclamó a metros de la Casa Rosada rodeado de Madres, Abuelas, familiares de exdetenidos-desaparecidos y sobrevivientes de la última dictadura cívico militar que aún reclaman por los 30 mil. Lo hizo también ante una multitud de personas que vencieron la comodidad de no involucrarse y se colgaron la foto de Santiago al cuello para convertirla en cartel, pancarta, bandera. La interpelación fue al Estado porque hay varios datos que encienden la alarma: Santiago no se “extravió”, no está “perdido” ni paseando por Entre Ríos. Su ausencia es, desde el 1 de agosto, una desaparición forzada.

 

¿QUÉ ES UNA DESAPARICIÓN FORZADA?

 

Es la privación ilegítima de la libertad de una persona en manos de agentes del Estado.

 

¿QUIÉN DICE QUE LA DESAPARICIÓN DE SANTIAGO ES FORZADA?

 

La fiscal que investiga su desaparición, el defensor oficial que interviene en el expediente, la familia Maldonado, organismos de derechos humanos locales, organizaciones sociales, Amnistía Internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU). Hace una semana, el grupo de trabajo sobre la Desaparición Forzada de la ONU le puso los puntos al Gobierno de Mauricio Macri, que hasta ahora poco y nada hizo: le exigió que buscara a Santiago y que apartara a la Gendarmería de esas tareas; que le informara qué está haciendo para buscarlo, que investigue a los responsables de la desaparición, que cuide a testigos y a la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut. Porque, por definición, ante una desaparición forzada el Estado es el responsable: sus agentes provocaron esa violación a los derechos humanos de la víctima y de allí también tiene que venir la reparación.

 

Y la calle también dice que la desaparición de Santiago es forzada. Desde los primeros días de ausencia, su foto se reprodujo rápidamente por las redes sociales y se convirtió en cartel, flyer y bandera. Algunos le sumaron la exigencia de “aparición con vida” y la advertencia sobre que la responsabilidad de su desaparición es del Estado. El viernes pasado, desde el escenario en donde hablaron los organismos y su hermano Sergio, Santiago nos miró a la multitud que la llevamos en todos esos formatos para mostrársela a la Casa Rosada. “Ahora, ahora/resulta indispensable/aparición con vida y castigo a los culpables”, cantamos bajo la llovizna. “Vivo lo llevaron, vivo lo queremos”, repetimos tras la arenga de la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas.

 

¿POR QUÉ LA DE SANTIAGO ES UNA DESAPARICIÓN FORZADA?

 

Porque las fuerzas de seguridad estatales están involucradas en el último episodio en el que se lo vio. Porque estaba huyendo de la represión ejecutada por la Gendarmería —bajo las órdenes del Gobierno nacional— y la provincia de Chubut —bajo las órdenes del gobierno provincial— sobre la comunidad mapuche de Cushamen.

 

El juez Guido Otranto había ordenado liberar la ruta 40 del corte que mantenía la comunidad mapuche, pero no había dado orden para que la Gendarmería ingrese a la comunidad. Sin embargo, la mañana del 1 de agosto, lo hicieron disparando balas de goma y plomo. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, argumentó que lo hicieron a partir de un delito “en flagrancia”: un supuesto ataque con piedras desde la comunidad. La Gendarmería —agentes del Estado— ingresó, disparó, quemó las pertenencias de la comunidad.

 

Los testimonios dicen que Santiago se asustó con las balas de plomo que le circaban la cabeza. El joven siguió a los miembros del Pu Lof en la escapada, corrieron hasta el río sobre el que se erige el campamento, la cacería de “los verdes” no cesó, les pisaban los talones, sabían que el río los salvaría, se zambulleron para cruzarlo hasta la otra orilla en donde estarían a salvo.

 

Imagen compartida por Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga.

Menos Santiago, que no sabe nadar, apuntó Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de la comunidad —la otra Sonia Ivanoff, fue amenazada reiteradas veces en Esquel—. Los testigos que lograron llegar a la otra orilla vieron como un grupo de gendarmes encontró a Santiago, que se había escondido en unos arbustos, le pegó, lo cargó hasta un camión unimog y se lo llevó en dirección a la ruta. Hubo dos mujeres de la comunidad detenidas, que fueron liberadas horas después. Nada más se supo de Santiago.

 

¿QUÉ RESPUESTAS DIERON EL GOBIERNO NACIONAL Y EL PODER JUDICIAL?

 

El Gobierno, desde el primer momento, defendió a la fuerza de seguridad sospechada, la Gendarmería. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo dijo explícitamente cuando recibió las primeras acusaciones. No es para menos: su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, estaba en Esquel el día de la represión. El funcionario del Ejecutivo nacional, que supo ser defensor de militares genocidas, se encargó de desviar el reclamo por la desaparición de Santiago hacia una discusión sobre la legitimidad del reclamo del pueblo mapuche.

 

Noceti justificó la represión a la comunidad Pu Lof de Cushamen y la vinculó con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Reconoció que no tenía pruebas para realizar esa vinculación, pero que detendrían a sus miembros ante cualquier manifestación o protesta, a las que calificó como delitos “en flagrancia”, y confesó que el Gobierno coordinaba tareas de inteligencia con las fuerzas de seguridad de Chile, algo prohibido por la Ley de Seguridad Interior sin orden judicial.

 

El secretario de Derechos humanos de la nación, Claudio Avruj, siguió el camino de la negación y dijo que Santiago no estuvo ni está desaparecido, sino “extraviado”. Bullrich continuó con la defensa de la Gendarmería. Las preguntas, entonces, llegaron desde el Grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y de Amnistía Internacional, que exigieron “acciones urgentes”. La acción urgente del Gobierno fue ofrecer una recompensa a quien ofreciera información de Santiago, nada tenían que consultar a las fuerzas que participaron en la represión. La acción urgente fue difundir un video, replicado por los medios comerciales, para decir que Santiago estaba en Entre Ríos.

 

Foto de los vecinos del Barrio Ecológico, Gualeguaychú

“¿Dicen en canal 13 que vieron a Maldonado por Entre Ríos? El del video que pasaron soy yo (…) Vi los videos y las imágenes. Me veo ahí, tan tranquilo. Pasé varios puestos policiales en el camino y pasan el video con total impunidad. Información falsa”, publicó en su cuenta de Facebook Francisco Maestre, un joven clown al que intentaron confundir con Maldonado en una operación de prensa montada para desviar la atención de la desaparición forzada. A pesar de la la identificación de Mestre con el chico del video al que Clarín y el Gobierno quería hacer pasar por el joven artesano desaparecido, el multimedio publicó que la Policía entrerriana no tenían corroborado que no fuera Santiago el chico del video. Insistió Clarín: “Hay un barrio en Gualeguaychú donde todos se parecen a Santiago”. Pero la calle habló de nuevo: los vecinos del Barrio Ecológico le respondieron por las redes con una foto en la que sostienen la imagen del joven desaparecido y reclaman por él.

 

Recién a ocho días de la desaparición, el juez Guido Otranto —por las acciones de hábeas corpus presentadas por la APDH y el CELS— no pudo esquivar más las señales que llevaban a Gendarmería y ordenó hacer pericias en los escuadrones de esa fuerza en Esquel y El Bolsón. Días antes, el defensor oficial de Chubut, Fernando Machado, había denunciado que las camionetas de “los verdes” había sido lavadas. A pesar de ello se recolectaron pelos y otras muestras, que a varios días de la desaparición sería difícil que arrojen pruebas de Santiago.

 

A pesar del reclamo internacional, de los testimonios y la única hipótesis en pie; la ministra Patricia Bullrich insistió ayer en que “acá hay una persona que ha desaparecido, pero no en manos del Estado”, y sentenció: “Ésa es la respuesta que el Estado argentino les va a dar a los que pregunten al respecto”.

 

Macri recién sacó la cabeza del hueco el viernes por la mañana, cuando el contexto internacional lo tenía contra las cuerdas. Y no nos referimos a la orden de Naciones Unidas, frente a la que la primera respuesta del gobierno fue la oferta de recompensa a cambio de datos relacionados con el paradero del joven. Sino la fuerte circulación y exposición que tuvo el tema en los medios de comunicación de todo el mundo. En ningún sitio web —a excepción de casi todos los de los nacionales— se habló de “persona perdida”. Casi todos informaron “joven desaparecido”.

 

“Estamos preocupados porque aparezca Santiago, pero la comunidad mapuche no coopera, es violenta”, insistió en desviar la responsabilidad en la desaparición. Los testimonios de la comunidad son las únicas pistas que pueden fortalecer la investigación judicial. Se hicieron rastrillajes en la zona de la represión a partir de la intervención de los organismos de derechos humanos y se halló un gorro de Santiago en la ruta represiva indicada por la comunidad. Un día después de que Macri dijera que la comunidad no coopera, ellos comenzaron a declarar ante el juez, luego de que se aseguraron de que significaría ser perseguidos, como les prometió Noceti.

 

“La cárcel, la tortura, la represión y la explotación en la vida cotidiana perpetuada por ejércitos, jueces, policías, fiscales, políticos y demás mequetrefes cómplices y mercenarios como empresarios, que sustentan esta miseria y esclavitud instalándolas en todas las relaciones de nuestras vidas”, leyó Sergio ayer en Plaza de Mayo. Era un texto escrito por Santiago y las metáforas huelgan.

 

 

 

 

¿QUIÉN ES SANTIAGO MALDONADO? ¿QUIÉN ES BENETTON?

 

Santiago Maldonado tiene 28 años. Es artesano. Llegó a El Bolsón meses atrás. Allí se enteró de la pelea que están dando los miembros del Pu Lof en Resistencia mapuche, en el departamento de Cushamen, para recuperar las tierras indígenas ocupadas por la estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El lof inició su reclamo en marzo de 2015, tras el antecedente conseguido por la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque que en 2014, tras siete años de reclamos, consiguió que el Gobierno nacional y provincial aplicarán la Ley Nacional 26.160 de comunidades indígenas y reconocieran el uso de 625 hectáreas ocupadas por el Grupo Benetton.

 

Sí, la empresa que vende su marca como una aliada de la lucha contra la discriminación racial, y entonces se pueden rastrear en You Tube publicidades con un negro, un gordo, un chino, un blanco, un caucásico, un indígena. Todo muy United Colors of Benetton del cerco de paraísos patagónicos para afuera. La empresa multinacional que hace caso omiso de la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce el “derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución”. La empresa multinacional que no responde ante la Constitución Nacional —artículo 75 inciso 17: “(…) reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”—. La empresa que sí se beneficia del decreto 820/2016, con el que Macri modificó la Ley de Tierras para ampliar la venta a extranjeros.

 

Tras las 625 hectáreas justamente restituidas en 2014, Benetton se dispuso a no seguir siendo el buen ejemplo. El poder económico del empresario italiano logró la asistencia del poder político de Chubut y de la Nación, en forma de policía y Gendarmería, pero también de persecución judicial y campaña difamatoria en los medios de comunicación comerciales más poderosos. Esa campaña ya se había traducido en enero pasado en represión: quedó grabada la imagen de una integrantes de la comunidad al que una bala de goma le reventó la mandíbula y no fue el único.

 

Cuando llegó a El Bolsón y conoció la problemática del Pu Lof, Santiago no se hizo el boludo. Se acercó a expresar su solidaridad. Hacía solo un día que estaba en el territorio de la comunidad aquel 1 de agosto, cuando las fuerzas de seguridad bajo la orden del Gobierno nacional y provincial decidieron arremeter otra vez. Balas goma y, esta vez, también de plomo.

 

Desde entonces, nada se sabe de él y el Estado es responsable.

 


 
Nº de Edición: 1772