De uno u otro lado del Riachuelo, la situación de los centros culturales que ponen en juego, desde el arte, mensajes y lógicas de acceso a la cultura opuestos a la «gestión» del Ejecutivo local de turno se ven en una misma encrucijada: la manipulación de la legislación o la ausencia, intencionada, de la misma como argumento para cerrar estos espacios.
Por Nicolás Sagaian
Fotografías gentileza del CCGleyzer y Casa Orilla
Buenos Aires, julio 27 (Agencia NAN-2012).- Domingo 22, 1.30 AM. Barrio de Balvanera. Altura: Entre Ríos, esquina Venezuela. Un comando de inspectores del gobierno porteño, apoyado por policías de la Federal, irrumpe por sorpresa en la histórica Casa del Pueblo. Adentro hay un nutrido festival. El lema: «¡Basta de privatizar la cultura!» De entrada, la consigna hace mella. A los sabuesos, lo que pase en el lugar, poco les interesa. Están ahí para hacer su trabajo, están focalizados: “Hay que clausurar”. Así como suena, sin más. Las respuestas ante los pedidos de explicación, son confusas. Igual, en algo no dudan. Labran el acta de infracción. Alegan el “uso comercial y privado” del espacio que funciona como sede de la Unión Socialista para la Victoria (sí, no lee mal, están clausurando la sede de un partido político por abrigar un festival cultural). Sacan el cartel rojo, ese que pegan compulsivamente por toda la ciudad, lo estampan con gusto contra la puerta, se quedan una hora en vigilia. Su misión, ya está cumplida.
Cuesta creer. Lo que acaba de clausurar esta especie de UCEP Cultural es el “Festival orillero”. El encuentro solidario y a beneficio se organizó con la idea de repudiar –una vez más– el cierre constante de los centros culturales en suelo porteño. Justamente Casa Orilla fue uno de los tuvo que atravesar por esta situación en este último tiempo. La lista la completan San Nicolás Social y Cultural, el Pacha, Compadres del Horizonte, La Usina y tantos otros si estiramos la cuenta en el tiempo. La excusa de la Dirección General de Fiscalización es siempre parecida y tiene una trampa: la legislación porteña no contempla la figura de los Centros Culturales Comunitarios en su Código de Habilitaciones y Verificaciones. Deja un vacío legal complejo y obliga a estos lugares que se reproducen incontables en los barrios a tramitar una habilitación como “café-bar”, “club de música” o como “teatro independiente”. “Ninguna de estas denominaciones nos pertenece. No tenemos por qué figurar así, porque no es lo que ofrecemos. Somos un centro cultural, queremos que nos reconozcan como tal, pero ese permiso no existe”, reclama Fernando Ressia, de Casa Orilla.
Por no contar con este documento, cada vez más espacios eligen funcionar incluso a puertas (semi)cerradas. Resisten camuflados, evitando difundir masivamente sus jornadas o reservándose para los que saben qué timbre tocar, como la única opción (elegida/obligada) que les queda. Casa Orilla, desde sus comienzos, allá por octubre de 2011, se mandó por éste último camino. Con algo de relax, en el coqueto Barrio Chino de Belgrano, no dejó de desarrollar actividades con sus puertas custodiadas. Pese a eso, el pasado 20 de junio, mientras Nacho (Rodríguez) y sus Caracoles tocaban para 40 personas en una especie de acústico íntimo, dos inspectores se mandaron terreno adentro. Recorrieron la casa, fueron hasta el patio, se metieron a un salón, vieron que en el lugar había un show en vivo y procedieron a la clausura. Como uno de los referentes del lugar, a Ressia le comunicaron la situación -discusión de por medio, claro-, y le pidieron un número de teléfono. “Pensé que era un paso burocrático. Era ir y ver qué alternativa nos daban. Pero desde entonces nos viven dando vueltas y, para colmo, me llaman a cada rato para pedir los 3.500 pesos de multa. No puedo creer que la Ciudad se vuelva loca por pedirle guita a unos pibes que hacen cultura”, destaca. Ahora, cada tanto, se contactan con un abogado para intentar levantar la clausura. “Los papeles igual no avanzan. Encima nos piden que funcionemos como ‘café-bar’ para pagar impuestos carísimos”, cuenta. Intentan imponerles la lógica comercial.
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Como si fuera un camión vacío que se sale de camino y se estrola contra una pared, la política de negocios impuesta a la cultura por la cartera del ministro Hernán Lombardi choca de frente contra la esencia y la forma de vida de cada una de estas organizaciones y colectivos de arte alternativo. De hecho, los grupos y espacios emergentes se multiplicaron por cientos en los últimos cinco años, al punto que la dinámica del sector parece difícil de abarcar y de analizar de cualquier manera. Para ir arrimándose lentamente a esto, desde el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) proponen dos proyectos generales para comenzar a trabajar frente a esta situación: uno para crear la figura de “Centro Cultural y Social” y garantizar un marco para cumplir los requisitos habituales; y otro vinculado a la generación de un régimen de concertación para sostener los espacios mediante fondos públicos y el asesoramiento técnico y legal del Estado. Desde MECA confían en que “las dos propuestas van a tener un envión, al menos, antes de final de año”; pero esa idea se evidencia más que borroneada ante la profundización del vaciamiento cultural mediante formas directas e indirectas.
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Frente a esto los centros culturales deben arreglárselas solos en un trayecto cuesta arriba. “Sería ideal que nos dejen laburar tranquilos, pero está a la vista que eso hoy en la ciudad uno se encuentra con muchos inconvenientes de manera contante”, afirma Pablo Vergani, integrante del San Nicolás Social y Cultural. Sin ir más lejos, estas complicaciones se hicieron carne hace más de un mes y medio cuando el espacio de Floresta atravesaba un buen momento y funcionaba al taco de jueves a domingo. El 19 de junio, Pablo Dacal tocaba con una guitarra desenchufada para un grupito de pibas y pibes, cuando dos tipos con caras largas se metieron a inspeccionar de qué se trataba el buen ambiente. “Conclusión, nos clausuraron por funcionar como un café-bar sin habilitación y tener un show de música en vivo sin permiso”, cuenta Vergani. Les solicitaron “los mismos requerimientos que se exigen para que un bar en Palermo cobre en dólares un plato de fideos con albóndigas y para montar megarecitales en estadios”, escribieron en una especie de solicitada desde el colectivo. “Esta es una posición hipócrita. El estado se lava las manos y lejos de reconocer las falencias legislativas y ejecutivas, usa eso a su favor para cerrar espacios”, resalta.
Para Ressia, en este punto es donde salta la ficha. “No es que nosotros no tenemos matafuego, el edificio se está por derrumbar, no presentamos los planos, al contrario, todo eso está. En realidad el que se tiene que preocupar por eso es el gobierno macrista que tiene muchas deficiencias incluso en sus edificios públicos”, dispara. Los centros culturales, en su mayoría, son muy reticentes a la cantidad de gente que puede entrar a cada lugar. No les interesa tanto la masividad. Si entran sólo 50 personas para ver un recital cómodas, entran 50 personas; lo mismo si en una exposición de arte o fotografía el número se puede extender un poco más, a 100, quizá, pero no más. “No nos interesa llenarnos de plata ni reventar al lugar. No queremos que la gente esté hacinada, incómoda, al contrario queremos que pase un momento agradable y tenemos en cuenta el límite de gente que los salones nos permiten”, confía Vergani. La situación post-Cromañón hizo que entre los pibes y pibas se cuidaran más. En cambio, el Gobierno utiliza este escenario a su piaccere para retroalimentar su política de negocios a nivel cultural, perjudicando a la mayoría de estos espacios autogestivos.
Teniendo en cuenta esto y revirtiendo a su favor la idea de inspección PRO, es que el colectivo del San Nicolas Social y Cultural está organizando para el próximo 5 de agosto una “inspección popular» al Ministerio de Cultura. Es un poco jugar con su lógica. “En el afiche de convocatoria decimos: si el macrismo nos exige habilitación cultural, nosotros le exigimos habilitación social. Y si no la exhiben, lo clausuramos”, adelanta uno de los impulsores. Durante la jornada habrá intervenciones artísticas, bandas en vivo, en sí, un poco del cóctel al que ya está acostumbrada la actual gestión, debido a que cada vez es más frecuente la realización de movidas de este tipo tanto en la Legislatura como en los Ministerios de Cultura o Educación. Será un puntapié importante para que el sector se unifique y empiece a trabajar en conjunto.
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Pero ¡Stop! No todo sucede en la Gran Ciudad. No todas las clausuras ni los problemas existenciales de los centros culturales ocurren en un único territorio, sino que la temática se extiende más allá. En la provincia, por ejemplo, existe una gran cantidad de casos de espacios culturales clausurados, con intentonas de cierre o amenaza de desalojo. Por estos pagos, la cuestión adopta raíces más complejas, profundamente políticas. A ver, si no hay buen feeling o existen intereses cruzados con el intendente de turno, la situación se hace más evidente. Es el caso del Raymundo Gleyzer de Quilmes que desde el año pasado, según sus integrantes, viene sufriendo la “persecución” de la administración de Francisco Gutiérrez. Para colmo, hace unos días la situación empeoró aún más con la imputación de uno de los referentes del centro cultural. “La UFI Nº2 a cargo del fiscal Leonardo Sarra imputó de “usurpación” a Sebastián Morici, citándolo a indagatoria el 7 de agosto, lo que evidencia un nuevo avance criminalizador y desligitimador”, sostiene Federico.
A Morini lo imputaron por ocupar, supuestamente de forma “ilegal”, la casa y el terreno ubicado en Sarmiento 836. En ese pedacito del Conurbano vive hace 26 años . Es verdad, llegó con su familia en 1986 y se instaló en el espacio de forma pacífica. Lo reacondicionó, construyó habitaciones, pagó los impuestos y como habita el lugar hace más de dos décadas comenzó a tramitar la regularización dominial del predio para que le den la escritura definitiva. Presentó documentos, planos y todos los papeles necesarios exigidos por el gobierno de la Provincia, pero la burocracia se toma su tiempo. Ahí se formó un nudo. Como el respaldo legal todavía está en el aire, el gobierno local aprovechó la situación a su favor para llevar el caso a un terreno de tires y aflojes. “Primero, a mediados de 2011, lanzó una ofensiva diciendo que se había aprobado un proyecto para instalar un nueva sede de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 5 en el lugar, luego la cosa se calmó y ahora volvieron a la carga con falsas herramientas legales porque esta jugada en términos judiciales es un desastre. Nosotros no cometimos ningún delito, en ese sentido estamos tranquilos”, asegura Federico.
Frente a este panorama, los integrantes del Gleyzer, Morini incluido, iniciaron un juicio de usucapión. Mientras siguen funcionando, como siempre, con ciclos de cine, festivales, jornadas vecinales, peñas folklóricas, exposiciones y talleres de todo tipo abiertos a los vecinos. Saben que constantemente corren un riesgo, pero más allá de eso no pierden la calma. “Mirá, si el fiscal tuviera todas las pruebas legales que ellos dicen tener, ya nos hubieran desalojado hace rato ¿Por qué no lo hicieron entonces? Porque se trata de politiquería”, lanza.
