Por Josefina López Mac Kenzie y Martín Soler *
Buenos Aires –su interior y su área metropolitana– se inundó tantas veces que la Fiscalía de Estado tiene una subsecretaría que se llama “Laboral, Sucesiones Vacantes e Inundaciones”, desde donde los abogados del gobierno provincial afrontan miles de demandas suntuosas por perjuicios patrimoniales causados por las aguas. En tanto, los archivos de prensa de varias décadas muestran cómo se reciclan sin remedio ante cada inundación las mismas hipótesis sobre las causas, el recuento de las consecuencias, las miserias políticas para brindar asistencia y las promesas, lo que llevó a un cronista gráfico, en los ’80, a escribir desde una Pehuajó hundida que “ya aburre hablar de inundaciones”.
La Plata, la ciudad capital, padeció varias veces en la última década tragedias sociales por causas hídricas. Las más importantes ocurrieron en enero de 2002 y febrero de 2008, hasta que llegó el naufragio. El 2 de abril de 2013 (2A) se distingue de los episodios anteriores por la ferocidad de la lluvia, por la cantidad de ancianos, adultos y jóvenes que mató, por el torrente de leyendas realmente mágicas que hizo germinar y por la indolencia escogida por el grueso de los funcionarios implicados.
En el ocaso de un fin de semana extendido a seis días, en Semana Santa, cayó sobre esa llanura una lluvia descomunal que nadie esperaba. Casi 400 milímetros en un día, concentrados particularmente en seis horas, perforaron los registros históricos, generaron el acontecimiento meteorológico más importante de la historia platense y determinaron el cimbronazo político del año. Expertos coincidieron en que fue una lluvia estadísticamente extraordinaria sin alerta que la presagiara ni obra pública que la evitara, y funcionarios con responsabilidad en el asunto se adhirieron a la descripción como a una cubierta de auto en el medio del océano.
El agua desbordó los arroyos sobre los que se asienta la ciudad de calles perfectamente calculadas; tapó en el casco fundacional y en las periferias barrios que se inundan siempre y otros que nunca se habían inundado; impidió salir de las casas y avanzar por las calles, convertidas en trampas mortales; y transformó La Plata: diáfana, coqueta y ambiciosa, encalló en una postal brumosa y apocalíptica. Se cortó la electricidad en muchas zonas pero quedó conectada en otras sin que se supiera en cuáles. Se acabó el agua potable. Hubo centros de evacuados sin velas ni una gota de agua para beber. Dejaron de funcionar las líneas telefónicas. Y el agua poderosa llegó a provocar un incendio, que ocurrió en la destilería de YPF ubicada a pocos kilómetros, entre los distritos de Berisso y Ensenada, y que dejó un garabato negro en las paredes.
La Plata recibía la tormenta sin alerta, sin intendente (Pablo Bruera vacacionaba sin haber dejado a nadie a cargo de su gobierno), sin políticas inmediatas para los niños porque el sistema integral de promoción y protección de sus derechos no funciona plenamente siquiera en condiciones normales, y con centros de salud públicos abandonados y sin capacidad para aplicar un plan de evacuación y rescate, lo que determinó la mayoría de las muertes. Cada uno hizo lo que pudo, solo o con la ayuda de organizaciones políticas, sociales y vecinales.
Hubo miles de llamados desesperados al caótico 911, donde se llegó a desvanecer el jefe de la Policía Bonaerense. Quedaron autos, ambulancias, ómnibus y patrulleros hundidos, familias aisladas y sobrevivientes en techos, árboles y cielorrasos. Aparecieron cadáveres en el centro y en las periferias, junto con los de perros, gatos y caballos que se ahogaron o se electrocutaron. Se cortó la luz en algunos hospitales. Hubo que evacuar por completo la terapia del Hospital Español y se murieron todos los pacientes que estaban allí internados. Se inundaron fiscalías, comisarías, juzgados, delegaciones comunales, sedes del Registro de las Personas, salitas sanitarias, la farmacia municipal y muchísimas familias de policías, lo que complicó el trabajo durante la emergencia y después. Y los medios no pudieron funcionar como ordenadores de sentido para la población porque sus redacciones, estudios y trabajadores estaban también inundados.
Cuatro informes elaborados desde espacios profesionales perfilaron los hechos con distintas perspectivas: en la Universidad Nacional de La Plata, el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería diagnosticó que hubo 190.000 afectados. También afirmó que la asistencia en la emergencia fue deficiente y determinó la mayoría de las muertes. El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas calculó que la inundación afectó directamente al 34,7 por ciento de los hogares, que sus habitantes tuvieron gastos extra en salud y que perdieron autos, electrodomésticos, muebles, ropa, calzado, alimentos y mercadería por miles de pesos. Y el Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales marcó que la inexistencia de políticas focalizadas en los niños agudizó la emergencia. Desde el Colegio de Trabajadores Sociales bonaerense un informe radiografió la ausencia del Estado, la presencia del manejo clientelar y la calamidad habitacional crónica de los barrios periféricos a la bonanza del desarrollo inmobiliario.
Es que cuando bajó el agua se desató una contienda feroz por el dominio de los recursos y de los símbolos. El gran operativo lo comandó el gobierno nacional, que saturó los barrios de militantes, gendarmes y militares, y fue utilizando el tema para pulsear con el intendente y el gobernador Daniel Scioli cuando faltaba poco para cerrar las listas de precandidatos para las elecciones legislativas de ese mismo año. Bruera se plegó como pudo, intentó trazar algunos circuitos de punteros propios y se concentró en desgastar la movilización social. Scioli cerró los postigos de la gobernación.
Ese primer control del territorio tuvo su continuación en la forma de una guerra por el relato de lo ocurrido, sobre todo por la cantidad de muertes, que calibró todo el año. En la primera semana de abril, cuando la información policial era un hormiguero y se sabía que había más muertos, el gobierno provincial comunicó que las víctimas eran 51. Esa selección política necesitó del acompañamiento y de distintos agentes involucrados (fiscal, policías, forenses, funebreros) para flexibilizar a toda velocidad los engranajes de tratamiento y registro de toda muerte violenta (control judicial y práctica de autopsia, fundamentalmente) y la colaboración de familias en shock que aceptaran en lo posible encuadrar a sus seres queridos como víctimas de muertes naturales.
El 9 de abril, cuando apareció el cuerpo de la última persona buscada oficialmente, la nómina gubernamental fue de 52. El número estaba dejando afuera deliberadamente a por lo menos 30 fallecidos en el contexto de la catástrofe hasta ese día, que ameritaban en algunos casos inclusión inmediata al listado y en otros, un estudio detenido. La prisa potenció todo tipo de habladurías sobre “más cuerpos”, que en los barrios perduran como una fábula inamovible.
Una investigación paralela, iniciada en el fuero en lo contencioso administrativo, comenzó a poner en tela de juicio inmediatamente el cómputo gubernamental y el rol del fiscal y del juez de turno, de cocherías, médicos, policías y empleados del Registro de las Personas, y a sacar a la luz víctimas de la inundación innegables que la selección política había dejado afuera. El juez que la impulsaba, Luis Federico Arias, denunció que el gobierno ocultaba, que el fiscal frenaba y que la Procuradora investigaba a los que investigaban. En plena campaña electoral, la cruzada de Arias ganó consenso y se transformó en un dolor de cabeza para Scioli. Enorme, la polémica por los muertos se tradujo en un laberinto de denuncias, recusaciones, sumarios y pedidos de jury de todos contra todos que reeditaba viejas enemistades judiciales de la ciudad. La trifulca fue tan intensa y caótica que uno de los voceros de Scioli en la inundación, el ministro Ricardo Casal, llegó a inventar un muerto cuando buscaba blindar la historia oficial en la cámara de Diputados.
De la “causa de Arias” surgió la única sentencia que existe al terminar la edición de este libro, que el juez dictó cuando se preparaba un acto masivo por el primer aniversario. Condenó al gobierno de Scioli a reconocer como víctimas a 89 adultos, aunque algunas de esas muertes por causas diversas se hayan producido hasta fines de agosto de 2013; señaló también en sus fundamentos que hubo intenciones de ocultar y que se advierte una “consagración” de irregularidades administrativas en la registración de las muertes. El fallo fue apelado por la Fiscalía de Estado y luego confirmado parcialmente por la instancia revisora, y quedó firme en agosto de 2014. Pero no existen certezas sobre en cuántas de las muertes ocurridas en La Plata a partir del 2A incidió la inundación. Cuando termina esa lista de 89 comienza una veintena de otras muertes producidas esos días y después, por falta de luz en hospitales, por estrés, por ACV, por depresión, por enfermedades de transmisión hídrica.
Lo mismo pasa con las pérdidas materiales: nunca se podrá asir del todo el daño. Quedaron sumergidos como saquitos de té pianos del conservatorio de música Gilardo Gilardi, fojas del archivo patrimonio cultural de la humanidad de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo “Chicha” Mariani, legajos y bibliotecas de cientos de escuelas y jardines de infantes, y planos elaborados con tinta china en la dirección de Obras Particulares de la Municipalidad. Ni bien salió el sol las veredas fueron un tapiz de documentos y cartas familiares, carpetas, libros y álbumes de fotos entreverados con ropa, sillones, muebles y colchones. Y más de un año después el juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata anunció la destrucción total de todos los expedientes estropeados el 2A en sus oficinas de Tolosa. La jueza a cargo lo describió así: “Se encuentran irreconocibles e ilegibles por los efectos del agua y en su mayoría, contaminados con residuos de la inundación”.
En la Justicia penal hay casi 30 expedientes abiertos por distintas aristas de este naufragio. De ese universo, aquellos que debían estudiar las irregularidades administrativas fueron archivados, aquellos abiertos para indagar en las responsabilidades de funcionarios casi no registran avances, y son los vinculados a las muertes los que concentran la mayor producción documental. No fueron citados siquiera como testigos ni el gobernador, ni sus ministros de Justicia, Seguridad, Infraestructura y Salud, ni el intendente, ni las autoridades de la empresa distribuidora de energía Edelap ni las del Hospital Español, uno de los escenarios más protegidos de la catástrofe. Cuando se cierran estas páginas, en el fuero penal habían sido procesados tres jefes policiales y una médica de la Policía Científica.
Un año y medio después, siluetear el saldo de esta historia desinflamada por la política es, al margen de ese panorama judicial, enumerar: que ha sido de lo más frondosa la producción de papeles sobre el tema; que la emergencia económica fue prorrogada dos veces; que las comisiones especiales creadas en el Poder Legislativo fueron mucho ruido y pocas nueces; que en el Poder Ejecutivo (provincial y municipal) nadie renunció; que existe un plan de obras hidráulicas embrionario y lento para relocalizar a los más necesitados; que la ciudad carece de fuerza para reclamar; que el gobernador nunca homenajeó a las víctimas del agua y está de nuevo en campaña.
* Fragmento de la introducción de 2A. El naufragio (La Pulseada, 2014), de los periodistas Josefina López Mac Kenzie y Martín Soler. El libro será presentado mañana a las 16.30 en la Plaza Moreno, de La Plata, en el marco de Desbordes, seguimos inundados.
