Por Nahuel Lag y Nicolás Sagaian
En el último año la información viaja de Rosario a Buenos Aires bajo un mismo título: narcotráfico. Hacemos el viaje inverso. Vamos a contramano de la noticia.
El ingreso por la autopista que une las dos ciudades-puerto no deja ver las mieles de las exportaciones récord a base de soja sino los ranchos de material, chapa y plástico del barrio Las Flores, aquél donde en diciembre de 2001 la Policía mató a Claudio “Pocho” Lepratti. Los millones que equilibraron la balanza comercial poscrisis nunca llegaron a los barrios pobres. “Esto está incendiado”, dicen los militantes sociales del Gran Rosario.
Para ellos, cuando se habla de droga la noticia no radica en si la banda narco de Los Monos perdió terreno en la comercialización o si el ex jefe de la Policía provincial, el comisario Hugo Tognoli —detenido e investigado por la Justicia federal por complicidad con el narcotráfico—, es más o menos corrupto; ni en si su sucesor, Cristian Sola, es más o menos cómplice. Lo que preocupa a las organizaciones sociales, más que la novela del negocio, son los problemas estructurales vinculados a los más chicos, las condiciones de existencia que escupen a los pibes a jugarse la vida. “Qué otra cosa me queda”, dicen ellos en los asentamientos de la periferia. Los “soldaditos” ven cómo la “ciudad que consume” los expulsa como ciudadanos y los pone en la primera línea de fuego de los que hacen el negocio.
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El Club Federal tiene una vida activa, entre peñas y deportes. Desde 1943, es punto de encuentro de la gente del barrio La República y a principios de los ‘90 lo seguía siendo, incluso cuando el problema de la droga empezaba a instalarse con fuerza. En esos años, la comisión directiva que lo administraba limitó su vida social al buffet: fichines, pool y “escabio a morir”, resume Damián Torrens, que por entonces rondaba los 10 años y ahora es vicepresidente de la comisión. La familia y la juventud se alejaron, las puertas se cerraron y delante de ellas se instaló un tráiler de venta. El Federal se hizo conocido como el punto de distribución más grande de Rosario. Las patrullas frecuentaban el puestito.
A principios de 2000, las plazas del barrio eran el espacio de encuentro para Damián y el resto de los jóvenes de La República: “Nos encontrábamos para hablar de otras cosas que no fuesen la locura o los manejes sino de cómo nos estaban rompiendo el orto en la fábrica, donde pagaban monedas por doce horas de laburo. Empezábamos a darnos cuenta de que esas cosas no nos pasaban sólo a nosotros y había que cambiarlas”. Las ideas que surgieron formaron a un grupo de jóvenes que emprendió un proceso de recuperación de lo que antes tenían: un club.
El tráiler de venta ya se había mudado a otro sector de la ciudad. Junto a los que crecieron saltando el alambrado para jugar al fútbol, Damián se comprometió, desde 2008, en la participación asamblearia y directiva para desplazar a un proyecto privatizador impulsado por un conocido inversor (“vaciador”) de Rosario Central. La misión: recuperar el club. Lo consiguieron a fines de 2008. Ese año, según el entonces director General de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, las fuerzas provinciales incautaron 164 kilos de cocaína, un 700 por ciento más que en 2007. Sin embargo, su efectividad en los procedimientos no le impidió zafar de la cárcel.
Desde que los jóvenes retomaron las riendas del club, el deporte no es competencia sino recreación para reconocerse con los pibes, “para pensar qué deporte queremos, teniendo en cuenta de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”, sostiene Damián. “Queremos que tengan un protagonismo en otro espacio que no sea un búnker, en otro rol que no sea ser soldadito o salir de caño.”
Lejos del centro de la pantalla, El Federal lograba cruzar la Avenida Pellegrini, una gran arteria ubicada a 200 metros del club, que funciona como frontera entre el barrio La República y el Bella Vista. Límite entre la clase media y los “villeros”; paso prohibido según los mapas de inseguridad de los medios de comunicación. Más claro: la gran mayoría de los chicos y chicas que participan de la vida activa del club camina esas pocas cuadras que separan dos modos de vida. El paisaje de barrio obrero cambia por el de los asentamientos precarios de familias que, en su mayoría, llegan desde las provincias del norte, en busca de trabajo.
En Bella Vista florecen los búnker o kioscos, puntos de venta “tercerizados” por los narcotraficantes. Según un reciente estudio del proyecto Documedia de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), son unos 400 en toda la ciudad.
En el espacio social del barrio La República, las estadísticas se hacen carne, dolor y preocupación. “En los últimos dos años, hubo casos de chicos que venían al club desde Bella Vista a los que mataron o que se suicidaron. Otros aún laburan dentro de un búnker o lo hacen sus familias. A pesar de vivir en esas condiciones, se acercan porque éste es un lugar de contención y encuentro”, dice Damián.
En 2012, según la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad, sobre un total de 182 homicidios registrados, 155 fueron caratulados como “interpersonales” o “familiares”, categoría irrelevante para ahondar en los porqué e importante para ocultar la relación con el narcotráfico.
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“No estoy apto para la sociedad” es la carta de presentación de Martín. Una jueza de menores le puso ese sello en la frente el día que, con una medida “socioeducativa”, lo dejó en libertad. Con 17 años, volvió a su casa después de haber estado recluido en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario. En “rehabilitación” gozó de los maltratos de los guardias del Servicio Penitenciario provincial y de las pésimas condiciones de detención, violatorias de los derechos humanos, denunciadas por la Coordinadora de Trabajo Carcelario y obviadas por todos los poderes del Estado provincial.
Con el rótulo a cuestas, Martín llegó al Centro de Día del barrio San Martín Sur para cumplir con la orden de la Justicia. Durante dos años cursó lo que le faltaba del primario en la escuela radial, que funciona en esa institución de régimen abierto. También se anotó y completó talleres de oficio y artes, y pudo realizar capacitaciones en empresas radicadas fuera del barrio. Hasta que un día les sugirió a los educadores: “¿Armamos un currículum, a ver si pego un laburo? Mis hermanos son más chicos y se están cagando de hambre, y mi vieja está reventada”.
Martín es el mayor de once hermanos. Todos viven en una de las tantas casillas de Las Flores. Salió del barrio, golpeó puertas, repartió currículums, algunos educadores le dieron una mano. Nada. Sin puestos laborales para sus pocos años y su visera, el pibe empezó a faltar al Centro de Día. Los educadores caminaron entre el laberinto de pasillos hasta su casa y lo encontraron durmiendo en el patio, bajo el sol. El colchón sobre la tierra, él sobre la funda y sus hermanos jugando, entre abundantes chapas y restos de metales.
—¿Qué pasa que no estás viniendo?— le consultaron.
—Estoy cansado de buscar.
Martín, que se había anotado para seguir sus estudios secundarios, ya no volvió. Los educadores intentaron ir por él una vez más, pero él y su madre habían transformado la casa en un búnker, con “soldaditos” y todo.
El estudio de la UNR cifra en 400 pesos el pago diario que el transa local deja a quienes manejan un kiosco y 200 pesos al día para los chicos que cuidan el negocio. La ganancia que manejan deja extender las redes. “La sociedad está apta… para cagarte la vida”, pensaba uno de los educadores al volver de esa segunda visita.
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En el Gran Rosario 69.339 personas son pobres y 29.532, indigentes. El 34,8 por ciento de la población desocupada está compuesto por jóvenes de entre 20 y 29 años. Las ventas de autos suben (11 por ciento), las de supermercados bajan (-7 por ciento). El Coeficiente de Gini a nivel provincial supera al resto de los distritos pampeanos: 0,402. Los homicidios en Rosario alcanzaron los 268 casos en 2013. El 50 por ciento los sufrieron varones menores de 25 años, según el estudio de la UNR. La dificultad radica en identificar las causas: la mayoría se produce en zonas pobres, donde el trabajo de jueces y policías está sospechado de complicidad, plagado de incumplimientos y con investigaciones caratuladas en categorías poco precisas. En 2012, según la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad, sobre un total de 182 homicidios registrados, 155 fueron caratulados como “interpersonales” o “familiares”, categoría irrelevante para ahondar en los porqué e importante para ocultar la relación con el narcotráfico.
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A Brian lo remataron en el suelo. No le dieron tiempo a nada. Lo sacaron de los pelos y a los golpes del rancho ubicado en Navarro 6033. “¿Dónde está tu compañero, guacho? ¡Decime, pendejo!”, le gritaban. Pero él no podía reaccionar. El ardor por el tiro que había recibido en la pierna durante la fuga lo tenía ciego. Apenas podía mantenerse en pie. Atinó a entregarse con los brazos hacia atrás y pidió que lo engrillaran. No hubo “enfrentamiento” ni “tiroteo”, como después intentó hacer creer la Policía provincial. Un tipo petizo, morrudo, de la Comisaria 12, martilló su arma y le incrustó un tiro en la nuca. Después, otros más por la espalda. En el pasillo, los estruendos retumbaron, secos. Luego quedó nada más que el profundo grito maternal: “¡No, hijo de puta, me lo mataste!”.
El expediente del caso duerme en el despacho del Juzgado de Instrucción N° 14. La versión de los familiares choca con la de los agentes del Comando Radioeléctrico. El testimonio más fuerte de lo ocurrido, aportado por Emanuel Cichero, revelado por Rosario/12 el 15 de septiembre del año pasado y reproducido días más tarde por Radio LT8, nunca llegó a los tribunales. Cichero, de 25 años, fue asesinado el 6 de noviembre siguiente de un balazo en la espalda, mientras andaba en su moto por el pasaje Rossini, en el barrio Industrial. Cuando llegó la ambulancia, la moto tenía el motor encendido y no había rastros de que le hubiesen querido quitar sus pocas pertenencias. Por eso los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y apostaron por otra teoría: venganza.
Las auditorías realizadas en nombre del poder están llenas de omisiones. Menos mal que hay familiares, amigos y vecinos que no se resignan frente a la impunidad, que se ponen al hombro la causa. “La Comisaría 12 es la peor de Rosario”, afirma Alejandra, del Bodegón Cultural de Barrio Ludueña. “Tan grotesco y bruto es lo que hace, cómo se maneja, tan desastrosa es que hace poco estuvo intervenida por Asuntos Internos. La estaban investigando por gatillo fácil, corrupción, vinculación con el narcotráfico. Y sigue ahí, como si nada.” El entramado desplegado por el aparato policial tiene tentáculos que llegan lejos. La complicidad judicial es clave.
Una mañana de 1996, el padre Edgardo Montaldo, cura de pies en el barro con un histórico trabajo en Ludueña, fue a los tribunales junto a algunos vecinos a denunciar el accionar de la Comisaría 12, pero se topó con la cara más cruda de la connivencia: el fiscal llamó a la seccional delante de todos para avisar que estaban ahí presentando una denuncia. “En el circuito participan todos. Cuando hablamos de violencia, muerte y droga, hablamos de un problema estructural”, apunta Érica, otra de las integrantes del Bodegón. Sin embargo, en los últimos años, algunas lógicas han cambiado. “Antes el poder en el barrio lo tenía controlado la Policía, ahora ya no es tan así. Antes se los veía en la puerta de algún búnker o tomando mate con algún narco, pero por la dimensión que ha tomado todo esto la cana ya no pasa por acá”, afirma Vanesa, prima de Aarón, un adolescente que, en menos de cuatro meses, recibió dos disparos de “soldaditos” narcos.
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Ludueña es un barrio históricamente obrero y ferroviario. Partido por vías por las que hoy pasan trenes cargados de soja de exportación, sus calles muestran la contracara de la pomposidad multipublicitada del puerto: ranchos bajos, pasillos angostos y zanjas al aire libre dan cuenta de las deudas sociales que aún sostiene el gobierno provincial en vastas zonas del Gran Rosario. Aún así, está mejor asentado que otros barrios, producto de la tradición de trabajo militante y organización que existe en ese territorio ubicado al noroeste de la ciudad. En esto mucho tienen que ver el padre Montaldo y ese seminarista salesiano de rulos rubios y pocas palabras que en 1991 comenzó a andar por estas calles: Pocho Lepratti.
Juntos sembraron las semillas para que germinara en los pibes la posibilidad de un futuro mejor. La cosecha no fue instantánea, pero lentamente se gestaron los primeros grupos de trabajo: La Vagancia, Los Ropes, Los Suipacha, Los Terribles, Los Gatos, Los de la Vía. A mediados de 2001, de diez a doce colectivos integraban la Coordinadora de Trabajo Juvenil. “Eran años en los que por ahí en Navidad y Año Nuevo se tendía toda una mesa en la calle, desde Perito Moreno donde comienza la villa hasta Solís donde termina, y todos los vecinos celebraban las fiestas juntos”, recuerda Montaldo.
Con el asesinato del Pocho una herida comenzó a abrirse. “Si bien la cultura de trabajo acá no se pierde, muchos de esos grupos se fueron diluyendo”, cuenta Vanesa. Hoy sólo quedan tres. Incluso, muchos otros espacios de encuentro, como comedores que existían dispersos en distintos puntos del barrio, por una u otra situación también se vieron empujados a cerrar sus puertas. Remarca Érica: “De repente, el Estado pasó de darle la mercadería a los comedores a entregar bolsones para que la gente se lleve a su casa. Entonces empieza a correr otra lógica. Antes, cocinando todos los días te encontrabas con los vecinos, sabías lo que pasaba, trabajabas más en conjunto. Ahora la situación te lleva a verlos una vez al mes”. Para los integrantes del Bodegón, esto forma parte de una de las tantas estrategias del Estado “para romper”.
“Al gobierno socialista se le fue la mano. Los recambios son con gente que está conectada con el negocio narco: hay 300 policías más y alcanzamos un récord de 268 muertos el año pasado. Y la mayoría fueron pibes.” M. Migoni
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En el Centro de Día del barrio San Martín Sur, uno de los últimos asentamientos radicados a las afueras de Rosario, unas 16 hectáreas con servicios de agua y luz casi nulos a la vera de la avenida Circunvalación, poco más de una veintena de pibes judicializados, en condiciones sociales críticas, encuentran un reparo a la violencia que ya es parte de sus vidas. “En ese mundo encuentran un protagonismo que no tienen en ningún espacio y lo naturalizan”, marca uno de los tres educadores que quedan en la institución.
El programa comenzó con siete educadores, pero las condiciones de precarización laboral que ofrece el municipio local fueron expulsando a los que llegaron allí para trabajar como lo contempla la Ley de Protección Integral de la Niñez, siempre relegada en estos barrios como en todo el país.
Maxi llegó al lugar desde Villa Gobernador Gálvez, una localidad del Gran Rosario, donde experimentó la delicadeza de un dealer. Con 13 años, caminó decidido hasta uno de los búnker de su barrio y robó la recaudación que el pibe había hecho con la venta del día. El transa se enteró y fue a buscarlo. Decidió no matarlo, pero sí torturarlo. Lo arrastró hasta el cuadrado de material con una abertura pequeña al frente por donde entra el dinero y sale la droga, abrió la puerta del costado, lo metió allí y cerró el candado. Maxi estuvo una semana sin comida ni agua, solo vendiendo. La Policía jugó al allanamiento, hizo saltar el kiosquito, el transa tuvo que desaparecer del barrio y al pibe la Justicia le armó una causa. “¿No ves que a vos tu mamá no te quiere más? Ya no te puede ver. Si no hacés las cosas bien vas a vivir estando adentro”, disparó la jueza durante la audiencia. Los educadores estaban presentes para escucharlo.
La vuelta al barrio para pibes como Maxi no es fácil: a su regreso los señalan como “transeros”. Y si continúan sin más posibilidades que transformarse en “soldaditos”, saben lo que les espera. “Yo estoy solo” o “pateo solo”, cuentan los que tienen la fuerza para acercarse al Centro de Día. “Yo no valgo nada” u “otra cosa no tengo para hacer”, lamentan. “El Estado debería tener distintos grados de intervención, pero es una estructura que no se cumple. A la Ley de Protección se la pasan por las pelotas”, se descargan los educadores.
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Montaldo tomó la determinación cuando sintió que era el momento de ir más allá. El asesinato de Brian y otros dos pibes de Ludueña, Joroba y Gabriel, con pocas semanas de distancia, lo empujó a buscar respuestas bien arriba.
—Intendenta, necesitamos una reunión con usted. Nuestros pibes necesitan ayuda.
El encuentro ocurrió pocos días después en el Palacio Municipal. Fluctuó entre promesas, formalismos y pocos avances. “Fuimos a hablar sobre cada una de las cuestiones sobre las que hace falta avanzar a través de políticas de acción concretas y nos encontramos con una pared. Como si en Ludueña todo estuviese bien”, comenta Alejandra, una de las referentes barriales que participó en la reunión.
Las respuestas de Mónica Fein fueron performateadas: llevar al barrio un taller de guitarra (que ya existe) e instalar una Mesa de Gestión Barrial similar a la que se impulsó a principios del año pasado, cuando ocurrió el crimen de Mercedes Delgado, integrante del Comedor San Cayetano, baleada en medio de un enfrentamiento de bandas narco. “Las Mesas de Gestión, aunque cuenten con la participación de funcionarios políticos, no permiten trabajar sobre muchos de los reclamos estructurales que tenemos para mejorar la vida en nuestros barrios. Quizá se termina discutiendo si hay que sacar un árbol o arreglar el pavimento, cosas que no digo que no sean importantes, pero que forman parte de una jugarreta para que quedes en orsai”, analiza Alejandra.
Las respuestas del gobierno socialista ante los problemas de los barrios no se salen de los moldes. Colonia de vacaciones sólo una vez por semana y durante dos meses, espacios de promoción de empleo con los que los jóvenes ingresan a trabajar a empresas de forma precarizada y con salarios de miseria; medidas “insuficientes”, tal como lo admitió el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, al intentar retractarse de una sorpresiva declaración: “No conozco la realidad de los barrios”. Para Marcos Migoni, militante de Ludueña, el gobierno provincial y municipal erran el camino. “La solución pasa por empoderar a las organizaciones, que son las que luchan por darles otra oportunidad a los pibes. Muy poca gente valoriza el trabajo de las organizaciones como factor de cambio —lamenta—. Al socialismo se le fue la mano. Los recambios son con gente que está conectada con el negocio narco: hay 300 policías más y alcanzamos un récord de 268 muertos el año pasado. Y la mayoría fueron pibes.”
