Por Nicolás Sagaian
El teléfono no acostumbraba a sonar tan tarde en el Comando Sur de la Gendarmería. Menos de madrugada.
—Delegación Sur…
—Pasame con el comandante Pindo. Es urgente.
—¡Ángel! ¡Tenés una llamada!
—¿Qué pasó?
—Intervinieron la Comisaría 10ª. Hay que mandar refuerzos.
El miércoles 6 de marzo de 2013 Ingeniero Budge amaneció copado de milicos. A un costado del Riachuelo, sobre el Camino de la Ribera, las camionetas verdes iban y venían. Los gendarmes vigilaban los alrededores de la Feria La Salada. El patrullaje estaba centrado en un radio acotado. No había despliegue más allá de las cuadras de tierra. Después se sabría: el operativo buscaba generar ilusión de control en los lugares más transitados de un territorio en teoría picante gobernado bajo sus propias reglas.
El desembarco de la Gendarmería en el barrio por esas horas obedecía a una orden directa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Había que emparejar la relación de fuerzas en la calle. Ese era el mandato. La detención de gran parte la cúpula de la Brigada de la 10, durante una investigación de la División de Asuntos Internos, podía traer secuelas. No hacía falta repasar los códigos ancestrales de la Bonaerense.
En el allanamiento realizado la noche anterior en la Comisaría 10ª, la UFI N° 21 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Marcelo Domínguez, secuestró al menos 30 envoltorios con marihuana guardados dentro de un cajón. Estaban amontonados entre papeles y carpetas. Los usaban para “plantarlos” a personas inocentes, con una meta clara: “armar causas” truchas por venta o tráfico de drogas. Como se dice en la jerga, “hacían números” o “trabajaban las estadísticas”. Así agrandaban la caja.
El modus operandi era conocido en la zona. Algunos solían recitarlo de memoria. Marcos Urruti, morocho, grandote, peruano, de 38 años, lo sufrió en carne propia, y no le importó jugarse para contarlo. Una madrugada, el Comando tocó la puerta de su casa. “Sí. ¿En qué los puedo ayudar?”, contestó con desconfianza. Los policías explicaron que estaban haciendo un procedimiento por narcotráfico. No le mostraron una orden ni ninguna otra documentación, pero él los dejó entrar. Ese paso en falso le costó caro.
Mientras miraba la televisión, sin hacer nada, Marcos se transformó en un dealer peligroso de la zona. Según la versión oficial, tenía en su poder unas 175 tizas de cocaína listas para despachar. A la vista de todos, fue trasladado en un patrullero y retenido en un calabozo durante nueve horas. En la causa, los vecinos alegaban que hacía tiempo Urruti trabajaba de transa. Lo que no decía el papel es que esa noche, como tantas otras, los testimonios habían sido “ajustados” a la versión policial bajo intimidaciones y amenazas. El que no firmaba la declaración, terminaba preso o imputado por algún delito.
Embriagados en esa costumbre de regular la impunidad, los azules chocaron de frente contra su propio iceberg. Cuando se destapó la olla, dos principales y tres suboficiales del servicio de calle de la 10ª fueron detenidos por “falsedad ideológica”, “privación ilegítima de la libertad” y “coacción agravada”. El jefe de la seccional, Javier Ascasibar, fue desplazado. La comisaría, intervenida. Mientras, el Poder Judicial empezó a investigar si el escuadrón se dedicaba también a la distribución y la comercialización de droga, apoyado en los narcos minoristas de Villa Lamadrid, El Olimpo y El Progreso. No era poca cosa.
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A metros de Puente La Noria, la llegada de las fuerzas de seguridad le otorgó otro color a aquel paisaje de casas bajas, talleres y negocios. Los controles y las requisas pasaron a ser moneda corriente. Antes, los puestos de vigilancia aparecían solo los miércoles y los domingos, días en los que suele abrir La Salada. Ahora están apostados ahí toda la semana. “De entrada, quisieron marcar presencia”, explica Julio, puntero peronista de la zona. Lo cierto es que hoy los gendarmes no son tantos y su función es cuidar los ingresos al barrio, las fronteras.
No pasan inadvertidos con sus escopetas Valtro 270. Pertrechados para el combate, arrancan respeto entre los vecinos más grandes. Para Julio es así: “Tienen una postura distinta a la de la Policía. Con ellos no se jode. Las cosas son como son y no-hay-tu-tía. A ver, eso no quiere decir que sean santos, peeeero…”.
La relación con los pibes es otra. De forma recurrente intentan pulsear a ver quién la tiene más larga. Acostumbrados a las licencias otorgadas por la Bonaerense, los pibes mantienen ese desafío de tirar la soga a ver hasta dónde da. Cuando el filete se corta, empieza otra historia.
A Martín aún hoy le queda una cicatriz.
Una tarde de abril, estaba rancheando con los pibes en la canchita de Blandengues y, por puro aburrimiento, arrancaron para el lado de la Ribera. Iban cantando, cagándose de risa mientras se pasaban un porro de mano en mano. El humo y la buena onda duraron apenas dos minutos; lo que tardaron en aparecer de la nada cinco chalecos verdes con una actitud de tolerancia cero. “La secuencia fue: ‘¡Ey, atrevidos!. Todos contra la pared. Las manos atrás. Negros de mierda. Ya van a ver’. Nos pateaban los talones con los borceguíes. Lo hacían con saña. No podías ni hablar. ‘¡Callate! ¡No me mirés! ¡Mirá para abajo!’ Nos sacaron el faso y nos cagaron a palos. Nos dijeron que la próxima nos mandaban derecho al juzgado”, cuenta Martín, de 15 años, con moretón en el pómulo, la boca cortada y el orgullo intacto.
La relación en ese punto es desigual. La Gendarmería no dialoga. No le da cabida a nada. Menos a un “berretín”, una objeción o una pregunta. Cualquier contestación es considerada una falta de respeto. Ahí aparece el correctivo. Las denuncias en los barrios son calcadas.
En Zavaleta, los integrantes de la revista La Garganta Poderosa hicieron pública toda una serie de abusos. De hecho, llegaron a denunciar en la Justicia al Suboficial Mayor de la Prefectura Walter Acevedo por encubrir los “apremios ilegales” de sus subordinados. Según cuentan, varias veces por semana, en la calle Iriarte o en Luna, “las fuerzas encaran requisas, a la vista de todos, que terminan con los tormentos típicos de los años de plomo”. Los que más la ligan sin siquiera tener los pies en la tierra son los paqueros y los pibes volados por el Poxiran. En ese momento, no aparecen las cámaras de televisión para filmar “el infierno” en los barrios. Al parecer, sólo lo hacen cuando hay una desgracia, una muerte o cae algún líder narco. Los prejuicios se alimentan bajo los sets de televisión y los refuerzan los periodistas amarillistas.
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El despliegue aparatoso de las fuerzas de seguridad en los barrios no es nuevo. Los ejemplos de Fuerte Apache y La Cava marcan los antecedentes más cercanos de la puesta en marcha del Plan Centinela en el GBA y el Cinturón Sur en la Ciudad. El punto de partida fue 2003, cuando en medio de una de las cíclicas “olas de inseguridad”, el gobierno nacional decidió enviar a Gendarmería y Prefectura a aquellos lugares, siempre señalados como los principales culpables de la violencia estructural y el crimen organizado.
Paradójicamente, en aquellos años se vivieron los momentos más crudos en los barrios. Las recetas progresistas fracasaron ahogadas en un espiral colmado de vicios repetitivos. La muerte del gendarme Roberto Omar Centeno de un tiro certero en la cabeza en 2008 ―mientras estaba en su casilla trabajando en uno de los ingresos del barrio Ejército de los Andes― destapó de nuevo un cuadro de dudas y sobre todo la precariedad vigente en un tema delicado en materia de política urbana.
Freddy, referente de la 21-24, colaborador de la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, dice que es cierto: dejó de haber tanto arrebato en la calle, no hay tanta venta de droga y el ambiente está más calmado. El tema es que los problemas de fondo siguen estando, resalta.
Luego vino el tiempo de las negociaciones, el tire y afloje, hasta que decantó todo. En principio, la ministra Nilda Garré le pidió a la Federal que bajara los índices de robos de autos y avanzara en la lucha contra el narcotráfico; pero como eso no se logró, giró sobre sus decisiones: el Plan Centinela y el Cordón Sur les abrió un nuevo campo de acción a las fuerzas especiales. A la custodia de las fronteras y las rutas nacionales, actualmente se le sumó el control en las estaciones de trenes y los barrios más humildes de GBA, Mar del Plata y Rosario. Esa expansión, impulsada por un cambio estratégico en el área de seguridad, puede verse en números fríos: en 2003, Gendarmería tenía 17 mil efectivos, hoy cuenta con más de 30 mil.
Las zonas elegidas para emplazar a las fuerzas fueron las villas, asentamientos y barrios de monoblocks. “El objetivo es hacer control poblacional. No se trata de perseguir el delito sino de prevenirlo situacionalmente a través de la saturación o presencia permanente”, explica Esteban Rodríguez, ex funcionario asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hasta ahora los datos duros parecen darle la razón al Ejecutivo: hubo una disminución de un 40 por ciento de los homicidios y un 60 por ciento de los robos de autos en el sur.
Freddy, referente de la 21-24, colaborador de la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, dice que es cierto: dejó de haber tanto arrebato en la calle, no hay tanta venta de droga y el ambiente está más calmado. El tema es que los problemas de fondo siguen estando, resalta.
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A medida que los pasillos se hacen más angostos, el poder de la Gendarmería va cediendo. En esos sectores, a las Tortugas Ninja ―como los apodan en el barrio― no se los ve andar si no es para reventar alguna casa o realizar alguna detención puntual. El control en el corazón del barrio lo siguen teniendo los capos, que son los que saben qué pasa en las calles, qué es lo que se mueve, cómo se mueve y quiénes entran dentro del circuito. En ese juego, las fuerzas de seguridad –a nivel general– siempre salen perdiendo.
Al tratarse de una fuerza ambulante, nunca termina de familiarizarse con el terreno un ciento por ciento. En eso, sin dudas, se diferencian de la Policía (de la Federal y de la Bonaerense), que sabe manejar la zona con los ojos vendados.
Las comisarías del sur siempre fueron señaladas como las que más recaudaban y las más bravas. En Barracas, el comisario Walter Rodríguez, de la 28ª, supo construir un emporio paralelo de 70 mil pesos mensuales. La plata salía desde quintas como prostíbulos, albergues transitorios, kioscos, taxis, incluso desde el mismísimo club Huracán. Un allegado a la dirigencia de la entidad denunció que la comisión directiva “aportaba” 10 mil pesos “cuando el equipo jugaba de local para que la barra pueda disponer libremente sobre el operativo policial en los alrededores del estadio”.
La intervención de la comisaría, como de costumbre, llegó tarde, cuando todas las redes delictivas estaban aceitadas y la herencia preparada. Lo mismo sucedió con otras 47 seccionales. A través una investigación a fondo, desde su creación el Ministerio de Seguridad desplazó a 22 comisarios con procesos judiciales abiertos, trasladó a once jefes y corrió a otros ocho altos mandos por sus antecedentes penales y patrimoniales.
—En esa rueda, los Gendarmes quedan afuera —sostiene Claudia en su casa ubicada en los edificios de monoblocks Zavaleta—. No son corruptos, son más honestos.
Si alguien conoce a las fuerzas desde adentro, sea cual sea su uniforme, esa es Claudia. La Policía le arrancó a uno de sus nueve hijos, Román Aquiles, de 16 años, el 30 de mayo de 2011 cuando fue asesinado en un caso de gatillo fácil a manos del oficial Cristian Romero, quien era custodio del ex vicepresidente Julio Cobos. Pese a la gran cantidad de pruebas que existen y a los testimonios, la Justicia aún no lo condenó.
De pibes muertos por la desidia estatal, la villa puede llenar páginas y páginas enteras. Las calles de la 21-24 configuran un mapa marcado a fuego por la violencia: el polideportivo a medio hacer se llama “Luisito”, en memoria a un chico de 16 años que cayó entre las balas disparadas por una mujer policía. Cerca de allí, una plaza construida por los vecinos lleva el nombre de Kevin, un pibe que murió baleado producto del negocio del paco. “La vida es dura acá. La cosa es que en lugar de darnos soluciones, el Estado entrega calmantes.” Claudia sostiene que “sacando los primeros meses”, las fuerzas no hicieron mucho. Los transas siguen vendiendo y el negocio está a la vista de todos.
Del otro lado del charco, en Budge, la visión es parecida. Isabel Vázquez, una de las fundadoras de la Asociación Madres contra el Paco, resalta que “la gendarmería tiene una incidencia mínima en el barrio, porque sólo realiza tareas disuasivas. El control lo siguen teniendo los que tienen arreglo con la Policía. La calle es un gran negocio”.
Frente a la desazón y la esperanza de que las cosas cambien un poco, este tipo de reclamos inundan las mesas barriales de participación ciudadana, que recuperan la experiencia de los foros vecinales creados durante la gestión de León Arslanian en la provincia. Allí, los vecinos discuten en grupo sobre prevención, políticas públicas y arrojan sus diagnósticos. Uno de los planteos más repetidos es que “la falta de un control institucional interno de las fuerzas” hace estragos.
Fuente: NaN #12 (mayo-junio 2013)
