Fotografía: Pablo Piovano*
En 1996, en forma solapada y antidemocrática, la soja transgénica de Monsanto entró en los campos argentinos de la mano del gobierno de Carlos Menem. Sin estudios de impacto ambiental, sin ningún tipo de consulta pública, sin discusión a nivel parlamentario y sin legislación que la avalase. A través de una resolución de la Secretaría de Agricultura, cuando Felipe Solá era su titular, se creó en 1991 la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), que desde ese momento, con amplia participación de las corporaciones, aprobó el modelo sojero que hoy padece la Argentina. Los textos del acuerdo estaban escritos en inglés, sin traducción al castellano.
Monsanto, que tiene su sede central en los Estados Unidos, está en la Argentina desde 1956, cuando se instaló en Zárate con una planta de productos químicos en el sector de los plásticos. Sus negocios habían comenzado en el mundo en 1914 con la sacarina y desde 1976 (1978 en la Argentina de la dictadura militar) se adentró en el negocio de los herbicidas; dos años después se sumó a la carrera biotecnológica que llevó a la compañía a ser líder mundial en materia de alteración genética de los alimentos. Esto, sin tener reparo alguno respecto de los perjuicios a la salud y del daño ambiental, efectos que son notorios y alarmantes en la Argentina de hoy, sin que el gobierno —ni la oposición— tomen nota del problema. Por el contrario, el gobierno kirchnerista, en repetidas oportunidades, ha ratificado el modelo sojero y hasta anunció que la recuperada YPF podría sumarse a la producción de glifosato.
De esa forma se impuso en el país el cultivo de soja transgénica, resistente al glifosato, sin tomar en cuenta el riesgo que eso entraña para la población en general, con impacto inmediato, y dramático, sobre los pueblos fumigados. En ningún momento se escucharon las advertencias y denuncias formuladas por el científico Andrés Carrasco, fallecido expresidente del Conicet y exjefe del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires.
FABIÁN TOMASI, UN CASO TESTIGO
El cuerpo, la humanidad de Fabián Tomasi, a los 33 años, es una de las muestras más contundentes, y dramáticas, del daño extremo que provoca en los seres vivos el contacto directo con los agrotóxicos. En su modesta vivienda de Basavilbaso, Entre Ríos, vive en compañía de su hija de 20 años y de su madre de 80. Convertido en “piel y hueso”, como suele decir, pasa la mayor parte del tiempo postrado y tiene que ser asistido hasta en las cuestiones más elementales.
En 2005, a los 23 años, empezó a trabajar como “apoyo terrestre” en una empresa propietaria de aviones fumigadores. Estuvo en contacto con glifosato, tordon, propanil, endosulfán, cipermetrina, 2-4D y otros venenos poderosos. Hace ya varios años le diagnosticaron “seis meses de vida”. Afirma que “su obsesión” en la pelea contra Monsanto y los agrotóxicos lo mantiene todavía en pie, a pesar de que sólo consume alimentos líquidos porque su organismo ya no puede digerir nada sólido.
“No puedo dormir por los dolores, estoy tomando ansiolíticos y no cuento con ningún ingreso monetario ya que no puedo trabajar, lo cual afecta aún más mi estado de ánimo.” La enfermedad que lo mantiene en ese estado, “y cada vez peor”, es una “polineuropatía tóxica metabólica severa”, según el certificado que le extendió la Anses cuando le otorgó la jubilación anticipada por discapacidad. “Los médicos han reconocido que mi cuerpo está intoxicado por los químicos.” Su estado general empeoró en forma fulminante por una diabetes preexistente.
El cuerpo de Tomasi tiene “funciones severamente disminuidas en ambas manos, piel a tensión sin huellas digitales, disfagia a sólidos, disminución de fuerza muscular generalizada, alteraciones sensitivas, adelgazamiento y dermatomiositis”. Tomasi había trabajado como peón de campo, carpintero y obrero de la construcción. Era un joven fuerte a los 25 años, pero su contacto con “los venenos que se usan para fumigar” lo relegaron a su doloroso presente.
Además de trabajar en negro, sus patrones nunca le dieron ropa adecuada para protegerse de los vapores tóxicos o de las salpicaduras de productos como glifosato, endosulfan, cipermetrina y gramaxone. “En el verano trabajábamos en patas y sin remera, comíamos a la sombra del avión, que era la única que teníamos porque estábamos en medio del campo”, rememora sin encontrar una sola explicación a tanta desidia criminal.
SAN SALVADOR ESPERA QUE LO SALVEN
Si el de Fabián Tomasi es uno de los casos individuales más significativos del costo humano de los agrotóxicos, lo que ocurre en la ciudad entrerriana de San Salvador es prueba del efecto dominó que producen las fumigaciones. Una estadística elaborada por los vecinos autoconvocados Todos por Todos señala que el 43,3 por ciento de los fallecidos entre 2010 y 2013 murieron como consecuencia del cáncer, superando largamente el promedio nacional, que oscila entre el 18 y el 20 por ciento. En los primeros seis meses del año, las víctimas fatales por idéntica patología suman 15. En los doce meses de 2013, la cifra total fue de 19 casos de muerte por cáncer.
“Acá está pasando algo grave, aunque todavía no hay pruebas médicas concluyentes porque hasta ahora no habíamos encontrado científicos y autoridades que acompañaran esta lucha de los vecinos”, asegura Andrea Kloster, una de las integrantes más activas del movimiento vecinal. Para Kloster, la causa es medioambiental. “Vivimos en un pozo, con las industrias arroceras dentro de la ciudad, y rodeados de campos fumigados, y por eso lo que nos está pasando es inevitable.” De ser la Capital Nacional del Arroz, porque concentraba el 75 por ciento de la producción total del país, San Salvador pasó a ser, en boca de sus vecinos, la Capital Nacional del Glifosato. En cinco o seis años, las plantaciones de arroz han cedido terreno frente al avance de la soja.
Aunque no hay informes científicos oficiales a nivel local, los vecinos han recabado información fehaciente sobre el impacto en la salud que provoca el uso de los agrotóxicos. Médicos y enfermeras de San Salvador han proporcionado esos datos estadísticos que son los que manejan y difunden los vecinos autoconvocados. Esos profesionales de salud actuaron en sordina, desautorizados por los responsables de los centros de salud locales. En junio, el Concejo Deliberante asumió el compromiso de hacerse cargo del tema y realizar una evaluación a fondo. Junto con la promesa, muchos de los activistas más comprometidos han sido presionados para que dejen de informar a la prensa sobre lo que está sucediendo.
Voceros de la Universidad Nacional de Rosario, cuyos expertos fueron convocados para participar del estudio epidemiológico-ambiental como parte de un grupo de 25 personas, indagaron a los vecinos, en una tarea casa por casa, para confirmar las estadísticas sobre causas de muerte de los habitantes en los últimos 15 años. Lo primero que comprobaron es que “en este lugar, igual que en otros donde ha crecido el uso de agrotóxicos, se advierte un cambio en las causas y las formas de enfermar y de morir”.
Andrea Kloster y otros vecinos de esta ciudad de 13200 habitantes insisten en que la emergencia “se debe a que en estas tierras han tirado de todo y los que trabajaron en esos lugares lo han hecho sin tomar ninguna protección, por ignorancia, porque nunca nadie los alertó sobre la gravedad del problema”.
Una de las grandes preocupaciones es la situación en el barrio Centenario, en un sector de cinco hectáreas donde funcionaba una pista para aviones que salían a fumigar. Han reclamado a las autoridades locales que limpien un terreno que, aseguran, está contaminado porque allí enterraban, sin ningún tipo de medida de prevención, los envases con restos de agrotóxicos.
Al productor avícola Sergio Eckert le tuvieron que reconstruir el labio inferior por un cáncer de piel. Sobre su casa de campo, donde vive con su padre, su esposa y cuatro hijos, pasaban los aviones fumigadores porque cerca de allí había una pista, ahora abandonada. “Toda la vida fumigaron diferentes empresas. Las últimas se fueron hace poco más de dos años. Pasaban con los aviones arriba nuestro y los pollos se me morían amontonados porque siempre caían restos de la fumigación sobre nuestro terreno.” Los árboles frutales “se secaban y las hojas cambiaban de color de una manera muy extraña”.
En el caso de Alejandra Arbizu, a ella le tuvieron que hacer una mastectomía en su seno izquierdo. “Me controlaba todos los años, menos en 2012 que no me hice los estudios porque mi mamá estaba enferma.” En 2013 se encontró con un carcinoma ductal que avanzó muy rápido y que sorprendió a los médicos que la atendieron. Su cuadro inmunológico “se había invertido” como consecuencia “de los agrotóxicos que contaminan el ambiente en el que vivimos”.
MISIONES: EL PARAÍSO EN PELIGRO
Jessica Sheffer tiene 11 años y unos ojos hermosos que preguntan: “¿Por qué me tuvo que pasar a mí?”. Desde los 7 padece una malformación en los tendones que le impide a su cuerpo ponerse erguido. Para moverse tiene que gatear como un bebé aunque su cabeza funciona como si fuera la de una persona adulta que pone límites a sus hermanos —a los menores y a la mayor, de 14 años—, a la vez que ayuda a su madre en las tareas domésticas o en la confección de pañuelos o prendas con bordado chino. Sus padres, nacidos en Brasil, llegaron a Fracrán, un paraje de San Vicente, provincia de Misiones, y siguen sufriendo la agresión de los tóxicos que enferman la tierra y a los que la habitan. El padre pasa días enteros trabajando en campos regados de agrotóxicos. Si deja su trabajo, pierde la obra social, y Jessica quedaría en total desamparo.
Darío Gotin tiene tres hijos, con los que vive en Colonia Aurora, en Misiones. Ademir, de 20 años, tiene un severo retraso mental causado por el contacto con los agrotóxicos. Le dicen Quico, por su parecido con el personaje interpretado por Carlos Villagrán en El Chavo. Ademir no habla, se expresa haciendo ruidos guturales, llorando en silencio o dándole largos abrazos a sus hermanas, a su padre, a cualquier persona que los visite. Una de sus hermanas, Andrea, de 16 años, a los 8 aspiró bromuro de metilo, uno de los tóxicos que usaba su padre en la plantación de tabaco donde trabajaba. Necesita un trasplante de riñón imposible de lograr y tiene que hacer diálisis tres veces por semana. Andrea puede hablar, pero no lo hace casi nunca desde que murió su madre. La mujer tuvo un infarto el día que supo que su hija no podía tener su trasplante.
Cándida Rodríguez también vive en San Vicente. Cuando dio a luz a su hijo Fabián Piris, al niño le diagnosticaron un año de vida. Ya cumplió 8, gracias al esfuerzo sobrehumano que realiza su madre, que en forma frecuente viaja a Buenos Aires para que lo atiendan en el Hospital Garrahan. Fabián padece de hidrocefalia y tiene un retraso mental irreversible. Los médicos le dijeron que el problema se debe a que ella, durante el embarazo, manipuló Roundup junto a su marido cuando trabajaban en las plantaciones de tabaco. La casa en donde viven está ubicada a pocos metros de un aserradero donde se cura la madera con químicos altamente tóxicos. Sólo en la zona de la ruta nacional 14 donde vive esta familia fueron detectadas 1200 personas con labio leporino, hidrocefalia y otras discapacidades que serían consecuencia de los venenos que se usan en las plantaciones de tabaco y yerba mate.
La incidencia de los contaminantes se extiende a las zonas donde más se utilizan los agrotóxicos, en el centro de la provincia, en localidades como San Vicente, Aristóbulo del Valle y Colonia Aurora. En esos lugares, se estima que más del diez por ciento de la población arrastra alguna discapacidad o problema de salud grave como consecuencia de la contaminación del ambiente. Son lugares que, a simple vista, se parecen mucho a lo que se considera el paraíso.
En Misiones, cinco de cada 1000 chicos nacen afectados de mielomeningocele (MMC), una grave malformación del sistema nervioso central, que implica que los niños nazcan con la médula abierta, quedando con incontinencia urinaria, fecal y trastornos de miembros inferiores. El uso indebido de los agrotóxicos produce la contaminación de recursos tan preciados como el agua y el suelo.
EL GENOCIDIO TIENE NOMBRE: GLIFOSATO
Aunque todavía sigue ausente la palabra oficial en la materia, en algo más de una década Andrés Carrasco y los científicos argentinos que siguen sus pasos han logrado reunir los datos técnicos irrefutables sobre el componente letal del glifosato y otros agrotóxicos, certificado en forma tardía y reciente por entidades de renombre mundial, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ratificó lo que ya había sido confirmado, incluso en forma mucho más explícita y rotunda, por científicos argentinos. Dijo la OMS que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio” y que hay pruebas que indican que ese herbicida es “probablemente cancerígeno en humanos (linfoma no Hodgkin)”, a la vez que “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”.
La OMS vino a ratificar lo que venían denunciando Carrasco, los profesionales de la salud organizados en todo el país contra el glifosato, los pueblos y escuelas rurales fumigadas y los vecinos afectados, cuya historia llena de penurias y sus testimonios son la esencia de este trabajo periodístico, luego de un recorrido por las provincias de Entre Ríos y Misiones, dos de las más afectadas, junto con Córdoba, Chaco, Misiones e incluso la provincia de Buenos Aires, en lugares muy cercanos a la siempre distante —en el compromiso de gobernantes y políticos de turno— y hegemónica Capital Federal.
Esta es la crónica de un “genocidio silencioso” pero totalmente previsible. La falta de difusión acerca del gravísimo problema es responsabilidad del gobierno, que a través de la propia presidenta Cristina Kirchner expresa su apoyo al modelo sojero. La responsabilidad es compartida con los sucesivos gobiernos, desde los noventa en adelante, y también por los medios masivos de comunicación, que le cantan loas y ocultan la tenebrosa verdad que se esconde detrás de la República Sojera.
Hoy en la Argentina se extiende el avance territorial de Monsanto y un puñado de terratenientes y asociaciones empresariales. Un primer relevamiento de los pueblos afectados por fumigaciones con glifosato en el país señala que hay 13.4 millones de personas afectadas, casi una tercera parte de la población total. Sólo en el año 2012 se utilizaron 370 millones de litros de agroquímicos esparcidos sobre 21 millones de hectáreas, el 60 por ciento de la superficie cultivada del país. El costo humano en una década es escalofriante porque los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron un 400 por ciento, según señala un trabajo realizado por la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua de la provincia del Chaco.
En 1997 se cosecharon once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diecisiete años después, la cosecha llegó a los 51 millones de toneladas. Aunque escasa, y profundizada únicamente en los medios alternativos, las denuncias han llevado a que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la prohibición de la fumigación con glifosato.
A pesar de la contundencia de las denuncias de los expertos y del testimonio de las víctimas, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, llegó a decir que el glifosato es inofensivo porque si alguien se tomara un vaso lleno de ese agrotóxico le provocaría el mismo efecto que ingerir “agua con sal”. Esa afirmación fue calificada de “lamentable” por Medardo Avila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
* Entre 2014 y 2015, el fotógrafo Pablo Piovano recorrió 6 mil kilómetros para registrar historias aún invisibilizadas por los medios comerciales. El costo humano de los agrotóxicos es el título de la serie fotográfica que surgió de su viaje autogestionado y algunas de cuyas piezas se muestran en las páginas de la revista NAN #2o. “El proyecto no es sólo documental, es una denuncia de dos décadas de intoxicación y abandono», definió. La verdad revelada por Piovano recibió el Premio Fini 2015 —otorgado por la FID, organización de reporteros mexicanos— y el galardón de la Fundación Manuel Rivera-Ortiz, y se destacó en la muestra anual de la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), entre varios otros.
Fuente: NAN #2o (2015). Conseguila a través de nuestra Tienda Virtual.
