Con el aval de los votos de las legislativas, el presidente Mauricio Macri presentó su plan de “reforma permanente” en el Centro Cultural Kirchner a los mismo de siempre: gobernadores, empresarios, miembros de la Corte Suprema, sindicalistas de la CGT y su Gabinete. Apuntó contra los gremios presentes y sobre todo contra los ausentes, contra las “estafas” de los numerosos trabajadores estatales, anticipó una reforma laboral y previsional, y adelantó mejoras impositivas para los empresarios, que un día después tradujo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. “Terminar con la pobreza, para que los argentinos tengan la libertad de elegir sobre su propia vida, apasionarse y vivir de lo que los apasiona, de concretar sus proyectos y sus sueños”, señaló Macri que era su objetivo. Sin embargo, los movimientos sociales, que representan al 30 por ciento de la población que subsiste en la pobreza y vive de la economía social, estaban fuera del edificio. Exigieron “saber de qué se trata”, exigieron estar presentes en el anuncio, no porque no se supiera el tono neoliberal del acto sino para no estar ausentes en el debate posterior, que continuará en las roscas de la Casa Rosada y del Congreso. Pero las invitaciones del Gobierno no llegaron y los representantes del sector más empobrecido no fueron invitados a presenciar el lanzamiento del paquete de medidas. Quedaron en la calle, rodeados por la Gendarmería, lejos del mandatario de la “pobreza cero”.
Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) —Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), La Poderosa, Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), Movimiento Evita, entre otros— y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) tienen su agenda y la vienen peleando, entre ollas populares y verdurazos, de Congreso a Plaza de Mayo y en las rutas y plazas de todo el país. La quita al IVA en los alimentos de la canasta básica, el tratamiento de una ley de Emergencia Alimentaria, la integración de los barrios populares —4100 son las villas y asentamientos en todo el país, según el relevamiento de las organizaciones populares— y la plena implementación de la ley de Emergencia Social, que el Gobierno nacional cumple con demoras y con una ejecución presupuestaria del 50 por ciento, a pesar de haber sido votada por unanimidad en las dos cámaras del Congreso, es parte de la agenda de la reforma que Macri dejó afuera de la convocatoria sobre “consensos básicos” dentro su plan de “reformismo permanente”.
¿QUÉ REFORMA PARA LA ECONOMÍA DE LOS BARRIOS?
Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.
—Este es un Gobierno de políticas neoliberales, pero supo mantener ya desde su gestión en la Ciudad de Buenos Aires un colchón de políticas de asistencia social, ¿cómo caracterizaría la agenda social de Cambiemos?
—El dato más significativo que lo diferencia de otro tipo de derechas es una cierta astucia en el manejo de los tiempos a la hora de comprender hasta dónde resiste la sociedad los límites de la concentración. Han entendido que si existe un 30 por ciento de pobres y no existe un Estado que trabaje sobre ciertos tópicos sociales, el país es inviable, estalla por los aires. Saben que es inviable recortar ciertos aspectos de la política social desarrollados durante el kirchnerismo y así se movieron para manejar los tiempos. Ese fue el inicio. Ahora intentarán ajustar de manera significativa sobre los trabajadores registrados con poder adquistivo, manteniendo el impuesto a las Ganancias, mientras recortan los aportes patronales. Va a mantener la asistencia social, pero van a avanzar sobre el recorte con la actualización de las jubilaciones y las asignaciones universales. Esto se da en un contexto de políticas de ajuste, recesión económica y devaluación que generó mayor presión en las capas empobrecidas: si antes de diciembre de 2015 había 100 pibes en un comedor, ahora hay 130.
—Y de las reformas anticipadas por Macri y luego presentadas como proyectos por sus ministros, ninguna parece que vaya a modificarlo, ¿no?
—Ninguna de las políticas que planteó el Gobierno mejora la situación de quienes perciben menores ingresos. Las reforma propuesta en el cálculo de jubilaciones y Asignación Universal por Hijo (AUH) se va a traducir en el mantenimiento de un sistema de contención con un deterioro paulatino. Si el cálculo solo queda atado a la inflación genera que la actualización no puede ir por delante, algo absolutamente necesario teniendo en cuenta que la inflación sobre jubilados y niños tiene un impacto mayor por el componente de gastos en alimentos y remedios. Los ricos tienen una nivel menor de inflación que los pobres y ni hablar al retocar la movilidad. Además, las inversiones extranjeras que se prometen con estas reformas no van a generar el laburo necesario para resolver las necesidades del 30 por ciento de la sociedad que vive en la pobreza.
—¿Cuáles son las soluciones que se plantean desde los movimientos sociales de base?
—La mirada propuesta en la Ley de Emergencia Social es discutir una agenda de la economía popular, que parte de la compresión de que el desarrollo del capitalismo en la actual no lo integra. El metalúrgico de la década del ‘90, que en los últimos 20 años manejó un remis o hizo changas o se transformó en cuentapropista, necesita que se piense en mejorar su situación en términos de derechos y productividad. Para eso hay que mantener una discusión sobre la economía popular y sus problemáticas. La Emergencia Social contempla la creación de un Consejo de la Economía Popular, un salario social complementario y el acceso a la salud a través del monotributo social.
—¿Cómo cumplió el Gobierno con esa ley acordada por todas las partes y votada por unanimidad en el Congreso? Hasta agosto sólo se había ejecutado el 30 por ciento del presupuesto asignado para este año…
—No se termina de implementar no solo desde los presupuestario (se alcanzó un 50 por ciento de ejecución del presupuesto asignado) sino sobre todo desde lo institucional. Estamos en contra de la reducción de la cantidad de gremios (NdeR: “No puede ser que haya más de 3.000 gremios en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias”, cargó Macri en su discurso), porque los movimientos sociales construimos una representación gremial de la economía popular que necesita más institucionalidad, que le permita discutir con el Estado las problemáticas de una porción de la sociedad que no se expresa en la CGT, que está a cargo de la representación de los trabajadores bajo convenio y registrados. El Consejo de la Economía Popular puede ser ese espacio donde se discutan las políticas públicas de la voz que representa ese 30 por ciento, pero no se está cumpliendo con esa institucionalidad, no hay voluntad política.
—Esa falta de voluntad deja afuera la representatividad del sector más golpeado por la política económica de Cambiemos…
—Somos un sector central para la interlocución de políticas públicas. Vemos una voluntad con idas y vueltas. Por supuesto que somos una representación conflictiva, porque son derechos de subsistencia los que estamos exigiendo, un piso de dignidad. Si no hay capacidad de discutir con este sector, si estos reclamos no se canalizan en una mesa de diálogo, deriva en problemas de gobernabilidad.
— Hay otra punto de la agenda de los movimientos sociales que aún no tuvo respuesta: la Ley de Emergencia Alimentaria, ¿en qué punto está ese reclamo?
—El 30 por ciento de chicos y chicas que viven en situación de pobreza expresan una realidad alimentaria de emergencia, la mal nutrición. La situación económica hace imposible poner un plato de carne en la mesa, el consumo de proteína está en caída y todo es hidratos de carbono. Es por eso que exigimos que la reforma tributaria exima del impuesto al IVA los productos de la canasta básica. Estamos pagando un componente del precio que no se genera ni en la producción ni en la comercialización y allí es evidente que el Estado debe actuar para abaratar la canasta de productos básicos.
¿QUÉ REFORMA PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES?
Agustín Suárez, ingeniero agrónomo, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT-CTEP)
—Realizaron un «feriazo» y un «verdurazo» en Plaza de Mayo con el que tuvieron impacto en los medios, ¿pero qué pasó con los reclamos que los motivaron y qué respuestas recibieron del Gobierno?
—El primer reclamo apuntó al tratamiento de una ley de acceso a la tierra para el pequeño productor y con el verdurazo buscamos denunciar la problemática de la comercialización. El sector de los pequeños productores arrastra problemáticas muy graves desde hace muchos años, pero desde 2015 todas las medidas fueron en contra (devaluación del 40 por ciento, aumentos de luz y gasoil, suba de precios sistemáticos). Los productores viven al día y no tienen espaldas para resistir económicamente, por lo que muchos dejaron de ser productores para engordar las villas miserias e ir a buscar trabajo a la ciudad. El 60 por ciento de lo que los argentinos comemos en nuestras mesas (huevos, hortalizas, masa para muzzarelas) es producido por el pequeño productor, que no tiene tierra propia y que sufre por las medidas económicas sin que exista ninguna política que compense el contexto económico desfavorable. El Gobierno no solo no nos atiende sino que no tiene políticas para el sector.
—Ante la falta de respuesta de los dos primeros años de Cambiemos, ahora se encuentran con el nombramiento del presidente de la Sociedad Rural Luis Echevehere como ministro de Agroindustria, en reemplazo de Ricardo Buryaile, ¿qué significa para los pequeños productores?
—Desde una mirada política, el presidente de la Sociedad Rural simboliza lo peor de nuestra historia, ligado a la oligarquía, a las dictaduras militares, a la Patagonia trágica. Desde lo económico, está en las antípodas de lo que representa nuestra organización, que produce los alimentos que comemos todos los días. Lo que marca la historia de la Sociedad Rural es que Echevehere va a representar a los intereses de las corporaciones, a los grandes productores de comodities para la exportación. No creemos que pueda favorecer en nada al campesinado, y sí profundizar la política de desmonte y desalojos que se viene realizando desde hace años.
—Respecto de la problemática del territorio, desde la UTT habían propuesta un proyecto de ley para el acceso a la tierra a Buryaile y en las comisiones del Congreso, ¿de qué se trataba y qué ocurrió?
—La ley de acceso a la tierra propone, por un lado, crear un fondo para otorgar créditos blandos que permiten a los pequeños productores comprar tierra, algo así como un Procrear rural, y, por otro lado, que las tierras de propiedad del Estado en desuso pueden ser explotados por los productores mediante un convenio o comodato. El Gobierno puso en venta tierras del Ejército en Córdoba (NdR: fueron 15.500 hectáreas entre Córdoba y Mendoza) hace poco y la Federación Agraria emitió un comunicado en contra de que se le otorguen a grandes productores. Nunca tuvimos respuesta del ministerio de Agroindustria sobre nuestro proyecto de ley.
—¿Cómo describirías la situación en la problemática del territorio?
—Hay una situación que es la del campesinado campo adentro, para quienes el territorio es su modo de vida, su arraigo y se enfrentan a los desalojos. Hay otra situación que es la de los más de 120 mil productores que se ubican en los cordones hortícolas en las periferias de las grandes ciudades (La Plata, Berazategui, Florencio Varela, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mar del Plata, Bahía Blanca), de los cuales el 80 por ciento alquilan sus parcelas y allí producen las verduras que abastecen los mercados centrales o le venden directamente a las cadenas de supermercados, que obtienen una ganancia mayor porque ofrecen los productos más caros que en las verdulerías de barrio.
—Ahí aparece la otra reforma exigida por ustedes, la de la cadena de comercialización…
—Existe una diferencia de 400 por ciento entre lo que le pagan al pequeño productor y lo que paga el vecino en la verdulería o el supermercado. Alguien se está quedando con ese dinero y no son los productores. En ese contexto, el Gobierno bajó la secretaría de Agricultura Familiar al rango de subsecretaría y la fusionó con la de Desarrollo Rural. Es un organismo vaciado que estuvo sin subsecretario varios meses y no ejerce ningún tipo de política pública para el sector y dio marcha atrás en la aplicación de derechos como el Monotributo Social Agropecuario. El ministro Buryaile nunca nos atendió y nos decían que los feriazos en la Plaza de Mayo eran actos políticos. La situación es muy crítica.
Nº de Edición: 1801
