Con una bandera a sus espaldas que pedía “No al Cierre de DyN”, la diputada de Cambiemos Karina Banfi le dijo a los 100 trabajadores que están por ser despedidos de la agencia, cuyos accionistas mayoritarios son los multimedios Clarín y La Nación, que el Gobierno nacional “no va a ser el padre protector» de ninguna empresa que cierre y que garantizará “la pluralidad de voces desde la obligación de no hacer ningún tipo de intervención en los medios de comunicación”. Durante un plenario de las comisiones de Libertad de Expresión y Comunicaciones convocada para escuchar la situación de los trabajadores de prensa comercial, la diputada leyó una carta en la que sus colegas oficialistas unificaron la opinión respecto del panorama que atraviesan las empresas de comunicación. “Es una crisis del modelo de negocios”, es el análisis de Cambiemos. El derecho a la comunicación se protege con libertad de mercado, piensan. Los trabajadores le pidieron a los legisladores que declaren la emergencia laboral en el sector.
El martes a primera hora de la tarde, periodistas, comunicadores, reporteros gráficos y locutores que trabajan en empresas de comunicación y dirigentes de gremios del sector ofrecieron a los diputados de ambas comisiones datos que reflejan cuán malo es el panorama. Momentos antes, participaron de un “camarazo”—organizado por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA)— y una radio abierta—coordinada con la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)— frente al Congreso en solidaridad con los trabajadores de la agencia que cerrará a fin de mes.
El inminente cierre de DyN y de Radio Rivadavia, y la política de pago en cuotas de los salarios en los medios de Grupo Indalo —C5N, Ámbito Financiero, Minuto 1, Diario Registrado, Rating 0, y las radios 10, Mega, Pop, Vale y One— tiran nafta a un fuego que ya estaba ardiendo:
*Desde diciembre de 2015 se perdieron más de 2500 puestos de trabajo en medios de comunicación comerciales.
*El proceso de achique en las empresas de medios, en la mayoría de los casos a través de ofertas de retiros voluntarios—despidos encubiertos— se intensificó y extendió durante los últimos dos años. Clarín y La Nación venían ofreciéndolos antes del cambio de Gobierno y no dejaron de hacerlo en los buenos tiempos de bonanza. PáginaI12 lo inauguró a principios de octubre.
*El presidente Mauricio Macri derogó por decreto, durante las primeras semanas de gestión, los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que limitaban la concentración mediática y desde el Ejecutivo prometen, desde entonces, una ley de Comunicaciones Convergentes para reemplazarla. Pero aún no se conoce un solo artículo de ese proyecto a cargo de una comisión que no convocó a ninguna audiencia pública y es encabezada por la directora del Enacom, Silvina Giudici, ferviente opositora a la actual norma en sus tiempo de diputada.
*El Gobierno también promete regular la pauta oficial y crítica el reparto discrecional, pero el proyecto de ley para regular el reparto está frenada en la Cámara de Diputados desde el año pasado.
Durante el plenario de ayer, la postura del oficialismo fue clarificadora en cuanto a cómo lee la situación y cuáles son sus planes. “Es interés de este gobierno garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y de voces sin asumir el rol de padre protector de las industrias en crisis”, fue una de las tantas perlitas de la carta de los diputados y senadores de Cambiemos leída por Banfi. El texto comenzó con un “debemos ampliar la mirada para encontrar nuevas perspectivas para una solución integral que necesitan los trabajadores de prensa” y finalizó con un “los invitamos a dialogar con el interbloque Cambiemos cuando quieran”.
LAS GOTAS QUE REBALSARON EL VASO
Uno de los jefes de redacción fue el encargado de informar a los trabajadores y trabajadoras de DyN que se quedaban sin laburo, que la agencia, de 35 años de historia, cerraba para siempre. Los rumores “terroristas” habían comenzado a correr en agosto: que ajuste brutal, que a prepararse para lo peor. Nunca ése “lo peor” figuró en la cabeza de los laburantes como lo que acabó siendo. El dato que espesa más la sangre apareció con el anuncio oficial del llamado a asamblea extraordinaria de socios de la empresa. Entonces, se supo que la decisión estaba tomada desde agosto.
“Estamos a punto de un despido masivo”, advirtió Santiago Magrone, delegado de DyN, ante los legisladores. A contramano de la lectura del oficialismo, consideró el cierre como “una decisión empresaria que no tiene nada que ver con una crisis económica”. “Clarín y La Nación —los que comparten la mayoría accionaria de la agencia que completan La Gaceta de Tucumán y el diario Río Negro— están haciendo los mejores negocios que podrían haberse imaginado”, aseguró.
DyN es una de las tres agencias de noticias del país junto con Télam y NA. Las tres son, como las definió el delegado de Télam (SiTraPren), “productoras mayoristas de noticias”. “Fueron por DyN, los próximos seremos nosotros”, vaticinó ayer. Se trata de empresas que venden contenidos periodísticos a medios de comunicación mayormente. En su “modelo de negocios”, para hablar en los términos que propone el oficialismo, la pauta oficial o la falta de ella, no cuenta. Sin embargo, su desaparición no solo genera la desaparición de puestos de trabajo —en el caso de DyN son alrededor de 100—, es un canal menos de información. “Quieren cerrar DyN sin reparar en el efecto social que genera ese cierre, menor disponibilidad de fuentes de información para los ciudadanos. Homogeneizar no va en beneficio de un sistema democrático. La agencia DyN es necesaria. Lo decimos como trabajadores y como ciudadanos”, remarcó Magrone.
Daniel Segal, el delegado del SiTraPren, lanzó una posible hipótesis para explicar la decisión de los accionistas para repensar su modelo de negocios con la comunicación, en detrimento de la pluralidad de voces y el acceso a la información. “Con el cierre de las agencias, los únicos proveedores de noticias van a ser los medios que pueden sostener redacciones numerosas. Esos medios son dos: Clarín y La Nación. El próximo paso es el pago por las noticias a través de las páginas web”.
ECHALE LA CULPA A LA CRISIS
El cierre de DyN llegó luego de miles de despidos desde diciembre de 2015 y coincidió con la baja de persiana en Radio Rivadavia y el pago en cuotas del salario para los trabajadores de todos los medios de Grupo Indalo, que quedaron en el medio de una compulsa de compra y venta entre Cristóbal López y el grupo de inversión OP Investments. La cara del grupo inversor con base en Estados Unidos es Ignacio Rosner, un ex directivo de Clarín y de Papel Prensa, que obtuvo su momento de fama al estar mencionado en los Paradise Papers, y que de adolescente cursó sus estudios en la cantera del macrismo: el Colegio Cardenal Newman.
Frente a esta situación, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) presentó ayer a las comisiones un proyecto de ley para que se declare la emergencia ocupacional en el sector periodístico —el que regula la Ley 12908 del Estatuto del Periodista Profesional—. La norma busca prohibir los despidos y suspensiones en medios de comunicación por 180 días, la renovación de contratos por el mismo período y la suspensión de pauta oficial a aquellos medios que no cumplan con estas cuestiones.
Para el oficialismo legislativo, en tanto, la lectura de la situación y el plan de acción son diametralmente opuestos. “¿Podemos asegurar que este tema al que hoy estamos convocados se trata de una violación de la libertad de expresión o en realidad es una crisis del modelo de negocios?”, se preguntan provocadoramente los legisladores oficialistas en la carta dedicada a los trabajadores “víctimas” de esa crisis que es “generada por las nuevas tecnologías y el rol que cumplen las redes sociales en la comunicación nos hace tener nuevos problemas”, se lavan las manos.
¿Harán algo en tanto representantes del Estado? Claro que no. “Este Estado garantiza la pluralidad de voces desde la obligación de no hacer ningún tipo de intervención sobre los medios de comunicación”, siguió desplegando la doctrina del shock Banfi en nombre de sus compañeras y compañeros de bloque. Para los legisladores de Cambiemos —y por añadidura para el Ejecutivo que supo crear un Ministerio para responder a los reclamos del Grupo Clarín y luego cerrarlo— “dejar librado el mercado el funcionamiento de los medios de comunicación y sólo intervenir a través de leyes que defienden la competencia es la mejor forma de garantizar una manera equitativa del acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicación”.
La respuesta sobre los peligros de no prevenir la “concentración indebida” llegó del especialista en derecho de la comunicación Damián Loreti: “Las reglas de defensa de la competencia no son suficientes para garantizar pluralismo. Lo que hay que hacer es prevenir la concentración indebida según recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, planteó. Banfi había citado en su lectura varios artículos de la CIDH, a pesar de que el Estado está en deuda con ese organismo desde la audiencia de principios de 2016, en la que se le reclamó un proceso participativo para construir una reforma a la Ley de Medios y reparar el avance unilateral vía decreto presidencial.
Horas antes del plenario, y en Mar del Plata, los gerentes de Clarín también hablaron de competencia a tono con el bloque de Cambiemos. El CEO del multimedio, Héctor Magnetto, no mencionó los 100 despidos en DyN, sino que habló de la compra de Nextel y la fusión entre Cablevisión y Telecom para que el grupo compita contra Claro y Telefónica. La fusión fue autorizada por el Gobierno macrista tras disolver el organismo anterior que la había rechazado. Banfi igual leyó en el Congreso que defenderían la libertad de expresión a partir de leyes de competencia.
“Acelerar la transformación en la manera de empaquetar y distribuir los contenidos”, propuso Magnetto a sus gerentes como misión a desarrollar a futuro.“La diversidad de marcas y plataformas que fuimos construyendo a lo largo de nuestra historia también es un activo. Como lo es nuestra presencia en ambos mundos, el de la distribución y la producción de contenidos”, completó para celebrar la cartelización y la derogación de los artículos de la LSCA que, desde 2009, obligaban a la empresa a desprenderse de las 250 licencias de radio, televisión y cable que posee en todo el país. El CEO del Grupo Clarín calificó los años de la vigencia total de la Ley de Medios —votada por mayoría y construída por organizaciones, comunicadores, gremios y académicos— como vivir con “una pistola en la cabeza”.
Tras el desguace de los artículos de la norma que impedían la concentración, Macri y su Gabinete anunciaron con bombos y platillos la elaboración de una nueva para reemplazar por completo a la heredada. En la carta de ayer también se agarraron de esa supuesta ley de Comunicaciones Convergentes para prometer, vía la vocera Banfi, que esa norma encerrada entre las paredes del Enacom “logrará reunir y generar convergencia sin afectar en nada la pluralidad de voces. Por el contrario, promoveremos un protagonismo equitativo de todas ellas”.
LA REGULACIÓN DE LA PAUTA SON LOS PADRES
Ocho mil millones reparte el Estado argentino en pauta oficial, según informó ayer el delegado de Télam y enunció que el control de esa repartija les fue quitado a los trabajadores de la agencia. Los diputados y diputadas oficialistas se lamentaron en el plenario de ayer de que “el manejo discrecional (de ese dinero) por parte del Gobierno anterior ha desvirtuado el fin de la pauta oficial, por lo que los medios de comunicación argentinos la han comprendido como un oxígeno que necesitan para subsistir”. Pues al oficialismo lo desmiente hasta su mayor aliado. En una nota publicada a fines de octubre en Clarín, el periodista Alejandro Alfie informó que el Gobierno aumentó en un 163 por ciento el dinero destinado a publicidad oficial durante el primer semestre de 2017 en comparación con el mismo período del año anterior.
Vaya perlita, en esa repartija, el 20 por ciento del total fue a manos del Grupo conducido por Magnetto y redujo las partidas para los medios opositores como los del Grupo Octubre —PáginaI12, AM 750, Radio Malena, Caras y Caretas, Planeta Urbano—. Los funcionarios del Gobierno hablan de criterios por audiencia, pero ése diario recibió la mitad de pauta que Perfil y La Prensa, pero vende más ejemplares.
Mientras tanto, el diario cooperativo Tiempo Argentino, recuperado por sus trabajadores tras las estafa de Sergio Spolzky, empresario beneficiado por la política de distribución de pauta del kirchnerismo, aún espera los criterios de Cambiemos para saber por qué no recibe pauta nacional. “Hay sitios web caídos y otros que no tienen visitas, que reciben más que nosotros. Somos el medio gráfico nacional que menor pauta recibe”, apuntó Javier Borelli, presidente de la cooperativa Por Más Tiempo, a NAN y agregó: “No creemos que la pauta sea un derecho, pero siguiendo los criterios establecidos por la Secretaria de Comunicación Pública es claro que estamos siendo discriminados”.
Otro ejemplo del criterio de reparto de pauta para el sector asociativo fue publicado en el quinto informa de la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina (AReCIA): en el primer semestre de 2016, el 30 por ciento de las 160 revistas censadas por la asociación recibían pauta nacional, y el monto para todo el sector significaba el 0,057 por ciento del total de la pauta oficial. El informe 2017 de la asociación refleja que las revistas independientes siguen creciendo, discriminación mediante.
“La situación de DyN nos obliga a comprender que la industria está atravesando un proceso de transformación”, insistió Banfi en la voz de Cambiemos. “Sin trabajo, no hay libertad de expresión”, respondieron los trabajadores.
Nº de Edición: 1806
