"El milico" Aguad jura como ministro de Defensa tras concluir la adaptación del Estado a Clarín
585 días duró el Ministerio de Comunicaciones creado y eliminado por la Alianza Cambiemos, que desarrolló con éxito la tarea de desandar —por vía de decretos, resoluciones y omisiones— la regulación vigente en materia de comunicación audiovisual y ofrendar todo lo que pidiera al Grupo Clarín, uno de los artífices más evidentes de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada. Su aparición en la Ley de Ministerios fue la primera medida regresiva del gobierno del empresario, pronto cuestionada -junto a una saga de decretos que la siguieron- ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pues detrás del retoque del organigrama de Gobierno, usual en todo trámite de asunción de uno nuevo, se escondía una violación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA): por DNU, se ponía bajo la órbita del flamante ministerio a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que según la Ley 26.522 debía ser un organismo autárquico, tal como sugieren las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Por esos mismos estándares, se había establecido que el mandato del directorio de la AFSCA estuviera desenganchado de los tiempos del Poder Ejecutivo: designado dos años antes de la elección presidencial, debía seguir hasta dos años después. Una remoción era posible pero sólo por causas justificadas y debía ser tramitada por el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2015, mediante un decreto firmado por Macri, Marcos Peña Braun y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el gobierno intervino el organismo. Unos días antes, Aguad había enunciado la doctrina de la fuerza: “Una ley no puede estar por encima del presidente de la República”. Así, con el argumento de que el titular de la AFSCA era un “militante político”, fue expulsado todo el directorio y reemplazado por… ¡un militante del PRO, sin experiencia en el campo de la comunicación! Esto alarmó incluso a periodistas afines como Nelson Castro, que tuvo un interesante cruce radial con el ministro al que apodan “el milico” y que por estos días recala, después de la tarea cumplida en Comunicaciones, en el Ministerio de Defensa. Aquel procedimiento de intervención fue acompañado por un despliegue policial inaudito, que incluso precedió a la publicación del decreto. Y en la conferencia de prensa en la que se informó la intervención, Aguad deslizó: “La ley no se modifica… por ahora”.
Fue un «ahora» efímero. Trece días después, un decreto de “necesidad y urgencia” (publicado con fecha fraguada) cumplió el primer deseo de las corporaciones que desde 2009 resistían adecuarse a la ley audiovisual. Firmado por Macri en Villa Langostura y refrendado por todos sus ministros, alteró aspectos fundamentales de la ley, con la impronta propia del gobierno gerencial: regular a medida del regulado.
EL DESGUACE DE LA LSCA
Uno de los cambios contenidos en el decreto 267 fue la quita de límites a la concentración y la habilitación para la compraventa y alquiler de licencias. Los controles a la concentración fueron un aspecto central de la ley inspirada en los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación” de la Coalición por una Comunicación Democrática. Los artículos 45 (límites a la concentración de licencias) y 161 (adecuación de quienes no cumplieran esos requisitos), que reflejaban ese espíritu, fueron objeto de una puja judicial que terminó en la Corte Suprema, donde fueron considerados plenamente constitucionales en 2013. Con argumentos muy similares a los que presentaron los “Amicus” del grupo Clarín en esa ocasión (y que fueron rechazados por el voto mayoritario de la Corte), el decreto 267 modificó el primero de ellos y derogó el segundo. Amplió la cantidad de licencias que puede explotar un mismo operador: en el orden nacional, por ejemplo, el límite pasa de 10 a 15. Además, como la televisión por cable -por obra de este decreto- dejó de ser considerada servicio audiovisual, ya no existen más límites en ese plano. Así fue posible que en la primera reunión de nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (el 2 de febrero de 2016, sólo con los cuatro directores designados por el Poder Ejecutivo) se decidiera archivar todos los “planes de adecuación” tramitados desde la sanción de la ley.
El DNU también derogó el artículo 48 (“Prácticas de concentración indebida”), que ordenaba “verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social”.
El pretexto para estas y otras modificaciones fue la “convergencia”, convertida en el latiguillo de la gestión de Aguad y su tropa. En materia de comunicaciones, la convergencia refiere a la posibilidad de ofrecer simultáneamente servicios de radio, televisión, internet y telefonía. Vista en términos comerciales, implica que los operadores telefónicos puedan ofrecer servicios audiovisuales y/o viceversa. El anteproyecto de ley presentado en marzo de 2009 preveía el ingreso de las empresas telefónicas en el sector audiovisual. Esto fue objetado por diputados opositores, que presionaron para que se quitara ese punto. Al poco tiempo, empezó a hablarse de una ley que “nació vieja” o “incompleta”. En diciembre de 2014, la Ley Argentina Digital reabrió aquella posibilidad, estableciendo “un plan de implementación gradual” que definiría límites, resguardo de redes comunitarias y criterios regulatorios que aseguraran una competencia equitativa.
El DNU que fundó la política del efímero ministerio congela por dos años —y la posibilidad de uno más, a criterio del Ente controlado por el Poder Ejecutivo— el ingreso de las telefónicas. A la inversa, se prevé que las licencias de radiodifusión se conviertan en licencias para prestar servicios de telefonía y datos sin necesidad de tramitar otro permiso. La adquisición de Nextel por parte del grupo Clarín, primero, y luego la fusión entre Cablevisión y Telecom, hacen evidente quien será el gran ganador de esta convergencia desigual.
MISIÓN CUMPLIDA
No tardó mucho en quedar en evidencia que de Comunicaciones Aguad sabía poco y nada. En febrero de 2016, en una entrevista, se declaró “sorprendido de lo que viene en materia digital” y para puso un ejemplo que podría tener, fácil, una década: “Usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa”. De lo que Aguad sí supo bien fue de la defensa de intereses de socios y aliados. Acaso la misma experticia de su yerno, Rodrigo de Loredo, nombrado al frente de ARSAT sin ninguna experiencia en el área.
En mayo de 2016, el Gobierno avanzó en el “loteo” del espectro radioeléctrico al proponer, mediante una sencilla resolución sin debate público, la asignación de frecuencias de 2500 a 2690 megahertz. “No guardamos el espectro como plazo fijo”, argumentó Aguad para justificar su asignación directa —sin licitación— a tres empresas de telefonía móvil (Telecom, Telefónica y Claro).
Un año después se dio a conocer la fusión entre el holding Cablevisión (Clarín) y Telecom. Esta operación, que Aguad definió como “buena noticia para el país”, da como resultado el primer y muy privilegiado operador de 4G (servicios de internet, TV por cable, telefonía móvil y telefonía fija). Este monstruo enorme y sin competencia dominará el 55 por ciento de la banda ancha, el 40 por ciento de la televisión paga, el 44 por ciento de la telefonía fija y el 35 por ciento de la móvil; con particular concentración en algunas zonas.
En Córdoba, la provincia de Aguad, el 95 por ciento de la banda ancha queda en manos de un única empresa. Un ejemplo perfecto para docentes de economía que tengan que explicar el concepto de “posición dominante”. Salvo que adscriban a la curiosa doctrina del ministro, que consideró que esta concentración extrema “va a poner a un mercado adormecido y en un estado de confort, a competir”.
En enero de este año, además, Aguad había firmado la resolución que establece el “Procedimiento de Refarming con Compensación Económica y Uso Compartido de Frecuencias”. La explicación técnica es compleja. El ejemplo es sencillo: a partir de entonces, se autorizó a Nextel (empresa adquirida por Clarín en los primeros días del gobierno de Cambiemos) a brindar servicios de 4G en otras bandas del espectro que regulaba el ex Ministerio de Comunicaciones.
En suma, el mayor resultado de 585 días de gestión es la formación del trust del ámbito de las comunicaciones más poderoso de América Latina.
LA LEY TE LA DEBO
En el primer trimestre de la Misión Aguad, ante las múltiples objeciones que recibió, el decreto 267 fue presentado como parte de un “régimen de transición”, previo a la sanción de una nueva norma, cuya redacción se encomendó a la “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078”, al que tiempo después bautizaron “Proyecto de ley de comunicaciones convergentes”.
La comisión fue integrada en su totalidad por representantes del oficialismo: dos directores del ENACOM, Silvana Giudici —ex diputada nacional, artífice de la ausencia de un buen grupo legisladores en el debate de la ley aprobada en 2009— y Alejandro Pereyra —un ex COMFER que quiso y no pudo ser director de AFSCA pues fue objetado cuando regía el proceso de revisión de antecedentes, también derogado—; el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Héctor María Huici—ex funcionario de Telecomunicaciones durante la presidencia de Carlos Saúl Menem—; el vicepresidente de ARSAT Enoch Domingo Aguiar—ex secretario del área durante la presidencia de Fernando De la Rúa—; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez —uno de quienes defendieron la postura del grupo Clarín en las audiencias convocadas por la Corte Suprema— y el filósofo pro Santiago Kovadloff, quien no asistió a ninguna de las 20 reuniones que realizaron en 2016 para recibir aportes.
En aquellos encuentros, vale remarcar, el 40 por ciento de las voces escuchadas pertenecieron al sector empresario; mientras que apenas el 5 por ciento representaron los prestadores sin fines de lucro (medios comunitarios y cooperativas de servicios) y no estuvieron los pueblos originarios, un actor particular al que la ley de 2009 dedicó un capítulo específico. Como celebró la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en la última de esas reuniones: “Tenemos la suerte ahora, que desde el Estado se escucha no solamente a la sociedad civil sino también a las entidades empresarias”.
La formación de la Comisión fue informada a la prensa por Aguad y plasmada en la resolución 9 del Ministerio de Comunicaciones, que aunque dice “1 de marzo” en su encabezado, recién estuvo publicada el 15 de abril de 2016, a la vuelta de las audiencias de la CIDH en Washington, donde el gobierno tuvo que responder sobre el desguace de la ley audiovisual. Allí, los funcionarios pudieron eludir algunas críticas citando una resolución inexistente o al menos desconocida hasta el momento.
Además de las designaciones, la resolución 9 formuló unas pautas generales para el proyecto cuya escritura encomendaba y fijó un plazo de 180 días corridos; es decir, hasta el 28 de agosto pasado. En octubre, cuando ya estaba vencido ese plazo, otra resolución ministerial (1098/16) prorrogó el tiempo de trabajo de la comisión. El 24 de febrero de este año el plazo volvió a vencerse, sin que se conociera aún ningún borrador de la ley, pero por medio de la Resolución 601, el ministro Aguad otorgó una nueva prórroga. Esta vez, el argumento fue que la Comisión había “dado cumplimiento a su cometido consistente en la confección de un anteproyecto de Ley”, pero que era necesario abrir “un nuevo proceso de consulta” para el que habilitó otros 180 días, delegando la tarea en Silvana Giudici. El Ministerio fue disuelto hoy, 37 días antes de que finalice el nuevo plazo, sin que haya ningún borrador conocido. En el nuevo DNU que transfiere todas sus funciones al ministerio de Modernización —hasta hoy abocado al recorte de programas y los despidos en el sector público— no aparece ni una vez la palabra «convergencia», la gran excusa de la Misión Aguad.
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Nº de Edición: 1761
