1 de agosto. El joven Santiago Maldonado, de 28 años, desaparece luego de una represión de Gendarmería en la comunidad mapuches Pu Lof en Resistencia, departamento de Cushamen, Chubut. Según testimonios, Santiago había llegado un día antes para acompañar el reclamo que los mapuches mantienen desde hace dos años por tierras adquiridas por el Grupo Benetton y que ellos reclaman como propias.
La comunidad mapuche denunció cómo el joven se protegió junto a ellos de los disparos de la Gendarmería corriendo en dirección al río Chubut. Allí se detuvo. Integrantes del Pu Lof vieron cómo gendarmes golpeaban al joven y luego lo cargaban en una camioneta. Desde entonces, no se supo más de él. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, fue registrado hablando con los Gendarmes en la zona de la represión.
2 de agosto. Noceti da una entrevista a Radio Nacional Esquel en la que reconoce que mantuvo reuniones en Bariloche y en Esquel para establecer un “sistema de coordinación” entre las fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut con el objetivo de frenar los reclamos de la comunidad mapuche. En esa entrevista, Noceti amenaza con que va a “detener a todos” amparado en acciones en flagrancia, sin mediar orden judicial alguna. El mismo argumento sostendrá el Gobierno para justificar la represión de Gendarmería del 1 de agosto.
5 y 6 de agosto. Se realiza un primer rastrillaje en el área del Pu Lof Cushamen. La Prefectura Naval recorre con buzos el curso del Río Chubut, concluyen que por la profundidad, la corriente y la presencia de ramas, Santiago debió haber quedado atrapado allí en caso de ahogarse. En tierra se encuentra una gorra pertenciente al joven, los perros siguen el rastro y marcan el camino de la represión indicado por los testigos de la comunidad. El juez federal de Esquel Guido Otranto ordena la primera revisión de vehículos del Escuadrón 35 de Gendarmería de El Bolsón. Fernando Machado, el defensor oficial que presentó el hábeas corpus por Santiago Maldonado, denuncia que los autos estaban “como lavados” y tenían una faja de seguridad rota.
7 de agosto. Otranto sostiene que no hay elementos para avanzar en la pista de la Gendarmería. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a pedido del CELS, ordena una “acción urgente” del Estado argentino “para buscar y localizar” al joven desaparecido “tomando en cuenta los datos proporcionados por los miembros de la comunidad mapuche presentes durante la acción represiva”. La “acción urgente” es una medida avalada por el artículo 30 de la Convención Internacional.
9 de agosto. En una de las tantas maniobras distractivas se filtra un video, replicado por los medios comerciales, para decir que Santiago estaba en Entre Ríos. Los medios incluso entrevistan al jefe de la policía de Entre Ríos que dice “hay un pueblo en el que todos se parecen a Santiago”. Habla de los vecinos del Barrio Ecológico, Gualeguaychú, que le responden con una foto con el rostro de Santiago. Horas después, aparece el testimonio de Francisco Maestre, un joven clown que confirma que el del video es él.
10 de agosto. Otranto lleva adelante una segunda medida sobre la Gendarmería. Los investigadores rastrillan con perros en los escuadrones, camiones unimog y camionetas de la fuerza de seguridad de esa ciudad y de El Bolsón. Surgen de allí muestras de pelo y de sangre tomadas en los vehículos y otros elementos. Pero son los móviles señalados por la propia Gendarmería, debido a que todavía el Ministerio de Seguridad no había entregado el listado de los que habían intervenido el día de la represión. Los móviles no fueron secuestrados ni preservados para los peritajes.
11 de agosto. Ciento de miles de personas, con fotos del rostro de Santiago Maldonado, marchan a Plaza de Mayo para responsabilizar al Estado por la desaparición forzada del joven. “Estamos en esta Plaza porque este es un acto de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad. Para el Estado de derecho, esto es de una gravedad institucional intolerable”, decía el documento consensuado por los organismos de derechos humanos.
16 de agosto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defiende la Gendarmería en el Senado. La funcionaria sostiene que “no hay indicios” de que los gendarmes hayan detenido a Santiago Maldonado. Además, culpa a la comunidad mapuche y a la familia Maldonado por obstaculizar la búsqueda. Planta la pista del ataque a un puestero el 21 de julio, que es replicada por los medios comerciales. La familia Maldonado advierte sobre la falsedad de la acusación, ellos y numerosos testigos en El Bolsón habían estado en contacto con el joven entre el 21 y el 30 de julio. Esa pista se caerá con los resultados de las pruebas de ADN.
20 de agosto. Ariel Garzi, compañero de Santiago Maldonado, habla con la revista Cítrica. «Llamé a Santiago y alguien me atendió durante 22 segundos”, dice. Y denuncia a la ministra Bullrich por nombrarlo en el Senado, a pesar de que el juez Otranto le dijo que era “testigo protegido”.
23 de agosto. La fiscal Silvina Ávila recaratula la causa como “desaparición forzada” por pedido de la familia de Santiago Maldonado. Así el giro en la investigación pone el foco en la Gendarmería. Hasta esa mañana, la causa 8232/2017 era investigada como “NN sobre averiguación de delito”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al Estado que investigue al considerar que “los derechos a la vida e integridad personal de Santiago Maldonado se encuentran en una situación de grave riesgo”.
1 de septiembre. Una multitud marcha a Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición forzada. Frente a una marea de ciento de miles de personas, Sergio Maldonado pide la renuncia de la ministra Bullrich. La funcionaria desde un comienzo protege a la Gendarmería. El reclamo se repite en todo el país.
4 de Septiembre. El Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA determina que el perfil genético de la persona que había sido acuchillada el 21 de julio último durante un ataque del puesto Evaristo Jones, en Epuyén, Chubut, no coincide con el de Santiago Maldonado. El ADN anula la operación del puestero, principal hipótesis sostenida por el Gobierno nacional. Por la noche, el presidente Mauricio Macri rompe el silencio y habla por primera vez del caso. Desde un ascensor, atajado por un movilero.
5 de septiembre. El mapuche Matías Santana declara ante el juez Otranto haber visto cómo Gendarmería se lo llevó a Santiago Maldonado el día de la represión. Otras dos testigos también dicen haber visto al joven en el lugar del operativo, pero sostienen haberse ido antes de la actuación de los gendarmes. La familia ofrece una conferencia de prensa, la abogada Verónica Heredia lamenta que “hasta ahora se ha investigado a Santiago y puesto en duda si estaba en la comunidad”. Sergio le pide al presidente Macri que “deje de bancar lo imbacable”.
7 de septiembre. El fiscal federal Federico Delgado da curso a la denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en contra del Gobierno, al que acusan de encubrir la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Delgado le solicita al juez federal Rodolfo Canicoba Corral un “urgente” informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que detalle “las tareas que desplegó el Estado”. Canicoba se declarara incompetente, la Cámara analiza la continuidad de la denuncia.
10 de septiembre. En una entrevista televisiva la ministra Bullrich dice que el Gobierno “está analizando los movimientos de ocho gendarmes por la desaparición de Maldonado”. El lunes 4 de septiembre, cuando se levantó el secretario de sumario, el Gobierno empezó a llevar a declarar a gendarmes a partir de un informe interno que había elaborado y que tenía en su poder desde el 15 de agosto. En las declaraciones, los gendarmes se contradicen entre ellos y con los jefes de los escuadrones que condujeron la represión.
12 de septiembre. Los análisis de ADN sobre algunas camionetas de la Gendarmería, iniciados tras los rastrillaje a los escuadrones del 10 de agosto dan negativo. Desde los organismos de derechos humanos recuerdan que los vehículos fueron manipulados por los gendarmes. El Gobierno vuelve a negar que el caso de Santiago Maldonado sea una desaparición forzada y rechaza que un grupo independiente de expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (Acnudh), organismo de la ONU, controlen la investigación. El ministro de Justicia, Germán Garavano, se había comprometido con la familia a aceptar a ese equipo independiente el 30 de agosto. No cumple.
18 de septiembre. El juez Otranto allana a la comunidad mapuche, con un cinematográfico e inmenso operativo. El magistrado busca comprobar la hipótesis mencionó en una entrevista al diario La Nación un día antes: Santiago se ahogó. Sin embargo, Prefectura en el primer rastrillaje había indicador que no el río era bajo y, en caso de ahogarse, hubiese quedado atrapado por las ramas presentes. Durante ese operativo, las fuerzas mantienen a jóvenes de la comunidad, entre ellos al testigo Matías Santana, maniatados con precintos todo el día.
22 de septiembre. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aparta al juez Otranto de la causa al considerar que “ha ido más allá, efectuando juicios de valor que descartarían prima facie la hipótesis investigada en la causa”. Admiten los planteos de las querellas sobre la manifiesta parcialidad de Otranto. La investigación queda a manos del juez Gustavo Lleral.
1 de octubre. Se cumplen dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Aún ningún gendarme fue imputado.
N° de Edición: 1790
