Ilustración: Juan Pez
«Se está perdiendo el tiempo indispensable para llegar a la verdad.» La afirmación es de Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado, el joven de 28 años desaparecido tras la represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche del Pu Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, en Chubut. Lo dice a un mes de la desaparición forzada de Santiago, un mes en el que el Gobierno del presidente Mauricio Macri se encargó de proteger el accionar de la fuerza de seguridad federal, que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y cuya represión ocurrió cuando el jefe de Gabinete de la cartera, Pablo Nocetti, estuvo en el territorio y luego declaró que se actuó en flagrancia, o sea, sin orden judicial para ingresar a la comunidad. Heredia dice que se pierde tiempo para conocer la verdad y lo hace con conocimiento de causa: fue la abogada de la familia de Iván Torres Millacura, joven desaparecido en Chubut en 2003, hecho por el que fueron condenados dos policías provinciales recién en 2016 tras un fallo histórico que la familia consiguió al llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Heredia, en diálogo con NAN, analizó la responsabilidad del Gobierno frente a las pistas falsas que se pusieron a circular en los medios de comerciales, las expectativas creadas sobre los peritajes de elementos secuestrados en los escuadrones de Gendarmería que fueron allanados diez días después de la represión, el rol del Poder Judicial, en relación al juez federal Guido Otranto, a cargo de las causas de hábeas corpus y desaparición forzada —caratulada así recién el viernes pasado—, y la fiscal Silvina Ávila.
«Toda la conducta del juez luego deberá ser evaluada en el ámbito del tipo penal de desaparición forzada», advirtió la abogada y subrayó que el día en que la causa fue recaratulada a «desaparición forzada», Otranto continuó «investigando a Santiago y a sus contactos» al pedir los cruces de llamadas y mensajes de texto de los celulares del joven con otros 12 celulares. «Qué tendrá que ver con la desaparición forzada», sentenció. También se refirió a la validez de los testimonios que ubican a Santiago en el Pu Lof la mañana de la represión y que buscan ser puestos en cuestión: «Para empezar a investigar, los testimonios sobran en esta causa» porque lo que «importa en esta instancia es investigar a la Gendarmería».
Frente al secreto de sumario, que persiste en la causa por orden de la fiscal e impide el acceso de la familia a la información, insistió: «La única manera en la que se le puede garantizar a la víctima participar en la investigación —conforme a lo que establece la Corte IDH— es dándole los medios para que no sea una mera declamación el ser aceptada como querellante sino que, efectivamente, puede tomar vista del expediente, puede participar de la prueba, proponer peritos, controlar los peritajes».
—¿Las pistas falsas que circularon permiten entender al Estado no solo como responsable de la desaparición sino como encubridor? El Gobierno continúa negando la “desaparición forzada”, la participación de la Gendarmería.
—Ser autor, encubridor, partícipe necesario; son las diferentes formas de participar en un hecho delictivo. En el caso de la desaparición forzada tiene tres elementos: la privación de la libertad de una persona, que puede comenzar siendo legal y luego convertirse en ilegal; que esa privación de la libertad sea cometida por personal del Estado, con apoyo por acción u omisión del Estado; y el tercer elemento es la negativa de reconocer la desaparición o no dar información. Como el tipo penal de desaparición forzada recién se incorporó en el Código Penal en 2011 —la única sentencia en la Argentina utilizando ese tipo penal fue por el caso de Iván Torres en 2016, cuando la Justicia condenó a dos policías (de la fuerza provincial de Chubut por la desaparición de Iván (ocurrida en 2003)— llevará un trabajo de doctrina y jurisprudencia ver cómo se incorporan las distintas figuras de participación. La incorporación al Código Penal de la figura de desaparición forzada fue una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra la Argentina en el caso Torres. Se le exigió al Estado que incorpore esa figura penal, que era una obligación expresa en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y tenía rango constitucional en el país desde 1995. Todas las figuras de participación en una desaparición forzada refieren a funcionarios del Estado: municipal, provincial, federal, Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
—¿Qué significa esta negativa del Gobierno para la familia que es la que espera Justicia?
—La familia que jamás pensó estar en esta situación vive todo esto como si fuera una película de terror. Sergio (Maldonado, hermano de Santiago) y Andrea (Antico, cuñada del joven), que son los que están poniendo el cuerpo en todo momento están agobiados por todos, aunque principalmente por lo que dicen las autoridades del Gobierno, lo que dice la ministra (Bullrich). Agobiados por la negativa permanente y por las acusaciones y sospechas generadas sobre Santiago desde los medios de comunicación, lo que reproduce la tortura que genera una desaparición forzada. Esta negativa de las autoridades a reconocer la desaparición forzada genera tortura en la familia. Si se analizan las sentencias de la Corte interamericana sobre desaparición forzada contra Guatemala, Colombia, México y, específicamente, en el caso de Iván Torres, la Corte condenó a la Argentina no solamente por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada sino también por la tortura a la familia ante la negativa de reconocer la desaparición de Iván y ante la falta de acceso a la Justicia.
—Bullrich dijo, en su exposición en el Senado, que en la Argentina hay 5 mil desaparecidos y que a Santiago se lo busca como a todos los demás, el dato confunde a la opinión pública ¿podrías explicar por qué no es lo mismo?
—Una de las cuestiones que planteamos al presentar nuestra demanda en el caso de Iván Torres contra la Argentina en la Corte IDH no era solamente la falta de tipificación penal sino también la falta de protocolos y de una base de datos que diera cuenta de la cantidad de desapariciones forzadas en democracia. Tras la condena, el Estado hizo una base de datos en la que está mezclado todo. No es lo mismo el caso de una persona que está desaparecida porque está extraviada, porque pudo tener un problema de salud, que otra que pudo haber sido víctima de trata o de desaparición forzada. Un ejemplo de esto son los avisos en los aeropuertos, donde se ve cómo invisibilizan las desapariciones forzadas poniendo a todos en el cartel de personas “perdidas o extraviadas”. La víctima de desaparición forzada no está perdida o extraviada: es víctima. De otra manera, el Estado la esconde, desconoce y oculta información.
—¿El secreto de sumario en una causa en la que el Estado debe investigar al Estado, parece convertirla en una caja negra que enturbia el camino más rápido a la verdad? ¿Hay protocolos o recomendaciones de la CIDH respecto de esto?
—Cuando tuvimos la reunión con la fiscal (Silvina Ávila) le planteamos que, por un lado, el Estado, desde el Poder Ejecutivo, niega la desaparición forzada de Santiago; y, por el otro lado, el Poder Judicial no da información. Conforme a lo que establece la Corte IDH, la única manera en la que se le puede garantizar a la víctima participar en la investigación es dándole los medios para que no sea una mera declamación el ser aceptada como querellante sino que, efectivamente, puede tomar vista del expediente, puede participar de la prueba, proponer peritos, controlar los peritajes. No solamente esto no se puede hacer con un secreto de sumario sino que directamente no se sabe nada, hay ocultamiento de la información.
—¿Qué validez tienen los testimonios de los integrantes de la comunidad? Porque vuelven a surgir versiones que los ponen en duda…
—Los testimonios en una investigación van adquiriendo una diferente relevancia en función del momento procesal en el que se brindan. La mayoría de las investigaciones comienzan con el testimonio del que dijo, que dijo, que dijo, y que tal vez vió y que escuchó; con eso solo alcanza al Poder Judicial para que cientos de personas estén hoy privadas de su libertad siendo inocentes porque no pasaron por un juicio oral y público, con una sentencia de condena firme. Existe una diferencia entre una hipótesis de trabajo, una investigación y la certeza que te da una sentencia de condena o de absolución firme. Para empezar a investigar, los testimonios sobran en esta causa: porque no solamente están los testimonios de las personas de la comunidad —no importa si encapuchados o no— y porque no importa en esta instancia en la que lo que hay que investigar es a la Gendarmería. El juez (Guido Otranto) pidió el 25 de agosto que se le informarán todas las comunicaciones y mensajes de texto de 12 teléfonos celulares con los que Santiago hablaba desde el 1 de julio. O sea, que el juez continúa investigando a Santiago, a sus contactos. Qué tendrá que ver todo lo que pudo haber hablado un mes antes Santiago con la desaparición forzada en manos de Gendarmería: nada. Pero sí se está perdiendo el tiempo indispensable para llegar a la verdad. Toda la conducta del juez luego deberá ser evaluada en el ámbito del tipo penal de desaparición forzada.
—Desde el Gobierno se está instalando toda la expectativa en los peritajes de ADN sobre los elementos encontrados en los allanamientos tardíos a los escuadrones de Gendarmería, ¿en qué afectaría a la continuidad de la investigación que dieran negativos?
—Jamás pusimos expectativas en esos peritajes, en esas pruebas. Primero porque fueron tomados 10 días después; luego porque fueron tomados en camionetas y unimogs que la propia Gendarmería puso a la vista, debido a que todavía no se tenía el listado de los móviles que habían intervenido el día de la represión. Y, por último: esos móviles no fueron secuestrados, no fueron preservados y luego se realizaron los peritajes. Así que si sale positivo será relevante, pero si salen negativas, esas pruebas no significan nada. Lo único que mostrarán es que se hicieron mal las cosas, la mala investigación.
—¿Qué mensaje le dejarías a aquellos que creen que la desaparición forzada de Santiago no lo afecta en su vida cotidiana?
—En el caso de Santiago es clarísimo cómo se pasa de la flagrancia a la desaparición forzada. Esta orden de reprimir, sin orden judicial, bajo la idea de que se está cometiendo algo que la autoridad comprende como un delito. Hablamos de la autoridad policial, la Gendarmería, la fuerza de seguridad, la autoridad que tiene un arma. Esa autoridad es la que decide que cualquiera comete un delito: eso se llama flagrancia y por eso te van a detener. Saliendo de un boliche, pasando en rojo una calle, estacionando mal, caminando con un cigarrillo que crean que es un porro o con un porro, cualquier actividad que a uno le parezca la más simple o cotidiana; hoy es una realidad que puede terminar en una desaparición forzada.
Nº de Edición: 1778
