Fotografía: Joaquín Salguero
Quizá nunca pensaron los organismos de derechos humanos que alguna vez, después de una década ininterrumpida de juicios de lesa humanidad, volverían los tiempos en los que el “adonde vayan los iremos a buscar” debiera convertirse en algo más que un canto simbólico de lucha. Quizá tampoco imaginaron que alguna vez la oligarquía que movió los hilos de la dictadura cívico militar más feroz de la historia del país llegaría a la Presidencia de la Nación votada por la mitad más un pelito de los argentinos. Pero aquí estamos: Mauricio Macri es presidente y el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata consideró que, por “razones humanitarias” y “etarias” —tiene más de 70 años—, Miguel Etchecolatz, uno de los genocidas más siniestros de la provincia de Buenos Aires pueda continuar cumpliendo tres condenas a prisión perpetua en su casa de Mar del Plata.
La domiciliaria a quienes fueron condenados o están siendo investigados por haber robado bebés y secuestrado, encerrado en centros clandestinos de detención, torturado, asesinado y desaparecido a sus padres y otras decenas de miles de personas entre 1976 y 1983 es el más reciente de los granitos de arena que, desde diciembre del año pasado, comenzaron a levantar el castillo de la impunidad, desplomado en 2005 por la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. El otorgamiento del beneficio a represores no comenzó con el gobierno de Mauricio Macri, pero su puesta en relación con otros elementos que dibujan la postura de este Ejecutivo y sus integrantes en relación con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia confirman el “cambio” de rumbo. “Amnistía encubierta”, denunciaron desde el movimiento de derechos humanos. “Si no hay justicia, habrá escrache”, prometieron.
EL SÍMBOLO ETCHECOLATZ
Miguel Etchecolatz, quien fue comisario y número dos de la Policía Bonaerense durante el terrorismo de Estado, perdió el beneficio de la prisión domiciliaria a pocos días de comenzado el primer juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrollaba en la Argentina tras la anulación de las leyes de impunidad. Todavía Jorge Julio López caminaba por La Plata, asistía a las audiencias del debate oral, que se desarrollaba en esa ciudad, y esperaba que la Justicia condenase al bonaerense, su torturador. Entonces, dos de los tres jueces que integraban la autoridad judicial (Carlos Rozanski y Norberto Lorenzo) lo enviaron a Marcos Paz debido a que empleados judiciales habían informado que el excomisario tenía en su casa una 9mm. “Si un detenido con un régimen de prisión domiciliaria puede perder el beneficio e ir a la cárcel por el solo hecho de salir para jugar al tenis o ir a comprar pan, repugnaría al más elemental sentido de equidad que no lo perdiera quien posee en su casa una Browning 9mm de Fabricaciones Militares”, plantearon los jueces. Su encierro no impidió, no obstante, que López desapareciera sin dejar rastros y renovara, a 30 años del golpe, el terror de aquellos tiempos.
“Etchecolatz es simbólico” para la lucha por los derechos humanos, dice Paula Maroni, hija de Juan Patricio y sobrina de María Beatriz, desaparecidos; nieta de Enriqueta, madre de Plaza de Mayo; militante de Hijos. “No solamente por la fuerza que representó, una de las más sanguinarias del golpe, y los delitos que cometió durante la dictadura, sino por su accionar en democracia: está investigado por la desaparición de López, hace diez años”. La mano derecha de otra bestia de la Bonaerense terrorista, su titular en aquellos años, Ramón Camps, nunca dio información sobre el paradero de López, pero insinuó en tono amenazante que algo sabe. Durante la sentencia del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención platense La Cacha, Etchecolatz miró a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuya hija Laura estuvo allí secuestrada, y le mostró un papel en el que había escrito “Jorge Julio López”. “Si eso no es una amenaza, ¿qué es? Es un personaje siniestro que desde donde esté va a seguir queriendo asesinar a todo el que odia”, entendió Carlotto. El genocida tuvo actitudes similares con respecto al destino de Clara Anahí, la nieta que busca la Abuela de Plaza de Mayo Chicha Mariani. “Su domiciliaria actualiza su mano asesina”, concluye Maroni.
A fines de julio, el TOF número 1 de La Plata, integrado por jueces subrogantes que no son los mismos que lo juzgaron y condenaron, admitió que el genocida continuara cumpliendo su prisión perpetua en su casa de Mar del Plata. Avanzada edad y razones humanitarias, adujeron los jueces Germán Castelli y Jorge Michelle, quienes tuvieron en cuenta los 87 años del bonaerense, su hipertensión arterial y los riesgos de un accidente cerebrovascular (ACV), a pesar de que el Cuerpo Médico Forense dictaminó que tales dolencias podían ser atendidas en el Hospital Penitenciario de Ezeiza. Un dato: Etchecolatz había comenzado una huelga de hambre, estrategia que replicó de su colega en crímenes de lesa humanidad Eduardo Cabanillas, quien comandó el centro clandestino de detención sede del Plan Cóndor, Automotores Orletti, y logró regresar a su casa días antes de que Etchecolatz anotara la primera domiciliaria a su favor. Menos de un mes después, el beneficio otorgado se repitió en dos causas más. En esas dos y en la que falta, debía definir el juez César Álvarez, quien faltando días para el tratamiento del pedido decidió tomarse licencia médica solo en el TOF 1. Su partida permitió cambiar el tono del TOF, lo cual se vio reflejado en el beneficio otorgado. Otro dato: Álvarez está denunciado junto a Rozanski ante el Consejo de la Magistratura por homicidio en relación a la muerte de Aldo Chiacchietta, un exmédico policial bonaerense que falleció, condenado por delitos de lesa humanidad pero sin sentencia firme, en el penal de Ezeiza.
El regreso a “la feliz” de Etchecolatz depende, no obstante, de la determinación que tomó el juez federal número 2 de la capital bonaerense, Ernesto Kreplak, quien, a cargo de una de las investigaciones que persigue al excomisario por violaciones a los derechos humanos, entendió que podía mantenerse bien en el penal de Ezeiza.
Adriana Taboada es integrante de la Comisión de Memoria y Justicia de la Zona Norte del gran Buenos Aires y, además, es perito psiquiátrico de imputados por delitos de lesa humanidad. En marzo de 2015 y en abril de este año peritó a Etchecolatz y en ambas ocasiones advirtió que “es un simulador”. La ley permite a los jueces beneficiar con prisión domiciliaria a los imputados que tengan más de 70 años y que sufran dolencias. Sin embargo, Taboada advirtió que “la salud como derecho no debe ser utilizada como puerta para la impunidad”, así como tampoco la vejez. “Los delitos se han probado, se los han condenado y la cárcel es parte de esa condena. Esperamos que los jueces puedan estar a la altura de la historia y no acceder a presiones que no corresponden”, solicitó en un acto de organismos de derechos humanos en la ex Esma.
Para la abogada platense querellante en causas de lesa humanidad Guadalupe Godoy, el tipo de criterio que el TOF 1 aplicó en el caso de Etchecolatz “hace que practicamente todos los genocidas estén en condiciones de obtener el beneficio de la domiciliaria”. En La Plata, por ejemplo, podría seguir el camino del bonaerense Jaime Smart, exministro de Gobierno provincial, designador de muchísimos de los jueces que hoy siguen siendo parte del fuero en la provincia, fundador de la fundación Fores, desde donde el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, lanzó la plataforma de su gabinete, Justicia 2020.
“La vuelta de Etchecolatz a su casa no sólo significa un efecto dominó entre los responsables de esos delitos, es un golpe directo a los juicios”, entiende Godoy.
EL SÍMBOLO DE LA DOMICILIARIA
A fines de julio, Clarín puso en voz de “altas fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” la confirmación de que medio centenar de “militares y policías encarcelados por delitos de lesa humanidad” habían recibido el beneficio de la prisión domiciliaria desde comienzos de año. La nota, tal cual, fue replicada por los represores encarcelados en el pabellón 5 del módulo de lesa humanidad del penal de Marcos Paz en la edición del 24 de ese mes de “Te cuento la semana”, el semanario que editan desde 2014. “¿Los jueces comienzan a cumplir la ley?”, se preguntan desde el título de tapa de ese ejemplar.
¿Qué significa que una persona que fue condenada por ser represora y asesina cumpla el castigo durmiendo en su cama, cagando en su baño, bañándose en la intimidad de su ducha, almorzando con la tele de fondo, compartiendo mate con su familia? ¿Por qué tanto quilombo? “No son presos comunes, ni los presos comunes tienen esos beneficios tan a mano. La domiciliaria es un símbolo muy fuerte en el marco de los crímenes de lesa humanidad”, postula Maroni. Godoy coincide: “Etchecolatz no es un viejito; ninguno de ellos lo es. Son genocidas. No son exrepresores, son represores y siguen torturando cada vez que en los juicios se burlan, dan distintas versiones, gozan de lo que significa el sufrimiento de quien tiene que ir a testimoniar y a pedir justicia”. El quilombo: “Se huele que las domiciliarias se están instalando como política”.
El otorgamiento de las domiciliarias a represores no comenzó en diciembre pasado, así como ellos tampoco empezaron a solicitarlas recién entonces. La insistencia de parte suya y de sus familiares y aduladores en que son personas ancianas, con dolencias inadecuadas de ser tratadas en contextos de encierro, siempre fue número puesto en la estrategia de zafar no solo la cárcel, sino también los juicios. Y la recepción de parte del Poder Judicial de estos fundamentos fluctuó de manera gradual durante todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Según el más reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad, al 30 de junio pasado eran 462 los imputados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar argentina que cumplían condena o prisión preventiva en sus casas; y 568 los que lo hacían en cárceles comunes. Y podemos sumar ejemplos: la semana pasada, el Tribunal Oral Federal de Tucumán dejó ir a su casa a Ariel Valdiviezo, el único de los 37 represores condenados por secuestros, torturas y desapariciones cometidas durante el último golpe en los centros clandestinos tucumanos Arsenal y Jefatura. El juicio terminó en 2013, pero la sentencia no está firme. La Cámara de Casación tiene en su poder esa decisión, la misma que, un año después de la sentencia, dejó libres a 30 condenados. Corría el último mes de 2014. Luis Trillo —jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires en la que estuvieron secuestrados Patricia Roisimblit, hija de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Rosa Roisimblit, y su esposo, José Pérez Rojo (ambos continúan desaparecidos)— llegó al juicio que comenzó a mediados de este año con prisión domiciliaria, beneficio que el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín debió revocar luego de que fotografiaran al genocida paseando su perro por el barrio donde vive.
Sin embargo, hay algo distinto desde que Macri es presidente; Garavano, ministro de Justicia; y Avruj, secretario de Derechos Humanos: las puertas del Estado están abiertas para los represores, quienes en ellos encontraron a un interlocutor. “Una esperanza”, celebraron la asunción de Macri en la Rosada desde el búnker de Marcos Paz los represores a través de su periodiquito. En marzo, Avruj se expresó proclive a que los presos mayores de 70 años cumplan condenas en sus casas. A fines de julio, Clarín atribuyó a “fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos” la confirmación de que ese área no apelaría domiciliarias, sin ahondar si le corresponde o no hacerlo (algo que es materia de discusión permanente: si bien el Código no le otorga lugar a las querellas en cuestiones que atañen a la libertad del acusado, existen situaciones en las que la prisión domiciliaria podría interferir en la investigación, como es el caso de Etchecolatz, de hecho). Pero la presión por el exbonaerense empezó a ahogar. El último fin de semana, el propio jefe de Gabinete salió a desmarcar a la política de «un tema que es claramente de la Justicia» y desafió a quien «crea que hay que plantear excepciones a la prisión domiciliaria» a «plantear una modificación a esa ley». Ayer mismo, Avruj siguió marcando el rumbo: «Hay que entender que estamos inmersos en un tiempo donde la gran mayoría (de los represores) van entrando a esa dimensión (a la de más de 70 años) y por eso, este escenario se nos va a ir ampliando».
“El gobierno les habla a los genocidas, una actitud que se suma a la presión a los jueces, la deslegitimación al movimiento de derechos humanos, con la acusación del ‘curro’ de parte de Macri y de todo su gabinete; el negacionismo, el intento de actualización de la teoría de los dos demonios y el vaciamiento de los programas que trabajaban en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, enumera Godoy. En esa lista también se deben agregar las reuniones que Garavano y Avruj mantuvieron con agrupaciones de familiares de represores enjuiciados. Al respecto, el abogado Pablo Llonto se queja: “No puede ser que la Secretaría reciba a familiares que apoyan el golpismo, que apoyan el genocidio. No se creó para recibir genocidas, menos para apoyarlos”.
El “combo” apunta a “reactivar las estrategias de los represores y a ofrecerles una anmistía encubierta”, entiende la abogada querellante en la causa por la desaparición de López. “Quieren que no haya más juicios, pero como eso tiene un costo político muy grande, optan por esta estrategia mediante la que obtienen casi el mismo efecto, neutralizar los procesos, porque yo me pregunto a quién podríamos llevar como testigo a relatar por enésima vez algo que le sucedió tan horroroso como los crímenes de la dictadura si sabe que eso no va a tener ningún efecto concreto, si los milicos la van a estar mirando desde su casa. Dejarán de tener efecto reparatorio para convertirse paulatinamente en nuevas revictimizaciones”, advierte.
En tren de símbolos, el pedido histórico de “cárcel común y efectiva” con el que se insistió en los juicios de lesa humanidad hasta penetrar en la jurisprudencia de los jueces es uno de los que también sirve a este análisis. Viene desde aquellos primeros tiempos post-anulación de leyes de obediencia de vida y punto final, en los que a los represores a los que se les dictaba la prisión preventiva la Justicia los confinaba a dependencias militares. “El pedido de cárcel común para los genocidas tiene que ver con una reparación social, de la misma manera que se entienden los juicios en los que son condenados”, admite Maroni, que insiste en que la imagen de “viejos encerrados tras las rejas” no sublima un deseo de venganza personal, sino más bien responde a “la necesidad de dejar claras las reglas de la democracia”. “Golpe militar para cumplir con las necesidades de la clase oligárquica no más, y eso se cumplió lamentablemente este año. Bueno, si cometés delitos, pagás con cárcel”, puntualiza.
EL SÍMBOLO DE LA LUCHA
“¿Qué nos está pasando, qué le pasa al país, qué le pasa al gobierno PRO que parece que Mauricio Macri siguiera a la perfección los editoriales del diario La Nación?”, se pregunta retóricamente Agustín Cetrángolo, militante de Hijos y hasta diciembre pasado funcionario de la Secretaría que recibe a familiares de genocidas. “Esto es una alarma”, alertó desde el micrófono de una conferencia de prensa que compartieron la casi mayoría de los organismos de derechos humanos y varios abogados que trabajan en las querellas de las investigaciones judiciales frente a la sede del área comandada por Avruj en la ex Esma. Allí, llamó a “tener conciencia y combatir todos los días para que el único lugar para un genocida sea la cárcel común, perpetua y efectiva”.
En esa línea, su compañera de militancia reconoce que el cambio de horizonte en las políticas públicas en relación al proceso de Memoria, Verdad y Justicia es “un punto de inflexión” que los “desafía a retomar el rol y el rumbo que la sociedad misma está reclamando: el de la lucha contra la impunidad”. La presidenta de Asociación Madres de Plaza de Mayo anunció hace algunos días el retorno de la Marcha de la Resistencia para este viernes. “Donde no hay justicia, habrá escrache”, advirtió Cetrángolo el lunes, momentos después de que la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano, asegurara que volverían a las calles “a pesar de los dolores físicos y los años a cuestas”. Y entonces, que la canción suene en loop para siempre: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.
