Ilustración: Federico Avella
—¿Sabés qué, viejo? Quiero ser maestro —rompió el silencio César Manuel.
Su padre, Mario, lo escuchaba atento e intentaba comprender lo que su hijo le estaba diciendo.
—Encontré un lugar para estudiar que es gratuito. Encima te alojan y te dan de comer.
Después de un año de cursar la licenciatura en Derecho en la universidad de Huamantla, César quería imprimirle un giro a su vida y dedicarse de lleno a su verdadera vocación: la docencia. Para eso, debía mudarse de Tlaxcala —la ciudad donde vivía— 350 kilómetros al sur, a Ayotzinapa. Allí pensaba asistir a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos para poder educar a los más pobres entre los pobres.
—Pero… ¿estás seguro, hijo? —indagó Mario.
—Sí, papá, es lo que me gusta —le respondió.
Luego de pensarlo un rato y de discutirlo con su mujer, Mario cedió. Aunque le hizo prometer algo: “Te vas, pero me tienes que hablar por teléfono tres veces al día”. César aceptó.
Con religiosidad, el joven cumplió cada día. Las llamadas fueron constantes durante más de tres meses, hasta que llegó el 26 de septiembre. Aquel viernes a las cuatro y media, César marcó a su casa y habló como de costumbre. Contó que andaba bien, adaptándose, y repasó su itinerario de la mañana. Se mostró algo preocupado por la salud de su padre. Mario no estaba bien. Tenía fiebre tifoidea, una enfermedad infecciosa producida por la bacteria salmonella, y su tono no era el de siempre.
—Te oigo mal, pa. No te pongas así, pronto te voy a ir a ver —le dijo, y quedó en volver a llamar a la noche.
Minutos más tarde partió a la ciudad de Iguala junto a sus compañeros para recaudar fondos para la escuela.
César colgó sin saber que ésa sería su última llamada.
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La noche del 26 de septiembre de 2014, México mostró la cara más cruda de la violencia. Tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron asesinados (uno de ellos, desollado vivo) y otros 43, desaparecidos. La cacería estuvo orquestada por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en complicidad con la Policía Municipal, las Fuerzas Federales, el Ejército y sicarios del cártel Guerreros Unidos. La hipótesis oficial indica que la matanza fue pergeñada para evitar que los estudiantes arruinaran un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del gobernante.
Los normalistas, aquella tarde, llegaron a Huitzuco a pedir dinero y buscar medios de transporte para asistir a la marcha anual del 2 de octubre, que recuerda la Matanza de Tlatelolco. Su desembarco no pasó inadvertido. La Policía siguió sus pasos desde el inicio. Cuando se instalaron cerca de una cabina de peaje en la autopista Chilpancingo-Iguala, ya estaban vigilados. Abarca había dado una orden clara: “Los tienen cortitos y si es necesario, metan bala”.
Todo trascurrió con naturalidad hasta que los estudiantes emprendieron el regreso a la escuela. Eran las 21.30 cuando los tres micros en los que viajaban fueron emboscados. Entre las calles Álvarez y Periférico Norte, dos patrullas les cerraron el camino. Los normalistas bajaron para ver qué pasaba y los fusiles AR-15 empezaron a tronar. “¡No disparen! ¡Bajen las armas! ¡No somos delincuentes, somos estudiantes!”, gritaban.
Francisco Sánchez Nava, uno de los sobrevivientes, recuerda lo sucedido esa jornada: “Al principio no entendíamos qué ocurría, hasta que vimos caer al compañero Aldo Gutiérrez producto de un balazo en la cabeza. Ahí nos dimos cuenta de que estaban disparando a matar”. En esa oleada, varios jóvenes resultaron heridos y otros lograron refugiarse o escapar. Los 43, que venían en el último autobús, fueron capturados y cargados en camionetas de la Policía.
El horror desatado por la represión convirtió a Iguala en una ciudad vacía. Comercios y bares cerraron sus puertas, en la calle no quedó un alma; los estudiantes estaban solos. Librados a su suerte, llamaron a la Normal para avisar que los estaban atacando y pidieron apoyo. A la media hora la balacera paró. Intentaron reagruparse y asistir a los heridos. Muchos estaban en shock.
A primera vista, parecía que lo peor había pasado, pero todavía habría tiempo para más. Cerca de la medianoche, cuando aparecieron los medios y los jóvenes se disponían a hablar con la prensa, otra vez volvieron los disparos. “Frena una camioneta roja sin identificación, bajan unos tipos de civil, apoyados por policías, y disparan una ráfaga de metralla. Ahí le dieron a Julio César Ramírez y a Daniel Solís Gallardo”, explica Francisco, con dolor en su mirada.
Aterrados, los normalistas salieron corriendo. Llegaron a un callejón sin salida. Atrás se escuchaba el silbido de las balas. “Encerrados, quisimos correr hacia otra dirección y al voltear le dieron a Edgar Vargas en la mandíbula. Lo levantamos y lo llevamos cargando. Le pedíamos a la gente que nos ayudara, pero nadie nos escuchaba. Tocábamos las puertas y nada. Llegamos a una clínica y el doctor no quiso atendernos. Le rogamos que al menos nos abriera y nos refugió. El tema es que después supimos que había llamado a los militares del Batallón 27”, cuenta.
Los uniformados llegaron al lugar en 20 minutos más o menos. Entraron a los golpes y a los gritos. A algunos les pusieron el cañón en el pecho, a otros los obligaron a tirarse en el piso. “Nos sacaron celulares, carteras, todas nuestras pertenencias. Nos preguntaron nuestros nombres y nos fotografiaron uno a uno. Nosotros les rogábamos que llamaran a una ambulancia, pero ellos no nos escuchaban. Nos decían que si éramos hombrecitos, nos aguantáramos. Que por algo estábamos ahí, que nosotros nos la habíamos buscado”, sostiene Francisco.
El espanto por los asesinatos movió las estructuras de Iguala. La Comisión de Defensa de Derechos Humanos envió a diez especialistas para esclarecer lo ocurrido. A 300 policías les requisaron las armas para determinar sus responsabilidades. Cuarenta y ocho resultaron detenidos. De sus confesiones se desprendió que los 43 estudiantes fueron entregados a sicarios del cártel de Guerreros Unidos, con estrechos nexos con la familia de Pineda Villa.
Según un informe de la Procuración General de la República (PGR), los “halcones” del narco ejecutaron a los normalistas, los prendieron fuego y arrojaron sus restos en bolsas al río San Juan. La noticia destapó la mugre que existe debajo de la alfombra en México: en algunas zonas, los gobernantes y los narcotraficantes son lo mismo; la narcopolítica gobierna territorios enteros.
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El tiempo dejó en evidencia los grises de la “versión oficial”. Para los padres, el informe de la PGR “está lleno de mentiras”. La investigación llevada a cabo por la fiscalía sostiene que los 43 fueron incinerados en un basurero de Cocula. El lugar es una hondonada perdida en el corazón de las montañas. Para llegar hay que cruzar un sinuoso camino de tierra, de espesa vegetación. No hay una sola edificación a kilómetros de distancia, tampoco testigos. Sólo pilas y pilas de basura.
Allí, según la fiscalía, los sicarios levantaron, sobre un círculo de piedras, una pira de leña y neumáticos en la que acomodaron los cadáveres de los normalistas. El fuego, alimentado por nafta, dicen, ardió durante horas, día y noche. Pero nadie vio nada. Ni humo ni llamas.
Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa, recuerda que esa noche llovió hasta la mañana. No lo dice directamente, pero le cuesta creer la hipótesis de la Procuración: “A nosotros, en verdad, nos da la sensación que lo que quieren es cerrar el caso”. La versión del gobierno de Enrique Peña Nieto está apoyada en el testimonio de narcos, policías y un solo peritaje que concluyó que los restos de Alexander Mora habrían sido encontrados en el río San Juan.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó de las pesquisas, aseguró en un comunicado, en febrero pasado, que no había estado presente cuando los buzos de la Marina supuestamente encontraron una bolsa con 17 restos óseos que permitieron la identificación de uno de los normalistas en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Mencionó también al menos siete fallas graves en los procedimientos e indicó que “no hay evidencia científica” para establecer que en el basurero existan restos que correspondan a los normalistas.
La versión oficial no encaja. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha hecho 32 observaciones. “Ésta es la más grave violación a los derechos humanos de la historia reciente”, dijo el ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez. Para la CNDH, la Fiscalía no agotó todas las líneas de investigación e ignoró la posibilidad de que los jóvenes sigan con vida. A casi un año de los acontecimientos, cuestionó que no se hayan tomado testimonios de ninguno de los vecinos de Iguala, donde ocurrieron los hechos, ni analizado pruebas fotográficas y videos.
“Lamentablemente, México es esto. En México gozamos de un Estado criminal. Aquí son constantes las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes, las fosas comunes, los vínculos con el narco, la corrupción”, enumera Francisco Sánchez Nava. Pero no se resigna ante la realidad y, como sus compañeros, promete no quedarse de brazos cruzados. “No podemos ser tan ciegos al ver cómo hay ríos de sangre, de gente humilde, de gente pobre.”
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La búsqueda de los normalistas obligó a todo México a posar los ojos sobre el Estado de Guerrero. En este territorio de montañas y bosques cubiertos de niebla, la muerte se mueve con libertad. Su tasa de homicidio triplica la media nacional: el año pasado se registraron allí 2100 asesinatos. En ocho meses de investigación, la PGR ha encontrado sólo en Iguala, su capital, 60 fosas comunes en las que había 129 cadáveres, todos sin relación con el caso.
Excavar en estas tierras puede transformarse en un inevitable acto forense. Desde 2007 y sólo en tres Estados —Tamaulipas, Guerrero y Jalisco—, más de mil cuerpos han sido “recuperados” de estas tumbas a cielo abierto, vertederos secretos de ese poder oscuro que “levanta” personas a plena luz del día y con esa misma impunidad los desaparece. Como si la vida no valiese nada.
La denominada “guerra contra el narco”, inaugurada por Felipe Calderón en 2006, arroja un saldo inaudito: 30 mil personas permanecen desaparecidas en México y 150 mil fueron asesinadas desde entonces. Christof Heyns, relator de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, apuntó que el gobierno federal reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (1426 víctimas por mes) y 47.300 en el actual gobierno de Peña Nieto (un promedio mensual de 1688).
“No es posible naturalizar la muerte en un país donde hay una verdadera crisis humanitaria. El mundo debe actuar porque, de hecho, el problema central de esta crisis es que existe una participación activa y probada de las autoridades estatales y municipales”, explica el sociólogo mexicano Arturo Alvarado Mendoza, autor, entre otros libros, de El tamaño del Infierno, un estudio sobre la criminalidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México. “Si no, ¿qué cosecha un país cuando siembra cuerpos?”, pregunta. La frase estremece. No merece respuesta.
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Hilda Legideño Vargas necesita algo: una prueba, unos restos, lo que sea para dejar de llorar. Por ahora, lo único que obtiene es silencio. Sin embargo es fuerte y está orgullosa de su hijo. “Jorge Antonio me ha dejado una enseñanza, eso es típico de los seres nobles. Siempre decía que iba a hacer algo para que viviéramos mejor en el futuro y lo ha logrado. Eso me alienta a seguir, porque por los hijos hacemos todo. Tanto que hasta aprendí a hablar. Antes no me daba el valor, sentía que iba a decir alguna incoherencia, pero al final acá estoy, diciendo algo verídico, que estamos sufriendo. Hemos arriesgado mucho en este camino exponiéndonos, pero no importa lo que suceda si al final encontramos la verdad. Ellos tienen que aparecer. Sé que van a aparecer. Porque vivos los llevaron y vivos los queremos, y así va a ser, estoy segura”, dice.
