Fotografía: Mariano Martino
Las líneas de teléfono estuvieron cortadas; las de celulares, saturadas; y las marcas de los intrusos, frescas en los escritorios y paredes de Amenábar 23; pero los 125 integrantes de la cooperativa Por Más Tiempo trabajaron sin parar como hace dos meses para editar la “edición de emergencia” del diario que hoy está en la calle tras el ataque al edificio por parte de una patota encabezada por el supuesto dueño de Tiempo Argentino y Radio América —que vaciaron Sergio Szpolski y Matías Garfunkel— Mariano Martínez Rojas. “Estamos trabajando con la custodia de un solo policía”, contó Javier Borelli, presidente de la cooperativa, quien recibió amenazas de Rojas en la madrugada de ayer. La fiscal porteña Verónica Andrade imputó al supuesto dueño y a sus muchachos por “usurpación y daños” varias horas después de que los trabajadores recuperaran su lugar de trabajo. Ahora, la querella pedirá que la causa vaya al fuero nacional por tratarse de un ataque a un medio de comunicación. En Amenábar se cerró una nueva edición autogestionada del diario y van siete meses sin que el Ministerio de Trabajo ordene al supuesto dueño y a los ex titulares a pagar lo adeudado. Ayer, fue la única área de Gobierno que se comunicó tras el ataque: fue para llamar a una mesa de negociación que tras cinco horas de espera no se concretó. Hoy, habrá asamblea pública en Amenábar para respaldar a los trabajadores: “Esperemos que haya sido la gota que rebalsó el vaso y que el Estado se haga presente para garantizar nuestra integridad física, el derecho al trabajo y el derecho a la comunicación”.
Fue poco después de las 0 horas del lunes cuando una patota de cerca de 20 hombres sorprendió a Norma Fernández, que finalizaba las tareas de limpieza, y a Gabriel Agüero, uno de los dos serenos de la redacción de la cooperativa Por Más Tiempo. Al otro, Nahuel de Lima, lo despertaron a patadas, tras comenzar a romper la redacción. A los tres los sacaron a la calle para luego tapiar las ventanas con diarios. El aviso llegó rápido al resto de sus compañeros y también la denuncia a la comisaría 31, a cargo del comisario Carlos Gastón Aparicio, quien tras el ingreso violento sólo tocó el timbre para pedir explicaciones al intruso Rojas, que ostentó un supuesto contrato de alquiler para cerrar la puerta y seguir con los destrozos sin que la fiscal Andrade diera la orden de desalojarlos.
Rojas nunca tuvo ningún contrato de titularidad sobre el edificio de Amenábar. Cuando anunció la supuesta compra de Tiempo Argentino y Radio América, ya había en marcha un proceso judicial del propietario originario del edificio por falta de pago contra los anteriores dueños. A mediados de junio, los trabajadores de ambos medios marcharon para frenar una orden de desalojo y se abrió una mesa de negociación. Rojas —a pesar de su descargo de ayer en Perfil: “Fui a recuperar mi empresa” — y su patota fueron los únicos “usurpadores” en la madrugada del lunes. Los integrantes de la cooperativa Por Más Tiempo cuentan con actas del Ministerio de Trabajo que los reconoce como “legítimos ocupantes” en resguardo de sus herramientas de trabajo. Eso le dijeron al comisario Aparicio que en un segundo llamado recibió la orden de la fiscal para negociar.
“Agradecé que todavía tenés piernas”, lo amenazó Rojas a Borelli durante la mesa de “negociación” establecida, por orden de la fiscal, entre los legales ocupantes del espacio y los que cerca del mediodía Andrade imputó como “usurpadores”. Para entonces, ya habían pasado horas rompiendo y revolviendo la redacción. El comisario comunicó que sólo tomaría los datos de los intrusos y los acompañaría hacia la salida sin detenerlos. La fiscal también había pedido que los trabajadores de Tiempo abandonen el lugar, pero eso no ocurrió. “Los trabajadores de Tiempo son los custodios legales de todos los bienes del edificio, son sus legítimos ocupantes. Por eso la fiscal tuvo que dejar que los trabajadores se quedaran en el edificio. Les falló la maniobra”, sentenció en diálogo con NAN María del Carmen Verdú, abogada que representará a la querella integrada por la cooperativa Por Más Tiempo, los delegados de Radio América y los tres trabajadores agredidos.
Cerca de las cuatro de la mañana, los trabajadores volvieron a recuperar su espacio de trabajo. Más tarde, pasadas las seis, los usurpadores se fueron escoltados por la Policía Federal. “Hay cosas muy extrañas”, remarca Verdú respecto de la actuación del comisario y de la fiscal Andrade: “La Policía actuó por fuera de las instrucciones de la fiscal o habrá que investigarla. Ni la fiscal ni el comisario actuaron ante un estado de flagrancia”. La querella se presentará hoy ante el juzgado de Garantías de la Ciudad y llevará una imputación no sólo por “usurpación y daños” sino por “seis delitos contra Martínez Rojas y su patota”: además de solicitar una investigación sobre la intervención de Aparicio y Andrade, la querella pedirá una imputación por daño calificado —al tratarse de elementos de comunicación—, interrupción de la comunicación —por los daños a los servidores y la red de la redacción—, interrupción del normal funcionamiento de un medio de comunicación, lesiones calificadas y amenazas coactivas. Delitos que implicarían el paso de la causa al fuero nacional.
Ésta no fue la primera vez que Martínez Rojas amenaza con patotas a los trabajadores. La asamblea de la cooperativa ya había denunciado un hecho similar en febrero, días después de haber decidido permanecer en la redacción para frenar el lockout patronal, y la más fresca fue la toma por la fuerza de la estación de transmisión de Radio América a mediados de junio. Rojas ingresó por la fuerza al predio ubicado en Villa Soldati y cortó la señal que ponía al aire los programas realizados desde el estudio de Amenábar 23.
Desde entonces, los trabajadores de la radio continúan la transmisión por Internet, mientras que la Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) aún espera que el supuesto dueño presente los papeles que demuestren su legitimidad. El paciente nuevo organismo del Estado (que reemplazó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) dice que los puestos de trabajo son problema del ministerio encabezado por Jorge Triaca. Pero de acuerdo al vigente artículo 50 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Enacom tiene la facultad de intervenir para asegurar la «normal prestación del servicio» y disponer las medidas necesarias para preservar las fuentes de trabajo hasta una nueva adjudicación. Según Borelli contó a NAN, ayer, Triaca tampoco se apresuró por la situación de los trabajadores Tiempo tras la agresión que recibieron en el edificio que el mismo ministerio les ordenó custodiar.
—¿Cómo enfrentan esta práctica patotera de Rojas? ¿Qué entienden que hay detrás?
—Estamos tan sorprendidos que creemos que Rojas, en realidad, no es ninguna de las caras que viene mostrando. No es empresario, no es dueño de medios. Solo muestra actitudes patoteriles. Incluso delante de un comisario continúa amenazando a los trabajadores. Es tan incomprensible lo que ocurre, que la Fiscalía y la Policía frente a la comisión de delitos flagrantes lo deja libre y lo custodia. Lo único que queremos es que ésta haya sido la gota que derramó el vaso y que el Estado tenga presencia para garantizar la integridad física, el derecho al trabajo y el derecho a la comunicación.
—¿Tras el ataque recibieron algún llamado desde el Ministerio de Seguridad o de la Fiscalía para garantizarles protección en la redacción?
—Solo contamos con la custodia de un policía de consigna. La única previsión, ante otro posible ataque, es un policía parado en la puerta, al lado del enorme hueco que dejaron anoche al ingresar por la fuerza.
— Un comunicado de la secretaría de Comunicación Pública fue la voz oficial del Gobierno nacional para repudiar el ataque e insistió en deslindar cualquier responsabilidad al señalar que son “víctimas del accionar irresponsable de un grupo de empresarios”. ¿Hubo alguna otra reacción desde el Ejecutivo?
—El Ministerio de Trabajo nos llamó a una mesa de negociación, que venimos reclamando hace dos meses, con una citación urgente. Pero el ministro Triaca nos hizo esperar desde las 13 a las 17 y no nos recibió. El Gobierno continúa corriéndose de su responsabilidad, por eso exigimos que a partir de lo ocurrido tome una postura más clara para garantizar nuestra salud, nuestra seguridad, el derecho a trabajar y algo que nos trasciende: el derecho a informar y comunicar.
—Cuando Rojas cortó por la fuerza la transmisión de Radio América volvió a aparecer el nombre de Juan José Gallea, exgerente comercial del Grupo 23 y actual funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como el protector de este proceso de vaciamiento. ¿Se incrementan las sospechas?
—Creo que todo forma parte de los mismo. No hay explicaciones para los que sucedió y cuando no las hay es porque hay algo raro, hay olor a inteligencia. No tiene sentido que una persona ingrese a un edificio que no le pertenece y cometa acciones para impedir que el medio continúe saliendo… y hay algo más que no se está diciendo.
—En estos siete meses de lucha y en los dos meses como cooperativa, la red creada con otros medios, sindicatos y organizaciones sociales mostró ser fundamental para resistir el intento de vaciamiento…
—El gremio de prensa está de pie reivindicando los derechos de los trabajadores de medios en general y lo que estamos sufriendo es además una vulneración al derecho a la comunicación, que nos afecta a todos. El gremio lo entendió así y lo celebramos porque nos va a permitir construir una mejor democracia con la unidad a medida que la conciencia de los compañeros periodistas siga creciendo.
