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“quieren acabar con las alternativas al desempleo”

Veto al Bauen

Foto: Rolando Andrade

Las experiencias de las Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT) tienen una historia de larga construcción en la Argentina, que se inicia en la década de 1950, se recupera durante el menemismo y se expande y visibiliza en la crisis económica de 2001 para desde entonces fortalecerse en la organización y formación como alternativa económica frente a las prácticas fraudulentas de empresarios vaciadores, ante los coletazos de crisis internacionales y siempre a pesar de la ausencia de políticas públicas que rompa el modelo del patrón. En un año en el que las políticas del gobierno de Cambiemos destruyeron 100 mil puestos de trabajo, las ERT emplearon a casi 16 mil personas en las 376 empresas controladas por sus trabajadores en el país, un promedio de 43 trabajadores por planta, según el quinto informe del Programa Facultad Abierta de la UBA, en el que funciona el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas.

 

Ese es el marco económico, social e histórico en el que el Hotel Bauen emerge como un ejemplo de autogestión de los trabajadores a nivel mundial por emplear a 130 personas y sostener las puertas abiertas desde 2003, cuando la familia Iurcovich envió a la quiebra al gigante de 20 pisos y 200 habitaciones construído con créditos de la último dictadura militar. En la última sesión del año en el Senado, la cooperativa del Bauen consiguió la aprobación de la ley de expropiación del edificio para dejar de sentir que en cualquier momento puede llegar la orden de desalojo por parte de la jueza porteña Paula Hualde, que se demora hace años y reconoce a los Iurcovich como legítimos propietarios, a pesar de las deudas que sostienen con el Estado y la quiebra fraudelenta.

 

El presidente Mauricio Macri firmó el veto a la ley, se fue de vacaciones y esta semana se publicó en el Boletín Oficial. El decreto sostiene que la expropiación “favorece exclusivamente a un grupo particularizado, sin traducirse en un beneficio para la comunidad en general” y que “el proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo nacional los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población”. Además, el decreto se respalda sobre un argumento falso: sostiene que incorporar el edificio a las propiedades del Estado para entregarlo en comodato a los trabajadores implicaría un costo de 30 millones de dólares a los que “no le puede hacer frente”. Ese monto no figura en la ley aprobada por el Senado y debe ser definido por  el Tribunal de Tasaciones de la Nación, descontando las deudas que la familia Iurcovich acumuló durante 40 años con el Estado.

 

“Se supone que se trata del propio interés del Estado y la defensa de su patrimonio, y lo que hace el veto es renunciar explícitamente a defenderlo. Por otra parte, lo del ‘pequeño grupo de gente’ es uno de los argumentos ya repetidos por algunos jueces que declararon inconstitucionales otras leyes de expropiación, negando el carácter de utilidad pública de la empresa recuperada porque son un grupo reducido de ‘beneficiarios’. Además de ignorar que ese grupo antes fue víctima de un fraude laboral, también se desconoce la significación social de la empresa recuperada, sus múltiples usos públicos, sociales y culturales, además de económicos, todo lo cual además estaba explícitamente señalado en la ley”, apunta Andrés Ruggeri, antropólogo social y director del programa Facultad Abierta, que desde 2002 releva, estudia y comparte conocimiento con el movimiento de empresas recuperadas.

 

En el último informe del programa de facultad abierta, publicado en mayo, ya se advertía que en caso de llegar la aprobación de la ley de expropiación del Bauen el veto era una posibilidad cierta.  Se trata de una práctica sistemática del PRO contra las empresas recuperadas desde la gestión de Macri como jefe de gobierno porteño y replicada este año en los gobiernos de  Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad y de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, donde ya vetó tres expropiaciones.

 

– ¿Cómo describirías estas decisiones políticas del PRO?
– Se trata de una práctica que ya es una tradición para el macrismo, que ha llegado a vetar leyes que beneficiaban a empresas recuperadas votadas previamente por sus propios legisladores (tanto en la Ciudad como en la Provincia). Los argumentos son generalmente los mismos que en el veto presidencial, y la visión empresarial y de clase también. En algunos casos, leyes de expropiación votadas por los propios diputados macristas, o sea, se trata incluso de una suerte de estafa política, pues generalmente esas leyes formaron parte de paquetes de leyes negociadas por los diferentes bloques, pero sin contraparte por el macrismo que después incumple vetando la ley. En general, se trata de una estafa sistemática al sistema democrático y una ignorancia de los derechos de los trabajadores protegidos por la Constitución.

 

– Sostenés que el neoliberalismo fue el que creó a la multiplicación de las ERT en 2001, ahora parece que volvió para cerrarlas… ¿Cómo evaluás la sostenibilidad de las ERT en tiempos de Cambiemos? ¿El futuro será el “modelo Cresta Roja”?
– Seguramente esa es la intención última, cerrar la recuperación de empresas por los trabajadores a través de la autogestión como una alternativa al cierre de las fuentes de trabajo y subsumirlas dentro de lo que llaman el ‘modelo Cresta roja’, que no es otra cosa que ‘recuperar’ en base a la precarización laboral, priorizando la ganancia extraordinaria de los empresarios. En un modelo que necesita una alta tasa de desempleo para mantener los salarios a la baja, hay que también acabar con las alternativas al desempleo, de las que las ERT son una parte importante.

 

– En el informe también denunciaron una parálisis en los programas de trabajo autogestionado y de compras del Estado a las ERT, ¿Esto se modificó –en la ley de Emergencia Social entró un acuerdo por una de las líneas de trabajo autogestionado del Ministerio de Trabajo– o se profundizó a lo largo del año?
– En los últimos meses ha habido una serie de acuerdos del ministerio de Desarrollo Social con varias organizaciones que implicaron una transferencia de recursos a esas organizaciones y las cooperativas relacionadas con ellas. Pero aún está por verse aún el cumplimiento efectivo de gran parte de estos acuerdos, que están lejos de ser programas o políticas generales para las cooperativas. La ley de Emergencia Social se enmarca en una lógica de política pública de contención de las urgencias, no en el desarrollo de políticas que fortalezcan a la economía popular en tanto sector económico. En el caso del ministerio de Trabajo se comenzó a hacer funcionar y solo para algunos casos la llamada Línea 1 del Programa Trabajo Autogestionado. Pero en general, el desarme de estos programas ha sido completo.

 

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Foto: Rolando Andrade

 

– También existe una responsabilidad de la Justicia, hay denuncias de jueces ordenando más desalojos y la Corte Suprema se encargó dos veces de fallar contra las ERT, a pesar de que la Ley de Quiebras favorece a las autogestionadas, ¿Cuáles son las razones de ese avance?
– Creo que simplemente el Poder Judicial, que no suele beneficiar a los trabajadores (especialmente en el fuero comercial, que es el que actúa en las quiebras), interpreta el cambio de gobierno y de clima político y actúa en consecuencia, se acomoda a la situación. El problema que generó la reforma de la ley de quiebras, a pesar de que abre un camino a favor de los trabajadores, es que da un poder discrecional muy grande a los jueces, que pueden utilizarlo a favor o en contra de los trabajadores. A su vez, los patrones y sus abogados también aprendieron de estos años de experiencia y tratan de superponer denuncias penales por usurpación para evitar o desalojar las ocupaciones, y los jueces generalmente apoyan estas maniobras.

 

– ¿Cuáles son los puntos pendientes de las políticas de los años kirchneristas que dejaron a las ERT en situación de debilidad frente a sus reclamos y derechos?
– El principal es, justamente, no haber consolidado la legalidad de las ERT. Se vio la reforma de la ley de quiebras como un paso en esa dirección pero, además de lo que señalamos antes, no cubría a todos los casos. Un ejemplo es el propio Bauen, que no estaba contemplado por los mecanismos de la ley de quiebras por las maniobras con que los propietarios habían ocultado su participación en la quiebra. También se podría haber avanzado con la expropiación en alguno de los tres períodos de gobierno y no dejarlo para la última sesión con el resultado conocido.

 

-A pesar de marchar contra la corriente del mercado, las ERT mostraron otro modelo posible y fueron ejemplo en otras partes del mundo, ¿Qué destacarías de la experiencia de autogestión de los trabajadores?
– La experiencia de autogestión de los trabajadores de las recuperadas muestra la posibilidad de otro modelo económico, en que la empresa no tiene como finalidad única la acumulación de capital a cualquier precio, sino un fin social, tanto para sus trabajadores como para la comunidad. Además, muestran una salida clara a la crisis del empleo, pues si la finalidad no es la acumulación sino el trabajo, se vuelven viables emprendimientos que no tendrían sentido desde la lógica de la maximización de la ganancia. Por otra parte, falta todavía incorporar a esta lucha (que se da caso a caso) una dimensión más general, que cuestione y replantee la propia razón social de cada emprendimiento y los incluya dentro de redes mayores que incorporen la lógica de la producción social y también la sostenibilidad ambiental, otro tipo de consumo, junto con la perspectiva de la protección del trabajador que ya está presente.

 

barro@lanan.com.ar

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