Fotografía: Julieta Lopresto Palermo
A partir de la confirmación del recorte del presupuesto asignado para el área de ciencia y técnica, la comunidad que la conforma comenzó a hacer vibrar el suelo. A pesar de eso y del acuerdo alcanzado la semana pasada, en estos días comenzó a cristalizarse el ajuste: en el listado de becas doctorales y posdoctorales publicado esta semana —movilización y reclamo mediante al Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT)— se verifica una disminución del 16 por ciento de becarias y becarios. “Nosotros pensábamos que la ciencia había pasado a ser una política de Estado, no de gobierno. Un país sin ciencia no puede ser un país”, sintetizó y convirtió su voz en la de muchos más Daniel Tomsic, biólogo, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en medio de la toma del Ministerio. Durante los días de permanencia de manifestantes en el edificio, esa preocupación resonó en la explanada y se pronunciaba con un dejo de tristeza, bronca y angustia. Ante un panorama en el que se vislumbra trunco el cumplimiento del Plan Argentina Innovadora 2020, firmado por el ministro Lino Barañao, las y los científicos se paran en pie de lucha y comienzan a organizarse de cara a 2017.
Las autoridades del MinCyT comenzaron incumpliendo parte del acuerdo al que se había llegado en Buenos Aires el viernes pasado tras cinco días de toma: no publicaron el lunes las becas de este año y desde las organizaciones firmantes del acuerdo se movilizaron al edificio ubicado en Godoy Cruz y Paraguay para reclamar. Cuando finalmente el martes aparecieron los listados —apenas los nombres, sin ninguna especificación sobre el trabajo llevado a cabo ni el lugar donde se desarrolla— se encontraron con algo que poco sorprendió: “Hay un recorte del 15,6 por ciento respecto del año pasado”, denunció a NAN Alan Szalai, integrante de Jóvenes Científicos Precarizados (JCP).
“En el paradigma de análisis de las autoridades no hay recorte porque se mantiene el número de becas, pero no es real porque las becas que caen ahora fueron otorgadas hace cinco años y en aquel momento se daban muchas menos que en los últimos años”, explicó Szalai. En ese sentido, desde JCP, especificaron a través de un comunicado que las becas pasaron de 3326 a 2796, en comparación con el año pasado.
Desde el organismo tampoco informaron a las y los postulantes las razones por las que fueron rechazados lo que no les permite enviar la correspondiente carta para su reconsideración. “A pocos días de que termine el año es ridícula la espera porque según consta en actas —expediente 004552/16— los resultados están listos desde el 16 de diciembre”, afirmó. Cabe destacar que la demora en su publicación se dio también por el conflicto iniciado en torno al ingreso a carrera realizado en 2015 y que debía concretarse a partir del 2017.
Además de esta baja en la cantidad de becas otorgadas, otros puntos generan incomodidad y malestar en el conjunto de la comunidad científica de cara a 2017. Por ejemplo, el acuerdo firmado en Buenos Aires ha sido rechazado en algunas provincias por carecer de precisiones y, también, por la misma razón por la que comenzó el conflicto: no están garantizados los ingresos a carrera —un trabajo estable en planta permanente del Conicet— y ya advierten falta de federalización. Por otro lado, el recorte en los subsidios para los institutos —dependientes del Conicet, como los que tienen doble dependencia de universidades con el Conicet y el MinCyT— y la falta de información respecto de los concursos como sobre los postulantes aparecieron como una constante.
A esta altura, los hechos hablan por sí solos y un punto se hace cada vez más evidente: el ajuste en el área de ciencia y técnica ya está en marcha. Y, como si las intenciones de cerrar la puerta a la ciencia nacional no hubieran quedado del todo claras, ayer se dio a conocer que el programa Científicos Industria Argentina conducido por Adrián Paenza anunció el fin de su ciclo en la televisión pública.
Así las cosas, para reclamar respecto de ésta última novedad las y los científicos llaman a una movilización a realizarse hoy, desde las 10, frente a la sede del consejo, ubicada en Godoy Cruz y Paraguay, donde también se llevará a cabo una asamblea.
LA GOTA QUE REBALSÓ EL VASO
Fue la socióloga Dora Barrancos, una de las integrantes del cuerpo directivo del Conicet, la que confirmó el rumor que se dispersó rápidamente luego de la aprobación del presupuesto en el Congreso Nacional para el año próximo. A NexCiencia advirtió sobre el recorte en un 60 por ciento del ingreso a la carrera de investigador científico (CIC) sobre quienes se habían postulado en 2015. Esa situación significaba hasta entonces el despido de unas 500 personas dependientes del MinCyT en todo el país: cada una de ellas con líneas de investigación trabajadas al menos durante siete años y con la incertidumbre sobre su continuidad en las manos. Sumado a esto, la escasa información otorgada no permitía conocer quiénes eran las personas afectadas directamente, lo que llevó a realizar un relevamiento casero a través de correos electrónicos, redes sociales y el boca en boca.
En tanto, cada una de ellas se había presentado en 2015 conforme a las disposiciones del Conicet y fue ese mismo organismo, al cabo de un año de diversas evaluaciones, quien aprobó sus trabajos pero decidió negarles el ingreso. En ese sentido, Nicolás Rauschenberg, sociólogo del Instituto Gino Germani, afectado directamente por esta medida apuntó que plantean la maniobra como “ilegal” porque “no se cambian las reglas del juego sobre la marcha, con gente que puso la energía de su vida en un plan —dijo—. Me parece una brutalidad”.
“Es una decisión política que me parece que muchos actores no la sopesaron debidamente”, analizó Barrancos ante NAN durante la toma y puntualizó que “en realidad en sus orígenes, el presupuesto que salió del MinCyT contemplaba todo el presupuesto y, después, en Jefatura de Gabinete se retrocedió y ahí fue al Congreso con esto, es decir en la previsión original estaba contemplado el dinero”. Y otra cosa, apuntó: “Se trata de cien millones de pesos. Es absolutamente nada” en términos presupuestarios a nivel nacional.
La respuesta de parte del sector fue inmediata: hubo movilizaciones, una ocupación del Ministerio y, ante la falta de respuestas, investigadores e investigadoras tomaron por cinco días las instalaciones de la cartera ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, las asambleas fueron cada vez más masivas, pero el ministro, Lino Barañao, y el director del Conicet, Alejandro Ceccato, accedieron a una reunión recién al cuarto día, el jueves por la tarde noche.
El hecho de que se trató de una decisión política fue entonces confirmada por los mismos funcionarios en las reuniones que se realizaron durante la vigencia del conflicto el último día de la semana pasada. “El presupuesto para la extensión de las becas saldrá de Jefatura de Gabinete, en ese sentido admitieron que la decisión de restringir el ingreso a carrera es una decisión del Gobierno”, informaron de manera conjunta las y los delegados de las diversas organizaciones —JCP, ATE-Conicet, Científicos y Universitarios Autoconvocados, AGD, CONADU, CONADUH, entre otras— ante una masiva asamblea en medio de las negociaciones.
EL ACUERDO
El acuerdo al que se arribó el viernes por la noche consta de cuatro puntos centrales en principio propuestos por el Gobierno, pero que fueron modificados en asamblea y luego refrendados con las autoridades ministeriales.
Allí, se garantiza la prórroga de 343 becas posdoctorales para las y los científicos que solicitaron el ingreso a carrera, pero que no fueron seleccionados por “falta de presupuesto”, según informaron en correos electrónicos individuales. En segundo lugar, pusieron a disposición 107 becas posdoctorales extraordinarias para quienes ya estaban con prórroga vencida y, en tercer lugar, se iniciará un proceso de articulación para la incorporación de becarias y becarios a empresas estatales o de dependencia estatal, el Conicet, universidades nacionales, entre otros organismos e institutos “para desarrollar tareas de investigación según temas y lugares propuestos”, sostiene el acta.
Por último, se dispuso de la apertura de una comisión mixta de seguimiento en la que participaran representantes de la investigación científica y gremiales y se “propiciará la participación de representantes del interior del país”, indican. También se prevé la extensión de becas para quienes tengan vencimiento en abril de 2018 y no se tendrá en cuenta el límite de 35 años para quienes han quedado fuera en esta ocasión.
Ante una explanada colmada, Lucía, una de las becarias integrantes de JCP, repitió ante el micrófono como un mantra previo a que fuera ratificado el acuerdo: “Esto es el inicio de una lucha que seguirá el año que viene, en el que pelearemos por el efectivo ingreso a carrera”.
Al mismo tiempo que concretaban estas negociaciones trabajadoras y trabajadores de los centros científicos tecnológicos —conocidos por su sigla CCT— como los de La Plata, Mendoza, San Luis, Córdoba y Rosario también llevaban a cabo permanencias en los lugares de trabajo. Mientras, en otros puntos del país, realizaban asambleas y convocaban a movilizarse. Es así que desde allí manifestaron posturas divergentes respecto a la resolución firmada, lo que agitó las aguas para fortalecer la articulación a nivel nacional que confluirá en un plenario que tuvo lugar ayer en Córdoba.
Desde el sur hacia el norte fueron varias las asambleas que se manifestaron. En la Patagonia norte —que incluye Río Negro, Neuquén y parte de Chubut— Juan Pablo Ochoa, biólogo, es uno de los afectados por el recorte pese a haber sido recomendado en dos instancias. Desde allí, comentó a NAN que lograron sondear unos 38 casos en su misma situación y que se vieron afectados por el cierre de subsidios. Respecto del acuerdo sostuvo que “no pareció óptimo”.
Según explicó “da una tranquilidad en el corto plazo y a nivel individual, pero cada una de las personas que presentó para ingresar a carrera tiene objetivos que llevan más tiempo que un año, lo que genera incertidumbre. Es decir, nadie va a renunciar a tener esa extensión de la beca, pero ¿qué hacemos? ¿seguimos con el proyecto o con la carrera?”, se preguntó dado que no siempre los proyectos para ingresar como planta permanente están estrechamente relacionados con los temas desarrollados hasta el momento como tampoco requieren de los mismos insumos para llevar a cabo las tareas planteadas.
En Mendoza, 23 personas que se presentaron fueron recomendadas pero igual quedaron afuera. Florencia Linardelli, becaria doctoral del Instituto de Ciencias Humanas y Ambientales, comentó que se están organizando en la región de Cuyo para tener más precisiones sobre el impacto que estas medidas han generado y asegura que el área más afectada al momento es Ciencias Sociales.
“La asamblea rechazó el acuerdo porque la intención es exigir seguir el Plan Argentina Innovadora 2020 que fue firmado por Barañao en 2013, en consonancia con la promesa de (el presidente Mauricio) Macri de incrementar el presupuesto al 1.5 del Producto Bruto Interno (PBI) y en cambio lo redujo al 0.59. Eso es un incumplimiento al Plan y de las promesas de campaña, que además quitan previsibilidad a nuestras líneas de investigación”, señaló y apuntó que “estas idas y venidas son una falta de respeto en términos de política de estado”.
En la región Noroeste también se determinó llevar a cabo una articulación regional con Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Andrea Mesias es becaria de Salta y trabaja sobre el mal de chágas. También es una de las afectadas. Allí relevaron 31 personas postuladas, ocho recomendadas y sólo cuatro ingresadas, cuando el año pasado hubo 12.
Sobre la situación en general contó que “este año no se actualizaron los subsidios”, lo que les dificulta la adquisición de insumos importados: “Esa plata es significativa para llevar a cabo la línea de trabajo, con drogas, reactivos y anticuerpos para hacer ensayos de detección de diferentes cuestiones en sangre y para realizar diagnósticos. Esos insumos son carísimo y fundamentales y no tenerlos no te deja progresar con técnicas nuevas”, precisó.
Mariela Muñoz es becaria en San Luis en el área de educación y psicología. “Se está en contra del acuerdo que se hizo y la idea es hacer pedidos en relación a los puntos que no estén claros como por ejemplo dónde serán las ubicaciones de los investigadores y en qué condiciones”, manifestó. En su provincia sondearon entre siete y diez personas afectadas directamente por el ajuste.
Gabriela Karsik es investigadora como antropóloga social y desarrolla su tarea en Jujuy. “Acá hay sólo tres ingresos, nos dieron mucho menos lugares, ya estamos padeciendo la desigualdades”, estimó y, aunque resaltó la llegada a una resolución provisoria opinó que el acuerdo “es un punto al que se pudo llegar después de mucha lucha, pero no es un acuerdo definitivo porque no está resuelto el tema de los ingresos”.
En Córdoba la asamblea de ciencia y técnica se conformó como núcleo de articulación federal. Allí ayer se llevó a cabo una asamblea a la que asistieron representantes de todo el país. “Consideramos insuficiente el acuerdo y pensamos que fue por falta de articulación entre las provincias y Buenos Aires. En ese sentido, esto que ya se firmó se toma como punto de inflexión y de negociación para lograr unificación de los criterios a nivel federal y los cambios que sean necesarios”, dijo Lucio Simonella, durante una entrevista a Radio Universidad de Río Cuarto.
En Santa Fe la asamblea emitió un comunicado que apuntó duro contra la gestión presidencial de Macri: “El ajuste responde a políticas implementadas por la Alianza Cambiemos que desjerarquizan toda contribución al desarrollo soberano, tienden a reprimarizar la economía y promueven la dependencia científica y tecnológica de nuestro país, dilapidando la inversión en recursos humanos que la sociedad en su conjunto realizó en los últimos años”, manifestaron.
En ese sentido, indicaron que solicitaran que dichas designaciones del ingreso a carrera se realicen antes del mes de abril y consideraron que la resolución sobre la Comisión Mixta “carece de precisiones” en el Acta Compromiso, por lo que, entienden, “urge que se expliciten las pautas de su integración, asegurando una participación federal”.
Durante la asamblea en la explanada del MinCyT el viernes pasado varias fueron las voces que se expresaron. Una hizo eco en muchas otras: “La lucha sigue”, y se alzaron en aplausos más de una vez. Mariela, afectada directa por el recorte tomó el micrófono: “No podemos dar de baja una política científica en un año, por eso esta lucha no seguirá en 2017 nada más, es una lucha que debemos dar durante los próximos cuatro años”, lanzó. Así, se preparan desde la comunidad científica de cara a lo que se viene, a próximas reuniones a partir de febrero con las autoridades del mismo ministerio que se comprometió a aumentar la planta de científicos en un 10 por ciento anual.
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Nº de Edición: 1701
