Fotografía: Télam
A Paola no la bautizaron al nacer, sus padres prefirieron darle la posibilidad de elegir a los diez años y eligió: luego de hacer catecismo recibió el santo sacramento del cristianismo. Un poco para darle la satisfacción a su abuela y otro poco por la promesa de la fiesta, la torta, el regalo, la plata o el infierno. Desde muy temprana edad supo que si de grande quería ser presidenta tenía que ser católica apostólica romana. Con la reforma constitucional de 1994 eso cambió y, con el paso de los años, Paola también. Su ideología se fue alejando cada vez más de la que pregonaba el catolicismo así que no sólo decidió abandonarlo, además quiso que la borraran de los registros.
Primero intentó hacerlo enviando una solicitud a las autoridades católicas y le resultó imposible. “La iglesia contesta con la apostasía, que es algo milenario, un castigo para aquella gente que se sale de la fe: en vez de borrar nuestros datos anotan al margen de las actas de bautismo que apostatamos y nos dan un papel firmado que dice que es auténtica copia fiel del original”, explicó Paola con resignación. Después, hizo un reclamo a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, pero fue en vano ya que la Constitución establece que “la iglesia católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros”. Sanseacabó.
La decisión de Paola Raffetta de salirse de la nómina católica le costó su trabajo como docente de arte oriental en la Universidad del Salvador (USAL): en 2009, la despidieron por violar un artículo de la reglamentación que dictamina que es causal de despido pertenecer o adherir a concepciones que se opongan a la doctrina católica. Inició un juicio y lo ganó. La Justicia falló que el despido fue injustificado. Mientras su abogado le decía que “se dejara de joder” y que agarrara los 12 mil pesos de indemnización que le ofrecían por sus diez años en el puesto, ella decidió mantener su postura y “sola como turco en la neblina” llegó a duplicar esa cifra. Finalmente, Paola no logró que la dieran de baja: debió conformarse con que la marcaran como apóstata en su acta de bautismo y atenerse a las consecuencias de ir en contra de una institución de más de dos mil años.
Si la información ofrecida por la iglesia católica en relación a la existencia de estos registros es escasa, la certeza sobre la cantidad de personas que solicitaron darse de baja parece ser un secreto sagrado. “La iglesia católica sí puede contar con datos precisos y sin márgenes de error porque en cada parroquia, incluso la más pequeña, o en cualquier lugar perdido del mundo, existe un acta de los bautizados”, declaró el secretario del Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso, Félix Machado, a la prensa italiana en 2007. En aquella oportunidad, la aclaración —publicada en el diario La Prensa— se debió a un ranking mundial de fieles realizado por el instituto estadounidense World Christian Database (Base de Datos del Mundo Cristiano), que afirmaba que los seguidores de la religión musulmana (1.322 millones) habían superado a los de la católica (1.115 millones).
El acta de bautizados a la que hizo referencia Machado no es de acceso público. La Dirección General de Culto Católico informa que “no es de la competencia del Estado nacional llevar un registro de los bautismos realizados en el país”; en el sitio web oficial de la Agencia Informativa de la Iglesia Católica Argentina (AICA) los links referidos a registros y estadísticas no funcionan, mientras que en el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires hacen caso omiso a los pedidos de datos concretos al respecto. Sin embargo, la nómina de personas bautizadas es de vital importancia para el catolicismo desde su propia concepción: en plena explosión mediática por el escándalo del cura Napoleón Sasso —acusado y condenado por abuso sexual a menores de edad—, entre las declaraciones que hizo a la prensa en 2003, el obispo Rafael Rey reconoció que “la Iglesia es la reunión de todos los bautizados”.
Jorge Acevedo vivió toda su vida en Mar del Plata, es fotógrafo de prensa y fue bautizado cuando tenía apenas tres meses. Nunca practicó el catolicismo y se considera ateo. Como la mayoría de los chicos y chicas procedentes de familias católicas, fue bautizado mucho antes de aprender a hablar o incluso a caminar por sus propios medios. Esta circunstancia lo llevó a formar parte de una religión impuesta de la que le costó desprenderse en los papeles.
Mientras cubría una marcha frente a la Catedral, el 24 de marzo de 2012 conoció a la Asociación Civil Ateos de Mar del Plata y se enteró de la posibilidad de cambiar su estatus en los registros católicos: pidió un formulario, lo llenó y la asociación lo presentó por él. El 15 de abril de 2013, le llegó una carta: lo iban a llamar para entrevistarse con un cura y reflexionar sobre su decisión. “Llamé un par de veces y me dijeron que esperara el llamado para la entrevista. Una de las veces que lo hice me dijeron que habían llamado pero no había atendido nadie, cosa que es mentira. Pasaron los años y mi esposa confiaba en que iba a recibir la apostasía junto con la extremaunción”, recordó el fotógrafo.
En mayo del año pasado, Jorge se encontraba cerca del obispado cuando decidió realizar su reclamo personalmente, a pesar de no tener la solicitud encima. Entró y lo atendió una secretaria que no parecía tener conocimiento de su pedido ni registro de sus datos. Lo hizo pasar a una oficina donde permaneció más de 15 minutos, hasta que apareció un cura para preguntarle si estaba seguro de lo que quería hacer. “Le dije que sí, que había estado llamando y que quería darme de baja ya, que hacía dos años estaba esperando.” El cura le hizo llenar dos formularios mientras le mencionaba las consecuencias de ser hereje y apóstata. Finalmente, el 7 de mayo de 2015 el secretario y canciller del Obispado de Mar del Plata, Walter Pereyra, firmó la apostasía de Acevedo.
En 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner procuró el Acceso a la Información Pública a través del decreto 1172/2003. Esta reglamentación aplica al “ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo” nacional. El artículo 2 del Anexo VII aclara que alcanza a las organizaciones privadas a las que se les hayan otorgado desde el sector público subsidios como, por ejemplo, la iglesia católica. Sin embargo, en la recepción del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires se muestran atónitos y desorientados al intentar consultar sobre la cantidad de bautizados porteños, ante un pedido formal de acceso a la información pública: nadie quiere recibirlo ni firmarlo. En el mejor de los casos, la secretaria de turno tomará nota del reclamo y responderá que sólo el arzobispo es quien contesta las cartas, “siempre y cuando pueda y no se encuentre de viaje”.
Cecilia Galcerán es psicóloga y activista lesbofeminista. En 2009 fue coordinadora de Apostasía Colectiva, un movimiento que intentó promover y difundir la voluntad de las personas que querían dejar de ser consideradas católicas en la Argentina y en el resto de Latinoamérica. Luego de solicitar que la dieran de baja de los registros en la Iglesia de San Antonio de Padua, Cecilia recibió una carta de parte del entonces monseñor Fernando María Bargalló, quien por ese tiempo era obispo de Moreno-Merlo y presidente de Cáritas: “Mi intención será siempre la de respetar su libre voluntad y decisión; sin embargo, me gustaría que podamos compartir cuál ha sido la motivación que la ha llevado hasta este punto, ya que si bien se pueden tener diferencias de criterios con la iglesia, desde lo más profundo de nuestro bautismo celebramos el don y la alegría de ser hijos e hijas de Dios. Sepa que estoy a su disposición para charlar o profundizar sobre estos temas”.
En junio de 2012, se hicieron públicas fotografías de María Bargalló en la playa de Puerto Vallarta, México, junto a una mujer con la que mantenía una relación sentimental y por la cual debió renunciar a su cargo de obispo. Primero negó el vínculo y tres días después lo reconoció públicamente: el cura se había casado con la señora años atrás, había bautizado a sus hijos e incluso era padrino de uno de ellos.
Cecilia continuó adelante con su pedido por vía judicial, pero se dio cuenta de que no hay abogados ni abogadas en el país que quieran cargar con semejante tarea. Las consecuencias las sintió en carne propia luego de exponer su reclamo en una entrevista para el diario Página/12: la echaron de su trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). “La oficina contigua a la que trabajaba era la de la Pastoral de la Iglesia dentro de la universidad. La nota tuvo repercusión por mi posición ideológica. Nunca van a admitir que me echaron por eso”, dijo tajante.
Hasta hoy, el trámite de Galcerán sigue en el limbo. Sin embargo, ella ya no necesita una respuesta de la iglesia o del Arzobispado: “En lo personal, el acto político de apostatar cerró a partir del momento en que ejecuté mi deseo de desmarcarme. De hecho, considero que estar esperando una respuesta precisamente del lugar que deslegitimo es reafirmar su poder sobre mi pronunciamiento”.
En el nombre del padre, del hijo y de los registros católicos. Amén.
*Con la colaboración de Sol Lereah.
