/Barro

la marca de la gorra

informe sobre violencia institucional

Fotografía gentileza Correpi

“Hay un policía cerca de mi casa que me bardea, me para todos los días, ¿qué puedo hacer?”. “Tengo a un familiar detenido. Lo llevó la policía, ¡no sé dónde está!”. Durante el año que Mauricio Macri lleva en la Casa Rosada esas consultas se sextuplicaron en las visitas a los barrios, la casilla de mails y los celulares de los militantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Tras la consulta, las víctimas y familiares de la persecusión y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad pueden encontrar una solución, la asistencia y herramientas legales, que no siempre llega a tiempo. Esos son los casos que Correpi registra desde 1996 en el Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal. La organización presentó el viernes pasado su versión 2016, que indica que de las 4960 personas que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el retorno de la democracia, 259 murieron durante los primeros 11 meses de gobierno de la alianza Cambiemos. Un caso cada 25 horas. La cantidad de muertes registradas representa el 5 por ciento del total, pero si se lo analiza a la luz de los días a cargo del Poder Ejecutivo, el gobierno de Mauricio Macri supera a todos los gobiernos anteriores en el promedio de muertes denunciadas a manos de las fuerzas de seguridad.

 

“No hay que realizar ninguno algoritmo raro para entender por qué aumentó la cantidad de casos, la masiva presencia de la Policía, Gendarmería y Prefectura Naval en los barrios, la profundización de la militarización de las calles, redunda en más detenciones arbitrarias, más muertes en comisarías —que no ocurren entre los detenidos por orden de un juez sino entre los que son detenidos por averiguación de antecedentes o por código de faltas— y mayor cantidad de casos de gatillo fácil. Más presencia de efectivos en los barrios son más bocas de fuego”, indica María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi.

 

En el Archivo de Casos 2016 de esa organización, las dos modalidades más frecuentes de la represión continúan siendo el gatillo fácil (46 por ciento del total) y muertes de personas detenidas (39 por ciento). El resto de los casos registrados son muertes “intrafuerza” (9 por ciento), desaparición forzada (4 por ciento), asesinatos en protesta social (1 por ciento) y causas fraguadas (1 por ciento).

 

“Nos enteramos de los casos porque estamos en los barrios, recibimos denuncias de familiares o a partir de lo que se difunde en los medios. Cuando detectamos una noticia de un ‘delincuente abatido’, nos ponemos a investigar y, muchas veces, notamos que no hubo enfrentamiento con la policía, que murió por un tiro por la espalda, no hay prueba de ningún delito. Entonces, nos damos cuenta que se trata de un caso de gatillo fácil que denunciamos y publicamos”, explica Román, militante de la Correpi, quien fue parte del equipo que coordinó con una decena de organizaciones sociales y de derechos humanos las presentaciones previas del archivo en Lanús, Haedo y La Plata antes de llegar al acto del viernes pasado en Plaza de Mayo.

 

Fotografía gentileza Correpi
Fotografía gentileza Correpi

“Hay un gran aparato no solo de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para ocultar los casos, sino también en los medios de comunicación. En los diarios aparecen una nota o dos notas por mes sobre casos de asesinatos a manos del aparato represivo, cuando nosotros relevamos un caso cada 25 horas”, advierte el joven. El informe también repasa las medidas de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo que reforzaron un contexto de mayor represión. Entre ellos:

*Declaración del “Estado de Emergencia en Seguridad” por parte de la ministra Patricia Bullrich, a los pocos días de asumir el gobierno nacional. La declaración otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para tomar medidas que en situación normal requerirían de aval legislativo, por ejemplo, aumentos presupuestarios.

 

*El anuncio del Protocolo “Antipiquetes”, que fue prácticamente desactivado por las masivas movilizaciones y denuncias de los organismos de derechos humanos y movimientos sociales.

*El fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño conocido como “fallo Vera”, que habilitó a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones por averiguación de antecedentes sin orden judicial previa.

*El desembarco de 6.200 efectivos de Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal en el Conurbano bonaerense y Mar del Plata, tras un acuerdo entre Nación y Provincia. En el marco de los “Operativos de Control Poblacional” o “Operativos de Saturación”.

*Sanción de la “Ley de Flagrancia”, que acorta los plazos procesales de defensa para aquella persona que las fuerzas de seguridad encuentren en supuesta “flagrancia”.

 

Entre las medidas enumeradas, Verdú destacó la trascendencia del fallo Vera”, ya que operó como un mensaje a las fuerzas de seguridad y fue publicado un día después de que Macri anunciara el traspaso al gobierno de la Ciudad la Policía Federal Metropolitana, quedando el resto de la fuerza concentrada en tareas fuera de la capital, como lo celebró Bullrich. “Con ese fallo, dirigido a la Federal, los jueces dicen: ‘señor policía no necesita indicio de sospecha para interceptar a las personas’. Es una vuelta de tuerca monstruosa aún con el sistema de detenciones arbitrarias que ya existía”, subrayó la referente de Correpi a NAN. En el ámbito de la Ciudad, el archivo de casos registra 337 muertes a manos de las fuerzas de seguridad desde 1983 y 9 hasta noviembre de 2016.

 

Si se repasa la cantidad de casos ocurridos en cada provincia, Buenos Aires concentra el 45 por ciento de ellos; la mayor cantidad en el conurbano bonaerense. “La necesidad de control social es mayor en áreas de más acumulación de población”, ensaya un argumento el informe. En ese sentido, la zona sur del Conurbano registra el número más alto de casos: 769 desde el inicio del registro y 21 hasta noviembre de 2016. La Plata y alrededores registra 311 y 11, la zona oeste del conurbano 424 y 18, y la zona norte 354 y 7.

 

Fotografía gentileza Correpi
Fotografía gentileza Correpi

“Por parte de las organizaciones hubo una mayor necesidad de denunciar la situación represiva en los barrios, que también se reflejó en el aumento de los casos gatillo fácil, con mayor intensidad en la zona sur del Conurbano”, confirma Román. “Donde desembarcaron las fuerzas federales, en los barrio más ‘peligrosos’, que para ellos son los más pobres, es donde más hechos de represión cotidiana se registró”, agregó el militante de Correpi y precisó que las consultas a la organización “por detenciones arbitrarias o amenazas a los pibes en los barrios se sextuplicaron” desde la asunción de Cambiemos.

 

No obstante Buenos Aires cuenta con la mayor cantidad de hechos de violencia institucional, el informe de Correpi indica que al aplicarse el índice por millón de habitantes conforme los datos del Censo 2010 “la represión se descarga de manera casi uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable”. Al realizar este análisis por cantidad de habitantes, las provincias que surgen con más casos de asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad son Santa Fe, Tierra del Fuego, Mendoza y Chubut.

 

“La distribución es pareja y responde a una política de Estado que se alínea históricamente con todos los gobiernos independientemente de su filiación política”, advierte Verdú y analiza: “No es casual la fama de la policía brava Santa Fe, sobre todo en el Gran Rosario donde se registran el grueso de los casos por la gran concentración urbana. Rosario es la capital nacional de la desocupación desde hace 10 años y cuando se profundiza la crisis el mayor índice de casos aparecen allí. ¿A dónde mandan a las fuerzas en Buenos Aires? Al Conurbano y Mar del Plata. La necesidad de frenar el conflicto social o de impedir que se desarrolle la lucha o la protesta requiere más represión”.

 

En la suma de casos desde 1983 —con baja cantidad de reportes y relevamiento a partir de muertes difundidas por los medios, ya que el archivo se inició en 1996—, los 12 años de kirchnerismo suman 3123 casos denunciados y registrados por Correpi, mientras que se reportan 710 casos del gobierno menemista y 483 durante la presidencia de Fernando De la Rúa y 269 en el período de las presidencias de Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, entre diciembre 2001 y mayo 2003. Por último, se presentan los 259 casos registrados en los 11 meses de gobierno macrista.

 

Para poder establecer una comparación, el informe presenta “un promedio diario de todas las gestiones” en el que se evidencia que el gobierno de Cambiemos presenta el mayor promedio de muertes a manos de las fuerzas de seguridad denunciadas y registradas por el archivo de Correpi, con un promedio de 0,75; seguido por un 0,73 de los gobiernos de Cristina Kirchner. También se evidencia una baja de casos entre el gobierno de De La Rúa y los interinatos que lo continuaron, que Verdú atribuye “al factor diferencial de una época de auge de organización popular, con barrios enteros donde la policía no entraba”.

 

Fotografía gentileza Correpi
Fotografía gentileza Correpi

Lo que se mantiene constante en el informe es la población objetivo de la represión estatal: en el 51 por ciento de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos. “La represión apunta a ellos, a los varones, pobres y jóvenes”, sostiene Román y destaca otro dato relevante del Archivo de Casos de Correpi: “Para las mujeres hay otra tipo de represiones, el 65 por ciento de las mujeres asesinadas por el aparato estatal fueron víctimas de uniformados”.

 

Sobre los casos totales, las fuerzas policiales provinciales son las responsables de más del 50 por ciento, dato que se mantiene constante, pero Verdú destacó la creciente incidencia de la Gendarmería y la Prefectura Naval, que en el informe 2016 aparecen como responsables del 1,5 por ciento y el 1 por ciento de los hechos. “El Ministerio de Seguridad ha salido este año a contratar masivamente abogados para cubrir los casos contra prefectos y gendarmes, que antes tenían causas administrativas y a partir de que están en la calle aumentan los casos por gatillo fácil”, denunció Verdú.

 

Además, la abogada resaltó que los abogados son parte de la división de asuntos penales del Ministerio y la intervención en defensa de las fuerzas federales está restringida por reglamento a los hechos vinculados con el servicio: “Por un robo no los defienden, pero cuando es gatillo fácil se los toma como hechos de servicio”, evidencia Verdú.

 

Cada año, el informe de Correpi señala la modalidad de la recolección del registro de casos y al mismo tiempo advierte que “es imposible calcular la ’cifra negra’ del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura” y que “muchos homicidios perpetrados por el Estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos”.

 

El 1 de diciembre, un día antes de la presentación del informe en la Plaza de Mayo, sólo en la localidad de Burzaco y a cuadras de distancia, se registraron dos casos de violencia institucional. A Martín Arivia, de 23 años, le disparó por la espalda el gendarme Emanuel Elio Mollecundo, de 26 años. La versión oficial indicaba que fue durante un operativo “antipicadas” en la avenida Hipólito Yrigoyen y que Arivia, que iba en su moto, no respondió al llamado del gendarme. El padre del joven desmintió la versión: “Pasaba eventualmente por ahí”, dijo y “no había un control vehicular en ese momento”, negó al canal TN, según la agencia Télam. Arivia sufrió lesiones en la espalda, en una costilla y en un riñón, pero quedó fuera de peligro y sobrevivió.

 

El otro caso no trascendió en los medios. El mismo día, a tres cuadras de distancia, Sebastián Leonel Sotelo, de 19 años, recibió dos tiros por la espalda por parte de un integrante de la Policía Local que estaba de civil. “Lo acaban de enterrar ayer, estuvimos con la familia, vamos a hacer los trámites para incorporarnos como particular damnificado”, dijo Verdú y lamentó: “Ya tenemos varios hechos para incorporar al archivo”.

 

Informe completo: Archivo de casos 2016

 

barro@lanan.com.ar
 

Nº de Edición: 1691