Fotografía: Gerardo Dell Oro
Los diez años de la desaparición de Jorge Julio López sin que haya un solo imputado, un detenido, una condena, y sin que exista ni siquiera la posibilidad de que eso ocurra en otra década más, nos devuelve un dibujo exacto de las miserias que tenemos como sociedad democrática. Pasando por los tres poderes del Estado que no avanzaron en la investigación de su secuestro y desaparición, por los medios de comunicación (que tantas veces se vanagloriaron de ser “el cuarto poder”) hasta nuestras propias actitudes ante el único caso de un ex detenido-desaparecido que fue secuestrado por segunda vez y permanece en esa situación, luego de ser querellante en el primer juicio de los que se reabrió tras la anulación y la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En el racconto de cómo se comportaron cada una de estas instituciones, no se salva nadie.
NO SE SALVA EL PODER JUDICIAL
En todas sus instancias, demostró ser incapaz —cuando no cómplice— de investigar un delito complejo como fue el secuestro de un testigo en un juicio federal. Primero, la causa le cayó a un fiscal provincial, que lo único que quería era sacársela de encima. En la práctica, lo que hizo fue ponerle el gancho a las medidas de investigación que le traía la Bonaerense. ¿Qué le proponía ante la desaparición de López? ¿Investigar a Etchecolatz? ¿Investigar a los represores que estaban en Marcos Paz? Nada de eso: se dedicaron a investigar a la familia de López y a los organismos de derechos humanos de La Plata. Recién cuando la causa pasó al fuero federal y las querellas de los organismos de derechos humanos pudieron intervenir y proponer medidas fue que se avanzó en la línea que tenía los sospechosos más evidentes. Se avanzó es un decir: todas las medidas fueron hechas a regañadientes y con la Bonaerense interviniendo todavía en la causa para embarrar la cancha. ¿Se imaginan lo que hubiera sido la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra si no se hubiera apartado a la Federal desde el comienzo? El juez Arnaldo Corazza parecía más preocupado por no importunar al Gobierno de Néstor Kirchner (por ejemplo, dejando expuestas las complicidades entre el Servicio Penitenciario Federal y los genocidas detenidos) que en encontrar a los culpables.
Si en algunas líneas de investigación se pudo avanzar, fue gracias al impulso de los querellantes. Así se encontraron llamativas comunicaciones del entorno de Etchecolatz el día de la desaparición de López, una conexión posible con penitenciarios bonaerenses que al día de hoy sigue sin ser investigada en profundidad, mientras que poco y nada se hizo por seguir la pista de las otras personas a las que López mencionó en su testimonio. Todo esto quedó trunco cuando Corazza dejó la causa por “violencia moral”. Allí asistimos a un espectáculo que si no fuera trágico sería ridículo: el juez federal Manuel Blanco y un fiscal pasándose la pelota a ver quién agarraba el expediente. Eso duró un tiempo kafkiano, hasta que la causa terminó en el juzgado de Blanco, pero delegada en otra fiscalía. Desde entonces, son pocas las medidas de investigación que se pueden mencionar.
Los investigadores no creen que se pueda encontrar nada más y eso funciona como una profecía autocumplida. Para que se den una idea: al comienzo de la investigación federal iban a cruzar los teléfonos que se activaron en la zona de López con los posibles sospechosos en la causa. Ese trabajo a diez años sigue sin terminarse y pasó por tres fuerzas policiales distintas. Por eso, ahora le están pidiendo a las compañías telefónicas que no borren los registros.
NO SE SALVA EL PODER EJECUTIVO
Si bien el entonces presidente Kirchner hizo alusión a la desaparición de López en una serie de discursos posteriores a su desaparición y llegó a reconocer en público que había sido secuestrado y a negar la posibilidad de una amnistía, la presión política sobre el caso pareció cesar en el momento en el que pasó al fuero federal (o en el momento en el que salió de la agenda mediática, ya llegaremos a eso). Lo cierto es que desde entonces prácticamente ningún dirigente del oficialismo o de la oposición volvió a tomar el caso López como bandera, con la honrosa excepción de algunos partidos de izquierda. No formó parte de la agenda de nadie resolver este caso, ni del Gobierno anterior ni del actual, ni de la oposición pasada ni de la presente. Recién para el aniversario apareció la intención del Gobierno macrista de presentarse como querellante en la causa; habrá que ver si para impulsar las medidas que faltan o para volver sobre las que proponía la Federal, que llevaban más a ensuciar a la víctima que a otra cosa.
En cuanto al Gobierno anterior, facilitó los recursos que el Poder Judicial le pedía cuando se trataba de medidas con un cierto grado de espectacularidad (policías para rastrillajes, georadares), pero no sostuvo el tema en agenda, probablemente por el costo político que hubiera implicado reconocer que habían desaparecido a un testigo en el primer juicio a los represores. En las historizaciones que se suelen hacer de cómo se reabrieron los juicios, de hecho, muchas veces López es arrojado al olvido.
NO SE SALVA EL CONGRESO
Tampoco desde el Poder Legislativo hubo una actitud decidida para avanzar en una investigación sobre el caso. Podría haber creado una comisión investigadora para analizar las responsabilidades policiales y políticas por la desaparición. Nunca lo hizo. Tenía el Consejo de la Magistratura para evaluar a los jueces. Nunca avanzó una sola denuncia (quizás porque uno de ellos era, además, el juez electoral). Cada tanto aparece algún proyecto conmemorativo de López, pero de hacer algo, ni hablar. Sólo la diputada Myriam Bregman presentó un proyecto reclamando que el Gobierno abra los archivos de inteligencia sobre el caso López.
NO SE SALVAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Además de los poderes institucionales de la democracia, nos tendríamos que preguntar cómo nos manejamos los periodistas en este caso. ¿Reconocimos la importancia que tenía? ¿Ayudamos a comunicar con claridad esto a la sociedad? El tema fue tratado como un caso policial más, del que los medios hablan todos en un determinado momento y luego hace un arco descendente y desaparece de la esfera pública. De las líneas de investigación que consideramos significativas se escribió poco y nada en los medios y se destinaron grandes coberturas a los shows mediáticos destinados a que pareciera que se estaba avanzando hacia algún lado. Ni que hablar de los colegas que contribuyeron a confundir a la sociedad para restarle gravedad al hecho y presentarlo como un caso de una persona perdida. Y mejor no referirse a los que, como Jorge Asís y las páginas de los servicios, se dedicaron a ensuciar a López y difundir la versión de los represores sobre lo ocurrido. Estos perioservice, de todas formas, ayudaron a mostrar una estrategia de sus desaparecedores: el secuestro de López estuvo acompañado de una campaña de difamación sobre la víctima y una lluvia de amenazas sobre jueces y fiscales que tenían causas por delitos de lesa humanidad. Unas pocas excepciones a la regla del olvido vinieron desde una militancia periodística por parte de algunas colegas, como Adriana Meyer en Página/12, o la revista Barcelona, que sostuvo el tema desde la ironía.
NO SE SALVA LA SOCIEDAD
¿Cuántas personas fueron a las marchas de López en estos últimos diez años? ¿Reflejan los números la preocupación de una sociedad por un testigo desaparecido en democracia? ¿O no nos importa? Las convocatorias fueron sostenidas por los partidos de izquierda, con consignas que algunos consideraron expulsivas o sectarias, mientras que el kirchnerismo sólo participó de algunas de las primeras marchas. Me resulta hasta irónico que un peronista como lo era López sea sólo reivindicado por la izquierda. Desde mi punto de vista, ninguno de los movimientos políticos que se consideran parte del campo popular estuvo a la altura de las circunstancias. No hubo una respuesta de la sociedad acorde a lo que fue un ataque de la democracia.
Los desaparecedores de López, no obstante, no pudieron cumplir su objetivo: los juicios siguieron y siguen incluso hoy, con las dificultades del presente. Los sobrevivientes siguieron yendo a declarar. Pero el caso López sigue sin culpables. Y seguirá así mientras no haya un reclamo masivo hacia los poderes públicos. Sigo pensando que la mayor victoria de los desaparecedores de López sería que nos olvidáramos de él.
* Werner Pertot es coautor junto con Luciana Rosende de Los días sin López. El testigo desaparecido en democracia.
