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el restaurador

ddhh en tiempos de macri

Fotografía: Télam

Aun cuando la llegada de Mauricio Macri a la presidencia parecía tan solo una posibilidad, su victoria empezó a ser vislumbrada por importantes sectores como algo más que un cambio de época. Una ruptura —querían— con los doce años anteriores y probablemente con su bandera más emblemática: la política de memoria, verdad y justicia. Titubeante, el líder de la coalición de centro-derecha Cambiemos da señales de sentirse más cómodo con un discurso de “memoria completa” pero es consciente de la reputación que los derechos humanos le han granjeado al país en el mundo.

 

Días antes de las primarias del 9 de agosto de 2015, el diario La Nación dedicó un editorial contra los juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura y especialmente contra el enjuiciamiento de los civiles. Los dueños de La Nación y de Clarín son investigados por las amenazas que precedieron a la “venta” de la empresa Papel Prensa en 1976 y que después se completaron en 1977 con el secuestro de los miembros del llamado Grupo Graiver. La causa, impulsada por una denuncia del gobierno kirchnerista en 2010, está frenada desde marzo del año pasado por decisión del juez Julián Ercolini.

 

Mientras sectores de la Iglesia convocaban a reuniones en la Universidad Católica Argentina (UCA) para sentar a la mesa a familiares de víctimas del terrorismo de Estado —como la entonces senadora Norma Morandini— y a familiares de los muertos por el accionar guerrillero, La Nación insistía que era el tiempo de la memoria y la reconciliación en un editorial publicado el 16 de agosto del año pasado. Ni Macri ni su principal contendiente, Daniel Scioli, eran percibidos como entusiastas defensores de los juicios de lesa humanidad. Sin embargo, el candidato del Frente para la Victoria (FpV) fue apoyado por la mayoría de los organismos de derechos humanos. El entonces gobernador bonaerense se planteaba como una continuidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en esta materia mientras que el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad le había prometido en 2014 —casualmente— a La Nación que si ganaba las elecciones, se terminaba “el curro” de los derechos humanos.

 

Horas después de que Macri derrotara a Scioli, La Nación volvió a marcarle la cancha. “No más venganza”, decía el editorial que fue repudiado por los trabajadores y las trabajadoras del diario. Citando a Morandini, el periódico centenario llamaba a terminar con “las mentiras” sobre los años ‘70 y a resolver la situación de los condenados por crímenes de lesa humanidad, pedido que reiteró en al menos tres editoriales en lo que va del año.

 

El Gobierno tomó nota y en la víspera del 40 aniversario del golpe, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, le dijo al diario de la familia Mitre que creía que los mayores de 70 años debían ir a prisión domiciliaria, sugiriendo que los jueces negaban esta posibilidad a los represores por presiones políticas. Sin embargo, desde la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad contestaron con estadísticas. Según el último informe de la oficina que dirige Jorge Auat, de los 1070 detenidos, 574 están en la cárcel y 467 en arresto domiciliario. Los restantes están alojados en hospitales o en dependencias de las fuerzas de seguridad.

 

Los planteos sobre las condiciones de reclusión de los represores llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que entre 1979 y 1980 jugó un papel clave para visibilizar los crímenes de la dictadura. La Secretaría de Derechos Humanos prepara la contestación al organismo y crece la expectativa para saber si la agencia estatal volcará en el papel lo que su titular sostuvo en entrevistas dadas en marzo. Mientras tanto la historia de la democracia argentina parece dar vuelta en círculos, volviendo una y otra vez al origen.

 

EL ETERNO RETORNO

 

Durante la década del ‘70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda: dos demonios enfrentados y, en el medio, la sociedad inmóvil e inocente. Ése fue el relato que explicó lo sucedido a partir de la segunda mitad de esa década en el país, que fue desafiado en 2006 y que, a 40 años del último golpe militar, vuelve a ser la verdad oficial.

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Ilustración: Federico Avella

El 8 de mayo último, Avruj presentó una reedición del Nunca Más  junto a Graciela Fernández Meijide, Morandini y Alejandro Rozitchner, tal como reveló Página/12. La editorial Eudeba y el gobierno de Mauricio Macri decidieron que la reimpresión del texto que representa una memoria emblemática de la democracia argentina no llevaría el prólogo que se incorporó al cumplirse el 30 aniversario de la última dictadura.

 

Entre septiembre de 1984 —cuando el escritor Ernesto Sábato depositó la investigación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en las manos del entonces presidente Raúl Alfonsín— y marzo de 2006 —cuando el entonces secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde junto a otros referentes agregaron un nuevo prólogo— pasaron mucho más que dos décadas. El Juicio a las Juntas, la impunidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el indulto menemista, los Juicios por la Verdad, los ex-comandantes vueltos tras las rejas por el robo de bebés, la justicia universal que se hacía realidad en España, la nulidad de las leyes y la declaración de inconstitucionalidad que volvía a poner en manos de la justicia argentina la posibilidad de juzgar a los represores.

 

También había pasado 2001, el “que se vayan todos” y el desenmascaramiento de quiénes eran los que siempre salían ganando. El prólogo de 2006 fue heredero del libro El Estado terrorista argentino, escrito por Duhalde durante el exilio. No hablaba de dos violencias sino de la implementación del terrorismo estatal cuando ya la guerrilla estaba derrotada y con el objetivo de imponer un sistema económico excluyente. Se refería al modelo neoliberal, cuyas dolorosas consecuencias todavía humeaban en las memorias y en los cuerpos de los argentinos al calor de las barricadas que se encendían en diciembre de 2001.

 

La reimpresión del Nunca Más no fue especialmente difundida ni por Eudeba ni por la Secretaría de Derechos Humanos. Avruj publicó el mismo 8 de mayo una foto del panel en su cuenta de Twitter, donde también colgó varias fotografías posando con un ejemplar del informe de la Conadep junto a Félix Díaz, al presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y al exjuez del Juicio a las Juntas Ricardo Gil Lavedra, quien actualmente coordina los esfuerzos para impulsar la reforma de justicia diseñada por el ministro Germán Garavano para, entre otras cosas, forzar la salida de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.

 

La presentación se realizó en compañía de dos familiares de desaparecidos: Fernández Meijide y Morandini. Después de la desaparición de su hijo Pablo, Fernández Meijide se sumó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Fue una pieza clave en la investigación de la Conadep y en los últimos años se convirtió en una crítica constante de las acciones del gobierno kirchnerista. Sostuvo que la decisión de Néstor Kirchner de bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla del Colegio Militar de la Nación fue “agresiva” y militó en contra de un discurso reivindicatorio de la militancia política setentista. “Eran humanos, no héroes”, respondió con un libro publicado en 2013. Sus conversaciones con Héctor Leis —un exguerrillero fallecido que sostenía que debía escribirse una nómina única con los muertos de los ‘70— fueron auspiciadas por el ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Mauricio Macri todavía no había dado su salto hacia el gobierno nacional, como reconstruye Verónica Torras en la revista Haroldo.

 

Morandini tiene a sus dos hermanos desaparecidos, Néstor y Cristina. Pese a la coincidencia con los nombres de quienes gobernaron el país entre 2003 y 2015, la exsenadora no cosechó demasiadas simpatías con el kirchnerismo. Se enfrentó a organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo cuando en 2009 se votó el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a la órbita del Estado nacional y la extracción compulsiva de ADN. “Una ley con nombre propio para obligar a los hermanos Noble a realizarse de manera compulsiva las pruebas de ADN”, escribía en el libro De la Culpa al Perdón sobre los hijos adoptados irregularmente por la dueña de Clarín.

 

DE ESO NO SE HABLA

 

No es ninguna revelación que la familia Macri es parte del empresariado más próspero del país, de aquellos que nunca perdieron. Las buenas migas con las empresas fueron una cuestión de cuna pero también lazos que se fueron volviendo más perdurables desde la jefatura de Gobierno de la Ciudad, el paso por la presidencia de Boca y que se solidificaron con la llegada a la Casa Rosada.

 

Tras años de una sórdida guerra con el kirchnerismo, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, celebró la llegada de Macri a la presidencia asistiendo a la gala que el nuevo presidente y su esposa, Juliana Awada, ofrecieron en el Teatro Colón en la noche del 10 de diciembre último.

 

Dos meses después, se vio a la pareja llegar al sepelio de Martín Blaquier, un empresario amigo de Macri que se suicidó el 19 de febrero. Martín es el sobrino de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el dueño de Ledesma.

 

Carlos Blaquier y Magnetto son dos de las caras del empresariado argentino vinculado a delitos de lesa humanidad. Blaquier fue procesado en 2012 por su participación en la Noche del Apagón de 1976. La Cámara de Salta confirmó en 2013 la decisión del juez Fernando Poviña, pero la Sala IV de Casación sostuvo en marzo del año pasado que no había elementos para mandar a juicio al dueño de Ledesma. Un cambio de época que los magistrados siempre saben olfatear.

 

En la presentación de su último informe anual, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sostuvo que el gobierno tiene una política de laissez faire con respecto a los juicios por crímenes de lesa humanidad siempre y cuando involucren a militares o agentes de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, sugirió que existe una política de bloqueo si se trata de causas que involucran a civiles.

 

Con la creación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en 2013, Gils Carbó se hizo cargo de un viejo reclamo de los organismos: investigar la pata civil de la dictadura, que incluye a los operadores judiciales, los religiosos y los empresarios. En diciembre del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, Flacso y el CELS presentaron un informe con 25 casos en los que se probaba la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. Un día antes de esa presentación, CFK promulgó la creación de una comisión bicameral para investigar la complicidad económica con el terrorismo de Estado. La iniciativa no había sido apoyada en Diputados por los representantes del PRO y en el Senado cosechó las críticas de los socios de la coalición gobernante Cambiemos.

 

El 10 de junio pasado, los organismos de Derechos Humanos enviaron una carta a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, para pedirle explicaciones por seis meses de inacción.

 

Las organizaciones también marcaron sus límites al macrismo después de que se conociera que Darío Lopérfido, el ministro de Cultura porteño, había dicho que no habían desaparecido 30 mil personas durante la dictadura, sino que esa cifra había sido arreglada para percibir subsidios. “Sacalo, mandalo a poner sellitos”, contó Estela de Carlotto que le sugirió a Horacio Rodríguez Larreta, el sucesor de Macri en el gobierno de la Ciudad y cuyo padre fue secuestrado durante la dictadura. No lo hizo. Lopérfido es algo más que un buen receptor de los reclamos que encontraron un lugar en el diario La Nación. Está casado con la actriz Esmeralda Mitre, la hija de Bartolomé Luis, uno de los implicados por la fiscalía en el caso Papel Prensa.

 

PRÉDICAS

 

Todo estaba perfectamente cronometrado para la asunción de Mauricio Macri. Sin embargo, ese 10 de diciembre, el líder de la coalición de centro-derecha no pronunció una palabra que se había vuelto bandera durante la década anterior: derechos humanos. No se lo vio acompañado por los pañuelos que supieron hacerse lugar en los actos en la Casa de Gobierno o ubicarse en los palcos del Congreso.

Télam 30/05/2016 Buenos Aires: El presidente Mauricio Macri encabezó esta mañana el acto por el Día del Ejército Argentino, en el Colegio Militar de la Nación, en El Palomar, provincia de Buenos Aires.Foto: Presidencia
Fotografía: Télam

La irrupción de la agenda de memoria, verdad y justicia en el discurso macrista se produjo tras el anuncio de la Casa Blanca de que Barack Obama visitaría la Argentina el 23 y 24 de marzo. El 15 de febrero, Macri improvisó una visita a la exESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la Armada. El presidente hizo su recorrida con funcionarios de la cartera de Justicia y sin referentes de organizaciones de derechos humanos mientras los trabajadores y las trabajadoras apuraban un acto de repudio por el desmantelamiento de áreas vinculadas a los juicios. Un par de días después, el 1 de marzo, Macri inauguró las sesiones del Congreso y reafirmó su compromiso con un “nunca más a la violencia institucional”, un concepto amasado en democracia para hablar genéricamente de los abusos de las fuerzas de seguridad.

 

En el Parque de la Memoria, con Obama pero sin los referentes de derechos humanos, Macri instó a un “nunca más a la violencia política” y condenó las “intolerancias y violencias entre los argentinos”. No hubo una condena a los crímenes de Estado sino la restauración de una lógica binaria, propia del prólogo original del Nunca Más.

 

Un día después del día del Ejército, Macri llegó al Colegio Militar de la Nación para hablarle a las fuerzas armadas y anunciarles que había llegado el tiempo de dejar atrás enfrentamientos y divisiones. ¿Cómo? El decreto 721 volvió a otorgarle a los jefes de las fuerzas la posibilidad de decidir ascensos y traslados, lo cual en la práctica significa habilitar la creación de nuevas lealtades y camarillas.

 

UN LUGAR PARA TODOS LOS DOLORES

 

La reapertura de los juicios en 2006 hizo que las organizaciones por la “memoria completa” —los grupos que para el final de la dictadura reivindicaban el accionar de las fuerzas armadas y que en los últimos años postulan la necesidad de juzgar el accionar guerrillero— sacaran su reclamo a las calles. Así lo hicieron el 5 de octubre de 2006 en Plaza San Martín, tres semanas después de que Miguel Etchecolatz fuera condenado a perpetua y Jorge Julio López vuelto a desaparecer.

 

Hubo dos oradores en ese acto. Una fue Ana Lucioni, presidenta de la Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión. El apellido Lucioni volvió a escucharse en diciembre del año pasado cuando el intendente de Tres de Febrero, el macrista Diego Valenzuela, designó a Juan Manuel Lucioni al mando del área de Seguridad del municipio. Lucioni había sido dado de baja por participar de un acto reivindicatorio del accionar de las fuerzas armadas en 2006, que había convocado la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Cecilia Pando.

 

El 11 de diciembre, Valenzuela escribió: “Lucioni, como todos los seres humanos, tiene derecho a llorar a sus muertos. En su historia, eso nunca implicó avalar otros asesinatos. Ayer empezó una nueva etapa de la Argentina. Una etapa para la verdad y para cerrar heridas. La Justicia está y estará disponible para todos los que aún esperan por ella.”

 

El mes pasado, Página/12 reveló que el ministro Germán Garavano se había reunido el 25 de abril con Pando, quien saltó a la fama en 2005 tras salir en defensa del entonces obispo castrense Antonio Baseotto, cuya remoción había sido solicitada por el gobierno de Néstor Kirchner al Vaticano después de que el sacerdote sugiriera que “a quienes escandalicen a los niños deberían atarles una piedra al cuello y arrojarlos al mar” por la política de repartir preservativos encarada por el entonces ministro Ginés González García.

 

La reunión con Pando, que tampoco fue difundida por el ministerio, sucedió en simultáneo con un encuentro que estaba pautado con referentes de un organismo de derechos humanos. “Yo recibo a todo el mundo. Ése es mi estilo”, explicó Garavano el 11 de mayo. “El mismo día que recibí a Pando, lo hice con distintos organismos de derechos humanos. Hasta se cruzaron a la salida”, completó.

 

Garavano se esforzó por dejar en claro que el encuentro no había sido reservado. Sin embargo, el ministerio no informó que esta reunión se había realizado, una omisión similar a la que tuvo la Secretaría de Derechos Humanos el 14 de enero, cuando Avruj recibió en la exESMA a los integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización creada casualmente en 2006 y que reclama que se enjuicie a los integrantes de las organizaciones armadas de izquierda.

 

En una entrevista en marzo, Avruj negó que el Gobierno fuera a dar lugar a estos reclamos. “Quien violentó los derechos humanos fue el Estado nacional, pero esto es potestad de la Justicia. Sigue siendo un delito (lo de los grupos guerrilleros) pero no le incumbe a la Secretaría de Derechos Humanos. Sí digo estudiemos la historia, conozcamos qué fueron los grupos armados, quiénes fueron los grupos que se sumaron a la clandestinidad”, sostuvo.

 

La fórmula elegida fue similar a la ensayada por Macri el 23 de noviembre pasado al ser consultado sobre aquel editorial de La Nación. “La Justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea”, dijo gambeteando la respuesta. La indefinición, el tironeo, los guiños siguen siendo los mensajes más claros del nuevo presidente del país del Nunca Más.

 

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