/Barro

en puntitas de botas

ddhh: cambio de época

Fotografía: Telam

La declaración pasó desapercibida en la vorágine de noticias pero el presidente Mauricio Macri puso en su boca la palabra “reconciliación” para minimizar las críticas por la presencia de carapintadas y represores en los desfiles del bicentenario de la independencia argentina. ¿Se abre una nueva etapa en la política de memoria, verdad y justicia sostenida por el Estado argentino o se debió simplemente a un desliz de un gobernante ajeno a las discusiones que durante las últimas décadas atravesaron la política del país?

 

“Era la primera vez que desfilaban los héroes de Malvinas, la verdad que uno no entiende por qué no lo han hecho antes, pero lo importante es que hoy estamos en esta etapa, que es de reconstrucción, de reconciliación, de reconocimiento del otro”, dijo Macri un par de horas después de que Aldo Rico —que lideró dos rebeliones militares contra Rául Alfonsín para después incursionar en política, siempre cerca de la derecha y de algunos sectores del peronismo— volviera a la escena nacional.

 

Rico se enfundó su viejo uniforme y subió a un jeep para recibir aplausos el domingo pasado en el desfile de veteranos de la guerra de Malvinas en el cual declinaron participar las agrupaciones de excombatientes que impulsan las causas por violaciones a los derechos humanos que la Corte Suprema cerró el año pasado como un mero trámite burocrático.

 

MILICOS_NAN2016_IMAGENDETV
Aldo Rico se calzó el uniforme y regresó con los desfiles militares.

 

 

 

El ex intendente de San Miguel no fue el único que despertó polémica con su participación. Allí estaba Emilio Nani, el teniente coronel retirado reconocible por el parche en el ojo que le dejó su participación en la represión en el copamiento al regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Nani escribe cartas reconociendo su participación en lo que él denomina la guerra contra el terrorismo y en 2000 se enfureció cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa firmó la reducción de la pena para los combatientes del MTP que habían tomado por asalto el cuartel en 1989. Pidió una audiencia con el presidente para devolver la condecoración. Seis años más tarde volvió a tener problemas con las autoridades cuando concurrió a la manifestación que se hizo en la Plaza San Martín de Retiro para homenajear a las “víctimas de la guerrilla”. Lo hizo vistiendo uniforme pese a estar retirado. No fue casual que militares en actividad y otros que ya habían abandonado las fuerzas salieran a la calle en mayo de 2006, un mes antes de que arrancara el primer juicio contra represores después de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

 

COINCIDENCIAS

 

Después del desfile, Nani se llamó a silencio. No sucedió lo mismo con Rico. Aprovechó las cámaras y los micrófonos para decir que los desaparecidos no llegaban a 8 mil en línea con lo que había sostenido en el verano el renunciado ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido.

 

“No es palabra mía. Lo dijeron (Graciela) Fernández Meijide y (Luis) Labraña”, dijo Rico en referencia a la ex dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que fue una de las integrantes más activas de la Comisión sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y al ex miembro de Montoneros que en un programa de Mauro Viale dijo en 2014 que habían inventado la cifra de 30 mil desaparecidos para conseguir subsidios en Europa, el argumento que recicló Lopérfido hace unos meses y que le garantizó el repudio de los trabajadores de la cultura y de todos los organismos de derechos humanos.

 

Fernández Meijide mantiene una buena relación con funcionarios del gobierno macrista. El 8 de mayo compartió una mesa con Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, en la Feria del Libro en la que se presentó la reimpresión del Nunca Más en la que ya no consta el prólogo incorporado en 2006 que no hacía alusión a una guerra entre dos demonios sino al terrorismo de Estado implementado durante la última dictadura. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la quiso en su gabinete pero Fernández Meijide no aceptó.

 

En los últimos años, la ex dirigente de la Alianza se convirtió una férrea opositora al kirchnerismo y como tal criticó que Néstor Kirchner descolgara el cuadro de Jorge Rafael Videla del Colegio Militar y sostuvo que podía negociarse información a cambio de reducción de penas con los represores. En marzo, Avruj renovó el pedido de información en una entrevista periodística a pocos días de sugerir que el gobierno consideraba que los jueces debían otorgar la prisión domiciliaria a todos aquellos que purgan condena por crímenes de lesa humanidad que sean mayores de 70 años. El mes pasado, Cambiemos intentó que la ley del arrepentido incluyera los crímenes de la dictadura pero sacó el artículo después de recibir críticas de varias organizaciones de derechos humanos.

 

DIFERENCIAS

 

La sublevación de Rico en Semana Santa de 1987 derivó en la sanción de la ley de Obediencia Debida, que impedía el juzgamiento de los cuadros medios y bajos de la última dictadura. La rebelión contra el entonces presidente Alfonsín se puso en marcha después de que Ernesto “Nabo” Barreiro anunciara que no se iba a presentar a declarar. Barreiro es uno de los represores que actuó en La Perla, el mayor campo de concentración en Córdoba, y está actualmente siendo juzgado en esa provincia.

 

Pese a que Rico quedó grabado en la memoria de los radicales por haber puesto en jaque al gobierno de Alfonsín, el partido centenario tardó más de una semana en responder. Ricardo Alfonsín ayer condenó la presencia de Rico en el desfile y lamentó no hubiese habido ninguna protesta del presidente del partido, José Corral.

 

“Muchos están presionando para que haya cambios en la política de derechos de humanos”, agregó mientras se quejaba acerca del lugar marginal del que goza la UCR dentro de la alianza Cambiemos.

 

El ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, se ocupó de aclarar que no habían invitado a Rico y el carapintada respondió que no necesitaba invitación para asistir. “Nadie del gobierno se puso contento porque fue”, dijo Martínez. Pero no hubo la misma condena por parte de los dirigentes del PRO y Elisa “Lilita” Carrió —la tercera pata en la alianza gobernante— anunció una ausencia de semanas.

 

MILICOS_NAN2016
Fanáticos de la “memoria completa” celebraron los desfiles militares.

La líder de la Coalición Cívica no ha sido una entusiasta defensora de la política de derechos humanos implementada durante el kirchnerismo. A días de la victoria de Macri en el ballotage, Carrió escribió en Twitter que tener presos a hombres de 80 años era “venganza”. El año pasado también ofició de anfitriona en su instituto Hannah Arendt para una mesa en la que coincidieron Fernández Meijide con integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), la organización que Avruj recibió en enero en la ex ESMA.

 

Si existe una presión para cambiar la política de derechos humanos como denunció Alfonsín hijo, hay sectores del Ejecutivo que están abriendo la puerta a los principales impulsores. En abril, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con Cecilia Pando. La cartera que dirige Garavano obvió difundir el encuentro con la dirigente de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. En el mismo olvido había incurrido la Secretaría de Derechos Humanos tras el encuentro con el Celtyv, que sí difundió en redes una foto con Avruj el mismo 14 de abril. La metodología se repitió el 12 y el 19 de mayo cuando el ministro recibió a los abogados de Justicia y Concordia, como reveló El Destape.

 

Los grupos que impugnan los juicios por delitos de lesa humanidad tuvieron otra aparición pública antes de los desfiles del bicentenario con la misa que celebraron en la catedral metropolitana el 2 de julio. Exactamente una semana después, un grupo que se reivindicaba como ex combatientes del Operativo Independencia —la primera fase del terrorismo de Estado— apareció en las celebraciones en Tucumán. Allí también desfiló Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, quien fue condenado en 2013 por un tribunal oral federal en Catamarca por su participación en la denominada masacre de Capilla del Rosario de 1974. Sin embargo, el mes pasado, la Sala III de la Cámara de Casación Federal decidió anular la condena del ex capitán del Ejército al poner en duda que las 14 ejecuciones constituyeran delitos de lesa humanidad. La decisión del máximo tribunal penal del país fue impugnada por el fiscal federal Javier de Luca, quien presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema se pronuncie.

 

DEJAR HACER

 

Horas después de derrotar a su rival Daniel Scioli en el ballotage, Macri dijo que los juicios de lesa humanidad iban a continuar y que dejaría que la justicia actúe independientemente. Sin embargo, hay dilaciones relacionadas a decisiones políticas que generan preocupaciones en el país y en el exterior.

 

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó el viernes sobre la lentitud en el avance de las investigaciones, tramitaciones y dictados de sentencia, que se deben en parte a la falta de integración de los tribunales y baja periodicidad de las audiencias, todos temas que competen a la comisión interpoderes que creó la Corte Suprema en 2008 y que ha tenido escasa actividad en los últimos meses.

 

El órgano internacional también le recordó al Estado argentino que debía poner en marcha la comisión bicameral para investigar el rol de las empresas durante la última dictadura, aprobada en 2015 sin el apoyo del PRO de Macri y con críticas del radicalismo en el Senado, especialmente de Ernesto Sanz, el ministro sin cartera de Cambiemos.

 

El 10 de junio, un grupo de organismos de derechos humanos le enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para pedir explicaciones por la inacción. Sin embargo, el macrismo parece hacer gala del mutismo. Mejor dejar pasar.

/A-
GEN
-DA