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la marca de la condena

talleres clandestinos

Foto: Télam

La tarde del 30 de marzo de 2006, un desperfecto eléctrico desató un incendio incontrolable en el taller textil clandestino ubicado en la calle Luis Viale 1269, en Caballito. El fuego se propagó en el primer piso, donde se levantaban las habitaciones de los 40 trabajadores que vivían con sus familias en cubículos de madera de tres metros por dos y medio, y Juana Vilca (25) —embarazada—, Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carbajal (4) y Harry Rodríguez (3) no pudieron escapar.

 

A diez años de esa tragedia, tras dos meses de juicio oral y 12 audiencias, el Tribunal Oral Criminal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 13 años de prisión a los capataces del taller, Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, por considerarlos coautores de los delitos de “reducción a la servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte”, y ordenó investigar la responsabilidad de los copropietarios de las marcas de ropa que allí se fabricaban —Woll, JD y LDV Lordeville—, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler.

 

La sentencia, si bien “no alcanza para reparar el daño de las vidas que se perdieron”, según Fernando Rodríguez Palma, uno de los sobrevivientes, sienta “grandes precedentes” a futuro: “Las marcas y los empresarios tienen que pagar también por las condiciones de explotación y sus consecuencias. Son los máximos responsables y la Justicia siempre hace la vista gorda. Nosotros veíamos cuando venía la Policía o los inspectores, y arreglaban todo en la oficina, ya sea por plata o por prendas. Y allá se iban, y nosotros nos quedábamos trabajando”.

 

Como Woll, JD o LDV, cientos de grandes y pequeñas marcas están en la mira por trabajo esclavo, sin embargo hasta ahora nunca fueron condenadas por la Justicia. Según Jerónimo Montero, miembro de la Campaña de Justicia por las víctimas de Luis Viale e investigador del Conicet, “más de 110 marcas” están denunciadas en causas que están totalmente cajoneadas o paralizadas en Tribunales. “El juez (Julián) Ercolini lleva una megacausa, donde hay 86 marcas involucradas (entre ellas, Kosiuko, Lacoste, Awada)”, agrega.

 

“La estrategia de las marcas es vincular a los talleres clandestinos con la calle Avellaneda o La Salada, pero la cosa no es así. Si bien en la comercialización hay diferencias, cuando uno va para atrás el origen de las prendas es el mismo. Las marcas son la cabeza de la cadena productiva y tienen responsabilidad sobre los talleres informales”, asegura el especialista en diálogo con NAN, en una entrevista en la que explica los alcances del fallo de la Justicia porteña y detalla cómo funciona la estructura de un sistema podrido por dentro que se fagocita a sí mismo.

 

—¿Por qué es tan difícil avanzar contra los verdaderos responsables de este negocio?
—Cuando agarrás a un taller es complejo probar para quién trabajaba. Muchas veces el tallerista no canta, no dice quién le estaba dando trabajo, porque si canta se queda sin laburo. A su vez, hay poca evidencia en los talleres sobre cuál es la marca para que trabajan. Por ejemplo, cuando se hace un allanamiento acá, vos tenés que encontrar etiquetas y la conexión no es simple: lo que dijo Zara hace un tiempo cuando se denunciaron talleres en la villa 1-11-14 fue “no, las etiquetas son falsas, no sé de dónde salieron”. Y no tenés en el país muchas empresas que produzcan etiquetas. Sería raro que sean falsas. Pero, bueno, Zara dice eso, y vamos a ver qué pasa en la causa. La otra forma de desligarse está dada por el sistema de subcontrataciones (registradas o en negro) con el que se maneja la producción, en donde hay intermediarios y a lo sumo cae el intermediario o si no el que está un poquito más arriba.

 

—¿Cómo funciona este sistema y qué rol juegan las marcas en esa cadena?
—En la industria de la indumentaria están los dueños de las marcas, las fábricas, y en el medio tenés intermediarios que pueden ser tipos que llevan y traen o pueden tener talleres. Entonces, cuando una marca maneja un cierto nivel de producción, lo que hace es llevarle las telas a un intermediario y subcontrata la costura, el bordado, el empaquetado o el planchado. Lo que pasa ahí es que las marcas son responsables de ese sistema de subcontratación y no pueden desentenderse de la cadena de producción de las prendas. Cuando la marca les lleva las telas a un intermediario tiene que ver y controlar la capacidad productiva de la fábrica, está obligada a hacerlo por ley; porque por ejemplo si vos le pedís 10 mil prendas por semana a una fábrica y la fábrica tiene 3 o 4 máquinas o 3 o 4 trabajadores es evidente que el producto lo está mandando a otro lado, probablemente a un taller clandestino para recortar costos.

 

Télam 21/06/2016 Buenos Aires: El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 dará a conocer el veredicto del juicio oral por el incendio del taller textil clandestino ocurrido el 30/03/2006 en Caballito, en el que murieron 6 personas, 5 de ellas menores. Allegados y familiares de las víctimas piden justicia en las escalinatas de Tribunales. Foto: Gustavo Amarelle
Fotografía: Télam

—¿Pero el problema ahí no lo tendrían los intermediarios?
—El discurso de las marcas es ese, siempre dicen: “yo comercializo algo que produce otro”. Cuando en realidad, todas las investigaciones al respecto muestran que la marca es la gran disciplinadora de la cadena; primero es la principal beneficiaria y además es la cabeza de la cadena de producción y comercialización, para un lado y para el otro. La marca es la que impone el precio y la que inauguró hace décadas este sistema de subcontrataciones que hace que los talleres terminen compitiendo unos con otros, en una competencia ruinosa. Este esquema impone la lógica del “si no me lo hacés vos, me lo hace otro”. Entonces, ante ese escenario de competencia hacia abajo, las marcas pueden imponer sus condiciones, y el precio que pagan a partir de este proceso a los trabajadores a domicilio y a los talleristas les hace prácticamente imposible cubrir sus costos y mantener su producción en blanco.

 

—Entonces hay una cuestión sistémica entre medio de todo esto: las marcas tienen sus estrategias para deslindar sus responsabilidades y a su vez la cadena de intermediarios se va haciendo cada vez más grande para que al final la explotación no se note.
—Exacto. Esas son algunas razones por las cuales es difícil involucrarlas, pero el fallo de la Justicia en el caso de Luis Viale no hace lugar a muchos de esos argumentos y establece un piso. Dice acá hubo reducción a la servidumbre, estas condiciones de trabajo no pueden existir, tiene que haber condenas, más allá de si hubo un incendio, si murió gente o no. La resolución de los jueces envía un mensaje; eso no significa que el juzgado de instrucción encuentre culpable a los dueños de las marcas; significa que mucho más que en ninguna causa durante el debate del juicio se recogieron indicios y pruebas de que Fischberg y Geiler están involucrados, que eran los verdaderos jefes, que venían al taller y daban órdenes.

 

En poder de la Justicia, hoy, existen varios elementos que indican que Fischberg y Geiler tenían una fábrica textil en Galicia 1241 y que en octubre de 2005 les quedó chica y decidieron tercerizar la producción en un taller que tenían a la vuelta, en Luis Viale 1269. “Le dijeron a (Sillerico) el boliviano que les producía y a (Correa) el argentino que hacía de intermediario ‘pónganse un taller, nosotros les damos las máquinas, los materiales de producción, ustedes trabajan, les vamos descontando el pago del alquiler y de las máquinas, y en unos o dos años, cuando todo esté pago, se independizan y el taller es de ustedes”, cuenta Jerónimo. En general, esta estrategia encubierta es la que manejan algunas marcas y fábricas para despegarse de los talleres clandestinos en el caso de que exista algún problema con la ley. “El tema acá es que están los recibos. Los imputados durante el juicio reconocieron que los dueños les adelantaron la plata y, casualidad, el taller trabaja para las marcas Woll, JD, LDV”.

 

Este caso sirvió para destapar cómo funciona el mercado textil y los talleres clandestinos. En Luis Viale, por ejemplo, los costureros trabajaban de las 6 de la mañana hasta la medianoche. Cobraban 70 centavos o 1,20 por prenda, cuando las marcas las vendían a 150 o 200 pesos cada una. Por semana, cada trabajador cobraba 50 pesos, lo que los obligaba a vivir en el primer piso del taller en una habitación donde apenas entraba una cama. Abajo había un solo baño para 64 personas. Las condiciones de hacinamiento y de infraestructura del lugar hacían inevitable un final como el que ocurrió, entre alargues y zapatillas saturadas de enchufes.

 

—Como en Luis Viale, cientos de talleres exhiben estas condiciones, ¿cómo se explica que no haya avances en la Justicia, sobre todo en las causas que involucran a las marcas?
—Desde 2008 no hay avances. En 2008, en una de las últimas causas resonantes Norberto Oyarbide sobreseyó a tres directivos Soho con un argumento muy particular: dijo que se trataba de un problema entre bolivianos y que era un problema de la cultura del Aymara y Quechua. Concretamente señaló que el modo de explotación en realidad era una herencia de “pautas culturales y costumbres de los pueblos originarios del Altiplano” de donde provienen los talleristas y dijo que en realidad se trataba de “un grupo que convive como un ayllu o comunidad familiar que funciona como una especie de cooperativa” cuando la explotación en los talleres en realidad no tiene nada de eso. Este es el discurso de los capos de la colectividad boliviana y es un argumento que cada tanto surge en la defensa de los talleristas. Ellos plantean que son laburantes, que son trabajadores y que son todos hermanos, cuando en realidad al interior vos tenés jerarquías, estructuras de poder y sistemas de esclavitud.

 

—¿Y en ese tipo de casos qué ves, falta de investigación, falta de pruebas o desidia?
—Connivencia. En el caso de Soho hay datos internos de la empresa, de trabajadores de la contabilidad, que dicen que la semana del fallo de Oyarbide hubo un movimiento raro de tres millones de pesos en la empresa. Y de hecho el dueño de Soho terminó siendo un tránsfuga que dejó una deuda de más de 100 millones de pesos y todavía están queriendo cobrársela. Los trabajadores le tomaron la fábrica y la tienen ahí. Pero le debe plata a IRSA, que es la dueña de los shoppings, le debe plata a medio mundo y el tipo no está condenado. Ahí hubo connivencia ciento por ciento. A ver, también, la Justicia es muy conservadora porque condenar un tallerista es una cosa, pero para condenar a un empresario, por más que sea un empresario de un sector que no tiene peso —porque no es que este sector te banca campañas políticas como el farmacéutico— aún así hay cierto guiño, cierto aval. Intereses de clase.

 

—¿Y cómo se puede avanzar más allá de que la Justicia se involucre e investigue? ¿Los jueces no tienen herramientas legales para hacerlo? ¿Qué debe cambiar?
—En principio las leyes están y eso es muy importante. Las empresas tienen responsabilidad solidaria sobre las fábricas y los talleres que forman parte de la cadena de subcontratación, por la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 29 y 30; y la Ley de Trabajo a Domicilio, artículo 4. Pero, más allá de eso, se podrían hacer varias cosas: una y quizá la más la más importante sería reforzar las inspecciones, algo que a primera vista parece difícil con este Gobierno, ya que desde la gestión del gobierno de la Ciudad demostró cuál es su política hacia el sector.

 

Para la actividad existe un cuerpo de inspectores específicos de trabajo a domicilio. Entonces si alguien tiene un taller, debe registrarse como trabajador o como dador de trabajo a domicilio y, a su vez, la marca tiene que registrarse y consignar que es proveedora de trabajo de dicho taller. Sin embargo, hay un problema con el registro de trabajo a domicilio: la Ciudad no da a conocer públicamente el listado. “Alguien me contó que hay 29 registrados solamente. Se calcula que en Capital hay entre 3.000 y 5.000 talleres clandestinos, ¿y sólo hay 29 inscriptos? El otro día el fiscal Federico Delgado en una investigación propia encontró más de 100 talleres y el cuerpo de la Ciudad no puede encontrar 30. Ahí tenés connivencia 100 por ciento, denunciada por inspectores de la Ciudad”, afirma el investigador del Conicet.

 

Télam 21/06/2016 Buenos Aires: El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 dará a conocer el veredicto del juicio oral por el incendio del taller textil clandestino ocurrido el 30/03/2006 en Caballito, en el que murieron 6 personas, 5 de ellas menores. Los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance. Foto: Gustavo Amarelle
Fotografía: Télam

—¿Qué debería pasar para romper con esa lógica?
— Tenés que romper con esas prácticas, a partir de meterle presión. Necesitás un juez o un fallo que obligue a la Ciudad a hacerse cargo del problema. Tiene que caer algún funcionario, tienen que caer los inspectores. En esta causa Viale si cayeran los inspectores sería un golazo. La Justicia tiene un rol importante para presionar al poder político. Después las inspecciones se tienen que hacer bien. Si vos mandás a la Policía a reventar el lugar, muchas veces, no te juntan etiquetas, no te juntan evidencia de cuáles son las marcas que están involucradas, no les hacen las preguntas que les tienen que hacer a los trabajadores, porque si un trabajador no te dice en qué condiciones se trabaja o en qué condiciones vino al país, vos no podés meter ni Ley de Trata de Personas y reducción a la servidumbre. El momento de la inspección es clave. Para eso tenés que tener un cuerpo de inspectores bien formado para detectar lo que hay que detectar en un taller. Hoy, eso, queda en la buena voluntad de alguien suelto.

 

—¿Y cómo se puede controlar o seguir de cerca la cadena de producción?
—El año pasado, desde el Ministerio de Trabajo, elaboramos un proyecto que al final quedó cajoneado. Se hizo muy sobre la hora. Pretendía establecer un sistema de trazabilidad de las prendas: que vos tengas un seguimiento mucho más estricto la ropa, desde la marca, hasta el taller con todos los intermediarios que pudo haber en la cadena. La idea era que en la etiqueta de toda prenda que vos comprás haya una nueva etiqueta que es la de trazabilidad, entonces los inspectores pueden ir a un shopping y pasar el código de barras y ver dónde se produjo y cuándo, qué orden de trabajo es y por dónde pasó y quiénes fueron los que produjeron eso. Si vos vas a esos talleres y ves que no pudieron haber producido eso con esa cantidad de máquinas y trabajadores, con parámetros cuantitativos le podés meter una multa.

 

—¿A nivel preventivo no se puede hacer nada?
—Hay una idea de una colega amiga, que se llama Ayelén Arcos, que apunta a las radios de la colectividad boliviana. Los capos de la colectividad tienen muchísimas radios clandestinas. Desde allí se naturaliza esta forma de trabajo, mediante el discurso “somos todos bolivianos”, “acá el problema son los judíos, que nos imponen un pago que no nos permite laburar bien”, “La Alameda que nos denuncia”, “los jueces que nos expropian las maquinas”. Entonces, una autoridad del Estado, como el Afsca —ahora está disuelta—podría ir y hablar con los dueños de estas radios, que todo el mundo sabe quiénes son y decirles “miren muchachos, ustedes tienen radios clandestinas, que dan bastante guita, no les vamos a sacar las radios, pero tienen que pasar este spot cada una hora; un spot que les hable a los trabajadores sobre cuáles son sus derechos como trabajadores, y con información. Porque por ejemplo muchos no saben que pueden tramitar un permiso de trabajo y ese permiso los capataces obviamente les cobran más de lo que sale. Por ahí les piden 2000 pesos, cuando en realidad tienen que pagar 200. Entonces vos ahí podés hacer un spot, obligar a los capos de estas radios a pasar ese spot y que les hable a los trabajadores de frente.

 

—Ahora que decís esto, me parece mucho más lo preocupante de que un juez se haga cargo de esos argumentos y hable de un tipo de “cultura de trabajo” y a partir de eso deje de lado la ley. 

—Se habla de un “eximiente cultural”. Es lo que pidió la defensora Norma Bouyssou en este caso. Agarrándose de un fallo en el cual los jueces habían hecho lugar, la abogada decía que los tipos no estaban culturalmente capacitados para hacerse cargo de esa situación. Fue una situación lamentable. Adelante de todo el jurado decía “mírenlo” (señalándolo al tipo) “ustedes de verdad creen que él está capacitado para entender un cuadro de Edesur, que diga cuál es el consumo y que establezca cómo tiene que estar la instalación eléctrica. No está culturalmente capacitado para eso, “él viene de un pueblo endonde tiene una educación primitiva”. Así hablaba

 

—Vos decías que si hay un fallo quizá, aunque sean dueños de marcas chicas, puede sentar un precedente y decir miren lo que les pasó a estos tipos. ¿Con la modificación de la Ley de Trata en 2012 no pasó algo de esto?
—Durante un informe que preparé para el Ministerio de Trabajo, hice varias entrevistas a los dueños de las marcas, y los tipos reconocían que las empresas se preocupaban por la ampliación de las penas de la Ley de Trata. A partir de entonces, el dueño de una marca puede quedar preso por trata de personas. Eso significó una señal fuerte para las marcas y para los talleristas que en algún caso empezaron a hacer las cosas más prolijamente, aunque no tanto.