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esa promesa del techo propio

Urbanización Villa 20

Las retroexcavadoras remueven el suelo y Nilda las mira impávida. “Pensar que hace poco más de dos años esas máquinas se llevaban por delante todas nuestras casas”, dice y mastica bronca. Los ojos se le llenan de lágrimas, pero no de tristeza, sino de impotencia. La imagen todavía le queda grabada: cientos de familias intentando salvar desesperadamente lo poco que les quedaba; colchones, mesas, sillas, ropa, los juguetes de los chicos, incluso comida. Allí, en ese inmenso terreno de Villa Soldati, donde alguna vez se levantó el Barrio Papa Francisco, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó las obras de urbanización de la Villa 20. La primera etapa del plan comprende la construcción de 552 viviendas de un total de 1600. Supuestamente en la zona se avanzará en la apertura de calles, la instalación de servicios, la construcción de espacios verdes y toda la infraestructura necesaria para terminar de una buena vez por todas con la situación de “emergencia ambiental” que rige desde hace décadas. Sin embargo, los 27 mil vecinos que viven en el lugar todavía no tienen bien en claro qué pasará; es decir, no saben qué es lo que se hará, cómo se hará, en qué plazos y a quiénes beneficiará. Por eso aún hoy, pese a los anuncios y a las leyes aprobadas por la Legislatura, se mantienen expectantes, en estado de alerta, porque si de algo saben, es de promesas incumplidas.

 

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La realidad en el barrio sigue siendo la misma de todos los días, por ahora no cambió nada. En esos pasillos angostos, mitad de cemento, mitad de barro, apenas el 4 por ciento de las 9.119 familias tiene electricidad; el 25 por ciento, cloacas precarias; el 35 por ciento accede al agua potable y el 14 por ciento registra condiciones de hacinamiento crítico, según datos oficiales. Las construcciones se apilan, como en el resto de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, en pequeños edificios improvisados de dos o tres pisos —a veces más —, donde por lo general conviven varias familias amuchadas en dos ambientes o piezas de cuatro por tres. “Es muy difícil vivir así. Imaginate que en estos días de mucho calor nos tenemos que despertar a las 5 de la mañana para cargar agua. La presión en el barrio es muy mala, entonces en cada casa, cada familia tiene que madrugar para cargar los tanques o llenar baldes para el día”, cuenta María del Carmen, que vive en la manzana 28 y es integrante de la Corriente Villera.

 

La referente barrial llegó hace 22 años de un pueblo muy chiquito de Santa Fe: San Agustín. Allá, cerca del Mercado Central, “todo era casa de chapas y cartón”, recuerda. Viajó a Buenos Aires con la idea encontrar trabajo y mejorar su situación personal. Para eso, todavía la pelea. “Hace años que estamos luchando por la urbanización, pero en la villa todo sigue igual. Muchos vecinos deben vivir en malas condiciones, con pozos ciegos y rejillas que se rebalsan, cables colgando que son un peligro, sin acceso a la salud, a la seguridad, a la educación; eso demuestra que para el Estado nosotros somos un número”, sostiene.

 

En el barrio, debido el crecimiento poblacional y a la expansión de los últimos años, algunas manzanas están peor que otras. Los vecinos coinciden que las zonas “más complicadas” o “más saturadas” son las que se encuentran junto al terreno de Fernández de la Cruz, entre Escalada y Pola, donde durante años funcionó un “cementerio de autos” de la Policía Federal, que llegó a albergar a unos 7000 vehículos relacionados con distintas causas judiciales. Allí, en febrero de 2014, cuando el predio fue liberado, unas 500 familias lo tomaron en busca de una solución habitacional y lentamente le dieron forma al Barrio Papa Francisco. El desalojo, seis meses después, mostró la peor cara del Estado de derecho: bajo la excusa de realizar un allanamiento destinado a desbaratar una supuesta “mafia de narcos”, la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional corrieron a los vecinos a palazos y los dejaron sin nada.

 

Fotografía: Anita Pouchard Serra

A partir entonces comenzó un tortuoso recorrido de promesas que desembocó en el proyecto de urbanización aprobado por unanimidad en la Legislatura el 24 de noviembre pasado. No fue la primera vez que el Poder Legislativo se comprometió a realizar obras en la Villa 20. En 2001, a través de la ordenanza N° 44.873, el Concejo Deliberante de la Capital Federal creó los Distritos U31 que otorgaron una zonificación a cada una de las villas y ordenó al Poder Ejecutivo, en un plazo de 60 días, a elaborar proyectos de urbanización específicos para cada una de ellas, entre ellas, la Villa 20. Pasaron los dos meses y cuatro años más, y la noche del 11 de agosto de 2005, los legisladores de la Ciudad volvieron a comprometerse en vano a atender la situación de emergencia ambiental y sanitaria de Lugano al aprobar la Ley N° 1770. El reloj corrió y en 2008, en lugar de llevar el tema a la Justicia, los legisladores volvieron a impulsar otra Ley, la N° 2724, que declaró la emergencia de infraestructura del barrio por 365 días. Se cumplió el plazo y no se realizó ninguna de las obras contempladas. Ahora, los vecinos esperan que la situación cambie y que el desenlace final sea otro.

 

Diosnel Pérez llegó a Lugano en 1987 y fue uno de los primeros vecinos en construir en la zona. Recuerda que esos años no fueron fáciles: “Esto era todo un terreno de pastizales, y nosotros construíamos de a poco. De repente, de un día para otro, venía la Montada y destruía todo lo que habíamos hecho”. Era la época posterior a la última dictadura. Desde entonces, el responsable del comedor comunitario “21 de Septiembre” —que alimenta a más de 100 chicos y chicas por día— vio pasar Gobiernos de todos los partidos y hasta ahora ninguno urbanizó. “Espero que algo cambie, pero veo la difícil. Yo festejé la sanción de la Ley 1.770 y nunca se cumplió. Los vecinos, por experiencia, no estamos seguros que los funcionarios cumplan con lo acordado. Las cosas que ha hecho siempre el Gobierno fueron a medias, lo que hicieron fue hacer pequeños parches; así que vamos a ver qué sucede”, señaló.

 

El nuevo plan de urbanización dejó sin efecto los proyectos anteriores para los que se dictaron partidas presupuestarias —correspondientes a los Presupuestos 2014 y 2015— y propuso encarar un proyecto de cero. El nuevo desarrollo urbanístico elegido está basado en un diseño presentado por los arquitectos Beatriz Pedro y Miguel Estrella y costará 730 millones de pesos en la primera etapa, según informó ANccom (la agencia de noticias de la carrera de ciencias de comunicación de la UBA). Para financiarlo, el Gobierno pedirá créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y realizará fideicomisos en el ex Parque de la Ciudad, donde se está construyendo la Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud de 2018 —de hecho el nuevo proyecto de urbanización se votó en simultáneo—. Para realizar esas obras, planea vender 36 hectáreas de tierras públicas a través de la Corporación Buenos Aires Sur; y el 50 por ciento de los ingresos por la cesión de terrenos a firmas privadas se utilizarán para urbanizar la villa.

 

“Es raro, porque el macrismo ahora dice que va a urbanizar el barrio, pero al mismo tiempo nos enteramos que detrás hay negocios inmobiliarios que no sabemos adónde van. Esperamos que alguien del Instituto de la Vivienda venga al barrio y nos explique mejor, porque hasta ahora muchos de los vecinos de acá adentro no tienen idea lo que se va a hacer”, asegura Nilda. Según consta en el proyecto oficial, el Gobierno propone realizar 1600 viviendas para 2019. Las obras se llevarán a cabo en varias etapas, la primera se desarrollará en tres tramos en el predio del ex Barrio Papa Francisco (de a 184 casas por módulos tipo monoblock) y las 1048 restantes comenzarían a edificarse recién una vez que terminen las 552 viviendas iniciales. “Va a ser una arquitectura quirúrgica, en la que queremos reconocer la historia y tener en cuenta el estado de las construcciones más delicadas. Hay familias con 40 años en el lugar”, aseguraron desde el IVC, consultados sobre el avance de las obras de urbanización.

 

La Carbonilla voluntariado

En simultáneo, este proceso comprenderá el trazado y la apertura de calles para avanzar en la integración del barrio al circuito urbano de la ciudad. En principio, se extenderán las calles Chilavert, Araujo y Corvalán para que desemboquen en la avenida Fernández de la Cruz. Luego se irá alcanzando el resto de las manzanas hasta abarcar la totalidad de la villa. Sin embargo, el proyecto no es del todo claro, y los vecinos creen que a futuro se debe planificar mejor.

 

“Por ejemplo, para extender algunas de estas primeras calles es necesario demoler algunas viviendas —se estima que más de 70—”, explica Nilda. A las familias afectadas por las obras, “les dijeron que las relocalizarían, que les darían una nueva casa en otra parte del barrio, pero no les brindaron información que esa”, agrega. Sobre este punto, algunos vecinos denuncian presiones por parte de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. “A varios les ofrecieron una especie de subsidio para que se puedan mudar a otro lugar. Y a compañeras bolivianas les han dicho que si no aceptan irse de sus casas podrían deportarlas”, denunció Victoria, referente de la Corriente Villera y del colectivo La Dignidad.

 

El miedo de muchos es que suceda lo que le sucedió a varias familias del Barrio Papa Francisco. “Vinieron, nos hablaron, nos prometieron de todo y ahí están, muchos vecinos tienen papeles, documentos, todo firmado y jamás les han dado nada, jamás les dieron un terreno”, dice María Rosario, que lleva diez años en la villa y fue delegada de la toma. “Es difícil que haya confianza entre los vecinos después de todo lo que hemos sufrido. Del Barrio Papa Francisco nos sacaron como a animales. Nos echaron, nos rompieron nuestras cosas y nos mandaron a cuartos de tres por tres, a la casa de algún vecino o alquilar ¿Vos te imaginás dónde quedan las ilusiones de tener un techo propio después de todo esto?”, se pregunta.

 

María Rosario vive en un cuarto de la manzana 28 junto a sus tres hijos. Por 16 metros cuadrados paga de alquiler por mes 3500 pesos. Es sola y se las arregla como puede. “No tengo nada. No estoy en una cooperativa. Y apenas llego a los 5000 pesos mensuales”, cuenta. Junto a sus compañeras de la Corriente Villera está intentando armar un comedor para poder darles algo de tomar o de comer a los pibes del barrio. “De a poco nos vamos animando, estamos tocando puertas para conseguir lo que necesitamos. Acá, como se ve, hay muchas necesidades, por eso es importante que los vecinos se organicen y decidan cómo quieren vivir sino para el Estado siempre vamos a ser marginados, a un costado”, analizó.

 

En el proyecto de urbanización de la Villa 20 se ve algo de esto. Se creó una Mesa de Gestión Participativa, integrada por los delegados, referentes del barrio y representantes del IVC y la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Humano para debatir y analizar los distintos puntos del plan de obra, pero la Mesa sólo es de carácter deliberativa. Las decisiones parten de los funcionarios y los vecinos sólo opinan. Esto es algo que se repitió en la mayoría de los proyectos de urbanización que entraron a la Legislatura, sólo en el Playón de Fraga las organizaciones lograron algo distinto a raíz de la presión de los vecinos. “¿Cómo no vamos a ser parte de este proceso? -resalta Rosario- Está bien, ellos vienen, hablan, hacen censos, nos escuchan, pero después las decisiones las toman ellos. Nosotros tenemos derecho a decir en qué condiciones queremos vivir, de qué manera, qué calles queremos que se abran, cómo queremos nuestras casas y cómo queremos que sea el barrio”.

 

El proceso de urbanización recién comenzó y por el momento genera más dudas que certezas. Los vecinos están a la expectativa, aunque saben que está vez tienen una carta a su favor. “La ley está, el proyecto se votó y las obras parecerían estar a punto de arrancar. Entonces, por ahora no nos queda más que esperar. Defenderemos lo nuestro y pelearemos todo lo que sea necesario como lo hemos hecho siempre. Los que vamos a vivir acá somos nosotros; nosotros no hacemos política ni especulamos, nosotros lo que queremos es que se urbanice la villa, por el futuro de nuestros hijos, por el bien de todos y para vivir como nos lo merecemos desde hace tiempo, no sólo la Villa 20 sino todas las personas que pisen este suelo”, dice Nilda.

 

Nº de Edición: 1695

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