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“la deuda que la democracia tiene con las mujeres”

legalización del aborto

Montaje: Catita Arroz

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó hoy, por sexta vez en casi una década y con el apoyo de la mitad de los diputados que en 2014, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso nacional. Que se presente por sexta vez significa que los legisladores nacionales decidieron dejar pasar las cinco oportunidades anteriores que tuvieron para debatirlo y convertirlo en ley. No quisieron hacerlo. “En un momento en el que paradigma de los derechos humanos es indiscutible, el tratamiento de la despenalización del aborto se vuelve urgente e inevitable”, sentencia Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

 

Tiene más sentencias Romero, cuya área de trabajo específico es la mortalidad materna, en relación con la necesidad de que el Poder Legislativo nacional despenalice el aborto, que son interesantes leer bajo el filtro de algunas cifras oficiales que permiten graficar la situación nacional en relación al tema: son 500 mil las mujeres que abortan por año y 80 mil las que deben ser hospitalizadas por sufrir complicaciones durante ese procedimiento,  principal causa de muerte de mujeres gestantes en el país. “Son todas muertes evitables”, advierte Romero en este sentido, y completa: “Prevenir las consecuencias de un aborto inseguro es mucho más económico, más justo y equitativo. En esa perspectiva está toda la fundamentación para poder avanzar en el debate del proyecto de ley”.

 

—A la luz de estas estadísticas, ¿cómo evaluás la situación de Argentina en relación con el aborto?
—Lo primero que hay que decir es que la situación de la Argentina es muy atípica. No hay otro país de América Latina con las características de Argentina en el que el aborto sea la primera causa de muerte de las mujeres en gestación. Somos un país en el que el acceso al sistema de salud es relativamente bueno y en el que la mujer que muere por complicación en un aborto es una mujer sana que fallece a consecuencia de interrumpir un embarazo de manera insegura. No estaba enferma previamente. Mujeres sanas que mueren por algo totalmente evitable, lo cual nos ubica en una situación de emergencia. En Argentina la práctica del aborto es extendida, situación que comparte con el resto de los países de América del Sur, uno de los continentes con mayores tasas de aborto por mujeres en edad fértil. Hablamos de una práctica extendida en el sentido de que atraviesa a todas las clases sociales, todas las edades, todos los territorios del país. Sin embargo, el aborto en condiciones inseguras, el que tiene secuelas para la salud y la vida, lo tienen las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad social. En esa perspectiva radica toda la fundamentación para poder avanzar en el debate del proyecto de ley.

 

—¿Cuáles son las variables que intervienen para que el aborto sea la principal causa de muerte de mujeres gestantes?
—Cuando hablamos de aborto como causal de muerte hablamos de abortos realizados en condiciones no seguras. Esta clase de aborto como causal de muerte es diferente a cualquier emergencia obstétrica, que son complicadas (hemorragias post parto, por ejemplo). Prevenirlas no es sencillo. Pero prevenir las consecuencias de un aborto inseguro es mucho más justo y equitativo, y más económico incluso. La práctica de interrupción del embarazo está presente en Argentina desde hace mucho. De hecho, fue lo que permitió que Argentina fuera un país de baja fecundidad desde inicios del siglo pasado. En los años 70, las mujeres de México tenían, en promedio, casi siete hijos. Las de Argentina, dos hijos y medio. Desde entonces, las argentinas regulaban su fecundidad, aún sin métodos anticonceptivos no tan eficaces como los que tenemos hoy. Y si no, preguntémosle a nuestras abuelas, a las tías, a las madres. En cuanto a métodos anticonceptivos, hoy las cosas cambiaron, ya que hay más y son más efectivos. Entonces, una esperaría que menos mujeres tengan que recurrir al aborto, menos aún en condiciones inseguras. Pero juegan otras variables.

 

-¿Y las políticas públicas?
-El programa de salud reproductiva aparece recién como política pública a inicios de 2003. A pesar de que lo hay y muchas de las provincias tienen muchos programas que funcionan, las mujeres no necesariamente acceden al método anticonceptivo que desean y no necesariamente lo hacen contínuamente: Hay muchas que piden una ligadura tubaria (ligadura de trompas) y deben atravesar muchos obstáculos para llegar a conseguirla o van a buscar el método anticonceptivo y no lo encuentra o no se lo dan, entonces corta el tratamiento y queda embarazada. Además, los métodos son más efectivos, sí, pero fallan igual a veces. Por otro lado, las condiciones en las que una mujer se embaraza no siempre son las óptimas: hay situaciones de coerción, abusos, violencia, cambio en la situación de sus vidas.

Fotografía: Gala Abramovich.
Fotografía: Gala Abramovich.

 

—¿Podemos plantear que existe conciencia en las mujeres respecto de ser dueñas de nuestra propia fecundidad que no es acompañada de manera correcta por políticas públicas?
—Definitivamente las mujeres están más empoderadas en cuanto a decidir autónomamente lo que desean de su futuro, de su vida. Ahora, también deben cargar con el peso del estigma social, del mandato. No la tuvimos ni la tenemos fácil. Hay ausencia del Estado en cuanto al aborto voluntario, por supuesto: es una opción bloqueada por el propio Estado. Ahora, en cuanto a los métodos anticonceptivos, lo que falta es la oferta de mecanismos facilitadores de esa autonomía. Allí, al igual que en la aplicación del Protocolo de Atención a las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, el Estado falla por omisión. Las situaciones en las que el aborto está contemplado como una alternativa son las mismas que existían hace casi 100 años. Sin embargo, hace poco hemos aprendido que son causas válidas y ha habido signos importantes —las guías de atención al aborto no punible que tienen el Ministerio de Salud de la Nación— son signos importantes de avance en este sentido. El Código Penal no cambió, es exactamente el mismo. Lo que ha habido fue un empoderamiento de la sociedad civil respecto de hacer que la ley se cumpla, casos difundidos que pusieron muy evidencia que la ley no se cumplía y un movimiento de mujeres con una agenda que finalmente se puede plasmar, muy despacio. Eso hace que la de hoy sea una situación sustancialmente distinta a la de diez años atrás.

 

—Es la sexta vez que se presenta el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué considerás que nunca antes se debatió?
—Los legisladores siguen argumentando que la sociedad argentina no está madura para este debate, pero, al igual que un montón de gente, no coincido con este argumento. Por algo se continúa presentando el proyecto, por algo las encuestas muestran que al menos la mitad de la población está a favor de la despenalización del aborto, esto es: que una mujer no vaya presa si decide interrumpir su embarazo. El debate social ha crecido muchísimo en torno del aborto, a pesar de que aún están fuertes los argumentos que evidencian la falta de confianza que nos tienen. Recuerdo cuando, a propósito del fallo de la Corte Suprema sobre los alcances del aborto no punible, oía el “y ahora van a venir todas a decir que las violaron para pedir abortos”. Eso es no tener confianza en las mujeres, tratarnos como mentirosas, ser incapaz de ponerse en los zapatos de una mujer violentada. Pese a eso, es notorio como hoy la gente participa, toma posición. Decir que la sociedad argentina no está madura no es un argumento certero. Los legisladores tienen el temor de que debatir esto quite votos y no terminan de entender que no es así. Desde el CEDES junto a Amnistía internacional hicimos una encuesta de opinión pública en 2015 que demostró que el 80 por ciento de las personas encuestadas querían que esto se debata en el Parlamento. No le estamos pidiendo aprobación, que voten a favor. Lo que pedimos es que se debata.

 

—¿Creés que las condiciones políticas actuales vuelven más difícil el tratamiento parlamentario? En 2014, el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados con el apoyo de 64 diputados de todo el arco político. Hoy lo hizo con la firma de 34.
—Yo espero que muchos legisladores que entienden que el paradigma de los derechos humanos es el paradigma que van a sostener en las sesiones del Congreso comprendan que  aplica también para este proyecto de ley. En un momento en el que paradigma de los derechos humanos es indiscutible, el tratamiento de la despenalización del aborto se vuelve urgente e inevitable. Este es un proyecto que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. Es un compromiso que nos deben, es una deuda que la democracia tiene con las mujeres, definitivamente. Hemos podido discutir proyectos de ley que también han tenido un debate fuerte a nivel social: matrimonio igualitario, identidad de género, ¿por qué no vamos poder debatir este?

Fotografía: Campaña Nacional por el Derecho al Aborgo Legal, Seguro y Gratuito.
Fotografía: Campaña Nacional por el Derecho al Aborgo Legal, Seguro y Gratuito.

—¿Por qué? ¿Qué los frena?
—El discurso católico, los compromisos partidarios… Pero no hay argumento que sea válido. Yo quiero que las mujeres puedan optar por interrumpir su embarazo en las condiciones que lo deseen con los métodos que lo deseen. No darnos esa posibilidad es no tenernos confianza.

 

—Existe el Protocolo, pero tenemos un ministro de Salud nacional (Jorge Lemus) que debió abandonar el cargo en la ciudad por intentar restringir este derecho; Juana, la nena wichí que quedó embarazada producto de una violación múltiple, no recibió a tiempo la posibilidad de abortar legalmente; la Justicia de Tucumán condenó a Belén por sufrir un aborto espontáneo, por solo mencionar los últimos sucesos en relación al tema. ¿Argentina retrocedió a nivel de derechos?
—El piso del reclamo es el cumplimiento de la norma vigente. De eso no se puede mover el ministro y tampoco podemos movernos nosotros. Y está en nosotros, ciudadanas y ciudadanos, exigir el cumplimiento de la ley. En la situación de Juana se muestran en crudo las sucesivas marginaciones a los que una mujer es sometida: una nena pobre, un pueblo originario de Argentina. En esa situación estuvieron su abuela, su mamá, su tía, su hermana. Es tremendo. Y la Justicia actuó en consonancia con todo eso: porque encuentra a los que la violaron, pero no hace nada; y el Sistema de Salud también, ya que ni siquiera se les ocurrió ofrecer la interrupción segura de su embarazo, el primer paso que deberían haber dado. Espero, para las próximas Juanas, que lleguemos antes. Ojalá que los adultos de la comunidad de Juana estén en mejores condiciones para exigir después de lo que le pasó a ella; que los equipos de salud que la asistieron ahora entiendan que hay una ley que debemos cumplir:  hubiera sido de ella y de un adulto que la acompañara la decisión sobre qué hacer con ese embarazo. De la misma manera tenemos que reparar la situación de Belén: en ese caso se violó la confidencialidad, el secreto profesional, pero la que está presa y condenada es ella.

 

—¿La ley evitaría situaciones como éstas?
—En parte, sí. Claro: tendríamos nuestro derecho reconocido en una ley. Pero las leyes si no se ponen en práctica carecen de efecto. Antes quizá no nos enterábamos. Porque me niego a creer que estas situaciones no ocurrían. El marco legal no cambió: cambió la sociedad, que hoy cuenta, denuncia, grita. Definitivamente una ley que legalice el aborto por decisión de la mujer hasta la semana 14 va a cambiar el escenario, pero necesitamos además equipos de salud informados y comprometidos, una ciudadanía que demande.

 

—¿Qué herramientas tiene que trabajar una política concreta destinada a reducir esta emergencia más allá de la ley de interrupción del embarazo?
—Lo primero es la información: las mujeres tienen que contar con la información que les permita saber y entender que hay prácticas seguras e inseguras. Parte de lo que grupos de mujeres y muchos equipos de salud del país están haciendo es dar información precisa sobre cómo interrumpir el embarazo en forma segura. Dar información es una obligación que tenemos los profesionales de la salud: es el deber profesional y ética de transparencia activa: estoy obligada como médica a informar sobre una ley que permite el aborto en determinadas circunstancias para intentar que cada mujer que se acerca al sistema de salud acceda a prácticas seguras y vuelva al sistema cada vez que lo necesite. Hablo de información sensible, brindada cara a cara: la consejería, la contención, el poder informar y asistir sin juzgar, sin sesgar y mantener las puertas abiertas.

 

—¿Debería plantearse esta reflexión a nivel de formación profesional?
—Sí, en los espacios de formación de médicos, de obstétricas, de las trabajadores sociales, personal de salud mental. Porque las mujeres sufren obstáculos, condena social, estigma, de parte de los diferentes integrantes del sistema de salud. No me sorprende que hoy sean en su mayoría los médicos más jóvenes los que hayan tomado el acceso al aborto seguro como parte de su tarea cotidiana. Porque se sienten más sensibles, porque son conscientes de que esa mujer que están aconsejando puede ser su compañera, su hermana, su prima, su amiga. Esa cercanía los hace tener una mirada más comprometida; en ellos se demuestra el avance del tema a nivel de conciencia social, algo que por supuesto no llega desde la formación formal, sino desde la calle, la militancia, el gran trabajo que hizo y hace la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Por eso insisto en que decir que la sociedad no está madura es una falacia.