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“los medios populares somos una molestia”

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Fotografía: Antena Negra TV

Una “molestia”. Así se sienten los integrantes de la cooperativa de comunicación que lleva adelante el canal de TV comunitario Antena Negra, y no es para menos: mientras siguen esperando que el Estado habilite de manera completa la participación del sector sin fines de lucro en el espectro digital de la televisión nacional, la Justicia federal revivió una denuncia que habían recibido de parte de la empresa de seguridad Prosegur y puso a algunos de sus integrantes y ex integrantes al borde de recibir condenas “por comunicar”. “Que nos procesen e imputen por hacer comunicación es un signo de retroceso a tiempos que habían quedado muy lejos, y si a eso le sumamos que el Estado sigue sin entregar el 33 por ciento del espacio radioeléctrico al sector comunitario de la comunicación solo nos deja una conclusión: nos consideran una molestia”, reflexionó Leila Lobos, integrante de Antena Negra TV.

 

El martes pasado fue el Día del Periodista, pero también el de la citación judicial a la que debió acudir la presidenta de la cooperativa, Antonella Benedetti, para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien la imputó hace poco menos de un mes por interferir en las comunicaciones de un organismo de seguridad: la empresa Prosegur. En ese mismo movimiento también procesó por el mismo delito al primer imputado de la causa, el ex presidente de la cooperativa Martín Sande —a quien el colectivo separó del cargo a principios de año por ejercer violencia de género—, quien quedó un paso más cerca de ser sometido a juicio oral, en el que afronta una pena que va de los 3 meses a los 3 años de prisión. Sande había sido sobreseído por Martínez de Giorgi en octubre pasado, pero la investigación que lleva a cabo el Juzgado federal en lo Criminal y Correccional número 8 dio un vuelco en marzo pasado, cuando la Cámara del Crimen le ordenó anular ese sobreseimiento y volver a investigar.

 

“El negocio que mantiene Prosegur con el Estado no puede pasar por encima al derecho de todxs de comunicar y mucho menos puede desembocar en comunicadorxs presxs”, denunció Antena Negra TV en la convocatoria a una movilización que realizó la semana pasada desde las oficinas centrales de Prosegur, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta las oficinas en donde hoy funciona el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que hasta enero pasado fueron las del organismo rector de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) —la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)— y del de la Ley de Argentina Digital —Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic)—. Los comunicadores de Antena Negra unifican la “nueva avanzada” de la Justicia en contra de sus integrantes y la “inacción eterna” del Estado “para hacer realidad el 33 por ciento” del espacio radioeléctrico para el sector sin fines de lucro que propone la LSCA en “la criminalización de los medios comunitarios”, remarcó Lobos en diálogo con NAN.

 

La integrante del colectivo invita a comprender la causa penal en contra de Antena Negra “en un contexto político en el que el Estado criminaliza las luchas sociales para neutralizarlas”. “En tiempos en que el Estado golpea fuerte y directo a trabajadores, como en Tierra del Fuego, o encarcela a movimientos sociales, como en Jujuy, tener un fallo en contra nos parece entendible, aunque por supuesto repudiable”, propone. En ese sentido, reclama la devolución de los equipos que permanecen alojados en el Enacom por orden judicial, el fin de la causa penal y “un espacio en el aire”.

 

Es que la bendita licencia es el punto de origen del conflicto: Antena Negra no la tiene. Con lo cual, a los ojos de la Justicia, tampoco tuvo ni tiene aún derecho de ocupar una señal en el espacio radioeléctrico de la Televisión Digital Abierta (TDA) para transmitir. O mas o menos.

 

NO HAY ENEMIGOS CHICOS

 

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Fotografía: Antena Negra TV

El conflicto con Prosegur surgió en torno de la señal 20 de la TDA —de 69 canales— que la empresa de seguridad privada usufructúa desde los ‘90 —gentileza del expresidente Carlos Menem— para realizar comunicaciones telefónicas internas con las empresas que contratan sus servicios de seguridad —en su mayoría, bancos—. El beneficio tuvo fin en 2014, cuando vía decreto presidencial —el número 2456/2014—, y en el marco de la por esos tiempos vigente en su totalidad LSCA, la entonces presidenta Cristina Fernández determinó que todas las señales de la TDA debían dedicarse “exclusivamente al Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta”. En ese plan, Fernández conminó a la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal a “instrumentar las medidas pertinentes” para concretar tales destinos: es decir, se debía trabajar para sacar a todos los operadores que estuvieran haciendo uso de esas señales con fines diferentes a los televisivos comunicacionales y ponerlas a disposición de aquellos que sí los llevaran a cabo. En ese entonces, la presidenta apuntó que tales diligencias, en el caso del canal 20, debían ponerse en marcha “al momento de entrar en vigencia” el decreto.

 

“Cuando nos enteramos de ese decreto, empezamos a estudiar qué había en cada canal de la TDA, y especialmente nos fijamos en el 20 por la urgencia con la que la Presidencia ordenó que lo liberaran y lo ocuparan para comunicar. Vimos que estaba libre y lo tomamos”, explicó Lobos. Empezaron a transmitir “a prueba”. Pero Prosegur no se había ido. “La empresa le pagaba a la Afsca por seguir haciendo uso de lo que no debía”, apuntó Lobos. En abril de 2015 denunció a la televisora comunitaria por interferencias. La causa, en manos de Martínez de Giorgi, llegó a su sumum abusivo en septiembre de ese año, cuando el juez ordenó el secuestro de los equipos de transmisión del canal comunitario que desarrolló la Policía Federal con destrozos en las instalaciones de la cooperativa, y bajó abruptamente el nivel de violencia al mes siguiente, cuando el juez sobreseyó a Sande. El magistrado respaldó su decisión en una presentación que, en el marco de la causa, había realizado en su momento la Defensoría del Público, que había insistido en “la no criminalización y despenalización de la causa, al considerar que la comunicación comunitaria no es un delito sino un derecho humano”.

 

En paralelo, ya corría el reclamo que la televisora había iniciado por la apertura de un concurso que le permitiera solicitar de manera formal una licencia para funcionar. Sin embargo, la vía administrativa recomendada por el juez no llegó a avanzar, porque los tiempos cambiaron. Prosegur apeló el sobreseimiento y, en marzo de este año, la sala 2 de la Cámara del Crimen, integrada por Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun, le concedió el recurso. “Le dijeron al juez que el sobreseimiento había sido prematuro”, detalló Lobos.

 

LA VÍA ADMINISTRATIVA

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Fotografía: Antena Negra TV

Antena Negra TV inauguró el pedido formal por una licencia ante la Afsca en junio de 2015, en pleno conflicto con Prosegur. Tras mucho caminar e insistir, las televisoras comunitarias Barricada TV, Urbana TV y Pares obtuvieron licencias para transmitir como emisoras de baja potencia, pero Antena solicita otra cosa: poder regularizarse como Licenciatario Operador de Alta Potencia, un concurso que en seis años de vigencia de la LSCA la Afsca nunca puso en marcha para medios sin fines de lucro. En la última respuesta que Antena Negra obtuvo de parte de ese organismo, antes de que fuera disuelto, hubo un reconocimiento, cuenta Lobos: “Dijeron que que no habían hecho el ordenamiento del espectro radioeléctrico porque eso requería de muchos recursos y de mucho tiempo y que lo iban a hacer, pero que había que tener paciencia”.

 

“Nuestra lectura política es que no es cuestión de falta de tiempo o recursos, sino de voluntad. Ordenar el espectro es decir quién está en el aire utilizando las señales a disposición. Por nuestro caso, descubrimos que para ocupar un espacio que no le correspondía, Prosegur le pagó al Afsca mes a mes. ¿Cuántos negocios así se caerían?”, plantean desde Antena Negra TV. En una reunión que los miembros de la cooperativa y representantes de otros colectivos de comunicación comunitaria y autogestiva mantuvieron allá por septiembre de 2015 con las autoridades de la Afsca, tras el violento allanamiento que había sufrido entonces, el organismo estatal se había comprometido a abrir ese concurso “cuanto antes”. Pero Mauricio Macri les ganó de mano y llegó a la presidencia antes de que el organismo dirigido por Martín Sabbatella profundizara la acción del Estado para que 33 por ciento del espacio radioeléctrico que la LSCA le otorga a los medios sin fines de lucro se hiciera realidad. Con dos decretos dinamitó la norma, disolvió el ente regulador, liberó a los medios comerciales para que avancen en la acumulación de licencias y a otra cosa mariposa.

 

Mantuvieron algunas reuniones con las autoridades del Enacom, como su titular Miguel de Godoy y uno de sus directores, Eber Martínez. Ambos les prometieron no intervenir en la causa, pero no cumplieron. En un comunicado, la televisora denunció que la Enacom “colaboró en la investigación permitiendo el avance hacia la nueva criminalización de la comunicación popular” a partir de la presentación de actas “en las que declara que Antena Negra TV interfiere la señal del canal 20 de la TDA como si no se hablara de un canal de televisión (para los cuales dicha frecuencia está destinada) y desconociendo el uso ilegal que hace de la misma Prosegur”.

 

Los comunicadores y comunicadoras de Antena prevén que, de no haber respuestas en cuanto a sus reclamos, terminarán demandando ante la Justicia al Estado, en este caso representado por el Ente de Comunicación Nacional.

 

LO QUE SIGUE

 

Mientras transitan con cautela el proceso judicial, el “medio que nació de las luchas sociales” —como definen al canal comunitario sus propios hacedores— volvió a invertir los roles en la calle, el escenario que más les gusta para hacer comunicación y la convirtió en su “herramienta política principal”. Allí, insisten en alertar no solo a la sociedad en general, sino también a los medios hermanos en el ejercicio de la comunicación sin fin de lucro: “La situación de Antena sienta un precedente muy peligroso, sobre todo si se llega a un juicio. Hay muchos medios en nuestra situación, sin licencia, pero más allá de eso, la cuestión acá demuestra otra cosa, demuestra lo que somos para los poderosos —reflexiona la comunicadora—. Los medios comunitarios rompemos el cerco comunicacional del poder, por eso molestamos. Al Estado también, por eso así nos consideran y así nos tratan, como una molestia”.