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el gran okupa argentino

clarín contra la tv popular

Fotografía: RedPac

La pantalla está en negro. Un vecino del barrio porteño de Devoto o una vecina que vive en Juan B. Justo y San Martín sintonizan el canal 33.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA). El zócalo dice “Barricada TV prueba”, pero no ven ni escuchan el mensaje de ese medio autogestivo. Tampoco acceden a las voces e imágenes emitidas desde el corazón de la Villa 31 por Urbana TeVé en el canal siguiente. Las dos señales son las legítimas licenciatarias de sus respectivas señales tras ser seleccionadas por concurso público el año pasado, pero están siendo interferidas, paradójicamente, por el Canal 13 del Grupo Clarín, que desconoce las resoluciones vigentes, se niega a mudarse al canal 35 al que fue reasignado y presentó, dèjá vu, una cautelar para solicitar la “inconstitucionalidad” del plan que ordena la televisión digital nacional.

 

Barricada y Urbana, junto con PAREStv de Luján, son las tres primeras experiencias televisivas comunitarias con licencias adjudicadas en la TDA. El camino comenzó en mayo de 2015, cuando se presentaron al único concurso público abierto en ese espectro para medios sin fines de lucro; continuó con un largo camino burocrático de evaluaciones, jurados de especialistas y propuesta de programación y siguió con la aprobación unánime por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la oficialización de las licencias al publicarse el 3 de diciembre en el Boletín Oficial. El último paso fue en abril pasado, cuando las televisoras presentaron las carpetas técnicas que restaban para iniciar la “pruebas de transmisión”. Para entonces, el contexto ya había cambiado.

 

Siete días después de que fueran formalizadas las primeras licencias para los canales comunitarios, Mauricio Macri asumió la presidencia y emitió dos decretos de necesidad y urgencia con los que intervino, primero, y luego eliminó a la Afsca y la Autoridad Federal para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) —entes de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la Ley Argentina Digital— para reemplazarlos por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo de facto con mayoría automática del Ejecutivo y en el que los sectores sin fines de lucro y universitario ya no cuentan con representantes —como sí los tenían en la Afsca, designados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca)—.

 

El macrismo modificó los artículos antimonopólicos de la Ley de Medios en favor de los grupos mediáticos y, aunque evitó tocar los referidos al 33 por ciento del espectro para los medios sin fines de lucro, los funcionarios de Cambiemos dejaron de hablar de la comunicación como derecho humano para proponer una nueva ley con “la defensa de la competencia” como guía y un “plan de negocios” como objetivo.

 

“Es un escenario muy malo respecto del panorama que tenía el año pasado el sector de los medios comunitarios. El gobierno de Macri está analizando cambiar todo lo que tiene que ver con la distribución del espectro y la digitalización, lo que nos impacta de manera directa, mientras que no tenemos representantes de nuestra voz dentro del Enacom. No podemos plantear nuestros problemas y no estamos siendo convocados”, evalúa Natalia Vinelli comunicadora de Barricada, una televisora que emite desde la fábrica autogestionada IMPA y desde allí espera llevar en “multiplex” la señal de Urbana TeVé.

 

Fotografía: Barricada TV
Fotografía: Barricada TV

 

VIENEN POR TODO

 

Los canales nacidos en los analógicos 13, 11 y 9, cuyas licencias fueron otorgadas en los ‘60 y pasaron la privatización de los ‘90, emitían de forma “experimental” a través de la TDA con autorización “provisoria” de la extinta Afsca, bajo la condición de que una vez resueltos los concursos para las nuevas emisoras “cesaran sus transmisiones” y se movieran a los canales que les fueran reasignados, que en reconocimiento de sus derechos les permiten continuar sus transmisiones de alta potencia, todo en el marco de un plan técnico nacional que para 2019 debería concluir con la digitalización del espectro televisivo y, así, permitir el “apagón analógico”.

 

“Uno de los problemas con la interferencia es que no podemos terminar el testeo, no sabemos hasta dónde llegamos. La transmisión tiene que llegar a 10,3 kilómetros a la redonda (baja potencia), pero el conflicto provocado por el Grupo Clarín genera un agujero negro”, describe Vinelli mientras en el cuarto piso del IMPA siguen los ajustes de los nuevos equipos y las correcciones entre el estudio renovado y la línea de control reequipada.

 

La puesta a punto también corre en el estudio de Urbana TeVé, el canal que se levanta en la casa 12 de la manzana 15 de la Villa 31, desde donde Milcíades Peña, periodista e impulsor del canal, conduce el noticiero diario. Mientras, Santiago Vivacqua, integrante del colectivo de comunicación televisiva, analiza la situación que enfrentan: “Los tres canales quedamos en un lugar de mucha responsabilidad, con la posibilidad de ser los únicos tres que pudimos obtener una licencia y la posibilidad de que todo vaya para atrás”.

 

Las puertas del Enacom, encabezado por el exfuncionario porteño y jefe de campaña de Cambiemos, Miguel De Godoy, se abrieron solo dos veces para escuchar el reclamo de los licenciatarios a pedido de la red de medios comunitarios y universitarios —Interredes—, que integran los canales. “No hay respuestas a nuestros reclamos”, resume Vinelli. El organismo nacido por decreto no ordena al Grupo Clarín que cumpla las resoluciones vigentes y libere el canal 33, pero sí firmó resoluciones —rechazadas antes por la Afsca o la Aftic— que habilitaron al multimedio a comprar Nextel; a su socio Fintech, la compra de Telecom o la asignación de una licencia de televisión digital a Editorial Perfil.

 

“Es incierto lo que pueden hacer. Una de las hipótesis es que le darán el espectro a las telefónicas”, señala la comunicadora de Barricada. Las declaraciones del secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici, sobre abrir Arsat al capital privado y calificar la televisión digital como un “mochila de plomo” ponen blanco sobre negro las sospechas. “Lo que están haciendo no es mejorar una ley porque quedó vieja o porque está desactualizada. Desarmaron por decreto una ley votada por el Congreso, de vanguardia en Latinoamérica y en el mundo porque iba en contra de los medios concentrados”, denuncia Vivacqua.

 

Las dos televisoras comunitarias a las que interfiere el Grupo Clarín mantienen otro peligro latente: a mediados de 2015, con el resultado de las elecciones en veremos, los abogados de Artear, la empresa emisora y productora del Grupo Clarín, solicitaron a la Justicia una medida cautelar contra todas las resoluciones de la Afsca respecto de las adjudicaciones y el reordenamiento de la grilla de la TDA. El recurso fue rechazado en primera instancia y está en la Sala I Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo. Sin embargo, el 11 de diciembre —sí, un día después de la asunción de Macri— el multimedio ratificó su pedido judicial contra el Estado —ahora representado por el Enacom— y solicitó la “inconstitucionalidad” de todo el proceso de digitalización. ¿Los argumentos contra los comunitarios?:

 

* Clarín considera que se afecta el “derecho adquirido” como licenciatario y una mudanza “forzosa” generaría costos económicos que la empresa no está dispuesta a enfrentar.
* Se opone a la regularización de los canales comunitarios por poner en “igualdad de condiciones” a los antiguos licenciatarios con medios que se manejaron en la “clandestinidad”.
* Denuncia como competencia “desleal” que los medios comunitarios sean considerados sin fines de lucro, ya que venden publicidad al igual que los medios comerciales.

 

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Fotografía: RedPac

 

“Se trata de un cinismo absoluto: ¿qué competencia económica puede tener un canal como Barricada TV con Canal 13?”, apunta Vinelli y analiza: “Judicializaron la Ley de Medios hasta que la Corte declaró su constitucionalidad, ahora avanzan por el lado de lo que correspondía a Aftic, la cuestión técnica”. Aunque el Grupo Clarín mantiene en stand by la carta judicial, frente al nuevo contexto político, Barricada TV se presentó en la causa como “tercero interesado”. “Nos afecta en nuestro ejercicio de la libertad de expresión y nuestro patrimonio económico”, advirtió Vinelli.

 

“Che en 33.1 está canal 13…. Que onda????”, se queja un televidente en el muro de Facebook de Barricada Tevé. Las cámaras del canal comunitario fueron a buscar una respuesta a la audiencia convocada por la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, donde expuso la directora del Enacom Silvana Giudici —exdiputada radical y ferviente opositora a la LSCA durante su debate y tras su aprobación—: “Excede lo que fue la regulación, les han gestionado un concurso sobre una frecuencia que estaba ocupada”, se despachó la funcionaria desconociendo las resoluciones vigentes. “Hoy no existe ningún motivo legal para que el Enacom no habilite a los canales comunitarios, sino que hay una decisión política de demorar la aplicación práctica de la ley”, advirtió el abogado de Barricada, Mariano Suárez.

 

RECONOCIMIENTO, FOMENTO Y DESPUÉS…

 

Hasta recibir la adjudicación de una licencia, el camino fue largo para los tres canales y para todo el sector, ya que la LSCA no discrimina entre un medio popular o una fundación empresaria en sus artículos destinados a los “sin fines de lucro”. Eso provocó que el primer concurso de licencias lanzados por la Afsca para las televisoras comunitarias quedara desierto por los altos costos de los pliegos que ofreció el organismo. El reclamo, el debate y la representación dentro del extinto Cofeca logró que se comprendan las particularidades de las comunitarias. Seis años después de la aprobación de la norma que confiere el 33 por ciento del espacio radioeléctrico a actores que trabajan la comunicación sin ánimo de lucro, en 2015, la Afsca comenzó a efectuar ese uso en el área audiovisual y abrió un concurso cuyo pliego significaron menores costos y reconocieron razones de ser de esos proyectos. Por ejemplo, no exigieron tener empleados a cargo, algo que choca de frente contra el modelo “sin patrón” de los medios autogestivos. “El pliego fue muy exigente pero realizable, antes directamente era restrictivo”, resume Vinelli.

 

No obstante, las radios y televisoras comunitarias habían logrado dar un primer salto cualitativo en el segundo semestre de 2013, cuando la Afsca hizo realidad el artículo de la ley sobre el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca). Esa inyección de recursos hizo crecer a un sector que “durante 30 años de democracia estuvo prohibido, sin reconocimiento, fomento o posibilidad de vender publicidad”, reconoció Vivacqua.

 

Desde la terraza del segundo piso de la casa, asociación y sede de la cablera de la Villa 31, donde funciona Urbana Tevé, con la autopista Illia de fondo, el integrante del primer canal villero sostiene otro de los reclamos urgentes del sector audiovisual sin fines de lucro: a pesar de que el decreto de Macri no barrió con el Fomeca ni sus fuentes de financiación, el Enacom mantiene impagos los últimos concursos del año pasado y promete sin cumplir el lanzamiento de nuevos concursos. Si sirve como mensaje de qué comunicación prioriza el Gobierno, el presidente Mauricio Macri anunció la semana pasada un Plan de Fomento de Producción Audiovisual —destinado principalmente a las productoras— en una reunión cerrada a la que invitó a Ideas del Sur, Endemol y al productor y nieto de Mirtha Legrand, “Nacho” Viale. Sin noticias del Fomeca.

 

Fotografía: RedPac

 

“Las expectativas para el sector no son buenas. Nuestro caso puede quedar como una experiencia que pudo legalizarse pero a nivel sectorial es contraproducente: un canal no lo sostenés solo, la ley exige un tercio de producción propia, un tercio de material de productores locales y un tercio de productores nacionales. Si vos no desarrollas a las productoras también, te quedás sin material”, señala Vivacqua y agrega: “Es un desafío muy grande. Por eso estamos trabajando desde una perspectiva sectorial: productoras, radios y revistas, para compartir conocimientos, contenido y experiencia que genere una sinergia en el salto de calidad. No creemos que esto pueda existir o crecer aislado de una reivindicación sectorial”.

 

La Afsca había realizado un “empadronamiento” de medios comunitarios para que estos pudieran acceder a los fondos del Fomeca. También había registrado a productoras audiovisuales independientes, pero el fomento no fue acompañado por el ordenamiento del espectro y finalizó la gestión kirchnerista con tres televisoras y unas pocas radios del sector sin fines de lucro con licencias, verdadero derecho hacia el usufructo del espacio radioeléctrico. Todas las ciudades grandes fueron catalogadas como ‘zona de conflicto’ —más medios en el aire de los que soporta el espectro— y no se realizaron los planes técnicos para reordenar la situación con sus respectivos concursos.

 

El fomento permitió que el sector accediera a equipos del nivel de calidad técnica que empatan a los comerciales y dejara atrás el estigma de una comunicación popular de baja calidad, pero “hubo un movimiento pendular entre ese fortalecimiento y la debilidad que supone que hayan sido tan pocos los canales legalizados. El fortalecimiento junto a la legalización nos hubiera vuelto un actor importante dentro del mapa de medios en la Argentina. Ése era el desafío que planteaba la Ley de Medios. Pero la norma estuvo a la izquierda de su aplicación”, lamenta la docente y conductora del noticiero popular de Barricada TV.

 

En el contexto actual, el horizonte vuelve a ser de resistencia: “La Ley de Medios es una ley de vanguardia, por eso queremos defenderla como piso del nuevo debate. No podemos ir para atrás en términos del 33 por ciento, la desmonopolización, la regulación de contenidos y la producción local”, señala el integrante de Urbana TeVé.