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“no les va a resultar tan fácil”

2x1 para represores

“Sin embargo, seguimos”, dice Graciela en voz alta, sentada en su casa. En la biblioteca con cocina, comedor y habitación que es su casa. Entre los estantes está el libro de los 20 años de la Cátedra de Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras, que fundó junto a Osvaldo Bayer y a la que acudirá horas después. Porque ella seguirá a pesar del fallo con el que la Corte Suprema habilitó la liberación de un represor condenado por secuestros y torturas a través del derogado beneficio del 2×1. Ella fue víctima del secuestro y la tortura de otros represores. La secuestraron en 1977. Fue torturada en la exEsma. Luego liberada bajo otra identidad. Los milicos la consideraron “recuperada” y quizá por eso sus documentos, cuando la mandaron al exilio forzoso en 1979, no decían Graciela Daleo. Menos decían “Viky”, su nombre de militancia montonera. Afuera comenzó su otra militancia, esa que no cesa aún hoy, la militancia por la Verdad. La “Viky” volvió a la Argentina, fue testigo del juicio a las Juntas, siguió la pelea tras las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y rechazó el indulto del menemismo. Declaró en Roma contra los genocidas en los ‘90, declaró en la Argentina contra los genocidas cuando, en 2003, la Corte que hoy ordena liberar, entonces ordenó nulidad de las leyes del “perdón” y se reabrieron los juicios contra los represores. Sintió “furia y profundísima amargura” cuando se enteró del fallo supremo de la semana pasada. Recordó a las Madres diciendo “no nos vamos a quedar con esto”. Este año cumplió 69, más de 50 como militante y, en octubre, 40 de su secuestro. Sin embargo, hoy posiblemente se levante, repase los diarios, haga sus recortes sobre las noticias de los juicios de lesa humanidad para acrecentar su archivo de memoria a la espera de más verdad y justicia, y marche con el mismo objetivo a la Plaza de Mayo a las 18. Porque “las conquistas hay que lograrlas y después seguir luchando para garantizarlas”, porque “Macri, entre las atrocidades que dice, habla de ocuparse de los derechos humanos del siglo XXI para dejar a los crímenes de la dictadura como crímenes del pasado y, mientras tanto, está violándolos todos”.

 

—¿Qué sensaciones te despertó el fallo de la Corte?
—Cuando supe me dio un ataque. Una combinación de furia y profundísima amargura porque el fallo pone en peligro lo que había comenzado con los juicios: el sentido de justicia, que nuestro pueblo empezara a saber hasta dónde caló la dictadura, que empezara a aflorar socialmente lo que había pasado antes del 24 de marzo del 76, que los desaparecidos teníamos una vida, una historia de lucha y de participación antes del golpe. Que todo eso también empezara a ser discutido colectivamente. Eso fue un alivio porque ya la obligación de la memoria, de guardar en el cuerpo todas las memorias, como escribió (Vicente) Zito Lema, iba a estar más repartido. Empezábamos a sentir que la responsabilidad que nunca nos habíamos sacado de encima empezaba a ser colectiva y eso iba a tener una trascendencia en la historia.

 

—¿Creés que eso va a cambiar?
—Este Gobierno apunta a dejar impunes a los genocidas. Macri habló de guerra sucia, de tragedia, como si fuera un fenómeno meteorológico. Lo de (el ex ministro de Cultura porteño Darío) Lopérfido me enfureció más porque se multiplica en el sentido común. Él dice que el de los 30 mil desaparecidos es un número se arregló en una mesa chica para cobrar subsidios, está diciendo que las organizaciones se inventaron a cambio de guita. Y recordé una muy buena respuesta que le dio Eduardo Luis Duhalde, entonces secretario de Derechos Humanos, a Graciela Fernández Meijide sobre el mismo tema. Porque esta campaña se retoma desde hace años. Duhalde planteaba que esa acusación implicaba que los organismos hubieran tenido la posibilidad de vislumbrar que iba a haber un juicio a las juntas, que iban a haber leyes reparatorias. De 30 mil venimos hablando desde la dictadura. Es tan absurdo, tan ofensivo. Creo que la intención es ir horadando la conciencia colectiva, o como decía (el ministro de Educación, Esteban) Bullrich, “les tiramos doce temas para que se entretengan con uno mientras les colamos los otros once”. Creo que hay que dar respuestas a todo y no perder de vista que son políticas de Estado.

 

Fotografía: Hijos capital.

—¿Considerás que este fallo es un indulto o una amnistía?
—No daría como consumado algo que todavía no ocurrió. Pero sí, creo que es otra de las infinitas formas que se han buscado a lo largo de los gobiernos constitucionales para acotar lo más posible el juzgamiento a los genocidas. Porque el juzgamiento fue producto de una demanda colectiva y no desde las instituciones. Lo que percibo es otra entrada que se está construyendo para reducir cada vez más el tiempo que los represores juzgados y procesados pasen en la cárcel. Como la ola de aplicación automática de la detención domiciliaria. Yo no comparto la idea de que “se mueran en la cárcel”; entiendo que hay garantías, hay derechos y quisiéramos que sean respetado para todos. Pero lo que no puede ocurrir es la aplicación automática como si la ley en lugar de decir “podrá” dijese “deberá”. Además, a aquellos a los que se le da domiciliaria, el Poder Judicial reconoce que no tiene recursos para controlarlos, con lo cual termina siendo libertad.

 

—¿La demora en la ejecución de los juicios se inscribe en esta línea?
—Muchos tribunales se están aggiornando al clima de época usando la variable del tiempo. El caso del juicio de Esma III es absolutamente paradigmático. (Empezó en noviembre de 2012). Hace un año y medio están alegando las defensas, cuando a las querellas nos dieron dos días. En el inicio del gobierno constitucional de (Raúl) Alfonsín, el poder político, el judicial, la Fiscalía, usó la variable del tiempo con la excusa de que el juzgamiento a los responsables de la dictadura sea “lo más rápido posible” porque teníamos que “mirar para adelante”, porque “los familiares y fuerzas armadas no pueden vivir en la incertidumbre de si serán juzgados o no”… Recordemos que a pesar de tener más de 8 mil denuncias, (el fiscal Julio César) Strassera decidió reducir a 700 los casos para exponer en el juicio a los comandantes para reducir el tiempo. Eligió los que tenían más prueba, los que eran paradigmáticos y otros argumentos. Se redujo el universo de víctimas y de imputados, y luego llegó el Punto Final para acelerar más aún. En aquellos años la variable se esgrimía a favor de los genocidas. Pero ocurrió lo mismo desde que se reabrieron las causas (con la nulidad de las leyes de impunidad). Desde entonces, la variable tiempo no se usa para apurar sino para estirar el proceso a la espera de un cambio político o la biología.

 

—Hay que ver también que el Poder Judicial fue el que menos autocrítica tuvo…
—El Poder Judicial es el más oscuro, el que no rindió ninguna cuenta del rol que ocupó durante la dictadura. Creo, y muchas manifestaciones lo demostraron, y el diario La Nación lo demostró también: estaban esperando un cambio político. Al producirse ese cambio de política, esta variable tiempo que busca estirar se intensificó. Todo se esconde detrás de supuestos argumentos humanitarios: son pobres viejitos, no tienen poder en las Fuerzas Armadas. Como si no estuviésemos hablando de que los procesos judiciales son solo eso. No, tienen que ver también con la construcción de una ética social. Que quede claro para la sociedad que aquellos que desde el ejercicio máximo del poder atentan contra la vida, roban niños, secuestran, torturan y matan tienen que ser juzgados y condenados. Los que mueren, mueren, pero la jugada actual apunta a los vivos. Porque no todos tienen 90 años: muchos son más jóvenes que yo, que tengo 69. Astiz tenía 25 años al momento del golpe. En un momento la edad también fue una variable para desresponsabilizar “pobrecitos, eran chicos, no sabían lo que hacían” y ahora “pobres viejitos, es una crueldad estarlos juzgando”. Cumplir años no te da impunidad.

 

—¿Y el pedido de reconciliación de la Iglesia?
—Claro, hay que agregarle el otro afluente a esta corriente que es la actitud y la militancia cada vez más activa que lleva adelante la jerarquía de la Iglesia católica. Tuvo sus picos en otros momentos, porque no en vano es el partido político más antiguo de la humanidad, y como tal, tiene políticas para todo. Pero ahora la jerarquía está tomando un rol cada vez más activo en torno a la propuesta de la “reconciliación”. Es absurdo y estúpido: ¿Quiénes se tienen que reconciliar con quiénes? No hubo una pelea entre dos grupos, entre dos bandos, no estamos peleando. Acá hubo una dictadura corporativo-cívico-militar que implantó un Estado terrorista, llevó adelante un genocidio. No hay que pensarlo como una categoría moral. Si decido perdonar al sujeto que a mí me hizo daño es una cosa entre él y yo. Pero éste es un problema político no un problema moral o sentimental. Yo no puedo perdonar en nombre de millones de argentinos. Mi propuesta es no poner condicionales a la “reconcialiación”. No es que podrá haberla una vez que haya sido juzgado hasta el último genocida, hayamos recuperado al último niño y hayamos encontrado los restos de nuestro último compañero. No la habrá y punto.

 

Fotografía: Telam.

—¿Cómo se supera un hecho así?
—Como la historia de la humanidad lo demuestre. Los pueblos cargan sobre sí tanto los logros de su historia como los horrores, atrocidades de la historia anterior. Así se construyen las genealogías de los pueblos. Así se construirá la historia de la humanidad. Desde hace algunos años se ha puesto sobre la mesa el genocidio de los pueblos originarios. Y se abrió la discusión a nivel social y académico. Lo que sucedió, sucedió, no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos.

 

—¿Por qué suponés que pasa esto ahora?
—Hay una escalada continua contra el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Fallos de la Corte, por un lado. Por otro, cosas que dicen explícitamente los funcionarios, que no son distracción sino ir construyendo un sentido común que corra de la subjetividad social colectiva el paradigma de los derechos humanos sobre el cual hemos sostenido muchas de nuestras luchas, aunque no puedo afirmar que todo el pueblo lo hubiera asumido. Me refiero no solamente a los crímenes de la dictadura sino a los delitos que vinieron después. Si se hace un recorrido de cómo se han ido organizando los familiares de las víctimas de gatillo fácil o casos de desapariciones durante los gobiernos constitucionales, se verá que esa organización antes no se daba. Esto tiene que ver con que nuestro pueblo hizo un aprendizaje y asumió que tienen derecho a tener derecho: Eso no es algo que lo conceda el Poder. Es tan importante la práctica que han asumido sectores de nuestro pueblo, como la familia de Iván Torres (víctima de gatillo fácil) que los ha llevado a recurrir a instancias internacionales.

 

—¿Cuál es el objetivo de esa intención de construir otra subjetividad social?
—Un cambio de eje en la mirada. La mirada de este Gobierno en torno al proceso de Memoria, Verdad y Justicia y en torno a quiénes son las víctimas de este sistema que estamos viviendo es diferente a la de otros momentos. Hoy no son los asesinados por la violencia policial, no son las mujeres asesinadas producto de la violencia machista; hoy las víctimas son los gendarmes que balearon a los pibes en la murga del Bajo Flores o el hombre que mató al ladrón que intentó robarle. El victimizado no es aquel que sufre el accionar ilegal del aparato estatal sino aquellos que ejercen esa violencia. Combinaría esta cambio de eje con otro que propone el Gobierno en su intención de volver a confundir los conceptos de Defensa nacional y Seguridad interior. Eso a los más viejos nos suena a Doctrina de Seguridad Nacional. Discursos de Macri frente a las fuerzas armadas diciéndoles que van a necesitar contar con ellos para combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, que son delitos que se cometen en el país y deben ser perseguidos con el Código Penal, no con las fuerzas armadas. Estos cambios de eje están acompañados de medidas concretas y de objetivos, como el de limar lo preestablecido. No le va a resultar tan fácil. Las movilizaciones de marzo nomás muestran que hay sectores de nuestro pueblo que tienen muy a flor de piel y arraigado los conceptos de derechos humanos.

 

—¿Encuentra efectos del fallo que superen el ámbito de la memoria, la verdad y la justicia?
—Me pregunto qué viene después de esto. Más allá de lo que vaya a hacer la Corte, cuánto más viento en la camiseta les insufla esto a los que reprimen, a las policías que nos paran por la calle y también a los funcionarios civiles de este gobierno que pueden decir y hacer cualquier cosa, mentirnos con total cinismo. Todo en combinación con los medios de comunicación. Las palabras tienen mucho peso, y acá hay palabras acompañadas de acciones políticas. En un seminario de Filo (en el marco de la cátedra libre de Derechos Humanos de la que es docente) una compañera que analizaba la situación en Jujuy tras la detención de Milagro Sala planteaba como afloró un sentimiento anti Tupac Amaru (la organización que Sala dirige) en sectores que incluso se beneficiaron con la construcción de ese movimiento. Hay ambigüedades en las conciencias individuales y colectivas. Cuando una política de Estado juega a favor de derechos, esas ambigüedades se vuelcan hacia un lado, la otra queda dormida. Ahora, cuando se transforma en política de Estado la agresión a las conquistas populares las ambigüedades juegan para el otro lado. Acá se empezó a torcer la política de Memoria, Verdad y Justicia hacia el negacionismo, se señaló a las organizaciones de derechos humanos como estafadoras, se trabajó para recuperar la teoría de los dos demonios, lo cual puede llegar a torcer conciencias ambiguas. Contra ese sentido común hay que batallar día a día.

 

—¿Es el mismo contra el que tuvieron que batallar en los ‘90?
—En aquellos años, incluso durante el gobierno de Alfonsín, así como tuvimos una plaza llena en Semana Santa de 1987 también hubo muchos que aplaudieron las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Son subjetividades colectivas distintas la de entonces y la de hoy. La de hoy tiene a favor una cuestión generacional como primera ventaja en la pelea contra el sentido común que el Gobierno intenta poner como dominante. Tenemos generaciones que han nacido bajo gobiernos constitucionales y han disfrutado del ejercicio y goce de derechos a los que mi generación no estaba acostumbrada, como la naturalidad de salir sin documentos a la calle. Los principios de los 90 se vivieron como una gran derrota. Por que sacarte el terror de encima, y no sé si alguna vez uno se lo termina de sacar, costaba. Además también pesó el desencanto democrático. Sin duda, los organismos quedaron muchos más solos entonces que ahora.

 

—¿Se puede revertir el fallo?
—Como decían las Madres en sus aniversarios, no nos vamos a quedar con esto. Hemos revertido otras decisiones y fallos con la lucha. Una cosa sería estar hablando en el año 91 o 92 cuando parecía que nada más se podía hacer y, sin embargo, seguimos; y hoy estamos discutiendo que le aplican el 2×1 a uno de los más de 500 condenados. Hay jueces que advierten ya que no va a ser de aplicación automática porque la Corte hace caso por caso, pero todos irán corriendo a pedir la aplicación. Los que tienen incorporado que hay que ponerle límites al poder del Estado en cuanto a las agresiones a la ciudadanía, espero que conserven esa postura a pesar de todos estos golpes. Que sigan manteniendo y acrecentando lo que se expresó en miles y miles el 24 de marzo.

 

barro@lanan.com.ar
 
Nº de Edición: 1733