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¿qué pasó con massar ba?

un crimen en la comunidad afro

Fotografía: Guido Del Patto / Agrupación Xangó

El cruce de las calles México y San José de noche es puro silencio. Los negocios bajan las persianas, las casas apagan las luces, cierran sus ventanas y en la cuadra no queda un alma. La madrugada del 7 de marzo, allí, fue hallado gravemente herido, tirado en el suelo, el activista senegalés y defensor de la comunidad afro-descendiente Massar Ba. Tenía politraumatismos en el cráneo, las piernas, el estómago reventado y fractura de cadera. Un vecino que lo escuchó pidiendo auxilio, cerca de las 5 de la mañana, llamó al 911. La Policía llegó al lugar pero lo único que hizo fue pedir una ambulancia al SAME: no inició actuaciones ni levantó pruebas ni labró un acta. Massar fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde fue operado en dos oportunidades y su cuerpo no resistió: murió de un shock hipovolémico. Recién entonces se inició una causa penal para averiguar qué es lo que había sucedido. La Comisaría 8° volvió al lugar, aunque ya era demasiado tarde: habían pasado 48 horas.

 

Las organizaciones que nuclean a la comunidad afro en el país desde hace cinco meses exigen Justicia. No quieren que el crimen de Massar quede impune. “Necesitamos que el caso se esclarezca. Tenemos que saber. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? ¿Ante qué circunstancias? ¿Quiénes estuvieron con él hasta el último momento? Queremos justicia, sea como sea”, clama Miriam Gómez, de la Sociedad Caboverdiana. Todas esas preguntas aún no tienen respuesta. Como Massar no tiene familia en el país y Senegal no cuenta con representación diplomática, la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA) se presentó como querellante en la causa. Ese pedido fue denegado en tres oportunidades. La respuesta de la Justicia se centró en dos cuestiones: ARSA no especifica en su estatuto que está conformada para litigar y lo obrado hasta el momento en la etapa de instrucción no refleja que “el caso tuviera un eventual vínculo supuesto de discriminación (NdeR.: racial) o de violencia institucional”.

 

Sin embargo desde el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires sostienen lo contrario. Luis Duacastella, defensor adjunto en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, afirma que en la causa “hay una matriz de racismo, xenofobia y discriminación” desde el principio. “La causa está llena de irregularidades. La Policía no interviene con rapidez. El oficial de servicio de la Comisaría 6° que acude al llamado del comando radioeléctrico no inicia una investigación por lesiones. No hace averiguaciones, lo que hace que se pierdan rastros y evidencias. Frente a la requisitoria del fiscal, más de una semana después, envían una hoja suelta en la que está todo lo que se hizo esa noche y entre ello se lee que ‘a las 5 am fue desplazado un masculino pidiendo auxilio en la calle y que como no presentaba lesiones (sic) fue llevado a la atención médica del SAME’. Algo increíble, porque la autopsia determina que Massar murió a causa de una hemorragia por una fractura de cadera libre expuesta, una de las dos urgencias traumatológicas más graves que exigen una operación inmediata”.

 

Fotografía: Agrupación Xangó
Fotografía: Agrupación Xangó

Y prosigue: “Recién ahí la médica a cargo del servicio de cirugía hace la denuncia penal. Y la Comisaria 8° (que corresponde a la jurisdicción del Hospital Ramos Mejía, no del lugar donde fue hallado) comienza otra investigación defectuosa. No incluye los videos de las cámaras que estaban en la zona, no hacen averiguaciones, no descubre que Massar vivía en frente en una pieza alquilada y había ingresado a un domicilio ubicado exactamente en el mismo lugar donde fue hallado. No descubre que Massar murió por haber caído —no sabemos en qué circunstancias— del balcón del primer piso de esa vivienda, ni que su celular, su billetera y sus llaves estaban en su habitación. Toda esa información se derivó del trabajo de los residentes senegaleses que fueron a la zona, preguntaron, averiguaron y recogieron datos. Esto, a las claras, nos habla de una discriminación estructural. La policía no actuó de la misma manera que hubiera actuado con un ciudadano argentino o un residente que no fuera afro”.

 

En los Tribunales, la situación no varió.

 

La investigación recayó en la Fiscalía de Instrucción Criminal N°7, a cargo de Justo Rovira, quien figura en calidad de civil en la lista de integrantes del Batallón 601 —bajo el legajo R 1208 con categoría C-C3-IN14, que encuadraba a los “agentes secretos”—. Luego pasó al Juzgado de Instrucción N° 35, del juez Daniel Osvaldo Rappa, que analizó el caso de gatillo fácil de Lucas Cabello, en el que dictaminó “legítima defensa” de parte del cabo Ricardo Ayala. Por el momento, en el caso de Massar, no hay imputados y, hasta donde se sabe, la causa sigue caratulada como “muerte dudosa” a pesar de que la autopsia no muestra heridas defensivas —siempre según fuentes judiciales, debido a que la querella no tiene acceso al expediente y la investigación se maneja bajo un gran hermetismo—. De acuerdo a lo que pudo averiguar NAN, en el último mes, el fiscal Rovira quiso avanzar en la identificación de un supuesto agresor de Massar, pero la medida fue denegada por Rappa. “No sabemos por qué, porque no nos permiten el acceso a la causa. Por eso vamos a seguir insistiendo que nos acepten como querellantes para hacer un seguimiento y que la Justicia adopte las medidas que creemos necesarias y nos parecen indicadas”, comenta Ndathie Sene, presidente de ARSA.

 

Mientras tanto, el tiempo pasa.

 

***

 

Massar llegó a Buenos Aires en 1995 con un visado de turista que tramitó en Dakar. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, hotelería y gastronomía. Se casó, se separó y tuvo una hija que vive en Senegal. Pese a su nivel de instrucción, en los primeros años en el país tuvo que rebuscárselas, trabajando de lo que pudo en medio de la crisis: fue vendedor, empleado en cadenas hoteleras, gestor, se dedicó a la cultura y, a medida que fue conociendo a otros compatriotas, avivó su militancia y se convirtió en un activista. Como reconocimiento a su labor, llegó a ser director de la Casa de África en Argentina. “Siempre luchaba por el color negro. Cuando algún senegalés llegaba a la Argentina, Massar lo recibía y le indicaba cómo conseguir un alquiler, cómo ponerse su negocio”, recuerda Ala Diaw, quien trabajó con Massar en Daira, una asociación que vela por los intereses de los senegaleses.

 

Participó en casi todas las asociaciones de afro-descendientes del país: Todos por Mandela, la Asociación de Residentes Senegaleses, la Agrupación Xangó y Daira. “La verdad que Massar era un referente de la comunidad, un claro articulador, todos lo conocían. Era un luchador contra el racismo y un defensor de los derechos de los afro-descendientes”, cuenta Carlos Álvarez, miembro de la Agrupación Xangó. Si alguien lo necesitaba, se tomaba el tiempo necesario para ayudarlo y darle una mano. “Por eso es una gran pérdida para la comunidad”, agrega. Su amigo, Abdoulaye Gothé, uno de los que más lo conocía, completa: “Era una persona muy abierta, muy querida, por eso fue un golpe muy duro para todos lo que pasó”.

 

En el último tiempo, Massar Ba se había comprometido mucho con la situación de los manteros y los vendedores ambulantes. Colaboraba en la presentación de denuncias al Estado y articulaba trabajos con abogados en defensa de los senegaleses ante el hostigamiento de la Policía. Intercedía, incluso, frente operativos de desalojo, como los ocurridos en Balvanera, Liniers y Once. A mediados de agosto de 2015, fue parte de la movilización de cientos de senegaleses que marcharon desde el Congreso hasta la Jefatura de Gabinete porteña para pedir el cese de “los abusos de la Policía Metropolitana” y la “constante discriminación”. Ese día fue recibido junto a otros por legisladores de la oposición, quienes a su vez se reunieron con otros bloques, para pedir el fin de esos actos de violencia institucional. Junto a Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos, le reclamaron al Gobierno “el cese de las persecuciones”.

 

Con toda esa experiencia y trayectoria a cuestas, el 4 de febrero pasado, así y todo, Massar fue desalojado por la Policía. Vivía en una casa colectiva en la Ciudad de Buenos Aires y habían aumentado el alquiler de 14 mil a 30 mil pesos. El hombre, a sus 45 años, tuvo que batallar para que lo dejaran sacar sus cosas tras el desalojo. Quienes lo conocían, recuerdan su tenacidad para ponerse al frente de cada lucha. “El era así, siempre estaba ahí. Como hace años estaba en el país, conocía los derechos, entendía las leyes y se manejaba muy bien hablando para poder llegar a un punto de entendimiento”, cuenta Gothé.

 

Fotografía: Guido Del Patto / Agrupación Xangó
Fotografía: Guido Del Patto / Agrupación Xangó

La violencia sistemática y los casos de asedio hacia los inmigrantes son algunas de las prácticas que las agrupaciones y las asociaciones de afro-descendientes vienen denunciando hace tiempo. Los casos de persecución y hostigamiento no se dan solo en la provincia de Buenos Aires, sino que empezaron a extenderse en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y otras ciudades del país. “No pasa solo cuando la Policía los corre con sus mercaderías en la calle, sino que van a buscarlos a sus habitaciones, los sacan a la calle como están, les roban sus pertenencias, los teléfonos, el dinero… ¿Eso es un allanamiento? ¿Eso es búsqueda de mercadería? Por supuesto que no, no hay órdenes de allanamiento, porque si a uno le muestran una orden, respetuoso de la ley, uno lo permite; pero lo que está pasando es pura delincuencia, delincuencia organizada”, sostiene Gómez, que también es integrante de la Comisión 8 de Noviembre.

 

La comunidad de senegaleses en el país ronda las 3000 personas. “La mayoría son hombres de entre 18 y 25 años”, explica Sene. Escogen Argentina y Brasil porque ambos países ofrecen leyes migratorias flexibles, legislación específica para los asilados, ciertas posibilidades económicas, ausencia de conflictos bélicos y lejanía respecto a los lugares de donde escapan. Residen, principalmente, en CABA, Gran Buenos Aires y en ciudades de la Costa Atlántica. “Los padecimientos que estamos sufriendo como colectividad y lo que venimos soportando hace ya bastante, es cada vez más doloroso, y nosotros no debemos dejar de levantar nuestra voz, dar presencia, poner el cuerpo, la bandera de resistencia, como lo han hecho nuestros antepasados y nuestros ancestros”, comenta Álvarez.

 

En ese escenario, el crimen de Massar se ubica como un punto de inflexión para la comunidad. Es la posibilidad de ponerle un freno a esta situación, de decirle no al racismo, no a la discriminación.

 

Hace 20 años, en 1996, moría José Delfín Acosta Martínez, “el mártir negro del Río de la Plata”. El hombre, 32 años, había ido a bailar al boliche Maluco Beleza, a cuatro cuadras del Congreso. A las seis de la mañana, cuando salió, vio que varios policías maltrataban en una mini razzia a Wagner y Gonçalvez da Luz. Los hermanos salían del mismo boliche y Acosta intercedió: “Los están arrestando solo por ser negros”, gritó. Nunca imaginó que esa decisión le costaría la vida. Los policías se la agarraron con él, lo tiraron contra el piso, le revolearon el documento y se lo llevaron detenido a la Comisaría 5°. Cuando sus amigos lo fueron a buscar, el entonces jefe de comisarías, Luis Fernández, les dijo que Acosta ingresó a la seccional con una fuerte sobredosis de cocaína y alcohol y que “le agarró un ataque y se empezó a dar la cabeza contra el piso”. Tenía tantos golpes que su cuerpo no resistió. Murió a las pocas horas en la guardia del Hospital Ramos Mejía.

 

Fotografía: Guido Del Patto / Agupación Xangó
Fotografía: Guido Del Patto / Agupación Xangó

Su hermano, Ángel, sostuvo una versión absolutamente distinta. “El cuerpo tenía marcas de golpes imposibles para habérserlos autoinfringido.” Aparte: “¿Cómo la Policía sabía el resultado de las pericias antes de que se hubieran hecho?”. Curiosamente, las pericias coincidieron con el anticipo de Fernández. La causa recayó en el juez Raúl Irigoyen. La resolvió en tiempo récord: en quince días la archivó por falta de delito”, informó en ese entonces el diario Página/12. Álvarez recuerda: “Delfín fue asesinado por la Policía Federal. El caso fue comprobado y ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto fue hace 20 años y todavía no se han encontrado a los responsables materiales. No podemos dejar que casos como estos vuelvan a repetirse”, apuntó.

 

Sene es consciente de que la Justicia no ha avanzado, pero no se resigna a bajar los brazos: “Vamos a hacer lo imposible para que se puedan esclarecer las causas de su muerte y que finalmente se haga justicia, porque no hay nadie que merezca morir de esa forma, como murió Massar. Aparte, no queremos que sea un caso más, como tantos otros, que quedan olvidados en los escritorio de algunos juzgados. Necesitamos que se investigue de verdad, con profesionalismo y con compromiso, no sólo para explicar por qué murió y cómo murió, sino para hacer Justicia y no olvidarlo, porque Massar se lo merece, fue un referente de nuestra comunidad y como tal queremos honrarlo”.

 

Por eso en los próximos días, la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina, patrocinada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, presentará un recurso de queja ante la Cámara de Casación porteña para que finalmente la dejen ser querellante en la causa y así poder impulsar algunas medidas de prueba.

 

El cuerpo de Massar ya está en Senegal, a pedido de su familia, pero todavía no descansa. Porque desde que aquella noche de marzo hasta que llegó a Dakar, el 1 de junio pasado, todavía son muchos los interrogantes que siguen abiertos. Y que necesitan ser contestados.

 

 

barro@lanan.com.ar