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a juicio por buen compañero

el caso de diego gómez hoyos

“Las ideas no son de nadie. Andan volando por ahí, como los ángeles.”
Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios.

 

 

Hace poco más de tres años que el biólogo colombiano Diego Gómez Hoyos es perseguido por la Justicia de su país por haber compartido en Internet una investigación sobre anfibios que no escribió. Tiene 28, diez que estudia y se especializa en esa profesión, que eligió en parte motivado por las características geográficas y económicas del lugar en el que nació: una ciudad ubicada a siete horas en micro de Bogotá, en la zona de la cordillera central de Colombia conocida como “el eje cafetero”. Su caso es uno de los más resonantes del continente no sólo por la pena de hasta ocho años de cárcel que prevé el “delito”, sino también porque cristaliza la mercantilización del acceso al conocimiento.

 

Gómez estudió biología en la Universidad del Quindío, una institución pública de Armenia, la capital del departamento del Quindío. En 2011, mientras cursaba las últimas materias de la carrera, se propuso formar un grupo de investigación sobre anfibios, un tema de particular interés para él y otros compañeros. Por ese entonces, las posibilidades que estos estudiantes tenían de acceder a bibliografía y recursos que aportaran al desarrollo de su propia tarea investigativa eran mínimas: la capacidad presupuestaria de la universidad alcanzaba a duras penas a cubrir la demanda de literatura y materiales que necesitaban los alumnos. A eso se sumaba la escasa cantidad de repositorios y bases de datos de acceso abierto en Internet a los que acudir por artículos e investigaciones libres de cargo.

 

En el derrotero, Diego dio con una tesis sobre clasificación taxonómica de las salamandras del biólogo de la Universidad Nacional de Colombia Andrés Acosta Galvis. Acosta es un peso pesado de la investigación de anfibios en el país del Gabo y, entre otros honores, ostenta el de curador de la colección de anfibios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia. Sin dudas, un material de consulta más que potable para este joven grupo de estudiantes que buscaban dar sus primeros pasos como investigadores. De más está decir, sin ánimo de lucro.

 

¿Cuál es el punto de coincidencia entre Diego, Acosta y las salamandras? Una causa penal por violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, que tiene al biólogo sentado en el banquillo de los acusados hace tres años. A través de un grupo de Facebook del que participaban otros interesados en anfibios y reptiles, obtuvo el link a esa tesis de maestría que fue una herramienta fundamental para identificar animales que encontraba en el trabajo de campo. Pensó que también podía ayudar a otros colegas y la compartió (respetando la autoría de Acosta) en el sitio Scribd, la plataforma de almacenamiento y publicación de documentos a los que se puede acceder por suscripción o, en algunos casos, compartiendo un documento a cambio del que se descarga. Un agujero negro para la legislación sobre propiedad intelectual estadounidense, hasta la implementación de la Digital Millennium Copyright Act (o Ley de Derechos de Autor de la Era Digital).

 

Cuando le informaron de la demanda, Diego ya había emigrado a la ciudad de Heredia, en Costa Rica, donde hasta el año pasado cursó una maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, otorgada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Pasaron tres años de la noticia y, tras varias instancias judiciales, declaraciones, idas y venidas, Diego aguarda una sentencia definitiva (y favorable), que se pospuso para 2017. Mientras tanto, sostiene I’mage Conservation, una iniciativa de video y fotografía con licencia Creative Commons (CC), y trabaja en proyectos de corredores biológicos y conservación. Hace seis meses se convirtió en padre. Dice que su futuro está en ese país centroamericano, y desde allí habla con NAN, por primera vez con un medio argentino.

 

—¿En qué instancia está la causa ahora?
—Estamos en la etapa final para una sentencia. La fecha para los alegatos finales y conclusiones se pasó del 26 de octubre pasado al próximo año por vacaciones del fiscal y cambio del juez. Espero salir librado. Las posibilidades son que en cualquiera de los dos casos se puede apelar. Creo que el proceso va a ser más largo que lo que llevó hasta ahora. Lo que me mata es la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Me gustaría ya tener una decisión final. La que sea, pero ya saber. Todo puede pasar.

 

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Fotografía: Diego Gómez Hoyos (Flickr)

—¿Qué sabías sobre acceso abierto y excepciones al derecho de autor antes de la demanda?
—A lo largo del proceso empecé a afianzar ideas que ya llevaba adelante en mi vida, como utilizar muchos recursos que son de open access o programas de fuente abierta para mi profesión. Los que tienen copyright valen un montón de dinero. Me llamaban la atención las revistas que cobraban por acceder al conocimiento en relación a las que no lo hacían. Siempre me propuse que si iba a publicar algo, fuera al menos con licencias CC, para que todos pudieran leerlo. Todo esto me ayudó a dimensionar el problema del acceso al conocimiento. Lo que hago de investigación y conservación no está aislado de la causa de acceso abierto, porque tiene que ver con el acceso al conocimiento. Muchas de las investigaciones que se realizan son para el bienestar humano. Todo el conocimiento debería estar disponible para todo el mundo. Con otros investigadores tratamos de traducir el lenguaje de nuestros trabajos a uno común para que más personas lo comprendan. Porque a veces las barreras no son sólo legales, sino de canales de comunicación entre sectores sociales. También uso hardware de ese tipo; por ejemplo, para hacer estudios del comportamiento de los anfibios. Con algunos colegas tenemos un proyecto de impresiones 3D que está arrancando. Afiancé ese compromiso que ya había asumido inconscientemente de compartir lo que iba investigando. Antes no sabía sobre el acceso abierto, pero asumía que era mejor que el copyright.

 

—¿Por qué compartir conocimiento no debería ser un delito?
—El acceso al conocimiento es un derecho humano. Estamos en un momento de crisis ambiental y de peligro de la especie humana sin precedentes. Tenemos unas tasas de pérdida de biodiversidad y de bienestar humano altísimas, ya sea por el clima o el acceso al alimento. Estamos en una situación bastante frágil y las decisiones hay que tomarlas ya. No se puede esperar más. Son estas generaciones las que pueden hacer la especie humana siga en pie. Y esas soluciones no deberían estar limitadas por restricciones a conocimientos y recursos para generar las alternativas o acciones para afrontar los problemas ambientales. La mejor manera de avanzar es pudiendo acceder de forma legal y sin barreras económicas a todo lo que nos va a permitir seguir investigando para la resolución de problemas.

 

—¿Qué lugar ocupan estos debates en tu campo de trabajo e investigación?
—En conservación, hay un cambio que debería darse en relación a los investigadores. Mucha investigación se hace con recursos del Estado. Los investigadores hacen sus proyectos y los publican en revistas que cobran una suscripción; esas revistas ofrecen un incentivo perverso al investigador, porque le dan estatus. Su calificación se rige por el factor de impacto que tienen esas revistas. El común denominador es que son publicaciones a las que se accede por suscripción. Es decir que las investigaciones se hacen con dinero estatal y los resultados se publican en esas revistas. Para más, las universidades en las que se hacen esas investigaciones tienen que pagar el acceso a los repositorios donde están los resultados de los investigadores. El cambio tiene que venir de los investigadores. Que sepan que existen publicaciones con licencias CC que les podrían ofrecer los incentivos que están buscando, como factor de impacto y citaciones. Me puse la tarea de buscarlas y hay alternativas. No son muchas pero hay.

 

—El Estado también podría tomar cartas en el asunto.
—Exacto. La otra opción sería que los fondos de financiamiento estatal les exijan a los investigadores que publiquen en revistas open access. Sé que detrás de eso está la necesidad de querer sobresalir, hacer hoja de vida o acceder a un doctorado, y para eso a veces sólo se ven las publicaciones en revistas prestigiosas.

 

Con algo de vergüenza, Diego confiesa que empezó aplicar los parámetros del acceso abierto a su obra fotográfica recién a partir de la demanda judicial de Acosta. “Le ponía mi nombre a todo”, dice riéndose de sí mismo. El cambio vino luego de una charla con un botánico costarricense: “Muchas universidades y publicaciones sin ánimo de lucro lo contactaban para pedirle autorización para usar sus fotografías, que publicaba con licencia CC. ¡Tenía una base de fotos brutal sin utilizar! Compartirlas le dio reconocimiento. En general, las personas hacen al revés: cierran sus obras para tener más reconocimiento. Tenemos muy incorporada la lógica comercial. Es normal que uno quiera tener reconocimiento por lo que hace. Pero este botánico logró hacer algo de su fotografía gracias a ese tipo de licencias”. Ese cambio de perspectiva llevó a Diego a participar (junto a I’mage Conservation) de “S.O.S sos vos”, una iniciativa de conservación de especies en peligro de extinción para la que realiza videos con música e imágenes de acceso abierto.

 

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Afiche de campaña de Fundación Karisma

#COMPARTIRNOESDELITO

 

La oenegé colombiana Fundación Karisma, vinculada a la promoción, protección y difusión de la libertad de expresión y el acceso al conocimiento, acompaña a Diego desde el minuto cero con la campaña #CompartirNoEsDelito, que instaló el debate a nivel internacional. Fue el biólogo el que la contactó, tras haber participado de un festival sobre innovación y arte multimedial, en el que la fundación disertaba sobre derechos de autor. “Karisma me asesora más sobre la campaña y para conseguir recursos. Contactarlos fue un alivio grandísimo, estoy muy agradecido por su apoyo incondicional”, cuenta.

 

—¿Esperabas que la campaña tuviera tanta repercusión?
—No. De hecho me preguntaron si estaba dispuesto a que se iniciara y enfrentar lo que viniera. A nivel internacional, me parece que los precedentes son importantes para darle nombre propio al problema. Si ese nombre tenía que ser el mío, pues bueno. Se está trabajando por el acceso abierto al conocimiento con grandes repercusiones. Algunos califican a esas iniciativas como ilegales y otros como necesarias. En Colombia, los medios de comunicación están más interesados en el amarillismo, así que siempre hablan de los casos con nombres propios, no en relación al contexto político en el que se dan. Todavía me cuesta, porque mi activismo es más en el área de la conservación.

 

—¿En qué fallan las leyes de propiedad intelectual de tu país?
—Uno de los problemas es que no tenemos las excepciones a la regla conocidas como “usos justos”, que permiten usar un material o recurso (con fines académicos o informativos). La legislación actual colombiana tiene algunas excepciones. En algún momento escuché hablar de los usos académicos. El problema es que están estipulados para la era pre-Internet.

 

EDUCACIÓN CON RESTRICCIÓN

 

—¿Cómo funciona el sistema educativo universitario en Colombia?
—Hay universidades privadas y universidad “gratuitas”. Cada departamento tiene una universidad pública y, dependiendo de las finanzas de la universidad, se estipula un costo de matrícula para poder cubrir gastos de la institución. Las universidades nacionales tienen mayor presupuesto para invertir en educación que las regionales. En el caso de mi región, solía haber muchos pagos atrasados porque no alcanzaba el presupuesto. Entonces, la universidad traduce todo eso en el costo de las matrículas. En mi caso, terminé la carrera pagando casi 150 dólares por semestre. Es mucho más caro en las privadas, obviamente.

 

—¿Cómo es el acceso a bibliografía en universidades no nacionales?
—Está vinculado al problema del déficit financiero de las universidades pequeñas. Tienen menos chances de invertir en recursos educativos para estudiantes y profesores, como literatura. Las bases de datos de las principales revistas mundiales cobran hasta miles de dólares por el acceso a sus repositorios. Algunas universidades se agremian para acceder o tienen la capacidad de pagar, pero no es toda la literatura necesaria para desarrollar una investigación en las carreras de ciencias. Ese material no lo vas a encontrar en los repositorios de las universidades regionales. Por eso en ciencia es bien importante que las prácticas que realizan o a las que tienen acceso los investigadores se compartan.

 

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Fotografía: Diego Gómez Hoyos

—¿De qué manera repercutían esas carencias en tus primeros pasos como investigador?
—Trabajaba junto a un grupo de estudiantes con los que nos reuníamos a tratar de hacer investigación. Éramos muy jóvenes y no teníamos profesores o tutores en el campo de los anfibios, que nos gustaba bastante en ese entonces. Cada vez que accedíamos a información para poder identificarlos, hacíamos salidas de campo y necesitábamos trabajos de taxonomía, que es lo que permite asignarle un nombre a las especies o agrupar caracteres para identificarlas.

 

—¿Y así fue que conseguiste la tesis de salamandras y la compartiste en Scribd?
—Sí. Lo que pasó fue que la descargué de un link, de esos que son difíciles de rastrear después o que vencen con el tiempo. Recuerdo que hubo alguien más que lo había solicitado, entonces lo subí al Scribd para que tuviera acceso. Busqué en Google dónde cargar algo rápido. Yo no iba a seguir siendo usuario del sitio, así que lo cargué. En la motivación de compartirla para alguien que la necesitaba como yo, la cargué y me olvidé.

 

—¿Luego el sitio cambió sus políticas?
—Sí, de hecho ahora son diferentes a cuando empezaron a cobrar el acceso a las bases de datos. Es importante aclarar que Scribd empezó a cobrar el acceso a las bases de datos si las personas querían acceder por unas horas o a un número de archivos de cualquier tipo, no de un usuario específico. Había otra opción para las personas que no querían pagar. Simplemente se inscribían a la plataforma y compartían un documento para acrecentar la base de datos del sitio. Al hacerlo, ya tienen acceso. Me imagino que sería una estrategia de la plataforma para tener más usuarios y que ellos pudieran acceder a los documentos que quisieran sin pagar. Entonces, no fue que la página cambió sus políticas de manera rotunda, sino que ya había forma de acceder de manera gratuita.

 

—¿Qué otros inconvenientes aparecieron durante esa investigación?
—Muchos de nosotros tuvimos que viajar a las universidades grandes para acceder a literatura que no se encontraba digitalizada. Por ejemplo, tuvimos que ir hasta Bogotá para acceder a material bibliográfico. En algunas universidades tenés la posibilidad de que te apoyen a través de grupos de investigación o proyectos de ciencia, pero en esa época no había. Nos tocaba hacerlo con recursos propios. Más tarde, la universidad empezó a implementar algunos programas de semilleros de investigación.

 

Diego quiere para su hija un mundo de posibilidades de acceso abierto y soluciones colaborativas: “Quiero que pueda disfrutar de todo lo que yo pude a nivel ambiental y de bienestar humano. Quiero que conozca muchas especies que puede que no vea nunca, si no se trabaja para mejorar sus condiciones de vida. Para poder dejarle ese escenario, necesitamos un mundo en el que se pueda avanzar con soluciones, y para eso tiene que haber acceso a los recursos. Si ella quiere seguir con la batalla, sería muy bueno. Si no, que quede el precedente de que hicimos todo lo posible”.

 

rastros@lanan.com.ar
 

Nº de Edición: 1680

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