Fotografía: Télam
“Este paro es insólito.” Por cuanto medio de comunicación le abrió el micrófono, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, regó el lunes su opinión sobre la medida de fuerza definida por la central docente nacional (Ctera) tras la represión que habían sufrido los maestros en la Plaza de los Dos Congresos la noche anterior, cuando quisieron instalar una “escuela itinerante” a modo de método alternativo de protesta. Bullrich no es el único funcionario de gobierno que apedrea el reclamo docente, que en su versión 2017 lleva seis semanas de tensión, acumula varias jornadas de huelga y llenó en más de una oportunidad las calles. Tampoco fue ésa la primera vez, durante este tiempo, que el Poder Ejecutivo criticó las medidas decididas por los docentes y difundidas por los sindicatos, ni la única manera.
Pero mientras los focus group le dictan a la gestión que encabeza Mauricio Macri que el endurecer la posición contra la lucha docente le reditúa políticamente, el panorama desde el campo educativo de lineal no tiene nada. NAN charló con algunas maestras y maestros de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad donde el PRO carga su propia herencia de nueve años de gobierno, sobre las huelgas, los alumnos y la educación pública. Sindicalizados y no, coinciden que el salario no alcanza y las condiciones en las que trabajan son, cuanto menos, insuficientes pero no se sienten cómodos con abandonar el aula. Si se desmaleza de prejuicios de prime time, la niebla de disputa discursiva política entre sindicatos y Ejecutivo que pareció copar la atmósfera las últimas semanas puede verse lo que subyace: debates profundos y pendientes.
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Patricia Bullrich, ministra de Seguridad: «La carpa docente fue una excusa para otro día más de paro».
Esteban Bullrich, ministro de Educación: «Es parte de educar también (…) Tenemos que entender que cuando un oficial de la policía de la ciudad o de cualquier policía de cualquier provincia nos da una instrucción, tratando de cumplir la ley, lo tenemos que obedecer».
“¿Está bien, seño?”, “¿Qué maestros fueron?”, “¿Están bien?”. Cuando Magalí se encontró el lunes por la mañana con los niños y niñas de su clase en una escuela pública del Distrito 3 de la Ciudad de Buenos Aires, los chicos estaban preocupados por la imágenes que habían visto en la televisión la noche anterior: Policías de la Ciudad golpeando, tirando gas pimienta, arrastrando y deteniendo docentes enrolados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que intentaban instalar una “escuela itinerantes” frente al Congreso. “No se le pega a nadie, a ningún trabajador. Ellos lo saben”, agradecía Magalí por la reflexión de los pequeños de siete años.
Magalí paró el martes. “Estamos en un momento de la lucha bastante particular”, dice. “Hablábamos con algunos compañeros de que en el fondo cuesta porque uno ya quiere estar en el aula, estar con los pibes, estabilizarse, pero la verdad es que no podemos hacer oídos sordos e indiferencia a lo que está pasando.” La adhesión a las huelgas en la escuela de Magalí fue dispar. “Se adhirieron algunos maestros, algunos que participamos en un gremio, otros que no”, contó. Los motivos son más complejos que las acusaciones que cruzan desde el Gobierno nacional.
“Los descuentos (salariales para los docentes que se adhieren a los paros) hacía que muchos tuvieran que repensar su decisión”, advierte. Alejandro, profesor de Educación Física en Palermo, paró, pero el condicionamiento económico también aparece en la boca de otros compañeros en la sala de docentes: “Esto de luchar es una decisión fuerte porque uno tiene que bancar hijos, bancar familia y es poco lo que se gana”, alerta y también señala cómo el discurso estigmatizante del Gobierno y la agresión física del último domingo empuja la decisión hacia la medida de fuerza directa. “Se para por la prepotencia del Gobierno: ‘si no faltás te doy un premio, vamos a llamar a gente como voluntaria mientras los docentes hacen paro’. Es total prepotencia.” Esa mirada, ese seguimiento cuerpo a cuerpo también lo siente Magalí en la previa a un cese de actividades: “Hay planillas que firmar para saber quién para y quién no para. Antes de un paro hay mucha persecución y el día del paro además de los directivos, hay autoridades externas a la escuela que pasan a controlar quién está y quién no”.
Entre las presiones, las agresiones verbales, económicas y físicas, los docentes se debaten siempre por su vocación cuenta Magalí: “Lo que nos debatimos todos, es que queremos seguir estando en el aula. Nadie quiere perder días de clase y no estar con los chicos. Nosotros estudiamos para esto y nos formamos para esto todo el tiempo. Es muy difícil tomar la decisión del paro: ¿estoy en el aula o no estoy? Pero cuando uno empieza a pensar lo que motiva la lucha, pensás que también estás enseñando movilizándote, parando y explicándole a los pibes que estás por ellos también”.
“Todo el tiempo traté de hacer partícipes a mis alumnos y a los padres, haciéndoles comprender que no es aislado lo que hago si no que lo hacemos todos juntos”, insiste la docente y se lamenta: “La realidad es que es muy doloroso. Nos unimos ahora por esto, no a la violencia, no es un camino”. “Estamos en esta todos juntos”, repite lo que dicen los niños y niñas de siete años en el aula y se alivia.
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Gabriela Michetti, vicepresidenta: «Si yo fuera docente y ganara 9 mil pesos no haría paro (…) La verdad es que la mayoría de esas personas viven con otro ingreso en la casa, si no, es imposible que lleguen”.
“No señora, no hay dos sueldos. Usted tendrá dos sueldos, yo no. En mi escuela hay un montón de docentes que son solos y tienen que mantener a sus hijos o a sus padres porque están viejitos.” Sandra es docente de una escuela pública de Constitución y madre soltera. Paró nuevamente el martes. Cuando le cuenta su historia a NAN está junto a dos compañeras y un compañero de la escuela quienes afirman con las cabezas la situación descripta por ella y aportan más casos e información, como son varios los trabajadores de esa institución que tuvieron que mudarse del departamento que alquilaban el último año a uno más chico o directamente volver a la casa de sus padres porque el sueldo les quedó corto.
Sandra agradece su suerte por contar con el respaldo de sus padres y de sus propios compañeros, pero vuelve a recordar Michetti: “Yo tengo la ayuda de mis viejos, pero ellos no deben mantenerme. Yo soy la que tengo que mantener a mi hija y mi casa, pero el sueldo no alcanza. Todo aumentó: la luz, el gas, los impuestos, la ropa de los chicos. Es imposible. Tenemos mucho para pagar y no aumentan el sueldo. Nos ayudaremos entre nosotros, pero no voy a dejar de parar. Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Tenemos que unirnos entre todos”.
Sandra y sus compañeros atraviesan una paradoja edilicia. Lamentan que “la comunidad educativa está un poco alejada”, que “no saben por qué hacemos paro”, que “para los padres sólo significa que el pibe no vaya a la escuela y no coma”. Tomaron la decisión de hacer afiches informativos que dejaron en el ingreso del establecimiento cada día de huelga, pero sienten que el trabajo por acercar a la comunidad educativa se les hace cuesta arriba frente a la información que disparan los medios de comunicación. Las aulas de la escuela son pequeñas, algunas están edificadas sobre lo que hasta mediados de la década del ‘70 eran los baños y “cuando llueve mucho, el agua desborda por las cañerías debajo de los bancos”. El edificio que ocupó parte del espacio original de la escuela y les hace sombra es el de Canal 13. “Fue por un decreto en la época de los militares. El contrato caducó en 2009, pero no devolvieron nada. Y todos los días tenemos que escuchar lo que nos dicen”, vuelven a lamentarse.
Sandra ahora complejiza el mensaje repetido por los medios masivos: “No paramos sólo por el sueldo”. “Hay escuelas que se caen a pedazos”, dice y las estadísticas arrojan que el Gobierno porteño ejecutó el 71 por ciento de los fondos destinados a esa área. “Faltan vacantes”, continúa. Oficialmente son 11 mil los chicos y chicas que no encontraron un lugar en las escuelas públicas porteñas. Por último, puntualiza la situación particular que viven en Constitución: “Muchos chicos viven en la calle con sus familias. Sus padres los llevan, ellos tienen ese derecho cubierto, pero qué útiles van a traer si no tienen recursos. El Gobierno no les da recursos a esas familias”, denuncia.
Los tres compañeros de Sandra agregan algunos motivos más que los impulsan a la protesta. “Además de recursos, hay otras cosas que empezaron a faltar en la educación, como capacitaciones docentes y programas socioeducativos que están cerrando.”
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Alejandro Finocchiaro, director de Educación bonaerense: «Con el paro docente quieren golpear al Gobierno (…) Son kirchneristas y quieren golpear al gobierno de Macri y Vidal».
“Entendemos la educación como una herramienta política y cultural que nos vincula de manera constante con otrxs y a través de la cual pretendemos establecer lazos que nos encuentren en la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todxs”, reza la carta “¿Por qué paramos?”. El texto, pegado en la sala de profesores del nivel secundario privado de una escuela católica de gestión privada, fue construido por un grupo de los 125 docentes que allí se desempeñan. “Sentimos la obligación de pelear contra la contrariedad humana que se presenta cada vez que debemos vincular nuestro marco teórico con las prácticas y acciones que ejercemos en la cotidianeidad”, argumentan.
“Paramos por los educadores y educandos, no por los sindicalistas. Paramos por nosotros, por lxs chicxs, porque acompañamos una lucha que pelea por nuestros derechos. Paramos por los que no paran. Paramos porque nos conmovemos cuando la dignidad está en juego”, fueron las últimas líneas de la carta leída en la formación matutina en la que se encuentran estudiantes y docentes, con permiso de los directivos de la escuela, una de las varias jornadas de lucha que ya acumula este conflicto docente. Ninguno de los maestros movilizados por la protesta son parte de un sindicato, ninguno milita en un partido político.
La carta despertó resquemores entre los docentes que preferían no manifestarse sobre el conflicto ni tampoco aceptar la propuesta de hablar con los estudiantes. Antes del mediodía, cuando los docentes que se habían organizado mediante un grupo de Whatsapp partían a la Plaza de Mayo para unirse a la Marcha Federal, también llegó la respuesta institucional: “Esta es una escuela privada y no se pueden vaciar las aulas por que los padres se quejan”, advirtió un representante legal del colegio.
La contradicción público-privada había sido justamente lo que activó el grupo de Whatsapp. “Aparecieron contradicciones, muchos de los docentes trabajan en escuelas pública donde estaban haciendo el paro y en la privada por omisión o por miedo no se animaban a hacer nada”, cuenta María Cecilia, una de las profesoras que firmó la carta y asistió a la plaza.
“La queja de los padres”, motivo fundamental para los directivos, toma otra matiz en voz de los docentes: “Queríamos buscar cuáles eran las alternativas que encontrábamos para, por lo menos, hablar con los pibes y las pibas. Más allá de la decisión de los sindicatos, sentíamos que vaciar las aulas era un acto contradictorio porque el respaldo más grande que deben tener los docentes son las familias. Los trabajadores de las escuelas somos un porcentaje mínimos de los implicados en la educación pública, que tiene que ser un reclamo social y general, tiene que ser una necesidad social, por eso la concientización a los pibes y pibas nos permite que ese diálogo entre en las mesas familiares”.
En ese camino, los profesores movilizados también propusieron un proyecto para acompañar los paros de forma activa permaneciendo en la escuela: dividir a los estudiantes en grupos por secundaria básica y superior para abordar el conflicto docente, que los grupos debatan sobre la base de lo que sabían o lo que creían saber a partir de lo escuchado en los medios de comunicación y lo contrasten luego con datos concretos. La idea incluía la posibilidad de invitar a periodistas al debate. No fue posible. La jornada no recibió el visto bueno de la dirección de la escuela, que no lo informó de forma colectiva sino en los pasillos, de uno a uno con los docentes movilizados. También apareció la oposición de profesores que no estaban dispuestos a prestar sus horas de clase al ejercicio.
“No hay mucha conciencia en los chicos sobre el conflicto. Preguntan por qué amigos o primos de ellos que van a la escuela pública aún no comenzaron las clases o hablan entre ellos y aparece la voz de hijos de docentes que señalan lo que se gastaba en el supermercado antes y lo que se gasta ahora, y que pelean para que la plata les alcance”, explica María Cecilia y valora al grupo de colegas que “labura el tema en las aulas, conversa con los chicos y chicas, para que cada uno ponga su perspectiva”. “Hoy por hoy, está faltando el respaldo de las familias”, sostiene.
Paula, que trabaja en un colegio con las mismas características que el de María Cecilia, pero de Quilmes, sí ve en sus alumnos conocimiento sobre el tema y cierto interés. “Están muy al tanto de las huelgas, pero son de una generación que se educó en escuelas privadas por lo que les cuesta asimilar la importancia de lo público”, se anima al análisis. La mayoría de sus alumnos “no acuerda con que haya paros, pero opinan que algo pasó con la escuela pública porque la ven de menor calidad”. El colegio donde trabaja Paula solo cerró durante el paro general del pasado 6 de abril, por cuestiones de falta de transporte para llegar al lugar y regresar de él. No hubo adhesión a ningún paro docente y, de hecho, “no se habló de la problemática” siquiera. Por decisión propia, la institución aplicó un 18 por ciento de aumento a sus trabajadores en concepto de adelanto por el futuro acuerdo.
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Rogelio Frigerio, ministro del Interior: «Acá no se está discutiendo lo salarial. Acá hay un componente político que está poniendo de rehenes a los chicos.»
Valeria se adhirió a todos los paros desde que comenzó el conflicto docente versión 2017. Valeria trabaja como fonoaudióloga en dos escuelas públicas para chicos con capacidades especiales de Lomas de Zamora: una funciona en plena Villa Albertina, uno de los barrios más pobres de ese partido ubicado al sur del conurbano bonaerense; la otra es céntrica.En la céntrica, el nivel de adhesión a las medidas de fuerza fue “medio”; “en la de la periferia, la adhesión fue total e incluyó al equipo directivo”.
En el barrio, los paros fueron activos. Un poco influye el rol que la escuela cumple en la zona, en donde además de ser espacio educacional es, para casi todos los chicos que asisten, la posibilidad del desayuno y del almuerzo. Los docentes mantuvieron la escuela abierta durante las medidas de fuerza. “Los chicos que se acercan a recibir la comida independientemente del paro preguntan constantemente por qué no están sus amigos”, cuenta Valeria, que asegura que la comunidad en general se solidariza con la protesta.
Pero además de mantener el establecimiento abierto “para los chicos”, los docentes aprovechan las horas allí para debatir los por qué y los cómo de los reclamos en asambleas.
Ahí, en el diálogo y el encuentro con compañeros y compañeras de tareas, surgen las contradicciones que atraviesan al oficio: “Por un lado tenemos la necesidad imperiosa de hacer algo para que alguien nos ayude a nosotros y a los pibes. Por otro lado, pensás: ‘No puedo dejar a los chicos sin escuela’, en muchos casos somos su única salida. Muchos alumnos sólo salen de su casa para asistir a la escuela”, plantea.
Se para solo para reclamar aumento salarial? “No”, responde Valeria, y amplía: “No es sólo el sueldo el problema, si no también una realidad que se complica a medida que pasan los años: trabajamos en condiciones paupérrimas en cuanto a infraestructura, la calidad del transporte que lleva y trae a los chicos de sus casas al colegio, los cupos para el comedor son bajos (12 pesos por chico)”. Aunque advierte que le descontaron los días que no dio clases, no encuentra otra medida alternativa que tenga el mismo impacto para visibilizar la situación ya que “parece que si no hacés paro con cese de clases los reclamos no existiesen”. “Por suerte”, remarca, “el compartir la lucha la hace más llevadera. Las asambleas sirven para recuperar fuerzas”.
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Esteban Burllrich, ministro de Educación: «Al sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencerles la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo porque el gremio focaliza.”
“La última vez que hice paro fue en 2003 y entonces dije ya basta. Siempre me están rompiendo la ilusión de que algo va a cambiar y nada cambia.” Adriana tiene cincuenta y tantos años, más de 25 de “servicio” en la docencia pública y algo de escepticismo en la mirada. “Si me pongo a pensar en la marcha de 1982, en los paros del ‘88, en la Carpa Blanca de Menem y en los patacones de Solá, veo que estamos lamentablemente en el mismo lugar. Los gobiernos no responden, pero algo también pasa con nosotros los docentes”, evalúa con fuerte poder de resumen. Los primeros dos días de huelga del pasado marzo los cumplió porque los profesores que enseñan en el Instituto de Formación Docente Nº 103 de Villa Urbana (Lomas de Zamora), que integra, se adhirieron a la medida y el establecimiento cerró sus puertas. Luego el acatamiento fue mermando. “Era época de finales y hay chicos y chicas que debían rendir para poder luego tomar cargos, no era joda”, contó.
A grandes rasgos, su evaluación pesimista de la historia de los reclamos docentes es cierta: el dinero público destinado a la educación y a sus trabajadores fue central en cada una de esas luchas, y de otras más pequeñas que sucedieron en el medio. En el ‘82, Adriana y muchos otros y otras colegas concentraron en la Plaza Grigera, en el centro de Lomas de Zamora, y marcharon hasta la sede del Club Los Andes. “No recuerdo por qué hasta ahí, quizá era el único lugar en el que nos permitían, porque todavía era época de milicos”. Tras aquella movilización comenzaron las reuniones con ánimos gremialistas. Dos años después surgiría ATELZ que derivaría, en 1989, en Suteba. Los paros de marzo de 1988 tenían tres reclamos concretos: Paritaria Nacional Docente, Ley de Financiamiento Educativo y Ley Nacional de Educación. El aumento de los fondos destinados a la educación también integró la lista de objetivos de la Carpa Blanca. “La etapa de los patacones fue terrible, pero no solo para nosotros”, recordó la docente.
Sin embargo, su enojo recae con fuerza en los docentes y en la dirigencia gremial. “El doble discurso está metido en todos lados”, señala: “Lo sufrimos con los funcionarios, con los dirigentes sindicales y entre nosotros mismos. Me pregunto siempre cuántos docentes dicen que bancan la escuela pública y mandan a sus hijos a una escuela privada; cuántos docentes trabajan mal en el Estado y en el privado se bancan cualquier cosa”, apuntó Adriana. Permaneció sindicalizada durante casi 20 años. Dijo basta en 2005.
Comenzó a ejercer la docencia en la década de los ‘80 en una escuela primaria de Fiorito, quizás el barrio pobre de Lomas de Zamora más conocido. Fue de las afiliadas a ATELZ; de allí pasó a Suteba. Con los años pasó al nivel inicial, en donde estuvo a cargo de salas en establecimientos de Villa Albertina, otro núcleo vulnerable de ese partido bonaerense, y se jubiló con varios años de experiencia a cargo del equipo directivo de un jardín de infantes de por allí. Tras jubilarse, “muy cansada de remarla”, volvió a Fiorito, y apostó a la formación docente, donde aún permanece. “Laburo todos los días, intentando dar el ejemplo. Es difícil porque los contextos nunca son buenos. Pero depende de nosotros no volverlos aún peor.”
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Nº de Edición: 1723
