Ilustración: Federico Avella
Jorge Julio López desapareció el lunes 18 de septiembre de 2006. Esa mañana era importante: comenzarían los alegatos en el juicio contra el genocida de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz por los secuestros, las torturas, los asesinatos y las desapariciones sucedidas en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. López fue víctima y sobrevivió; atesoró toda esa mierda vivida en su memoria y la contó cuando pudo: en los Juicios por la Verdad, en la instrucción de los juicios que comenzaron tiempo después, tras las leyes de impunidad, y finalmente ante el Tribunal Oral Federal de La Plata, en 2006. Pero no llegó nunca a escuchar cómo su equipo de abogados, entre los que estaba Guadalupe Godoy, unía su testimonio a muchos otros y a más elementos, y los convertía en fundamento para que Etchecolatz y otros exbonaerenses fueran condenados por delitos de lesa humanidad. Mucho menos escuchó las condenas concretadas. Pasaron 10 años y López no volvió a ser visto: no hay ni hubo una investigación judicial que avance firme o que avance directamente; no hay ni hubo políticas de Estado dedicadas al hecho; no hay ni hubo fuerza política que tome el reclamo de Justicia por su desaparición como bandera; así como tampoco hay ni hubo una pelea conjunta de todo el movimiento de derechos humanos. “López quedó encerrado en un cúmulo de incapacidades”, evaluó Godoy, que también trabaja en la causa por la segunda desaparición de López junto a Anibal Hnatiuk. Encerrado en la incapacidad del Estado de investigar “delitos complejos con trasfondos ideológicos, políticos e históricos”, así como también en “las dificultades que tiene el campo popular cuando es atravesado por esas mismas cuestiones”.
—Hay un Estado que se dispuso a investigar los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura y que fue incapaz de resolver uno de ellos sucedido frente a sus narices. ¿Por qué creés que sucede esto?
—No me parece comparable una cosa y la otra para establecer esa linealidad. Una cosa son los crímenes de la última dictadura, en los que lo que tenés que investigar está atravesado por la masividad, en donde tenés sobrevivientes en centros clandestinos, donde principalmente sucedieron los crímenes, para contar. Lo que se pone en juego en el caso de López es cómo se investiga un delito complejo, que además se relaciona con cuestiones políticas e ideológicas. En todo caso, comparemos la desaparición de López con la de Miguel Bru. Si el aparato judicial no está preparado absolutamente para ningún caso que no sea un ladrón de gallinas, bueno, para un delito como éste, atravesado por cuestiones políticas, históricas, ideológicas y con fuerzas de seguridad en el medio, olvidate. No hay fuerza especializada en este país que sirva para investigar delitos complejos y mucho menos una agencia o lo que fuera que pueda investigar por fuera de las estructuras de seguridad cuando éstas pueden estar involucradas. Acá quedó encerrado López. Yo estoy segura de que cuando estuvo en sus manos, la Bonaerense desvió la investigación. No es casual que a partir de ahí (el expresidente Néstor) Kirchner plantee la necesidad de crear estructuras estatales que no existían. El programa Verdad y Justicia no es sólo un programa de protección de testigos, sino sobre todo uno de detección de riesgos.
—Kirchner crea el programa Verdad y Justicia a partir de la segunda desaparición de López…
—Sí. Se lo encomienda a Marcelo Saín, que le otorga una serie de funciones que tienen que ver con el análisis de las causas, la detección de riesgos, el aporte de pruebas para la aceleración de los procesos y la modificación de las leyes para remover los obstáculos en los procesos de juzgamiento. Ese punto de remoción de obstáculos apuntaba a cuestiones de inteligencia sobre las cuales nunca se pudo avanzar. Se planteó la elaboración de un proyecto de ley específico sobre temas de lesa humanidad que finalmente no se hizo. Y había una mesa de coordinación con fuerzas policiales, porque esa detección de riesgos se combinaba con las fuerzas, pero eso tampoco se logró. Creo que la segunda desaparición de López demuestra que si se asume algo como una política de Estado, como la de avanzar con el enjuiciamiento a los responsables de los crímenes de la última dictadura, estás atacando estructuras que no han sido democratizadas, porque la realidad es que las fuerzas no han sufrido grandes modificaciones estructurales post dictadura. Entonces, entienden que se requiere hacer análisis más complejos que presentar causas y hacer juicios; el programa no pudo avanzar con eso, pero por lo menos hubo una expresión de deseo.
—¿Se puede entender el vínculo entre el Estado y la desaparición sólo desde la incapacidad?
—El gobierno kirchnerista hizo todo mal. Recuerdo la primera entrevista con Aníbal Fernández, lo mal que nos trató. La entrevista con Solá en la que su propuesta era “bueno, reclamemos todos juntos, estemos todos juntos en la calle”. Y nosotros le dijimos que no, porque los niveles de responsabilidad son diferentes. Vos sos el Estado, vos tenés que dar una respuesta. Otra cosa hubiera sido un discurso de rechazo a lo sucedido. Nosotros en esa reunión, a Solá le pedimos gestos políticos fuertes de que no se iba a permitir esto. Y es lo que después sí Kirchner hace con (el testigo Luis) Gerez, pero con López no lo habían hecho. Cuando optaron por ensuciarlo, porque la línea que tiende un manto de sospecha sobre él y los organismos, esas versiones salen de los servicios de inteligencia y de la Casa de Gobierno; cuando optan por lo del viejito perdido, bueno, estábamos al horno. Se bifurcaron los caminos. Dejarle a la Bonaerense la investigación siguió separando. Y el Gobierno quedó en algo desacreditado porque optó por la negación, lo que fue una contradicción en su propio discurso. ¿Cómo? ¿Hacés del juicio y castigo una política de Estado, y cuando golpean a esa política lo negás?
—¿Creés que la desaparición de López es un golpe a los juicios? ¿No tiene que ver con Etchecolatz y López como testigo clave en su contra?
—Eso de “clave” hay que sacarlo y fue impuesto por los periodistas. Peleo siempre contra eso: con la dimensión que tiene un genocidio, con las imputaciones que se hacen por responsabilidades objetivas, no importa si estuvo o no en su secuestro, cosa que por otra parte se confirmó con otros testimonios, o si Etchecolatz mató o no mató de mano propia. Cualquier hecho que haya sucedido en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura en la provincia de Buenos Aires lo incrimina. En todo caso, que López lo haya situado ahí tiene un valor simbólico más fuerte, un impacto. Pero en lo jurídico, era el jefe. Y justamente el impacto en los organismos y sobrevivientes se pensó desde ese lado: era uno más. ¿Cómo lo seleccionaron? ¿Por qué a él? No lo sabemos, y eso actúa.
—La desaparición de López también toma por sorpresa a los organismos de derechos humanos.
—Totalmente. Porque habían amenazas, que ya eran tomadas como una cuestión folklórica. De eso a una desaparición hay una distancia abismal que no sólo desacomodó sino que incluso partió generacionalmente a los organismos. Los más viejos no lo podían asimilar. La desaparición de López volvió a activar los mismos mecanismos que la dictadura en ellos: el primero fue de negación. Hubo un momento inicial, con Adriana Calvo, pero de inmediato vino la negación. En la primera marcha todavía había algunos que dudaban. Luego vino la discusión del reclamo: ¿qué reclamamos? A mí la consigna “aparición con vida” me desacomodó siempre mucho porque para mí no existía posibilidad de que estuviera con vida. Pero porque, claro, yo internalicé a los desaparecidos como personas que están muertas. Nunca supe lo que es esperar por años a que alguien los largue. Eso fracturó generacionalmente a los organismos y generó conflictos para pensar estrategias.
—¿Cómo impactó el hecho en los sobrevivientes?
—Cuando arrancamos con los juicios había una sensación de “¿para qué?”. ¿Para qué hablar otra vez, si hasta entonces había habido impunidad? Las declaraciones de los testigos no se habían traducido en condenas. Y desapareció López. Y entonces creo que muchos de los sobrevivientes reafirmaron la necesidad de los juicios. López pega en esa idea de impunidad: la renueva. No se habla del pasado, sino de presente, del efecto que genera en el presente esa impunidad, la capacidad de que alguien pueda provocar una desaparición de este tipo hoy, de que hay sectores que la van a sostener como sea. Y por suerte esa reactualización generó una reacción positiva. Y entonces, todos pensamos: “Bueno, en el juicio a Cristian Von Wernich tenemos que estar todos”. Lo mismo estamos viviendo con la domiciliaria a Etchecolatz. Aunque debo distinguir la realidad que se vive en Buenos Aires de la que se vive en el resto del país, en donde todo es más difícil.
—¿Cómo evaluás la respuesta de la sociedad ante el tema y en estos 10 años?
—No estoy en condiciones de hablar sobre cómo la sociedad reaccionó y sobrelleva la desaparición de López porque estoy muy implicada, no tengo manera de hacer un análisis objetivo. Los medios de comunicación, por otra parte, fueron muy irresponsables en el tratamiento. Siempre. Un día me llamó Franco Bagnato, de Gente que busca gente, para invitarme a participar del programa, que así podía hacer un aporte para buscarlo, que capaz estaba perdido. Le grité que no. Se ofendió terriblemente. Los medios de comunicación banalizaron terriblemente el caso, una falta de respeto a los datos de la causa, muy poca seriedad, aunque destaco siempre lo que hicieron Adriana Meyer y Nelson Castro. Y la Barcelona, obviamente.
—La generación política joven de entonces tampoco hizo causa común para reclamar por el tema…
—López quedó entrampado en las dificultades que tiene el campo popular cuando es atravesado por cuestiones políticas e ideológicas. En el movimiento popular primaron visiones muy sectarias, muy blanco negro que no permitieron tampoco poder generar otro tipo de condiciones. Porque muchas de esas posturas también marcaron algunos cursos de investigación, lo que no quiere decir que hayan sido ellas las que los hicieron naufragar. Pese a todo, el gobierno actual demuestra que si uno pensaba que todos los gobiernos eran iguales, bueno, tiene algunos problemitas. Hoy el ministro de Justicia es un tipo de Fores, de la organización que se crea para legitimar jurídicamente la dictadura. Estamos complicados. A nadie se le ocurriría hoy tener un diálogo con el gobierno por la causa López. E incluso el movimiento de derechos humanos nucleado en torno de su desaparición tampoco tiene la misma vigencia ni la fortaleza. Hubo un punto de quiebre en el movimiento que tuvo que ver con la mirada sobre el kirchnerismo, antes de que sucediera lo de López, que es el 24 de marzo del 2006. La ruptura se expresa ahí. Sobre esa diferencia se montan las divisiones en torno de la desaparición. Nunca hubo una posición común respecto de cómo encarar los reclamos. El espacio en el que participaba yo lo tomó como una bandera confrontativa con el gobierno. Para mí fue un error garrafal.
