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pará la manaos

violencia contra campesinos

Fotografía: Gentileza Mocase

“Todo sucedió en cuestión de minutos. De repente llegaron dos camionetas con 15 hombres a bordo. Iban encapuchados y armados con pistolas y escopetas, listos para atacar. Bajaron a los gritos y tirando tiros para todos lados; dispararon entre 600 y 700 tiros. Amenazaron a niños y mujeres, quemaron viviendas, incendiaron el galpón comunitario, mataron a seis de nuestros 14 animales y envenenaron el único pozo de agua dulce que tenemos.”

 

El relato pormenorizado lo hace Valeria Araya, integrante de la comunidad de Iaku Cachi, que habita el paraje Bajo Hondo, ubicado a 80 kilómetros de Quilimí, Santiago del Estero. La semana pasada, junto a una delegación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), llegó a Buenos Aires para denunciar en la Cámara de Diputados el accionar de los grupos armados que desde hace años hostigan a las familias para que abandonen su territorio.

 

El conflicto viene desde 2013, pero los hechos de violencia recrudecieron en los últimos meses. Los ataques, según el Mocase, tienen un responsable directo: el empresario Orlando Canido, dueño de la empresa de bebidas Manaos, que pretende apoderarse de 4 mil hectáreas que dice haberlas comprado legalmente aunque la posesión de esas tierras aún está en litigio en los Tribunales provinciales.

 

“La situación es seria. En el último ataque, el 24 de septiembre pasado, nuestro vecino Pedro Pascual Campos fue herido de bala en una pierna y mi esposo, Ramón Antonio Basualdo, fue arrollado por una de las camionetas de los matones”, cuenta Valeria. La mayoría de las 42 familias que vive en el paraje se tuvo que refugiar en el monte por miedo a que los lastimaran. “No podemos vivir así. Necesitamos una respuesta. Necesitamos justicia”, pide Valeria.

 

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Ésta no es la primera vez que se relaciona a Orlando Canido con hechos de violencia. El empresario está denunciado por “usurpación violenta de tierras y amenazas” ante el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón; y por “tenencia ilegal y abuso de armas de fuego” en otra causa abierta en 2014, en la que se lo acusa de haber intentado desalojar por la fuerza a campesinos de Lote 5 en el departamento de Juan Ibarra.

 

El 29 de septiembre pasado, la jueza Rosa Falco de Ranieri lo citó a declarar, pero Canido no se presentó aduciendo “problemas de salud”. Semanas atrás, en agosto, el empresario había sido anfitrión de un acto junto al presidente, Mauricio Macri, en la inauguración de obras en la planta embotelladora de Manaos, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

 

Recién el viernes pasado, Canido se presentó ante la Justicia y se desligó rotundamente de las acusaciones. En presencia de la abogada del Mocase, Rosa Gramajo, y acompañado por su defensor, Francisco Cavalloti, el empresario reconoció que su empleado Lachi Letonai y una banda armada de hombres atacó a las familias de la comunidad del Lote 5, pero aseguró que él no dio “ninguna instrucción” y consideró que esas personas habrían actuado “por su cuenta”.

 

“La Justicia de Santiago del Estero por ahora no da respuestas. Teniendo todos los elementos —videos, filmaciones, fotos— no avanza en las detenciones ni en medidas concretas”, denuncia Paulo Aranda, miembro del pueblo Guaycurú e integrante del Consejo de Participación Indígena. Lo que más complica a Canido, sin embargo, son sus declaraciones en una entrevista concedida el 30 de septiembre al diario El Liberal de Santiago del Estero.  El periodista le preguntó: “¿Usted actuó también con grupos armados?” La respuesta es comprometedora:

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Imagen: Pablo Ares

 

—No actué. Sí tengo gente capacitada que me protege. Piense un poco, si a usted le usurpan su casa y se quedan a vivir allí, le pregunto si usted va a ir solo a su casa. ¿Hará eso si sabe que adentro hay grupos armados que agredieron a sus puesteros? No señor, usted también va a ir de la misma manera. Si durante un año la Justicia no le da ninguna solución, ¿qué hace señor usted? Para ir a mi campo tengo que hacerlo con gente que me proteja porque ellos, los usurpadores, no son tipos que dicen ‘bueno tenemos una diferencia por un campo, lo vamos a discutir’. No, ellos accionan, se manejan con la violencia, con la patota, te patotean. No es lógico entonces que yo vaya solo a mi campo, que exponga mi vida. Tal como dije en la denuncia presentada, lo único que falta es que me maten. Claro, entonces para protegerme tengo que tener gente capacitada, no tengo alternativa. Yo no puedo andar solo porque mi vida corre peligro, debo andar con gente alrededor por protección, soy un inversor importante en Santiago del Estero; llevo invertidos millones de dólares solo este año y voy a seguir invirtiendo más allá de que me han defenestrado en todos lados.

 

Desde el movimiento campesino denuncian distintas formas de hostigamiento a los miembros de las comunidades, lo que provoca que muchas familias opten por alejarse de los territorios. Según un relevamiento del Mocase, previo al inicio del conflicto eran más de 60 familias las que vivían en la comunidad, hoy son 42. “El miedo comienza a instalarse y no es fácil que uno soporte. Tiene que estar muy decidido de lo que queremos: la tierra”, dice Aranda.

 

Situaciones de violencia y persecución se dan cada vez con más frecuencia en la zona. Valeria cuenta que “hace más de dos meses los chicos no pueden ir a la escuela porque las camionetas con gente encapuchada y armada andan por el pueblo y si los ven, les pegan y los amenazan”. Los miembros de la comunidad sufren en carne propia no poder vivir tranquilos: “El 18 de agosto pasado, a la noche, cuando unos compañeros se dirigían al poblado vecino de Pozo del Toba a buscar mercadería fueron interceptados por dos camionetas de los encapuchados de Orlando Canido. A los tres compañeros los obligaron a bajarse del vehículo a punta de pistola y a tirarse cuerpo a tierra. Al más joven le hicieron arrodillar y le preguntaron si era del Mocase. A culatazos y a patadas les decían que se tenían que ir de las tierras”.

 

El gobierno de Santiago del Estero y la Justicia por ahora no ofrecen respuestas. “Hemos hecho todas las denuncias ante el juez Alarcón, ante Jefatura de Gabinete y ante el ministro de Justicia (Ricardo Daives). Se entregó toda la documentación solicitada —incluso papeles que dan cuenta que las camionetas utilizadas en el ataque al paraje Bajo Hondo pertenecen a un distribuidor de gaseosas Manaos del departamento de Moreno—, pero no se ha hecho nada. Las bandas armadas siguen adentro”, sostienen con bronca desde el Mocase.

 

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Canido fue durante años distribuidor de Coca-Cola en gran parte del Gran Buenos Aires y estuvo asociado con otra embotelladora, Sirsa, que producía las gaseosas Sao y Beach. Los primeros negocios de la familia en aquel galpón de Puente La Noria dieron el salto con la fundación, en 2004, de una planta embotelladora en Virrey del Pino. A partir de ahí, el proyecto empresarial empezó a crecer y la empresa Refres Now se posicionó en el mercado con la producción de 2,7 millones de botellas diarias “made in Argentina”.

 

El negocio familiar fue tan bien que Cánido amplió sus horizontes y llegó a presentar un plan ganadero, que fue aprobado por la Dirección de Bosques de Santiago del Estero. Su intención: desmontar miles de hectáreas para meterse de lleno en el negocio de la soja. En 2014, después de las denuncias del Mocase, el gobierno provincial tuvo que dar marcha atrás con su autorización, pero las topadoras ya habían arrasado con más de 500 hectáreas de monte.

 

Gustavo Vasallo, miembro del Mocase, explica cómo es la estrategia de avanzada del empresario en la región: “Empresarios como Canido  aprovechan una situación legal confusa para meterse en el monte y alambrar diciéndole a las familias que están en desobediencia judicial. Sin embargo, allí viven segundas y hasta terceras generaciones de campesinos indígenas, que además de habitar las tierras, viven de la producción que realizan allí; y si no tienen las escrituras es porque nunca pudieron completar los trámites por falta de recursos”.

 

Canido tiene otra lectura de la situación y así justificó su accionar en la entrevista con el diario El Liberal: “Soy un inversor en la provincia de Santiago del Estero. Vine a invertir, a producir y a dar fuentes de trabajo. No necesito robarle una hectárea a nadie. De los campos de Bajo Hondo, por ejemplo, tengo toda la documentación y sin embargo, se me metió gente, golpearon a mis puesteros, destruyeron los hornos de carbón, se quedaron adentro de mis tierras y a pesar de que todo el pueblo lo denunció, todavía no tengo respuesta de la Justicia”.

 

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Mientras Canido dice que llegó a Santiago del Estero para “dar fuentes de trabajo”, el Mocase denuncia violentos ataques en sus comunidades. Fotografía: Gentileza Mocase.

 

La comunidad no coincide con la versión de Canido, quien sostiene que cuando compró en 2012 la tierra estaba “vacía” y luego se le “metió gente”. La prueba de que esas tierras están habitadas, desde hace al menos 12 años, se encuentra en una cédula de ley del Juzgado Civil y Comercial de VI Nominación a cargo de la jueza María Andrea Suárez de julio de 2004, en la que insta a las 42 familias de la comunidad a abandonar el lugar para luego ser reubicadas.

 

Así y todo Canido insiste: “En este campo que tanto problema hay, yo compré a los habitantes originarios, a los que habían llegado ahí para formar el pueblo de Bajo Hondo hace 80 años. Compré títulos y compré la posesión de la forma más legal y completa que se puede comprar un campo acá. Les compré a las familias de Juan Gómez, Leguizamón, Pavón y los Aranda que son originarios. El resto, el señor Cristóbal Torres y su hermano César no me quisieron vender y perfecto, tienen más de 150 hectáreas cada uno. Son mis vecinos y no tengo ningún problema con ellos. (…) Soy querido por todo el pueblo porque les doy trabajo a todos ellos, todos trabajan en mis campos porque ya no hay trabajo para nadie en las demás estancias”.

 

Télam, 06/10/2016 Buenos Aires - Una delegación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) realizó una conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara de Diputados, para denunciar los hechos de hostigamiento vividos por la comunidad Iacu Cachi.
Una delegación del Mocase denunció en el Anexo de la Cámara de Diputados los repetidos ataques que sufre la comunidad Iaku Cachi. Fotografía: Télam.

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En el paraje Bajo Hondo, las familias campesinas se dedican a criar chanchos, gallinas, cabras y vacas y a sembrar sandía, zapallo, maíz, verdura, melones y fruta. Lo que producen lo usan principalmente para el consumo personal y el resto lo venden a pobladores de la región.

 

Valeria Araya vive junto con su marido y sus siete hijos; el más chico tiene apenas siete meses. Ante esta situación que está viviendo desde hace tiempo solo pide una cosa: “Queremos vivir tranquilos. Estamos cansados de esta clase de atropellos. Nosotros no le hicimos mal a nadie. Esta vez nos hemos salvado de milagro, pero qué pasaría si llega a haber otro ataque de estos, lo podemos pagar con nuestras vidas. Por eso es necesario tener una respuesta, una solución, cuanto antes, de inmediato”.

 

barro@lanan.com.ar
 

Nº de Edición: 1656