Fotografía: Martín Massa
Es domingo al mediodía en la plaza de Coyoacán. Pueden ser dos o tres o diez o más mujeres las que bordan pañuelos con hilo rojo.
—Esto no es un taller de bordado—, aclara Tania y mira a los ojos mientras sigue dando puntadas suaves pero precisas. «Es un acto de justicia, una acción por salvar tantos nombres del olvido», podría agregar, aunque no dice nada más.
Detrás del grupo de mujeres hay un tendal de pañuelos: un memorial en construcción, un monumento que se deja mecer en el aire y agita los nombres de las víctimas de la violencia en México. Son gritos labrados con la paciencia de la sucesión de puntos. Hay también espacios en blanco, la incógnita dolorosa de los casos que existen, pero aún no se conocen.
El grupo de bordadoras se junta desde 2011. Las historias llegan por relevamientos de organismos de derechos humanos, familiares e informes de prensa. A veces los datos faltan y los pañuelos se agitan con mensajes: “esta mañana fue encontrado el cuerpo de un hombre en la colonia Granjas (23/03/11)” o “el cadáver de un hombre que presentaba signos de tortura es encontrado flotando en el canal…”.
Mirando en detalle se ven las distintas técnicas de bordado, las puntadas son diversas y a veces desprolijas, pero dan fe de que la obra es colectiva. En la esquina izquierda de cada pañuelo está el nombre de quienes participaron en su hechura. Estas referencias son parte también del acto de recordar, son las huellas de las y los emprendedores de memoria, de la tarea obligada a la que empuja la violencia. La memoria avanza al compás de esas manos de donde salen los brotes de hilos rojos.
Y son, o no son, las mismas manos que buscan y buscaron en el desierto de Atacama, en el pozo de Quilmes o de Arana, en los casinos de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, en las fosas comunes de Stroessner, en el Estadio Nacional de Chile, en las fauces de Ríos Montt. Son las mismas manos que nos buscan.
ES EL ESTADO
Cada pañuelo de ese memorial es un retazo de la realidad mexicana. Entre 2006 y octubre de 2016, en los diez años de la denominada “Guerra contra el narcotráfico” iniciada por el gobierno de Felipe Calderón, las cifras oficiales contabilizaron más de 30 mil desaparecidos y más de 150 mil víctimas fatales.
La “Guerra contra el narcotráfico” es el nombre que utilizó Calderón para habilitar la injerencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad interior, la compra de armamento sofisticado —básicamente a los Estados Unidos— y la instalación del estado de excepción, que continúa hasta la actualidad. Esta “guerra” lo único que propició fue el aumento de la violencia, la división de los cárteles —había seis grupos que manejaban la producción y comercialización de la droga cuando comenzó el mandato de Calderón y 12 cuando finalizó—, la diversificación de sus actividades ilegales y la complejidad del entramado de lavado de dinero con participación del Estado y el empresariado. Es el eufemismo con que el Estado mexicano genera contención a través del miedo ciudadano y disfraza la limpieza social que está ejerciendo por acción o por omisión. Eso que en Argentina aprendimos a conocer con el nombre de “inseguridad” y que el gobierno de Mauricio Macri intenta transformar en esa misma “guerra”, cuyo fracaso está a la vista tanto en México como en Colombia, donde demostró ser una gran red de negocios.
MÁS DE 30 MIL RAZONES PARA HABLAR DE AYOTZINAPA
Paula Mónaco Felipe es periodista. Nació en 1977 en Córdoba, Argentina, pero desde 2004 vive en Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán. Argentina y cordobesa, mexicana y chilanga, se define. No sabe bordar con hilo y aguja, sin embargo, a través de su oficio borda la memoria con palabras y, sobre todo, con escucha.
Paula se crió con sus abuelos luego de que la dictadura cívico militar secuestrara a sus papás cuando ella tenía 25 días. Luis Mónaco y Ester Felipe fueron desaparecidos el 11 de enero de 1978 por militares del 3er Cuerpo del Ejército, al mando de Luciano Benjamín Menéndez. Desde 1995 fue parte de H.I.J.O.S. y partícipe activa de los escraches en tiempos de indultos e impunidad.
Es autora de Ayotzinapa. Horas eternas (Ediciones B), libro en el que narra los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Estado de Guerrero, donde desaparecieron 43 normalistas, otros 3 fueron asesinados y varios más heridos de gravedad. El libro está estructurado a modo de bitácora y no pretende ser objetivo: ella va y viene entre su historia personal —y la de Argentina— y lo ocurrido en esos días, retomando experiencias y testimonios. “Aquí no hay entrevistas a funcionarios, victimarios ni representantes del Estado. Decidí incluir solo las voces de víctimas como un intento por aportar sus testimonios a la construcción de una historia plural que las integre en lugar de silenciarlas, como suele ocurrir con las versiones oficiales”, dice Paula.
“En todo el libro, pero sobre todo en las biografías, hay una preocupación muy obsesiva por los detalles, por describir a las personas y sus momentos. Esto es una cosa que hice tratando de acortar el camino, sobre todo a los hijos de desaparecidos y asesinados. Muchas de las víctimas tienen hijos para los cuales la búsqueda de estas historias es muy reconfortante, pero también es muy angustioso andar toda tu vida en la búsqueda de pequeños detalles”, cuenta la autora. En el anexo biográfico pone rostros, gustos, deseos, proyectos y amores al número 43. Así sabemos que a Marco Antonio los normalistas lo apodan Tuntún o que Saúl “es desmadroso hasta donde más no se puede” o que a Luis Ángel le gusta jugar futbol. Cada una de las biografías de los desaparecidos está contada en tiempo presente, el tiempo de la búsqueda. Ya sea a través de la escritura, a través del bordado o en acciones de protesta, urge registrar cada una de estas historias para que no ingresen en el terreno homogeneizador de la estadística..
En los dos años y medio de ocurrido los hechos de Ayotzniapa, el gobierno mexicano echó a andar un mecanismo que pone más trabas de lo que aporta a la búsqueda. En noviembre de 2014, el entonces procurador Jesús Murillo Karam anunció una “verdad histórica”, con la pretensión de cerrar el caso, y dijo que los estudiantes habrían sido entregados al narcotráfico, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, localidad cercana a Iguala. Más adelante, la versión oficial agregó que las cenizas de los 43 habrían sido arrojadas al río San Juan, también en Guerrero, con lo cual cerró por completo la posibilidad de su hallazgo. Pocos días después, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mayor autoridad mundial en ese tema, demostró con evidencias físicas que ninguno de los 43 estudiantes fue incinerado en ese basurero. En las semanas siguientes, se anunció una sucesión de descubrimientos de fosas comunes en la zona que con ¿alivio? se aclaró que no pertenecían a los normalistas.
Mientras tanto, la causa sigue en el terreno de la impunidad. “Este caso tiene ciertas características que hacen que sea una tremenda pero efectiva síntesis de lo que estamos viviendo. Por un lado demuestra que en México hoy pueden desaparecer a una, a 10 o a 43 personas o a las que alcancen a subir en sus camionetas, pero al mismo tiempo te muestra que no es una cosa del narcotráfico como un ente abstracto, sino que es un mecanismo de crimen organizado, una estructura mucho más compleja que implica a partes del Estado, funcionarios, empresarios. Esto también descubre una red de tráfico de heroína de México a Estados Unidos con complicidades a distintos niveles y con empresas privadas transportando droga en autobuses de línea. Es un caso que permite ver lo complejo y lo desesperante de nuestro presente. El número, que sean estudiantes, estudiantes normalistas rurales, y que se haya develado la trama detrás hace que este caso sea fuerte y haya tenido repercusión internacional”, explica Paula. “Lo que está ocurriendo ahora en México es como en Argentina en el ´78 pero mucho peor, porque en teoría estamos en democracia”, remata.
NO AL SILENCIO
“Hay decenas de miles de desapariciones forzadas en este país como las que ocurrían en Argentina y Chile, pero con la diferencia de que no hay junta militar centralizando el terrorismo de Estado. En México es aún peor por la descentralización, la atomización del terrorismo de Estado, en la que cada alcalde es como una pequeña junta militar argentina. Las desapariciones son por razones ideológicas, políticas, que definen a un crimen de lesa humanidad”. Así lo explica Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado y consultor internacional.
Estas formas de la violencia se dirigen también a quienes difunden y dan a conocer estos crímenes. Desde 2000, en México han sido asesinados 125 periodistas y alrededor de 25 están desparecidos. De estos casos, menos del 5 por ciento ha sido resueltos. Se cuentan por centenares las intimidaciones a través de presiones directas del Gobierno y de los propios directivos de los medios de comunicación, también a través de la nueva modalidad de sicarios cibernéticos o cyber ataques a blogs o portales web.
En lo que va de 2017 son seis los comunicadores asesinados. Los nombres de Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez Cárdenas se suman, ahora, a los altares de tela e hilo de las bordadoras, memoriales al viento de un México que duele.
Todos ellos habían denunciado violaciones a los derechos humanos, vínculos entre políticos y narcotraficantes, y distintas formas del recrudecimiento de la violencia provocado por la “guerra narco”, ese enorme entramado diseñado para justificar la violencia estatal, el accionar de grandes redes empresariales/delictivas y liberar territorios a los grupos dedicados al narcotráfico. Esa “guerra” que más bien es una masacre disfrazada de justicia.
En este listado de periodistas, la víctima más reciente es Valdez Cárdenas. Hace un mes, en Sinaloa, lo sacaron de su coche y lo masacraron a tiros. Sus colegas organizaron acciones de repudio en distintos estados de México y también hubo expresiones a nivel internacional. Por primera vez en la historia, varios medios de comunicación suspendieron su trabajo en protesta por el crimen. En Argentina, redes de comunicadores y periodistas presentaron el manifiesto No al silencio, en el que afirmaron que “México se ha convertido en un cementerio” y que “el asesinato de periodistas entraña una gravedad particular, ya que afecta a la libertad de expresión y el acceso a la información, derechos fundamentales en una democracia”.
“Vivimos la eliminación permanente y persistente de los periodistas. Es decir, la crisis de derechos humanos en México va acompañada de la eliminación física o del silenciamiento o de la inducción al miedo de los periodistas, porque se trata de que no se conozcan las dimensiones de lo que estamos viviendo, de que se oculte o que se encubra esta situación tan delicada”, expresó el escritor y periodista Jenaro Villamil en la Conferencia Inaugural del Seminario de Periodismo y Derechos Humanos en Oaxaca.
Las condiciones de trabajo en las empresas mediáticas suman su ingrediente a este cóctel: el 85 por ciento de los medios están concentrados en manos de los grupos Televisa y TV Azteca que precarizan y descuidan a sus trabajadores. “En esta complejidad del crimen organizado que nos desangra las autoridades son parte, entonces estamos en una doble intemperie: las empresas mediáticas no nos protegen y la autoridad es la que nos ataca”, agrega Paula Mónaco Felipe.
“El principal agresor del periodista es su propio patrón, el propio jefe, el dueño del medio. Y son muy pocos los medios en México que están verdaderamente dirigidos por periodistas, generalmente son grupos empresariales que utilizan a los medios como un elemento de negociación, de chantaje, de presión hacia el gobierno, hacia otros empresarios o hacia las mafias, apuntó Villamil.
En este marco, la denuncia, la investigación y la difusión de hechos que sectores del poder pretenden que queden silenciados se plantea como un riesgo. “Los periodistas estamos viviendo una situación de vulnerabilidad muy fuerte, y los freelance mucho más porque somos el eslabón más débil de la cadena. Yo hago lo que hacemos muchos: tratar de no arriesgarnos tontamente, pero tampoco quedar aterrados y silenciados. Podríamos dedicarnos a escribir sobre cualquier cosa, pero a mí no me sale”, reflexiona Paula.
El 98 por ciento de los crímenes en México permanece en el umbral de la impunidad, pero la memoria y la búsqueda de justicia encuentran formas para hacerse paso ante la maquinaria de silencio y olvido. Días después del asesinato de Valdez Cárdenas, el Ángel de la Independencia amaneció con una denuncia a sus pies: “En México nos están matando”.. A pocos metros, en ese mismo centro turístico y comercial, se erige un imponente antimonumento rojo con el número 43 instalado por familiares y grupos de apoyo a los normalistas desaparecidos. Y en las plazas del país las bordadoras escriben estas historias, punto por punto, hasta quebrar las horas eternas en el reloj de la injusticia.
Nº de Edición: 1751
