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los clubes son boleta

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Es junio de 2016. Los diarios y los noticieros cuentan la historia de un histórico club de barrio que podría cerrar sus puertas a raíz del tarifazo impulsado por Mauricio Macri. El revuelo causado por la noticia no responde tanto al aumento en las tarifas sino a la posibilidad de que la ficción se convierta en realidad.

 

El club es Juventud Unida de Lavallol, cuyas instalaciones fueron utilizadas para grabar la icónica película Luna de Avellaneda, que cuenta la historia de un club social que lucha por sobrevivir a una fuerte crisis económica. En este caso, el drama abandona el guión cinematográfico para convertirse en un problema real: por primera vez en sus 81 años, Juventud Unida no puede pagar la factura de luz y el fantasma del cierre empieza a sobrevolar.

 

“No se puede tratar a un club de barrio como si fuera una sociedad anónima. Si siguen estos números no se va a poder sostener. Esperemos no tener que cerrar”, alertaba Liliana Reboredo, tesorera del club. Pocos días después, Macri encabeza un acto en la institución de Lavallol para anunciar el lanzamiento de una tarifa social para clubes de barrio. De esta manera, el impacto provocado por la situación de Juventud Unida, en medio del descontento popular por el aumento de las tarifas, pasó a un segundo plano.

 

Es agosto de 2017. Un año después de aquel anuncio del Presidente, cientos de clubes reclaman por las dificultades para abonar las facturas de luz, agua y gas. Pequeñas instituciones barriales que sirven como espacio de contención, educación y esparcimiento para miles de pibes comienzan a modificar sus estructuras para zafar: recorte de actividades nocturnas para ahorrar luz, aumento de cuota social y cese de las actividades gratuitas.

 

Uno de los casos más resonantes es el de Colegiales, que en julio recibió una factura de luz de 36.000 pesos. El aumento fue repentino y sin miramientos: de los 2.500 pesos mensuales que abonaban en diciembre de 2015 pasaron a pagar 15.000 y luego 25.000 antes de llegar a la cifra actual. “La cuota social no la podemos tocar, porque si a los socios les cuesta pagarla ahora, nos quedaremos sin ellos si la aumentamos. Tendremos que poner plata de nuestro bolsillo y adecuarnos a la situación”, cuenta Rodrigo González, presidente del club.

 

Colegiales no es el único en esa situación: los presidentes de Ituzaingó y de Argentino de Merlo también contaron que abonan facturas mensuales de entre 15.000 y 20.000 pesos.

 

Más allá de las elevadas cifras, estas tradicionales instituciones que participan en los torneos de fútbol de la AFA cuentan con un presupuesto algo más elevado que los pequeños clubes de barrio. Ellos también son víctimas del tarifazo y son los que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad. 17 de Octubre es uno de los casi 400 clubes de Capital Federal que pasan apuros económicos. Alberga a casi 150 chicos que hacen deportes y otras actividades dentro de las instalaciones. Sin embargo, los últimos meses fueron complicados para esta pequeña institución: las facturas bimestrales de 2.000 pesos de luz que recibían hace dos años se convirtieron en boletas de 20.000 pesos. El agua también aumentó de 1.800 a 9.000 pesos en menos de 20 meses. Si bien los dirigentes del club hasta ahora no recortaron actividades, reconocen que ya no pueden brindar tantas actividades gratuitas para los pibes del barrio como antes. “De 2015 para acá hubo una debacle importante, no sólo por las tarifas sino también por el retiro del Estado. Antes teníamos mucho acompañamiento y eso nos daba posibilidades de sostener actividades gratuitas. Ahora todo esto nos pone contra las cuerdas y ya no podemos hacerlo como antes”, relata a NAN Leonardo Militello, presidente del club.

 

En tiempos de crisis no queda otra que agudizar el ingenio. Por eso, para evitar el recorte de actividades, el club se sostiene con promociones para abonar la cuota social y con la ayuda de las familias de los chicos: “Tuvimos una charla de concientización con los padres para buscar el compromiso de todos. No queremos resignar nuestra función social. Todo se hace a costa del sacrificio de las familias, si no es imposible. En los lugares en los que no está el Estado tiene que aparecer la ayuda entre las familias”.

 

Otros clubes recurren a medidas desesperadas como “colgarse” de la luz o cerrar temporalmente hasta abonar todas las deudas.

 

Ante la situación económica crítica que transitan, los dirigentes decidieron unir fuerzas y se agruparon en la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB). Esta organización, compuesta por 1.389 clubes de todo el país, busca alertar a los funcionarios del Gobierno nacional y definir un plan de lucha para combatir al tarifazo. “Estamos en una situación complicada, porque las tarifas aumentaron considerablemente y hay muchos clubes que están acumulando deudas por no poder pagarlas. No estamos en contra de nadie, esto no es una movida contra el Gobierno. Es una iniciativa para reflejar el problema que tenemos todos los clubes. El tarifazo nos afecta a todos y queremos hacer visible el reclamo”, sentencia el presidente de la UNCB, Claudio Rial.

 

Sin embargo, más allá del aumento en las boletas de los servicios, hay otro problema que los directivos de la UNCB consideran de mayor urgencia: “Nosotros representamos a clubes muy humildes y estamos detectando que en esos lugares hay muchos pibes que no comen. Estas instituciones contienen a chicos que no comen en sus casas y los clubes se terminan convirtiendo en comedores”, dice Rial.

 

El reclamo de todas las instituciones es el de facilitar el acceso a la tarifa social anunciada por Macri en junio de 2016. Lo que denuncian los dirigentes es que para acceder al beneficio se piden requisitos que no todos los clubes están en condiciones de cumplir. “De aproximadamente 400 clubes que hay en Capital Federal, solo 23 pudieron acceder a la tarifa social. No veo que esto se trate de una política clara, quedó todo en promesas”, dice Militello.

 

“Para acceder a esto hay que registrarse en la Secretaría de Deportes de la Nación –completa Rial-. Y piden varias condiciones que muchos clubes no pueden cumplir por falta de documentación”.

 

Pero las dificultades no terminan ahí. El acceso a los subsidios de quienes cumplan los requisitos está garantizado por la ley de Clubes de Barrio y de Pueblo (N°27.098), que busca “el fomento, estímulo y promoción de las actividades deportivas, sociales y culturales de índole barrial”. También se aclara que las instituciones deben tener por objetivo “la promoción y la práctica deportiva de carácter no profesional”. Sin embargo, según indica Página 12 en un informe publicado recientemente, la Secretaría de Deportes de la Nación que dirige Carlos Mac Allister otorgó subsidios a clubes como Córdoba Golf Club o Mar del Plata Golf Club, en los cuales se llevan a cabo torneos profesionales de golf con millonarias sumas de dinero en premios y el auspicio de gigantescas firmas multinacionales. Por otra parte, según denuncia Martínez Dalke, concejal del PJ, hay decenas de clubes en lista de espera mientras “la Secretaría de Deportes entrega subsidios sólo a los intendentes afines a Cambiemos”.

 

Los clubes de barrio son espacios de contención y formación fundamentales para miles de chicos. La importancia de estas instituciones sociales, coinciden Militello y Rial, es que funcionan como la pata complementaria de la educación escolar. Ahí realizan ejercicio físico, actividades recreativas, interactúan con otros chicos y aprenden valores esenciales como solidaridad, compañerismo y juego en equipo.

 

Además, hay otro aspecto insoslayable: en los barrios con menor desarrollo socioeconómico, los clubes sacan a los pibes de la calle. “Hay un mínimo de 100 chicos por cada club del país. Por cada institución que cierra, hay 100 pibes que se quedan en la calle. Nosotros los contenemos a través del deporte y de la formación cultural”, advierten los directivos.

 

Frente al deterioro de la economía y a la falta de respuestas del Estado, los clubes se organizaron para llevar el reclamo a las calles. Alrededor de 60 dirigentes se reunieron en Plaza de Mayo con el objetivo de “sacarle tarjeta amarilla” al Gobierno y advertirle acerca de la inminente desaparición de muchos clubes que tienen un rol fundamental en la contención social de miles de pibes de todo el país.

 

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Nº de Edición: 1776