Por Ailín Bullentini
Una puerta. Un techo. Paredes. Muebles. Una cama. Intimidad. La tranquilidad de llegar a un terreno en el que uno es uno y ya. Es difícil desgranar cada uno de los componentes que sirven para comprender lo que significa tener un lugar donde vivir cuando efectivamente se lo tiene: cuando se atraviesa una puerta, se circula por habitaciones delimitadas por paredes, se utilizan muebles o se duerme en una cama. Según el último Censo Nacional, más de tres millones de argentinos viven en espacios que, por alguna razón, hacen de su vida allí dentro una cuestión de supervivencia: pisos de tierra, paredes de cartón o planchas de madera, carencia de baño, de servicios básicos (luz, gas, agua corriente, cloacas) o de ambientes debidamente separados e incluso, valga la redundancia, de espacio. Eso, sin tener en cuenta que la última encuesta que el Estado realizó para pintarnos a los argentinos de cuerpo entero no contó con la gente que duerme y vive en la calle. Uno, dos, todas las variables mencionadas en estas líneas se convierten en características de una vivienda tipo siempre y cuando estén atravesadas (o no) por otra, fundamental a la hora de pensar la cuestión habitacional (de la vivienda, bah) de un país: el suelo. Con tierra hay casa con una, varias o ninguna de las carencias. Sin tierra, sólo hay calle.
El suelo es, tal vez, el tema fundante de la problemática de la falta de casas o de la existencia de muchas en malas condiciones. ¿Falta lugar físico donde ubicar las viviendas que restan para llevar la cifra del déficit habitacional a cero? Más despacio, que la cosa no es tan simple, y la margarita que tenemos que deshojar para llegar a la respuesta de esa pregunta entrelaza aspectos culturales, históricos, económicos, políticos y, fundamentalmente, de poder.
CON LO MÍO HAGO LO QUE QUIERO
Desde su conformación en tanto Nación, la planificación habitacional en la Argentina persiguió una cuestión: la oferta de trabajo. “Hay quienes plantean que el problema de falta de vivienda en las grandes ciudades se soluciona con la construcción de casas en el interior. No, chicos, no resulta. La gente no migra por falta o no de lugares en donde vivir, sino por falta de trabajo”, se enoja la antropóloga María Cristina Cravino cuando enfoca la teoría de la “sobrepoblación” de las urbes argentinas. Su respuesta está destinada a la cuestión actual y específica del problema que inunda el territorio porteño y del conurbano bonaerense, lo que se conoce como la zona metropolitana del país. Sin embargo, también sirve para ahuyentar mitos o, mejor, establecer bases de discusión.
¿Falta suelo en la Argentina? No, es un país grande, responderá el señor Sentido Común. Y, entonces, ¿por qué la gente se empecina en amontonarse en los centros urbanos? Al igual que la zona metropolitana, ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza, aunque podríamos nombrar casi todas las capitales del país, demuestran en sus superficies los síntomas de la ausencia del Estado en cuestiones que tienen que ver con la habitabilidad, con el “estar en” la ciudad: grandes cordones de villas y asentamientos, enormes barrios construidos enteros a los ponchazos y a lo largo de décadas por sus propios vecinos (títulos de propiedad, hola ¿qué tal?), colchones, frazadas y familias enteras en las calles. En los centros urbanos se concentra el trabajo y desde allí se expanden —hasta no muy lejos— las ofertas públicas de educación y salud. Por eso la concentración.
Pero lo que también es histórico, en la Argentina y en todas las partes de este mundo que son adeptas al sistema capitalista, es la propiedad. “Desde su conformación histórica, la Argentina tiene un régimen de propiedad absoluto. Es un país liberal en el que el propietario puede hacer lo que quiere con el suelo que posee: construir, usarlo, no usarlo, especular y destruirlo, si eso fuera posible. La Constitución Argentina, la base jurídica del país, y sobre todo el Código Civil, resguardan esa concepción total de la propiedad”, desasna Raúl Fernández Wagner, arquitecto “reconvertido”, tal como se autodefine el académico de la Universidad Nacional de General Sarmiento e integrante de Habitar Argentina, iniciativa multisectorial “por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”.
Por un lado, la propiedad habilita impunidad a la hora de contar derechos y obligaciones respecto de la tierra. Por otro, se convierte en factor de estatus y estabilidad: “Sobre todo en los sectores populares, la propiedad tiene mucho peso. ‘Ser propietario’ da un marco de estabilidad a la vida cotidiana en un contexto de crisis económicas y cambios. Tener una propiedad es tener un ahorro importante, no tener que pagar alquiler en un contexto de bajo salario o desocupación y se convierte también en legado para los hijos”, allana la antropóloga que lidera el grupo de estudio Infohábitat, también local de la UNGS.
Si bien no existe un registro que ponga al alcance de quien quiera revisar la distribución del suelo nacional, Cravino asegura que en la Argentina “el suelo tiene grandes, medianos y pequeños propietarios”, y señala que el Estado se inscribe dentro del último grupo. Pequeño. Sí, pequeño gran problema. “Desde siempre el suelo es un bien escaso. Cuando uno tiene tierra el otro no. Y esa tierra posee algunos atributos que a otro le están siendo negados por no tenerla”, añade Fernández Wagner.
MALDITA BURBUJA
No hay cifras que escupan así, directamente, el déficit habitacional. Pero sí hay números que funcionan como ladrillos si nos permitimos ser sarcásticos y pensar el concepto como si fuera una pared.
– Casi dos millones de personas viven en espacios que no pueden ser considerados casas o departamentos (las categorías, según las bondades del último censo realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos en 2010, abarca desde casillas y “ranchos” hasta locales no aptos para la vivienda). Cabe remarcar que esa encuesta no registró a las personas en situación de calle. Acordate de cuántas en este estado ves a diario e intentá hacer un cálculo.
– Unas 100 mil personas alquilan espacios para vivir que no pueden ser consideradas casas o departamentos. Otras poco más de 80 mil pagan una renta mensual por vivir en lugares que tienen piso de tierra, carentes de provisión de agua por cañería o de inodoro con descarga de agua. Según los cálculos de Infohábitat, la cantidad de inquilinos en villas se duplicó en los últimos diez años. ¿Cuánto pagan? “Mil quinientos pesos por mes por una pieza en un lugar que les ofrece, en la mayoría de los casos, el baño dos pisos más abajo”, añade Fernández Wagner.
– Según el último censo, sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay cerca de 350 mil viviendas vacías. Allí, calcula el arquitecto, “el déficit habitacional es de unos 130 mil hogares”.
– En poco menos de ocho años, el costo de compra de una vivienda se triplicó. “En el barrio de Almagro (Ciudad de Buenos Aires), el metro cuadrado valía 500 dólares en 2004. Ahora cuesta 1600”, cuenta desde la propia experiencia el arquitecto.
Para invertir la situación, lo que debería cambiar, coinciden ambos, es el accionar del Estado. “El problema es que hay un gran mercado formal crecientemente costoso e inalcanzable para cualquier nivel razonable de salarios, y un mercado informal que se convierte en el destino de una parte importante de la población, que termina allí porque no le queda otra. Ese mercado informal está estallado también, está a full”, asegura Fernández Wagner, quien aboga por la “justicia espacial”: “Una ciudad puede tener un plano urbano prolijo, pero si no actuás para equilibrar lo que el mercado desequilibra, no vas a hacer otra cosa que agravar la injusticia espacial”.
En palabras de Cravino, la atención del suelo urbano de parte del Estado es “urgente”. “De esa forma no solo se descomprime el déficit, sino que también se colabora con la mejora de la situación a futuro. Es una manera de empezar a escaparle al mercado. Actualmente, hay una política muy activa de vivienda. En cuatro años se construyó lo que no en 30, a través de los planes federales. Sin embargo, el impacto es mínimo y, a su vez, provocó el aumento del precio del suelo.”
FUNCIÓN SOCIAL DE LA TIERRA
A grandes rasgos, la ausencia de la función social de la tierra implicó a lo largo de los años dos grandes problemas según el territorio en el que uno se pare a echar un vistazo. Para colmo, en la actualidad, no hacen más que profundizarse. En la Ciudad de Buenos Aires, donde no hay efectivamente un centímetro de suelo vacío, existen cientos de miles de viviendas deshabitadas en manos de dueños que sólo buscan la concentración de bienes y especulan con el valor del ladrillo. En zonas aledañas a los grandes centros urbanos, la oferta de suelo existe, pero su precio es exorbitante. Allí, la especulación sobre la valorización pasiva de la tierra está a la orden del día y, si bien hasta mediados de los ‘70 tales territorios eran el destino de familias que venían “a probar suerte a la gran ciudad”, desde hace un tiempo comenzaron a caer en manos de las clases altas que en búsqueda de confort y buena vida ubicaron allí sus “barrios cerrados” y sellaron la suerte de los desposeídos en los sinuosos pasillos de las villas y asentamientos.
Cravino asegura que la carencia de suelo urbano afecta a “la clase media, que prefiere comprar una casa a crédito o un departamento que ponerse a construir, como sí lo hacen los sectores populares, que autoconstruyeron siempre, y a quienes por supuesto también perjudica la falta”. Si no hay suelo no hay vivienda ni acceso a la ciudad, con todo lo que esto implica. Pero tampoco hay redención. En el Conurbano la válvula de escape son las ocupaciones, aunque no todos están dispuestos a hacerlo, y el hacinamiento. En la Ciudad de Buenos Aires son las villas”, explica la titular de Infohábitat.
Vacío, en forma de terreno baldío, o ocupado, con decenas de pisos de hormigón encima, el suelo en casa debería ser dotado de una función que pese más que los derechos absolutos del propietario “en la medida en que éstos perjudiquen al colectivo social”, idealiza Fernández Wagner una solución que supere al remiendo. La función social de la tierra es una cuestión de cultura y de poder, más allá de que en la Argentina no exista si quiera en letra de ley. “El aparato jurídico, conservador, está parado sobre la supremacía de la propiedad; de allí no lo mueve nada, con lo cual las cosas se complican. Para regularizar villas, por ejemplo, necesitás de la función social. Para arreglar y negociar con el propietario del terreno en donde está asentado el barrio tomado, también”, fundamenta el arquitecto.
Ok, falta que se reconozca la función social de la tierra, pero no es la única alternativa con la que el Estado cuenta para empezar a revertir la situación. No existe ese elemento, pero tampoco hay una estructura de políticas públicas que, cuanto menos, amaine el efecto del mercado sobre una necesidad básica que, de no estar cubierta, golpea y duro. Fernández Wagner plantea la “concepción social de la propiedad”, algo que pone los puntos sobre la mesa respecto de los derechos pero también las obligaciones que debe respetar todo propietario. “No hacer nada con una propiedad, tanto de un pedazo de tierra como de una casa, repercute directamente en las reglas del mercado: aumenta la escasez porque el propietario quita esa propiedad del mercado y, por lo tanto, los precios se elevan. Hacia allí apunta la concepción social”, indica el arquitecto: “Está comprobadísimo que si se aplica un impuesto a la casa o terreno baldío o se cobra un plus en la factura del alumbrado, barrido y limpieza obligás a los dueños a ocuparla, a meterla de nuevo en circulación”.
Para Cravino, en tanto, la inexperiencia del Estado en participar de estas cuestiones es viento en contra. “Regular el asunto, presionar a los propietarios y pelear la especulación lo enfrenta a la definición de propiedad como una cuestión impune. Es la sociedad en general la que defiende esta cuestión y el Estado no sabe cómo controlar todos los frentes”, evalúa, luego de desilusionarse con lo ocurrido con la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires. “La norma no creó, como se quiso imponer mediáticamente y desde los sectores de poder, la expropiación. Esa herramienta ya existe desde hace mucho tiempo. La norma la plantea como alternativa para intentar una redistribución. Se vinieron todos encima”, reseña. “El problema está instalado”, remarca Cravino. “El Estado no cuenta con una maquinaria que le permita hacerse de suelo y ahora no quedan dudas: si sale a pelear en el mercado, los dueños aumentarán su precio. Con tantos años de nada, el Estado quedó atrapado en la lógica de mercado”.
Fuente: NaN 13# (julio-agosto 2013)
