Por Nicolás Sagaian y Natalia Iocco
“Y como no hay proyecto, o mientras no lo haya,
la única respuesta es bien conocida:
el lucro dirá qué hacer.”
Alain Badiou
Mabel tiene 52 años. Es ama de casa. Vende productos de una revista de cosméticos y vive en Ingeniero Budge. Se fuma dos atados de cigarrillos por día y siempre tiene olor a cenicero mezclado con perfume floral. Por las tardes dice que va a comprar y en realidad se escapa al bingo. Cuando se le pasa la hora, su familia se preocupa, aunque ya saben dónde está.
Tres veces por semana se toma un colectivo hasta Camino Negro y, desde ahí, otro al Bingo de Lomas. Una vez ganó siete mil pesos de un sacudón e invitó a sus amigas a comer afuera.
Cuando se “zarpa” trata de aflojar y deja de ir por un tiempo. Su marido siempre trató de relativizar su problema y de creerse ingenuamente sus inventos. Ella le sigue el juego.
Un día vio una marquesina y se enteró que abrirían un bingo en Puente La Noria, a catorce cuadras de su casa. Esa misma tarde le dijo a su marido que, cuando abriera, lo iba a invitar a comer para que viera que es divertido, que no pasa nada. Ahora, cada vez que se va a tomar el colectivo a la terminal para ir a ver a sus clientas, camina los cien metros entre la parada y la entrada del bingo. Como un ritual, le pregunta al policía que custodia la entrada: “¿Ya se sabe cuándo va a abrir?”. Y hasta ahora la respuesta siempre es la misma: “Todavía no”.
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Veintiséis de noviembre de 2014. Última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. El calor era sofocante en el recinto y el debate llevaba horas. La sesión volvía a reanudarse luego de un nuevo cuarto intermedio. Casi era de noche y ya se habían aprobado, entre otros temas, el Presupuesto 2015 y el llamado a licitación para la renovación del contrato del servicio de recolección de basura. Ambos expedientes habían despertado discusiones y fisuras en los bloques del oficialismo y la oposición. La plata que había en juego era mucha.
Entonces llegó el turno del expediente 1178-W-14: un proyecto de ordenanza para incluir modificaciones en el plan de obra original de la Terminal de Puente La Noria. La iniciativa había sido aprobada en 2005, cuando se le dio el aval al empresario Néstor Otero —dueño de TEBA SA, procesado y enviado a juicio oral por presunto pago de dádivas al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime— para avanzar en la construcción y la explotación de una terminal adonde se levantaría un complejo comercial, dos estaciones de servicio, un hipermercado, un centro de trasbordo de larga y media distancia, y un Banco Provincia.
En principio, el proyecto tenía un plazo de obra de treinta meses, pero por diversas razones se prorrogó a pesar de incumplir con las condiciones previstas. Nueve años más tarde, Otero buscaba “emprolijar” el expediente y sumarle otros “emprendimientos”. No decía cuáles.
En el HCD, ningún concejal podía asegurar con certeza de qué hablaba la letra chica del texto que iban a votar; pero un rumor cobraba fuerza: allí se iba a instalar un bingo.
La maniobra era poco clara. El proyecto de ordenanza que se estaba por tratar, en su artículo 1, decía que aceptaba “las modificaciones al proyecto aprobado por las Ordenanzas N°11086/5 y 11133/5”. No agregaba más información. Sólo contenía cinco artículos más, “de forma”.
El concejal del Frente Renovador Ramiro Trezza Silva fue el primero en pedir la palabra. “Adelanto mi voto negativo”, soltó y se recostó sobre su banca. Lo mismo hizo su exsocio político, Gabriel Mercuri. El interbloque UCR-GEN acompañó esa postura. Hasta ahí nada raro. Pero, de repente, el Frente para la Victoria empezó a mostrar sus grietas internas. Los tres integrantes del Movimiento Evita y los dos de Proyecto Nacional anunciaron que también iban a votar en contra. La tropa del intendente Martín Insaurralde quedaba sola.
Para el radical Marcelo Pellegrini la explicación era simple: “Nadie quiere pagar el costo de decir ‘estoy a favor del juego’”. Y si bien hasta ese momento no había nada claro, ante la duda cualquier sector que pudiera verse involucrado en esta trama se hacía a un lado.
La discusión no duró mucho. Apenas se extendió unos pocos minutos. Casi nadie habló. Sólo la UCR. Y, ante el silencio en el recinto, el oficialismo hizo valer su mayoría. Con apoyos inesperados —de La Cámpora, Kolina y sectores del duhaldismo—, aprobó el proyecto de ordenanza por catorce votos a favor y nueve en contra. La localización del bingo parecía un hecho. Sin embargo, aún faltaba algo más: la firma de autorización del gobierno bonaerense.
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Hasta ese día, la obra de Otero avanzaba en silencio en Puente La Noria. Poco importaba si tenía permiso para hacerlo. Los obreros montaban la estructura detrás de un cerco de chapas y una lona verde. La edificación era un rectángulo de cemento, sin ventilación ni ventanas, sólo con un par de escaleras laterales de emergencia y una puerta doble en el frente. Los movimientos eran custodiados por tres efectivos de la Policía Bonaerense.
A la vista de todos, el empresario y sus socios de la firma Codere —dueña de unas catorce salas de bingo en el territorio de la provincia— se movían con una impunidad increíble. “El Estado es permisivo y connivente con el poder que gerencia las salas de juego”, asegura Walter Martello, exdiputado provincial de la Coalición Cívica y autor del libro No va más. Las leyes y las concesiones de las administraciones locales, provinciales y nacionales favorecen la expansión de este esquema de negocios que, se estima, moviliza alrededor de 105 mil millones de pesos al año y se ha transformado en un modelo rentístico fenomenal.
En toda la provincia de Buenos Aires existen 46 salas explotadas por diez empresas en 32 municipios. La mayoría, en el Conurbano. Allí está el negocio. Sólo en tragamonedas, los bingos bonaerenses mueven 4715 millones de pesos al año. Las cinco salas que más dinero recaudan no están en el Hipódromo de Palermo ni Puerto Madero, sino en Berazategui, San Martín, Lomas del Mirador, San Justo y Avellaneda. El bingo de La Noria viene a reforzar ese esquema.
Su desembarco en la zona persigue esa lógica: en Lomas de Zamora, Codere tiene dos salas, una en pleno centro de la ciudad, a dos cuadras de la estación de trenes, y otra en Temperley, en el primer piso del complejo comercial del supermercado Coto. Esa sala está en las últimas. Es pequeña y luce abandonada. Ofrece sólo 105 máquinas y un pozo de 2200 pesos. La clientela se reduce a jubiladas que se escabullen de sus casas para ir a jugar y probar suerte. Por eso sus dueños, peso pesados del mercado, buscan redoblar la apuesta y trasladar el bingo de Temperley a La Noria, a un lugar mucho más transitado y mucho más grande.
El predio donde está instalado este megaemprendimiento tiene 9100 metros cuadrados. En Buenos Aires, pocos bingos tienen un despliegue de estas dimensiones. Según se calcula, la nueva sala podría llegar a tener una capacidad para más de 700 máquinas. En febrero pasado la empresa de ingeniería MadEX se encargó exclusivamente de la instalación de los slots y del acondicionamiento de los salones donde funcionarían los juegos de paño y de cartón.
La apuesta de Codere es fuerte. Si no, no se entiende cómo la empresa es capaz de arriesgarse a construir un edificio sin saber exactamente cuándo podría abrir sus puertas. Al cierre de esta edición, la resolución de la provincia para autorizar el traslado todavía es una incógnita. “Fijate —resalta Marcelo Pellegrini—, los tipos se dan el lujo de armar todo eso sin tener la autorización. Es la impunidad que tienen. Esto lo inventó Otero y Daniel Mautone (presidente de la Cámara Argentina de Salas de Casinos y Bingos) con (el exintendente de Lomas) Jorge Rossi. Porque esto no es nuevo, no empezó en la intendencia de Martín Insaurralde”.
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La elección del lugar no fue azarosa. Por día, en Puente La Noria pasan 500 mil personas, 35 líneas de colectivo y alrededor de cien mil vehículos que van y vienen de Capital Federal. La zona, sin dudas, es una de las más transitadas de Lomas de Zamora y, por si eso fuera poca cosa, a sus alrededores se levantan los barrios de Villa Fiorito, Budge, Villa Lamadrid y Villa Centenario, donde viven poco más de 300 mil personas, según datos de la Municipalidad.
En ese paisaje de casitas apiladas y calles gastadas, La Noria encierra una paradoja: es a la vez la zona más rica y más pobre del partido. En eso mucho tiene que ver La Salada. La feria ilegal más grande de Latinoamérica mueve, sólo en efectivo, 150 millones de pesos por día; es decir, 1300 millones de pesos al mes (y abre sólo lunes, miércoles y domingo) en sus 30 mil bocas de expendio, distribuidas en las veinte hectáreas de Urkupiña, Punta Mogotes y Ocean.
Cada semana, la Ribera recibe 400 micros del Interior repletos de compradores, 6000 autos particulares, 250 combis e incontables visitantes que llegan en transporte público. Los tiempos muertos, entre que unos terminan de comprar y otros esperan que el ómnibus vuelva a salir, se matan en bares o en puestos de comida callejera. El negocio de La Noria apunta a captar a esos clientes. “Por ejemplo, la gente viene del norte, de cualquier lado. Viene con plata, para en La Salada, compra y al final del día dice ‘¿cuánto nos sobró?’, ‘500 pesos’, ‘bueno, vamos al bingo’”, grafica el concejal del GEN, Luis Figuerón.
El diputado provincial de Progresistas Marcelo Díaz coincide, y afirma que “es una estrategia recaudadora”, tanto de Codere como del municipio, “para sacarle el dinero a los más pobres”.
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“En el barrio no hay nada, es cierto. Y tener un lugar para salir o pasar un rato puede estar bueno. Pero, ¿y las consecuencias? ¿Quién las paga? Acá ya tenemos mesas de juego clandestino, donde la gente va y se gasta el pago semanal, la pensión o la jubilación. Ahora con un bingo, ¿qué esperan?”, se pregunta Marisa, referente barrial que hace diez años trabaja con chicos, adolescentes y adultos en prevención de adicciones en Villa Lamadrid.
La estrategia de los bingos para captar clientes se escuda en la inocencia del entretenimiento. Si no son espectáculos gratuitos, es comida a un precio barato o sorteos de autos cero kilómetro. Las luces de neón y los ruiditos de los slots tienen algo que hipnotiza y llama la atención. “Hay algo en la pantalla, en los colores, en los dibujitos de los juegos que atrapa y es lo mismo que pueden producir la tele o la PlayStation”, explica Débora Blanca, directora de Entrelazar, un equipo interdisciplinario de investigación y tratamiento de las adicciones al juego.
En los sectores más vulnerables la ludopatía tiene su anclaje en la esperanza. “Los apostadores encuentran en el juego un lugar en el que ganar implica la posibilidad de dar un salto. Es un ideal: ganar para cambiar. La promesa de un futuro mejor”, completa la especialista y da cuenta de que el ambiente en las salas es propicio para la adicción: el clima es templado, hay calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, los baños están limpios, no hay ventanas ni luz natural. En el bingo las horas no pasan. Todo está pensado en pos del negocio.
“La ludopatía está absolutamente ligada a los rituales. Es como si el apostador fuera a una iglesia: el azar es Dios. Hay rezos individuales y colectivos.” Juegan mucho las cábalas. “También hay distinción entre los juegos, como entre el que consume drogas: una cosa es el que fuma marihuana, otra el que toma crack o cocaína. En el juego pasa lo mismo. Las máquinas son las más adictivas por el efecto que producen. El periodo entre la apuesta y el resultado es más corto, y ése es el momento en que el jugador encuentra cierto grado de ‘bienestar’. Así se arma el circuito que se repite una y otra vez”, explica la licenciada.
Las maquinitas son el juego más barato y cortoplacista, y las empresas lo saben. Y así la cuenta recae sobre víctimas anónimas: un número creciente de ludópatas condenados a la ruina.
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El Estado justifica la proliferación de bingos y casinos bajo el eslogan de “la plata que vuelve en obras”. En 2015, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires (Iplyc) repartió, según datos oficiales, cinco mil millones de pesos para distintas áreas entre lo recaudado en las salas y en las agencias oficiales. Pero el aporte que realiza es ínfimo.
En la provincia, de cada cien pesos que se juegan en los slots, sólo cinco van a parar al Estado. Sucede que en el actual esquema, el gobierno prácticamente es un “socio bobo”. La Ley 13.063 dispone que al menos el 85 por ciento de la recaudación total de las tragamonedas debe destinarse al pago de premios a los clientes. Del porcentaje restante (el 15 por ciento de las utilidades brutas), el 66 va para la sala y el 34 para la provincia.
En el caso del bingo tradicional, cada vez menos popular, la ley 11.018 dispone que el 58 por ciento de cada cartón vuelva al apostador, en concepto de premios, y el 21 vaya al operador (el Estado). El resto se divide: un seis por ciento al Fondo Provincial de Educación, un cinco a los municipios sin salas, un cuatro a municipios con salas, un tres al Iplyc, un dos a Desarrollo Social y el uno restante a la Policía Bonaerense.
En concepto de la Ley de Bingos, Lomas recibió en 2014 sólo 1.761.000 de pesos, es decir casi ocho veces menos que lo que recauda el municipio por la Tasa de Publicidad (13.700.000). Para 2016, la proyección es más elevada: 2.182.000 de pesos. Así y todo se trata de un aporte mínimo a las arcas comparado con los 200 millones que obtiene por la Tasa de Servicios Generales.
“Los fondos que recibe el municipio son nada comparados a las ganancias que tiene el juego. Si vos decís ‘permito el juego porque la plata vuelve a la gente’ está bien, pero eso es el chamuyo oficial, porque la plata del juego a final de cuentas va a los empresarios del juego, a los tipos que se enriquecen”, apunta el concejal Figuerón.
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Si bien los balances de Codere hoy son una incógnita, habrá que ver si el próximo año sus cuentas cierran con números equilibrados. El parate de la sala de La Noria y un cóctel de situaciones que fuerzan a la empresa a coquetear con los números rojos complicaron aún más la crisis de liquidez del grupo económico, que en 2014 entró en preconcurso de acreedores.
En la Argentina, hace años que sus empleados conviven con reiterados anuncios de venta y amenazas de recortes de personal. A pesar de eso, la compañía es una de las que más factura en el mercado del juego local. “Un dato alcanza para ilustrar su nivel de rentabilidad: el 40,25 por ciento de sus ganancias mundiales proviene de la Argentina. O mejor dicho, de Buenos Aires”, aseguran los periodistas Federico Poore y Ramón Indart en el libro El poder del juego.
Pese a eso, a la empresa no le gusta perder terreno. La noticia de que no saldría la autorización del exgobernador Daniel Scioli para poner en funcionamiento la nueva sala antes del 10 de diciembre no cayó nada bien en su consejo directivo. La maniobra fue desarticulada, tras una serie de medidas de presión de distintos espacios políticos y sociales.
Primero fue el Obispado de Lomas, que el 25 de noviembre emitió un duro comunicado: “Queremos levantar nuestra voz, sabiendo que expresamos el sentir de muchos, para oponernos enérgicamente al funcionamiento del bingo de La Noria. Todos sabemos las consecuencias terribles de la adicción al juego. Permitirla y favorecerla es criminal, un crimen contra los más pobres, ya que si hay un lugar donde circulan miles es en esa zona de nuestra periferia. No olvidemos que el juego desune y destruye familias, quiebra la autoestima de las personas, enferma y esclaviza”, reza el documento difundido por las autoridades de la iglesia.
Por si eso fuera poco, una semana después la Cámara de Diputados bonaerense también fue contra el bingo: el cuerpo aprobó por unanimidad un pedido de informe dirigido al Iplyc para conocer el estado de situación de los trámites de relocalización.
El proyecto fue presentado por el diputado del Frente para la Victoria Fernando “Chino” Navarro, quien justificó su decisión ante los rumores de una inminente apertura. En realidad quiso evitar que se negocie la firma por lo bajo antes de que el sciolismo abandonara el poder. “No sería ilegal que firmaran el traslado, sería inmoral que lo hicieran. No se puede hacer cualquier cosa con la salud, ni con la moral ni con el bienestar de nuestro pueblo”, justificó Navarro.
Según él, el ex jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez le confirmó que no había firmado el permiso. Ante la posibilidad de que abriera sus puertas “en el marco de la ilegalidad”, el diputado del Movimiento Evita amenazó con denunciar a Codere ante la Justicia si pretendía hacerlo. Hasta ahora no hubo noticias.
Fuente: NAN #21 (2016). Conseguila en nuestra Tienda Virtual.
