Por Nicolás Sagaian
¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió en estos 150 días para que el sindicalismo pasara de la tregua inicial a la lógica del vandorismo clásico de “golpear para negociar”? ¿Fue el shock? ¿Los despidos? ¿La inflación? ¿O la pérdida del poder adquisitivo y la caída del salario real? ¿Por qué los gremios tardaron tanto en reaccionar si el escenario social es preocupante? NAN consultó a la licenciada en comunicación social e investigadora del Conicet Ana Natalucci y al periodista especializado en temas gremiales Jorge Duarte sobre estos interrogantes y el escenario que se abre de ahora en adelante, haya o no haya “ley antidespidos”.
UNIDOS Y FRAGMENTADOS
La década sindicalizada, paradójicamente, dejó al movimiento obrero partido en mil pedazos. Los gremios recuperaron un lugar clave en la estructura social, política y económica del país, pero no pudieron saldar viejas deudas que mantienen incluso desde la década del ’80. La pelea con el kirchnerismo consolidó aún más el perfil corporativista (en todo sentido) de los líderes sindicales y postergó la discusión sobre la mentada democratización de los gremios.
De ahí que, antes de mirar la foto actual, Natalucci llame a tener en cuenta una serie de datos: “Para analizar bien el panorama, hay que mirar dónde estamos parados. Hoy podemos hablar de una híperfragmentación sindical. Si bien se dice que hay cinco centrales, en realidad, en los papeles, son tres y después muchos sindicatos dispersos. El sector de Antonio Caló está muy fragmentado y la representación que tiene Luis Barrionuevo es mínima”.
Al mismo tiempo, la investigadora del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) invita a reflexionar sobre la “crisis de representatividad” de los sindicatos (la tasa de afiliados no supera el 39 por ciento, según datos del Ministerio de Trabajo, un número que, por supuesto, no contempla al 33 de los asalariados “en negro” o no registrados), el rol que tuvieron algunos sectores de la CGT que apoyaron a Mauricio Macri para que sea Presidente y la incertidumbre sobre el rumbo que iba a tomar el Gobierno durante los primeros meses.
“Entonces, desde ahí es posible entender por qué hubo distintas reacciones y respuestas de parte de los gremios ante el escenario que se plantea. Y más si se tiene en cuenta que los despidos en el sector privado comenzaron a notarse con fuerza desde marzo; que en abril los aumentos de tarifas y la inflación se hicieron sentir y que el panorama se tornó complicado”, apunta y enfoca la mirada más allá de la lectura política que puede realizarse en este momento.
De aquella foto de febrero, de “los gordos”, sonrientes y trajeados, sentados junto al Presidente y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Casa Rosada, prácticamente queda poco y nada. La película cambió. O, al menos, eso parece públicamente en los últimos días. La multitudinaria movilización del 29 de abril al Monumento al Trabajo marcó un punto de quiebre y expuso el equilibrio inestable en la relación entre el macrismo y un sector importante de la sociedad.
Si bien coincide con algunas de estas cuestiones, Duarte hace una salvedad: “Los gremios cegetistas tienen un rol de contención del conflicto social que todavía está latente, como se vio en la movilización por el Día del Trabajador. A ver, que quede claro, fue una gran movilización, una demostración de fuerza y de poder por la capacidad de convocatoria, pero los dirigentes la escondieron en el Monumento al Trabajador, un lugar raro; no la hicieron en el Congreso o en la Plaza de Mayo, incluso lanzaron gestos de diálogo hacia la Casa Rosada”.
DE LA PRUDENCIA A LA REACCIÓN
Vale el flashback: corría el segundo mes de la nueva gestión y Hugo Moyano pedía prudencia. “Todo lo que está pasando era previsible. El Gobierno que se fue dejó una trama social y económica muy difícil de superar. No es simpático lo que está pasando, pero hay que esperar. Nosotros cuando empezamos a pelear contra Menem no lo hicimos a los 50 días”, soltó en una entrevista en Radio del Plata, que al menos en el ámbito gremial levantó mucha polémica.
No era para menos. Había transcurrido poco más de un mes del baile de Macri en el balcón de la Rosada, pero lentamente se empezaba a sentir “por goteo” el plan ortodoxo de Cambiemos: devaluación, eliminación de las retenciones, desregulación del mercado, apertura de las importaciones, endeudamiento externo, suba de tarifas y ola de despidos en el sector público. Los estatales y decenas de seccionales de base entraban en estado de alerta; mientras las conducciones parecían impermeables a las primeras muestras palpables del shock.
Natalucci ensaya una lectura: “Salir con los tapones de punta en enero, para algunos, es difícil, y no lo digo para justificar a nadie. Se sabía que Macri era un tipo neoliberal, no se presentaba como Menem en el ’89, que hablaba de la revolución productiva y después cambió. Teníamos en claro quién era. En ese marco, la gente y los sindicatos lo tienen en cuenta. Si no consideran que hay un contexto político y social que lo justifique, los sindicatos no salen a la calle”.
En ese momento, todavía persistía el tironeo entre los sectores que componen el Gobierno. “La puja oscilaba sobre si mantener algo de gradualismo o ir hacia un shock duro. Al final, en esa lucha ganaron los neoliberales duros. Hoy se ven los efectos concretos de esto, en ciertas políticas económicas, ciertas promesas de campaña que no se cumplieron, pero hasta que no se definió del todo era difícil imaginar lo que Macri iba a hacer en materia de gobernabilidad”.
Mientras, las centrales obreras mantenían una tregua. Mucho tenía que ver en eso la promesa de avanzar en modificaciones del Impuesto a las Ganancias y la devolución de 26 mil millones de pesos provenientes del fondo relacionado a las obras sociales de los gremios. Finalmente, el pacto estalló por los aires cuando el Presidente anunció los cambios en Ganancias, con todos los popes sindicales sentados en primera fila, y a final del acto quedó claro que, pese a la suba del mínimo no imponible a 30 mil pesos, sin cambios en las escalas, muchos trabajadores más entraban en el lote de los asalariados que desde ahora debían empezar a pagar el gravamen.
“Es una falta de respeto. ¿Qué nos vio, la cara?”, soltó un jefe sindical, masticando bronca, al salir del Salón Blanco de la Casa Rosada. La escena pareció dejar un capítulo abierto.
FOCOS DE RESISTENCIA
Con 10.921 despidos en marcha en el Estado nacional y otros 20 mil en las provincias y los municipios, las bases movilizadas fueron las que tomaron un rol activo al frente de la resistencia. “La presión de las comisiones, los trabajadores y los delegados hicieron que ese proceso arranque. En ATE y UPCN, la reacción se decidió en los lugares de trabajo. En el Estado, a muchas delegaciones las tiraron los afiliados, porque las dirigencias estaban planchadas. Y te hablo de casos concretos, que seguí y conozco, como en Derechos Humanos”, comenta la licenciada en comunicación social e investigadora del Conicet.
Para Duarte, en este sentido se plasma la brecha que se existe entre las conducciones y las bases. “Podríamos tomar el ejemplo de ATE, que desde las bases tuvo un rol activo; pero esta cuestión va mucho más allá de esa foto inicial de las múltiples marchas y protestas de los estatales. Muchas seccionales de la UOM y de la Uocra salieron a la calle, tomaron medidas de fuerza, algo que no tuvo concordancia con el rol que adoptaron las conducciones. Tengamos en cuenta que la Uocra sufrió 50.000 despidos, la UOM 9000, y el rol de los sindicatos a nivel conducción no fue tomar medidas concretas como la situación lo requería”, detalló.
La marcha de los estatales del 24 de febrero se erigió como el primer paro nacional en contra del Gobierno. Con epicentro en Plaza de Mayo, 50 mil personas se movilizaron contra los despidos, el techo a las paritarias y el Protocolo de Seguridad. Las dos CTA, gremios no encuadrados, movimientos territoriales, agrupaciones de izquierda y kirchneristas confluyeron en una misma manifestación, en la que la consigna central fue “¡NO al ajuste!”.
La efervescencia en la calle, más allá de todo, no se sintió sólo en la Ciudad de Buenos Aires. “Hubo ciudades enteras que se movilizaron por el impacto de las medidas económicas, pero no hubo una respuesta del sindicato a nivel nacional. Insisto: ahí se ve el rol de los dirigentes. Es algo que sucede frecuentemente. Repasemos lo que pasó en Chubut, con el conflicto petrolero, una actividad que motoriza la economía de la provincia y el trabajo. Y ahí se vio que confluyeron varios sectores en la calle, distintas ramas movilizadas, pero recién cuando la situación entró en ebullición los jefes sindicales se sentaron a negociar en la Casa Rosada”, explicó el periodista egresado de la Universidad Nacional de Quilmes (Unqui).
El viernes pasado los petroleros encabezaron una de las marchas más importantes de la historia de Comodoro Rivadavia. La situación es tal que el propio intendente de la ciudad, Carlos Linares, impulsó el paro en reclamo del incumplimiento de los acuerdos firmados por las compañías del sector a partir de la crisis provocada por la caída del precio internacional del barril del crudo. Según datos de la Secretaría de Trabajo de Chubut, seis personas por día pasan a ser desempleadas en la ciudad más populosa de la provincia a partir de dos fenómenos: los despidos “por goteo” y las desvinculaciones de supuesto “mutuo acuerdo”.
LA DOCTRINA DEL SHOCK
El plan fiscal y monetario del Gobierno desajustó variables estructurales de la economía. La devaluación, la baja de las retenciones, la quita de subsidios y el aumento de las tarifas, se convirtieron en una de las principales raíces inflacionarias. Los efectos de la transferencia de recursos a los sectores concentrados se hicieron sentir en el bolsillo de los trabajadores. La pérdida del salario real sólo en el sector privado cayó 10 por ciento, según un análisis del estudio Bein.
Para Natalucci, ante esta situación, la reacción de los sindicalistas fue la lógica. “Hicieron una buena lectura. En febrero, decían ‘ya vamos a salir’ y, como quedó claro, tienen olfato político, y salieron a la calle justo en abril, que fue el mes más jodido”, señaló. No hay que perder de vista que en eso ayudó la maduración del proceso de reunificación de la CGT y las conversaciones hacia adentro de las dos CTA, más allá de todas las diferencias internas.
“Uno de los quiebres —explica la investigadora del Conicet— es que se rompió en algún punto con la lógica corporativa de cada sindicato. Hasta el momento era cada sindicato pelea por lo suyo y ahora se dieron cuenta que esto no es un problema sectorial sino un problema político. En los ’90 este proceso llevó más tiempo, pero ahora es más rápido, y en ese sentido lo que queda claro es que se va rumbo a una sindicalización en un sentido más amplio a raíz de un problema que surge y que tiene que ver con la política económica del Gobierno.”
Duarte, en cambio, matiza el rol de los dirigentes gremiales en el nuevo tablero político que se reconfigura a partir de que el Poder Ejecutivo endurece más su estrategia de gobernabilidad. “Si nos enfocamos en lo fino de la marcha del viernes 29 de abril, tanto Moyano como Caló en sus discursos dieron cuenta de que ésta no era una marcha contra el Gobierno, sino que era en defensa de los trabajadores. Y ya ahí, desde lo retórico, hay una diferencia sustancial. Por ejemplo, si repasamos lo que dijeron en sus discursos, sus consignas fueron más livianas que las de las bases que pedían medidas inmediatas contra los despidos, herramientas para forzar las reincorporaciones e iniciativas para detener los constantes aumentos de precios”, apuntó.
“Como la premisa vandorista, los gremios golpearon, dieron sus señales y ahora se abre una instancia de negociación. Todos, desde sus discursos, fundamentalmente los sindicalistas de la CGT, plantearon que quieren sentarse hablar, que quieren que el Gobierno los llame, quieren que los consulte, para abrir un canal que les permita empezar a resolver de a poco algunos de los problemas que se están manifestando en el mercado laboral”, completa.
La movilización del Día del Trabajador, entonces, abrió una serie de interrogantes. Gran parte de ellos se van a responder, según cuál sea la postura que tome el Gobierno en lo inmediato.
¿Y AHORA QUÉ?
La primera reacción del presidente Mauricio Macri no fue muy agraciada que digamos. El 1 de Mayo, en la sede del sindicato de gastronómicos porteños, minimizó la movilización de las centrales obreras, criticó el “trabajo público inútil”, “el ausentismo” y “el abuso de licencias”. Su discurso tenía una razón: mostrar una postura firme más allá de la debilidad política y no dar el brazo a torcer sobre la “ley antidespidos”, que puede ser aprobada en la Cámara Baja.
Con el objetivo de evitar que salga la ley, el Gobierno trabajó prácticamente en todos los frentes. Primero buscó “ganar tiempo” demorando el giro del Senado a Diputados. Luego optó por seducir al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Ante la negativa, eligió pasar a la ofensiva. Y, solo, sin apoyos políticos ni sindicales, les pidió una mano a los empresarios. Desde el viernes comenzó a forjar un acuerdo para que las principales empresas del país, en un gesto simbólico, se comprometieran a “no reducir” sus planteles por un plazo de 90 días.
La estrategia a destiempo no dio los resultados esperados y, como un último manotazo de ahogado, el Ejecutivo lanzó un paquete de créditos y medidas para beneficiar a las Pymes. Así y todo el proyecto para declarar la emergencia ocupacional por 180 días sigue su rumbo.
Para Duarte, la discusión en torno a la ley antidespidos “es un tema simbólico”: “Tiene menos peso que cómo se la vende. Es una discusión ideológica y de agenda, en la que el macrismo quiere mostrar que no pretende tener ningún tipo de incidencia en el mercado laboral y la oposición encontró un tema de presión para posicionarse alto en la agenda. La ley no detiene la pérdida del empleo en situaciones de crisis y no impacta en el mercado laboral”. Para Natalucci, en tanto, es un debate “muy corporativo” de algunos sectores. “Quizá a Smata le sirve, a Camioneros, también; hay un informe del Frente Renovador que dice que en realidad la ley está pensada para el sector privado y en especial para las grandes empresas. En ese sentido, creo que no es una ley eficiente, no frena toda una política de desbarajuste del Estado”, completa.
En este escenario, el avance de la ley —que será tratada mañana en Diputados y que, en caso de aprobarse, podría derivar en el primer veto de la era Macri como Presidente— podría marcar “un antes y un después” en la relación del Gobierno con los sindicatos. Las centrales ya avisaron: “Si hay veto, se desata una nueva etapa de conflicto y podría haber paro nacional”. Pese a las amenazas en el PRO están dispuestos a tensar la cuerda con el gremialismo si es necesario.
En este caso, de no torcer el rumbo, Natalucci considera que el macrismo se dirige “hacia un conflicto social permanente, porque no se puede gobernar la Argentina sólo con las patronales y los bancos; y Cambiemos prácticamente hoy no tiene políticas para sostener aliados”. “Si no hay un cambio va a recrudecer el conflicto, porque los problemas se están extendiendo a muchas áreas y no se puede hacer una restricción tremenda de la economía, en una situación de aumento de tarifas, quita de programas sociales y una inflación creciente.” El Gobierno necesita hoy otro tipo de aliados, más allá del menemista Luis Barrionuevo y el Momo Venegas.
“El único camino que tiene el Gobierno es llamar a una convocatoria o lanzar medidas; si va hacia la confrontación, la verdad que va a tener problemas en breve no sólo con todo el arco sindical, sino con la gobernabilidad”, cerró Duarte.
