Por Nahuel Lag y Nicolás Sagaian
“A mucha gente le cuesta llegar a fin de mes”, reconoció Mauricio Macri en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno al anunciar el plan de Primer Empleo, a cinco meses de asumir la presidencia. Fue otro “sinceramiento” de los varios que lleva su gestión, incluso desde antes de su comienzo. “Nos ocultaron la inflación”, señaló en noviembre durante el debate presidencial en la Facultad de Derecho, cuando prometió detener la suba de precios. En esos días de campaña, su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, decía que la devaluación “no afecta a nadie” y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, comunicaba que no había que esperar un “paquete de ajuste”. A 150 días de gobierno, el Indec no ofrece información oficial, pero la inflación producto de la devaluación y el ajuste vía tarifazos se sincera en los bolsillos de los trabajadores. La suba de precios acumulada fue de 11,9 por ciento en el primer trimestre —según el IPC porteño— y de entre 6 y 8 por ciento —según consultoras privadas— sólo en abril, el índice más alto desde la crisis de 2002. El impacto se hizo sentir en la caída del poder adquisitivo y el derrumbe del consumo. “Sabemos que el sinceramiento le complica más la vida a la gente”, lamentó Macri la semana pasada rodeado por un grupo de trabajadores de la construcción —uno de los sectores más golpeados por los despidos— al anunciar por segunda vez en tres meses el reinicio de la obra vial del Viaducto de Puente La Noria y prometer la reactivación económica en el “segundo semestre”.
UN ELEFANTE EN LA CASA ROSADA
A 20 días de la asunción y a casi un mes de la noche en la que Macri criticó el ocultamiento de la inflación, el ministro de Hacienda anunció la “emergencia estadística”: el inicio del apagón del Indec, que se mantendrá hasta mediados de junio. Seis meses sin nada que ocultar. Durante el anuncio, Prat Gay estimó que en el primer mes de gobierno la inflación andaba “más o menos por el 3,5 por ciento”. La referencia oficial desde entonces son las estadísticas ofrecidas por la Ciudad de Buenos Aires y San Luis, que para el último mes de 2015 arrojaron aumentos por encima de los anticipados por el ministro: 6,5 y 3,9 por ciento, respectivamente.
Días después, Prat Gay presentó el plan de metas de inflación dirigido por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y volvió a dar una cifra no tan cercana a los datos de la realidad: la inflación anual rondaría entre el 20 y el 25 por ciento. Un cálculo arriesgado.
Con los salarios acordados en 2015 por debajo de la inflación (el acumulado estuvo entre el 26,9 y el 31,6 por ciento, y el promedio de los acuerdos paritarios rondó el 27), la subas de diciembre fueron un duro golpe para los trabajadores: el mes de las fiestas registró el salto de precios más alto de 2015, impulsado por el fin de las retenciones y el cepo cambiario, que de un sopapo provocó una devaluación en torno al 40 por ciento a mediados de diciembre (alcanzó un 50 por ciento en el trimestre) y se trasladó directamente a los precios de las góndolas y de toda la cadena de valor, a pesar de los pronósticos de Prat Gay.
La inflación de diciembre registró el mayor salto desde febrero de 2014, cuando el gobierno kirchnerista devaluó un 26 por ciento la moneda. Según un informe de Cifra, centro de estudios de la CTA, en aquel 2014 se registraron “los mayores incrementos salariales nominales de toda la década (entre un 30 y un 40 por ciento para la mayoría de las actividades) y aún así se registró una caída del salario real”. Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) actualiza la situación post devaluación y ajuste macrista: “La caída del salario en dólares se ubica entre 33 por ciento para el conjunto de la economía y 35 por ciento para el salario registrado industrial, considerando el período noviembre de 2015 a febrero de 2016. El valor del salario industrial en dólares en marzo de 2016 quedaría por debajo del existente en 2011”. Y proyecta: “Las paritarias adelantan un nivel de recomposición salarial que llegaría a 18,01 por ciento para el primer semestre”, frente a una proyección de suba de precios por encima del 24 por ciento. La meta inflación estimada para todo 2016 por el gobierno nacional, de acuerdo a la marcha de la economía, llegaría a concretarse sólo en seis meses.
PRECIOS DESCUIDADOS
El efecto de la devaluación fue expansivo. En enero la economía se sinceró un 4,2 y un 4,1 por ciento, según los índices “alternativos” de San Luis y la Ciudad. A fin de mes, llegó otra “emergencia” por decreto: la energética. “Paga 25 pesos y ahora pagará 150”, resumió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el aumento del 500 por ciento de las tarifas por la quita de subsidios para los usuarios del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Ese impacto diferencial se reflejó en las mediciones alternativas de febrero: 4 (IPC porteño) y 2,7 por ciento (IPC San Luis), y el ministro Prat Gay eligió por resolución que la medición oficial del segundo mes sea la de San Luis porque representaba “más ajustadamente las variaciones de precios”.
Para entonces, el consumo ya encendía las alarmas del impacto negativo de las decisiones del Gobierno: en enero el consumo de bienes básicos había bajado sólo un 0,1 por ciento, pero en febrero el retroceso en la comparación interanual alcanzó un 2,4, según el informe Pulso Económico de la consultora CCR. En el mes del carnaval, los legisladores nacionales que volvieron a publicar el IPC Congreso —sin la UCR ni el PRO ni la Coalición Cívica en la mesa de presentación como durante el kirchnerismo— señalaron que la suba fue del 4,8 por ciento, cifra récord para un mes de inflación baja por motivos estacionales, agitados por la suba de tarifas.
En marzo, la suba de precios continuó (no funcionó la “confianza” en los empresarios, a quienes la Secretaría de Comercio les quitó todos los controles; tampoco la reducción de la emisión monetaria y menos la continuidad de Precios Cuidados, con aumentos y una canasta reducida) y el “segundo semestre” se transformó en la nueva meca macrista. “Estamos en los peores meses de gestión”, admitió el titular provisional del Senado y expresidente, Federico Pinedo.
El primer trimestre de Cambiemos rompió con la tendencia de precios a la baja registrada desde el último pico inflacionario de enero de 2014, post devaluación kirchnerista y hasta octubre de 2015, según los registros del Indec nacional y de la Ciudad. Y también quebró con una herencia más extensa, según analizó el economista del Centro de Estudios Sociales Andrés Asiaian: desde enero de 2010 hasta octubre 2015, el promedio inflacionario —de acuerdo a mediciones provinciales— fue del 2 por ciento, mientras que en los meses PRO subió a 4,6 por ciento.
La tendencia alcista récord quedó reflejada en las mediciones de la Ciudad: la canasta básica alcanzó un valor de 14.089 pesos para una familia tipo. Según Cifra, la canasta costaba 16.437 pesos ya en febrero; mientras que los trabajadores del Indec rompieron el apagón estadístico e informaron que una familia tipo necesitó en marzo unos 17.492 pesos para llegar a fin de mes: 5.456,4 pesos para acceder a la canasta básica y 12.035,8 pesos para otros bienes y consumos mínimos, como el pago de los servicios de energía eléctrica y gas.
DOLOR PAÍS
“Me duele tomar estas decisiones”, dijo Macri a principios de abril. Parecía que el ajuste llegaba a su fin, pero todavía faltaban sincerar más precios para achicar los gastos del Estado, volcados a subsidios, planchar la emisión monetaria y… ¿bajar la inflación? “En términos de plata, no es tanto”, aseguró el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, al defender el aumento del 100 por ciento en las tarifas de trenes y colectivos del área metropolitana. El mismo día, el ministro de Energía decía que “la tarifa de gas era baja” y preparaba el terreno para avanzar en la promulgación de los aumentos en los servicios de gas (300 por ciento) y agua (375).
Los nuevos tarifazos se anunciaron un histórico 1 de abril, en el que también se promulgó el acuerdo con los fondos buitre, la mayor emisión de deuda pública para un país emergente. Con esos anuncios sobre la espalda, Prat Gay celebró volver al mercado de crédito internacional y aseguró que la etapa de “reacomodamiento de precios” concluía con el primer capítulo del programa fiscal. Por esos días, Sturzenegger se excusó por sus metas de inflación: “Es posible que el régimen de metas implique en lo inmediato mayores dificultades”, y días después se limitó a decir que buscaría “acercar la inflación de 2016 lo más posible a 25 por ciento”, pero que “el mercado” esperaba un 33 por ciento anual. Para los consumidores, según un análisis de expectativas del Centro de Investigación en Finanzas (CIF), de la Universidad Torcuato Di Tella, la perspectiva empeora: temen subas del 36 por ciento.
Con la primera etapa del programa fiscal concluida, abril fue el peor mes. El impacto del megatarifazo produjo —según varias consultoras privadas— una inflación promedio del 7 por ciento, la suba mensual más alta desde abril de 2002, haciendo un salto de la “herencia kirchnerista” a los valores inflacionarios de la peor crisis social y política del país. El incremento generalizado de precios y la caída del poder adquisitivo mostró su cara en el consumo: la demanda se desplomó un 4,8 por ciento en los comercios minoristas en el primer cuatrimestre, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mientras se redujo un 2,3 por ciento el consumo de alimentos, bebidas y artículos de tocador, según la consultora CCR.
El impacto recesivo tuvo otros coletazos en un sector dinamizador como el de la construcción: con una baja del 8,8 por ciento en la venta de materiales, según un estudio del Grupo Construya. Y para calentar el termómetro inflacionario, la semana pasada el ministro de Energía y exCEO de Shell anunció un aumento del 10 por ciento en combustibles, acumulando un 31 por ciento anual: “Si el consumidor considera que este nivel de precios es alto, deja de consumir”, resolvió.
POBREZA CEO
En aquel debate presidencial ya lejano (¿y olvidado?), Macri también habló de su plan “Pobreza Cero” y Marcos Peña reiteró ese objetivo en su primer informe de gestión ante el Congreso a fin del mes pasado, cuando sostuvo (o ironizó): “Todas las medidas que tomamos están orientadas al objetivo de pobreza cero”. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, desde la asunción de Cambiemos 1,4 millones de personas cayeron en la pobreza y 350 mil quedaron en situación de indigencia, aumentando 5 puntos la tasa en sólo 4 meses, hasta llevarla al 34,5 por ciento de la población.
Según el centro Cifra, durante la década kirchnerista fue sistemática la caída de la pobreza hasta 2014, llegando a un piso de 17,6 por ciento en el segundo trimestre de 2013. Esas tendencias coinciden con el informe presentado en abril por la UCA. Sin embargo, si bien para Cifra la suba de la tasa de pobreza comenzó tras la devaluación de enero de 2014 (20,6 por ciento), la tendencia según la UCA comenzó en 2012 para finalizar en 2015 con 29 por ciento de la población en la pobreza. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, en el último trimestre del año pasado la tasa de pobreza era del 23,7 por ciento y 5,4 la de indigencia.
EMERGENCIA OCUPACIONAL
El apagón estadístico del Indec dificulta trazar un mapa real del desempleo en la Argentina. El escenario, así y todo, puede delinearse minuciosamente con información proveniente del gobierno nacional, los sindicatos, las cámaras empresariales y algunas consultoras privadas. La tendencia, en general, siempre es la misma: lejos del estancamiento de los últimos años, el mercado laboral muestra un marcado retroceso. Según los últimos datos de la AFIP, a partir de las declaraciones juradas presentadas por las empresas ante el sistema de seguridad social, de los 6.581.447 empleos que había en octubre de 2015 se pasó a 6.555.412 en febrero. Es decir, una caída en términos reales de 26.035 puestos de trabajo sólo en el sector privado. Se trata de empleos registrados o “en blanco”, por lo que no se contemplan lazos laborales precarios, como los casos de los factureros, los monotributistas, los autónomos y los trabajadores “en negro”. El número podría ser aún mayor si contuviera este universo.
Un repaso por los indicadores de distintos sectores permite evidenciar la magnitud de este panorama. Uno de los rubros más golpeados es el de la construcción. A raíz de la paralización de la obra pública, la actividad registró en febrero 370.824 empleos en blanco, 25.895 puestos menos en relación al mismo período de 2015. Los datos surgen del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), que funciona bajo la supervisión del Gobierno. Si se analiza en detalle la serie histórica, la caída es más pronunciada: en comparación a septiembre de 2015 (cuando había 428.083 empleos registrados), hay 57.259 trabajos menos. El derrumbe roza el 13,3 por ciento, uno de los niveles más bajos desde 2008.
La explicación a este contexto puede encontrarse en un dato a primera vista imperceptible: de los 4.516,41 millones de pesos que el Gobierno tiene previsto gastar este año en obra pública, en estos primeros meses sólo utilizó poco más de 103 millones de pesos, apenas un 2,28 por ciento del presupuesto, según consta en informes del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
La situación de preocupación se extiende también a otras ramas de la economía, como el agro, donde se perdieron 15.057 puestos de trabajo, y la industria manufacturera, en la que hay casi 10 mil empleos menos. Eso sin contar las suspensiones y paradas técnicas de muchas fábricas de todo el país. De acuerdo a la última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), elaborada por el Ministerio de Trabajo, la tasa de suspensiones en el último trimestre se ubicó en casi 6 suspensiones cada mil trabajadores. Es el número más alto desde 2007. Una suspensión implica, en la práctica, que el trabajador conserva su puesto de trabajo, pero con una reducción de su carga horaria y, por lo tanto, de sus ingresos. “Los casos más conocidos son los de las automotrices, que utilizan esto como un mecanismo de ajuste en los costos de producción hasta tanto no se aclare la situación económica”, explicó el especialista en mercado laboral de la Universidad Nacional de General Sarmiento Luis Beccaria a Chequeado.com.
Bajo la lupa, la información cobra relevancia y permite poner a prueba el discurso del Gobierno. “No hay una ola de despidos”, sostiene el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. “Es una sensación térmica”, considera Prat Gay. Y todo el Gabinete sale a defender al unísono esa postura. Sin embargo, hasta ahora no hay datos públicos que sustenten esa línea de argumento. Por el contrario, la CAME habla de 120 mil despidos; un número similar al diagnóstico de la consultora Tendencias Económicas y Financieras, que da cuenta de 127.444 empleos menos hasta marzo, de los cuales el 70 por ciento se produjeron en el sector privado. Mientras, el último informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA es más cauteloso: sostiene que entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo, se destruyeron 68.563 empleos, de los cuales 37.627 ocurrieron en el sector público y 30.936 en el privado. El análisis aclara que es “un relevamiento de mínima”, ya que no incluye las denuncias realizadas por dirigentes gremiales ni las pérdidas de puestos laborales que no llegan a difundirse públicamente.
La emergencia laboral ha desatado consecuencias difíciles de sortear para el Gobierno. Durante los primeros meses, el PRO minimizó el impacto de este problema en la percepción social, y ahora se encuentra atrapado en un callejón sin salida, obligado a dar respuestas concretas. La primera reacción fue enredarse en dibujar estadísticas como lo hizo el kirchnerismo con el Indec. No le sirvió: la realidad muestra un panorama complejo y completamente diferente. En las últimas semanas, Volkswagen cesanteó a 150 operarios en su planta de Córdoba; Iatec dio de baja 300 contratos en Tierra del Fuego; Brightstart despidió a 120 trabajadores; Petroquímica Río Tercero paralizó su producción y suspendió a 80 de sus 341 empleados; los bingos de la Ciudad de Buenos Aires cerraron y dejaron a alrededor de 500 personas en la calle; el freno en la construcción de Atucha III provocó 2400 despidos; e YPF va camino a revisar 2000 contratos. Se podría seguir con una larga lista de casos.
“El gobierno de Mauricio Macri ha creado las condiciones para que el sector privado quede habilitado a desprenderse de personal, primero abriendo la puerta a los despidos masivos en el sector público y después con una política económica recesiva en un contexto internacional desfavorable”, escribió hace unos días el periodista de economía Alfredo Zaiat en Página/12. La reflexión invita a pensar y debatir cuáles son los orígenes de este fenómeno en la Argentina. Basta con repasar las medidas políticas aplicadas por Cambiemos a partir del 10 de diciembre y la “purga” deliberada del Estado llevada a cabo por parte del Ministerio de Modernización, que actuó como si fuese una agencia de recursos humanos y en sólo cuatro meses despidió a 10.921 trabajadores de la administración pública. Aunque el número es mucho mayor si se tienen en cuenta los otros 24 mil despidos que se produjeron en los municipios y las provincias.
Sin un rumbo fijo, la gestión PRO rifó los lazos que había tejido para sostener la gobernabilidad. Hoy no tiene aliados de peso en el sector político, el empresarial ni el sindical, y a la intemperie, la Casa Rosada apunta a “pasar el invierno” como mejor estrategia defensiva. “Es difícil imaginar quién asesora al Presidente”, disparó Hugo Moyano por la radio. “Entiende menos de política que yo de capar monos”, completó y dejó entrever la posibilidad de avanzar hacia un conflicto profundo por parte de los sindicatos en el caso de que el Gobierno no tome medidas concretas para frenar los despidos por algunos meses.
