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Hecha la trampa, hecha la ley

Presentado el viernes pasado en la Legislatura porteña, el proyecto de norma reconoce a los centros culturales tras un raid de clausuras “arbitrarias” del macrismo. Fotografía: Marcos Drago
Presentado el viernes pasado en la Legislatura porteña, el proyecto de norma reconoce a los centros culturales tras un raid de clausuras “arbitrarias” del macrismo. Fotografía: Marcos Drago

Por Agustina Sulleiro

Atajando penales. Así estaban los centros culturales, defendiéndose de una política de hostigamiento llevada adelante por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un partido desigual que incluyó infinitas multas y varias clausuras. Sin embargo, la dinámica está empezando a cambiar porque estos espacios se organizaron y, a partir del aprendizaje de las experiencias comunes, decidieron meter el contraataque, pasar a la ofensiva. La comunidad de la cultura autogestiva porteña junto con los legisladores del interbloque kirchnerista abarrotaron el viernes pasado el salón Perón de la Legislatura para presentar un proyecto de ley que tiene como objetivo fundamental el reconocimiento de estos espacios culturales. Dicho proyecto es el resultado del trabajo que vienen haciendo los gestores de los centros culturales hace ya cinco años, cansados de lidiar con la arbitrariedad de los inspectores que en los últimos dos meses cerraron más de veinte espacios.

Pero esta coyuntura de persecución no es nueva, sino que se despliega desde los comienzos de la gestión de Hernán Lombardi al frente del Ministerio de Cultura. Pues bien, si las oleadas de clausuras fueron cíclicas (con picos tras hechos trágicos como el derrumbe del boliche Beara, en 2009, donde murieron dos chicas), la articulación de los centros culturales fue siempre constante y progresiva, para llegar hoy a un resultado concreto de esta construcción: la presentación de un proyecto de ley. “Esto es un sueño enorme para nosotros. Esta ley no fue pensada desde el apuro ni para cubrir un bache sino que es resultado de un trabajo enorme; es una herramienta fundamental para que podamos trabajar, hacer cultura; para que podamos finalmente dormir con tranquilidad y seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer sin preocuparnos por una clausura”, explicó Claudio Gorenman, referente del Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA).

En este sentido, y frente a una política cultural macrista que privilegia los espectáculos masivos y los festivales for export, la necesidad de una normativa que reconozca, fomente y proteja los centros culturales autogestivos es urgente. Al respecto, el diputado de Nuevo Encuentro Edgardo Form aseguró: “Estamos convencidos de que, sin perjuicio de los debates que van a tener lugar, ésta es una ley sensata, que viene a dar una mano importantísima a toda nuestra población y que contribuye a la madre de todas las batallas, la batalla cultural”. Por su parte, la legisladora del Frente para la Victoria Lorena Pokoik sostuvo que “la cultura no es solamente un espectáculo, es la capacidad que tienen los pueblos de producir sus propias expresiones. Nosotros estamos defendiendo el derecho a ser productores de nuestra propia cultura. Éste es un piso para impulsar nuevas leyes que alteren las partidas presupuestarias de la ciudad para que lleguen a todos los barrios y a todos los habitantes”.

HISTORIA DEL PROYECTO

El germen del texto normativo debe rastrearse en 2011, cuando el incipiente MECA elaboró y presentó dos proyectos, uno habilitatorio y otro de fomento de centros culturales. El motor de estas iniciativas fue similar al escenario actual: en el marco de la falta de una figura legal que reconozca su existencia, estos espacios están desprotegidos frente a los funcionarios del gobierno que imponen multas inaccesibles y clausuras ridículas. Estos proyectos, si bien sirvieron de precedente para el movimiento y funcionaron como aglutinadores de diversos espacios con problemáticas similares, terminaron muriendo en los cajones del Palacio legislativo por dos razones: el claro desinterés de las autoridades para resolver esta problemática y la falta de experiencia y organización de la comunidad cultural autogestiva para empujar su tratamiento.

Presentado el viernes pasado en la Legislatura porteña, el proyecto de norma reconoce a los centros culturales tras un raid de clausuras “arbitrarias” del macrismo. Fotografía: Marcos Drago
La consolidación de los espacios de diálogo entre los colectivos autogestivos y legisladores dio como resultado dos iniciativas: la movilización del 13 de agosto y la presentación de un proyecto de ley. Fotografía: Marcos Drago

En estos tres años, lejos de aflojar, gestores culturales, artistas y público fueron estrechando sus vínculos y aceitando sus dinámicas de articulación, lo que derivó en un fortalecimiento del movimiento para llegar, el año pasado, a la redacción de un nuevo proyecto de ley habilitatorio. En ese momento, MECA optó por buscar las 40 mil firmas necesarias para que la presentación fuese por iniciativa popular y así evitar cualquier tipo de padrinazgo partidario. Dicho objetivo, ante todo destacable, no dejó de ser muy difícil de alcanzar compitiendo a contrarreloj con la política de clausuras compulsivas.

El detonante final fue la última oleada de cierres: más de veinte espacios autogestivos debieron bajar sus persianas en los últimos dos meses. Frente a estas circunstancias, la consolidación de los espacios de diálogo entre los colectivos autogestivos y legisladores de la ciudad dio como resultado dos iniciativas claras: la masiva movilización del pasado 13 de agosto bajo el lema “la cultura no se clausura” y la presentación formal de un proyecto de ley en la Legislatura porteña acompañado por los diecisiete diputados del interbloque kirchnerista. Ahora sí, la discusión se dará en la Cámara, donde necesariamente se deberá encontrar una solución institucional a la problemática de los centros culturales.

LAS CLAVES DEL PROYECTO

– Instituye la figura legal de centro cultural, que contempla la multiplicidad de lenguajes que se desarrolla en estos espacios: talleres artísticos, medios de comunicación, programas de educación popular, espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones y muestras. Si bien tras la masacre de Cromañón se fueron sancionando diversas leyes que regulan las salas de teatro independientes, los clubes de música, las peñas y las milongas, ninguna de estas figuras contempla la totalidad de las actividades que se llevan a cabo en los centros culturales. Este vacío legal es lo que permite que los inspectores no tengan que seguir reglas claras, por lo que terminan clausurando dichos lugares según criterios arbitrarios.

– Detalla de forma taxativa los requisitos de infraestructura y capacidad máxima de los espacios: los centros culturales no cuestionan la función del Estado en tanto garante de las condiciones de seguridad y habilitación; por el contrario, se aspira a que las normas sean precisas y explícitas.

– Autoriza a los centros culturales a inscribirse en el Registro de Usos Culturales del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

– Exime del pago de timbrado (impuesto municipal) como forma de fomento a estos proyectos autogestivos sin fines de lucro.