Por Nicolás Sagaian
Fotografía gentileza de Asamblea de Flores
Buenos Aires, agosto 11 (Agencia NAN-2010).- La topadora de expulsiones puesta en marcha por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no respeta historias ni barrios. Entre el centenar de desalojos impulsados por la maquinaria Pro ni siquiera quedó exento el tradicional Centro Cultural Veinte Flores, espacio recuperado por las barriadas del oeste porteño tras el estallido social y político provocado en 2001. Pese a que el lugar es un punto importante de gestación de asambleas, una docena de talleres artísticos, un bachillerato popular y hasta una cooperativa de vivienda para 34 familias, la Dirección de Fiscalización y Control macrista no dudó ni un minuto en certificar en agosto de 2009 que el lugar debía ser “rematado” por un proceso de liquidación a cargo del Juzgado Civil Nº3. Desde entonces, entre negociaciones, el desalojo y remate se mantienen en stand by; mientras, las 150 personas que viven en el lugar, acompañadas por los vecinos, resisten diariamente en busca de una solución a sus problemas habitacionales y al destino del espacio cultural. Todavía la cuestión no encuentra más que un futuro incierto, pese a que atrás de ese centro existe casi toda una localidad.
Es que con el tiempo el Veinte Flores se ha consolidado como un patrimonio social de la séptima comuna de la Ciudad. Por eso, los miembros y participantes de la Asamblea de Flores lo defienden ante todo y coinciden al afirmar que en el caso de que no se encuentre una salida satisfactoria, resistirán “juntos” frente a la Policía. “Hasta ahora no existe un acuerdo firme. Si bien en algunas reuniones nos propusieron desalojar el edificio a cambio de subsidios para las personas que viven acá y no tienen lugar, todavía no hay nada”, comenta Alexis Fasanando, uno de los referentes del organización social y cultural, anclada en Avellaneda 2177. Entonces, como queda claro, la espera se agudiza con el paso de las horas porque de buenas a primeras la jueza subrogante Raquel Bancalari, que lleva a cargo el remate, puede emitir sin problemas una orden legal y ahí no habrá mediación que valga.
Entre esas posibilidades, en medio de un tire y afloje, las soluciones que se barajan son dos. Como el inmueble está dividido en dos plantas, con una estructura principal y un edificio de cuatro plantas que tiene salida a la otra calle (Gavilán), desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) les propusieron “desalojar la residencia donde viven las familias y tramitar un crédito a 10 u 8 años para quedarnos con el espacio de centro cultural –explica Fasando– o darles subsidios e incluir en planes de viviendas a las 150 personas”. Lo cierto es que, según cuenta otro de los representantes del espacio, Nicolás Lovarvo, lo “ideal” sería mantener el edificio del centro cultural y “resolver el problema de viviendas” de los chicos y grandes, que llegaron al Veinte Flores por comodidad o porque muchas veces en los hoteles y pensiones de la Ciudad no reciben a familias numerosas.
Allí fue donde el centro fue tomando relevancia. A partir de decisión de recuperar el espacio que dejó vacío la quiebra de la Mutual Portuguesa, una fría y ventosa mañana del sábado 31 de agosto de 2002, el centro fue tomando fuerza primero funcionando como un comedor y luego como una cooperativa de vivienda denominada “Casa Social de Flores Limitada” (de acuerdo a la Matrícula 31067 presentada al Instituto General de Vivienda según la Ley de “Soluciones habitacionales). Por eso, es contradictoria la situación legal del predio: “porque por una parte el INAES nos da una dirección legal, pero como organismo administrador de la propiedad en quiebra nos pide que nos vayamos o llegar a un acuerdo”, analiza Lovarvo.
Más allá de eso, el Veinte Flores siguió caminando. Con empuje y decisión, logró primero reacondicionar el lugar y brindar talleres, que lo conectan directamente con el barrio. A saber, brindan clases de circo, acrobacia, clown, danzas folklóricas bolivianas, taller de capacitación textil, de prensa alternativa, y por si fuera poco clases de inglés y apoyo escolar que sirvieron como pilares para armar el bachillerato popular. “Es decir, lo que funciona ahí, de lunes a viernes, es una escuela secundaria que permite a muchas personas conseguir un título a partir de un convenio con el IMPA, instituto que sí está legalizado como corresponde”, apunta Fasanando al mismo tiempo que trata de dar cuenta del elevado nivel de organización que han llegado a tener, por ejemplo enrolados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
Como queda claro, el vínculo cotidiano con el barrio es muy estrecho ante el gran ofrecimiento de variantes artísticas y culturales que se les entrega los vecinos. Por ejemplo, es común que los fines de semana haya alguna peña o varieté, así como también jornadas de literatura con las que consiguen solventar algunos gastos mínimos y pueden también sostener las actividades. Después, dentro de la cooperativa, la Asamblea y el consorcio se arreglan de tres maneras distintas: quienes viven en el edificio forman parte de una caja mediante la que pueden pagar luz, agua y gas; dentro de la cooperativa todos aportan 15 pesos para los gastos legales y una especie de caja de ahorro en el caso de que puedan sacar un crédito; y desde la asamblea pueden sostener las actividades a partir de un aporte de 10 pesos. “Así, sobrevivimos, nos estabilizamos y buscamos una especie de solución habitacional”, afirma el representante, que llegó proveniente de Perú al país en el 2000.
Entonces, desde la Asamblea de Flores aseguran que no sólo defienden un espacio social y cultural, sino que también protegen “un lugar de participación ciudadana”. A tal punto, tiene una notable visibilidad ese espacio que el 4 de diciembre de 2008 la Legislatura porteña declaró de “Interés Social y Cultural las Actividades de la Asamblea de Flores (despacho 0927/08)”. Por eso, nuevamente queda en posición adelantada la postura de supuesta defensa hacia la cultura que dice fomentar el gobierno del procesado Mauricio Macri. En todo el transcurso de intimaciones, notas y visitas de fiscalizadores para avanzar en la expulsión, “ningún funcionario macrista se acercó hasta el lugar para intentar buscar una salida consensuada”, se queja Lovarvo.
Es más, el embate del PRO tuvo un primer capitulo en diciembre de 2008, cuando al Veinte Flores le clausuraron un espacio infantil, donde se cuidaba y se impartían talleres a niños mientras su padres trabajaban. También a principio del año pasado, cuando cortaron la comida que llegaba al comedor comunitario, pero luego de algunas gestiones lograron recuperarla. “Lo que intentamos brindar acá son muchas herramientas y servicios que no facilita el Estado en general. Desde hace tiempo que hay un vacío en algunas áreas y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, apunta el joven.
Sin ir más lejos, la misma Justicia después de la feria judicial parecería con sus manos imposibilitadas. Por eso, Fasanando adelantó que con otros representantes de la Asamblea se movilizarán al INAES u a otro organismo en busca de una solución u acuerdo. Habrá que ver si finalmente el futuro incierto logra transformarse en un panorama más claro para esta experiencia autogestiva que merece un mejor trato del que está recibiendo en este momento. De eso no quedan dudas.
