El próximo miércoles, el Senado debatirá la creación del Instituto Nacional de la Música, una institución que significa, para la Unión de Músicos Independientes, un paso más dado hacia un futuro ideal: la existencia de una Ley Nacional de Música que reconozca las condiciones actuales de producción, difusión y distribución de sus creaciones. Agencia NAN realizó un balance de la situación junto con el presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI), Diego Boris, a más de un lustro del inicio del camino.
Por Nahuel Lag
Fotografía gentileza UMI
Buenos Aires, octubre 28 (Agencia NAN – 2011).- “Hasta que no empiece la sesión…”, advierte Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FAMI), a la espera de que el próximo miércoles 2 de noviembre el Senado trate, después de varios intentos fallidos, el proyecto de ley del Instituto Nacional de la Música (INM), sueño que la Unión de Músicos Independientes (UMI) alimenta desde 2006 y que mañana llevará hasta el fin del mundo, cuando La Tolva y Walter Slongho hagan sonar rock y tango en la Antártida para impulsar el tratamiento de la norma. Boris, antes de poner un pie en el avión de la Fuerza Aérea que lo llevará al continente blanco, habló con Agencia NAN para desandar el camino que los trajo hasta aquí.
La firma del entonces presidente Néstor Kirchner para poner en vigencia la ley del Estatuto Profesional del Ejecutante Musical, sancionada en 1958, fue el disparador para que los músicos independientes comenzaran a reunirse en asambleas en el Hotel Bauen. El objetivo no era respaldar la norma sino pedir su derogación. Aquella ley obligaba a los músicos a obtener una matrícula profesional mediante un “examen de aptitud” ante un jurado de “notables” y exigía el pago de una cuota anual al Sindicado Argentino de Músicos (Sadem).
En 2005, cuando los espacios para tocar en vivo se cerraban como medida extrema ante las deficiencias privadas y estatales para evitar otra tragedia como la de Cromañón, la norma no se adaptaba a los tiempos que corrían y le otorgaban a Sadem un poder que “lejos de favorecer a la música en vivo buscaba generar una caja, además de obligar a los músicos a sindicalizarse”, resaltó Boris.
La asamblea de músicos empujó hasta que el 21 de abril de 2006 consiguieron una audiencia con Kirchner, quien reconoció que se había equivocado y derogó el decreto. La paradoja se completa: esas asambleas para conseguir la anulación de una legislación marcaron el nacimiento de otra, una Ley de la Música que reconociera las condiciones actuales de producción, difusión y distribución de los músicos independientes.
El primer paso se consiguió a fines de 2009, con la sanción de los artículos 65 y 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: el primero asegura una cuota de emisión de música independiente en las radios, y, el segundo, el financiamiento del INM. ¿Qué problemas de los músicos aunados en este ámbito buscará resolver el INM, cuyo proyecto cuenta con dictamen positivo de todos los bloques? Dos principales: la falta de espacios habilitados para tocar, problemática porteña y nacional; y la producción de discos, inconveniente que se incrementa cuanto más lejos se está de la ciudad, “debido a que las cinco replicadoras de discos están en la capital”, explicó el presidente de la FAMI.
–¿Cómo esperan que ocurra el paso del papel a la aplicación?
Diego Boris:– Ocurre con muchas leyes que es el papel el que guía la práctica, pero, en este caso, UMI operó a la inversa: construimos una teoría desde la práctica y todo el trabajo realizado con otras organizaciones de músicos a lo largo del país se volcó en el texto de la norma, por lo cual tiene incorporado mucho del ejercicio que los músicos independientes venimos desarrollando en estos años. Son experiencias que ya funcionan y buscamos transformarlas en derechos. No es un texto armado entre cuatro paredes por teóricos que después dificulta el paso a los hechos.
Una de las prácticas que ya realiza la organización y que la norma legislaría y haría extensiva es la UMIred, un ámbito que reúne espacios culturales y bares de todo el país en los que los músicos pueden tocar sin tener que pagar para hacerlo. Con la sanción de la ley se constituiría el Circuito Estable de Música En Vivo, una red ampliada a nivel nacional para la que el INM haría los lazos con espacios privados, estatales y sociales, les podrá facilitar el acceso a luces y sonidos, excepciones impositivas y difusión, mientras que los lugares deberán ofrecer una grilla semanal estable para que los músicos puedan presentarse y obtener hasta el 70 por ciento del valor recaudado por las entradas. “Significa crear un circuito que tenga condiciones dignas para el músico, pero también para el espectador”, resaltó el integrante de La Tolva.
–Muchas de estas propuestas las vienen impulsando desde hace varios años y aún no consiguen que sean sancionadas por el Congreso, ¿cómo se llevaron con los tiempos políticos?
DB:– Fuimos comprendiendo que hay cosas que tienen que ir por consenso y otras que tienen que ir madurando. Probablemente, si hubiese sido aprobada la ley en 2007 no hubiese resultado tan completa. El espíritu de la ley es la asociatividad, lo que implica que quienes van a decidir cómo se van distribuir los recursos del INM en cada región son los referentes de las organizaciones de músicos con personería jurídica y que los músicos independientes se junten, organicen, escriban un estatuto y tramiten la personería lleva su tiempo. Si bien nos demoramos en la sanción de la ley, todo ese capital de construcción político, no como algo partidario sino como una herramienta para cambiar la realidad, hoy juega a favor del instituto.
–En el marco de la pelea por la ley, ¿la organización provocó un efecto de gremialización de los músicos independientes?
DB:– Nos fuimos asociando por una necesidad de mejorar las condiciones bajo las cuales se hace música y para poder ejercer nuestra libertad artística, que es nuestro bien más preciado. La sanción del instituto es un fomento para la actividad. Luego resta una segunda parte de la ley que es la de crear el estatuto del ejecutante musical para mejorar las condiciones laborales de los músicos. Comprendimos que si no se mejoran las condiciones generales para tocar en vivo, es perverso pretender avanzar en lo otro, tras el efecto Cromañón.
–¿Qué hace que a casi siete años de Cromañón el efecto restrictivo continúe sin resolverse?
DB:– El problema es muy duro e impactó en la música en general y en el rock en particular. Desde entonces, se legisló, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires que es una vidriera para la legislación de eventos públicos para todo el país, como si lo peligroso fuera la música y no las condiciones en las cuales se desarrollaba, lo que provocó que se perdieran muchos lugares para tocar. La UMI le hizo juicio al gobierno porteño y lo ganó en el Tribunal Superior de Justicia. A partir de entonces, surgió una legislación a favor de la música en vivo, pero quedó instalado que la música rock es peligrosa.
Frente a las legislaciones restrictivas de los últimos años, los músicos organizados en todo el país sueñan con que el Senado le dé el “positivo” al INM que les permitirá alcanzar líneas de créditos, subsidios de fomento a partir de vales de producción de discos u horas de grabación. El instituto estará fortalecido para realizar convenios con imprentas, estudios de grabación o comprar un cupo de discos a imprimir.
Para acceder a esos beneficios, los artistas no deberán responder a los derogados requisitos de aquella norma del ’58, derogada en 2006, ya que el proyecto de ley ordena un censo de músicos nacionales “anual, gratuito, y obligatorio”, que será realizado por las organizaciones de músicos de cada región.
–Los artículos 65 y 97 de la Ley de Medios fueron un impulso legislativo para los músicos independientes, ¿cómo se avanzó en su aplicación?
DB:– El proceso mismo de la ley fue fundamental porque nos permitió participar de un proyecto en el que creíamos e incluir esos dos artículos. Se está trabajando para implementarlos, y el recorrido va a llevar unos seis meses más, pero en el Afsca (organismo de control que reemplazó al Comfer) hay señales de avance. Lleva tiempo porque necesitamos armar un banco de música independiente, algo inédito en el mundo, y certificar esa banca. La modificación de la realidad no es de un momento a otro.
–¿Cuáles serán los objetivos hacia adelante?
DB:– Los cambios que generamos desde la UMI siempre tiene que ver con el beneficio colectivo por sobre el beneficio individual, a veces, a costa de deteriorar los ingresos de la misma organización. Cuanto mejor funcione el INM menos gente se va a acercar a la UMI, pero es el rol que tiene que cumplir una organización que todavía tiene un fuerte envión transformador: tratar de modificar la realidad de una actividad para mejor.
–UMI se ha transformado en referencia para otros espacios independientes del arte y la cultura que comienzan a organizarse, ¿cómo lo sienten?
DB:– Si nuestra experiencia se logra trasladar a otras actividades artísticas sería una alegría para nosotros, la UMI logró que muchos músicos jóvenes se involucren y participen, y creemos que en cualquier arte es la juventud la que puede aportar más a la modificación de las formas estéticas y sobre todo a una revalorización ética.
El sábado y domingo, la agrupación de músicos realizará en el EcuNHi (Libertador 8465, ciudad de Buenos Aires) una Feria de Producciones Independientes como actividad para respaldar la sanción de la ley.
