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archivo de un juicio histórico

la represión de 2001

Fotografía: gentileza SubCoop

Este texto es una reconstrucción del juicio por la represión del 20 de diciembre de 2001, que ordenó el expresidente Fernando De la Rúa y puso fin a su mandato, realizada a partir de las crónicas hechas por la periodista Milva Benitez para el portal Infojus Noticias. Las crónicas fueron borradas por el Ministerio de Justicia del gobierno, encabezado por Germán Garavano, pero tras las denuncias por censura y libertad de expresión fueron recuperadas y pueden leerse en una sección aparte. El juicio ocurrió entre 2014 y 2016, pero Benítez no llegó a registrar las condenas, que alcanzaron a Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad, a la cúpula de la Federal y a otros tres exagentes de esa fuerza, la mitad de los acusados en el juicio. Aquí, pinceladas de los momentos más trascendentes de un debate histórico.

 

EL INICIO DEL DEBATE

 

Trece años después de la represión, el 24 de febrero de 2014 a las 11.15 de la mañana, los jueces, José Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín dispusieron que comenzara la lectura de la acusación. El exsecretario de Seguridad, Enrique Mathov, fue el único funcionario político que compartió el banquillo de los acusados con 16 ex policías federales. Entre el público, se dispusieron familiares y amigos de las víctimas que desde temprano esperaban ese momento. Se abrazaban y se alentaban entre ellos. Marta Almirón, la mamá de Carlos “Petete” Almirón, uno de los jóvenes asesinados en las inmediaciones de Plaza de Mayo, había llegado desde Lanús. “Vine porque me llamó ella y me dio fuerza. Mi marido me dijo que hoy tenía que estar acá”, dijo Marta y señaló a su tocaya.

 

LAS MUERTES

Fotografía: Leo Vaca para Infojùs
Fotografía: Leo Vaca para Infojús

Se refería a Marta Paladino, la esposa de Alberto Márquez, un hombre que estaría rondando los 60 y pico de años, si aquel 20 de diciembre una bala policial no le hubiera dado justo en pecho. El del Alberto es el único caso que encuentra a los que dispararon el gatillo entre los imputados: son 9 ex agentes de la policía federal que comandados por el ex comisario Orlando Oliverio -a bordos de un Fiat blanco, un Palio bordó y una camioneta Ford- se desplegaron sobre la Avenida 9 de julio casi esquina Sarmiento y dispararon contra los manifestantes que se guarecían del sol y descansaban de las corridas por los flujos y reflujos de manifestantes que durante horas, pese a la sangrienta represión, intentaban volver a la Plaza de Mayo.

 

“Hubiese querido que también esté de la Rúa porque es el autor intelectual”, dijo Karina Lamagna, la hermana de uno de las víctimas. Diego Lamagna tenía 26 años cuando una bala policial le alcanzó el pecho. Le dispararon en las inmediaciones de la Avenida de Mayo, cuando habían pasado 17 horas desde que De la Rúa dispuso el estado de sitio y el pueblo salió a la calle. Casi a las cinco de la tarde de ese jueves 20 los médicos del hospital Argerich confirmaron su defunción. Afuera seguía tronando la consigna “que se vayan todos”. Dos horas después, De la Rúa se subió al helicóptero.

 

Gustavo Benedetto, un joven de 23 años, quedó en la línea de tiro. Una bala le perforó la cabeza. Un grupo de testigos contó que lo vieron correr unos metros. Cayó y se desangró sobre el asfalto frente a la sede del HSBC, de la calle Chacabuco y avenida de Mayo. Eran cerca de las cuatro y media de la tarde y estaba solo. Después su familia supo que ese día cuando fue a trabajar encontró un panorama desolador: el supermercado donde estaba empleado como repositor había sido saqueado y él pasó a engrosar el número de desocupados. Enojado decidió marchar hacia la Plaza de Mayo, sumarse a los que manifestaban su descontento con las políticas de hambre y pedían “que se vayan todos”.
Una serie de videos tomados por las cámaras de seguridad del banco permitieron observar claramente a un grupo importante de policías moverse en la planta baja del banco. José Krisaywski trabajó en el banco ese día, era el encargado de turno para la empresa de vigilancia Catexis S.R.L. Vio a los policías disparar “dos o tres veces cada uno”, con sus “armas de puño y tirando para el lado de la calle Chacabuco”. Y que inmediatamente después los vio “agacharse a levantar las vainas de los disparos”. Fueron más de cien disparos en razón de 40 segundos, según la pericias incorporadas durante la investigación.

 

Daniel Guggini llegó a la intersección entre las avenidas 9 de Julio y de Mayo a eso de las tres de la tarde, después de trabajar en el laboratorio del Hospital Pirovano y de haber pasado por su casa para comer algo. Estuvo un rato allí y cuando el cordón policial (de infantería, según el testigo) se “diluyó” un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia la plaza de Mayo. El joven motoquero que se ofreció a llevarlo, avanzó despacio, como “queriendo retomar el centro de la calzada”. Pero “a la altura de la calle Tacuarí surgió un grupo de policías con las camisas blancas, y uno de ellos nos apunta”. La secuencia fue registrada por un camarógrafo de Canal 13. “Nos midió”, dijo el Guggini, que se paró frente al tribunal para mostrar que uno de esos policías apuntó con sus brazos extendidos (como si usara una escopeta), después bajó el arma y cuando la volvió a subir, disparó. “En ese momento, se escuchan algunas detonaciones”, contó Guggini y la moto alcanzó a seguir unos metros, unos cincuenta desde la Avenida 9 de Julio. En el asfalto, con la vista fija en el cielo, quedó Gastón Riva. Tenía 30 años y tres hijos de ocho, tres y dos años que criaba trabajando en la mensajería.

 

LOS SOBREVIVIENTES

Fotografía: Leo Vaca para Infojús
Fotografía: Leo Vaca para Infojús

En la acusación, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers contabilizaron 80 heridos de bala. “Es de destacar que no fueran más los muertos”, apuntaron. Otros hechos vinculados a la trágica jornada aún continúan en instrucción. Las heridas que recibió Cárdenas, por ejemplo, y las heridas y detenciones ilegales de cientos de personas. También el ataque con caballos a las Madres de Plaza de Mayo.

 

En la sala de audiencias, atrás de los abogados de la querella, estaba Martín Galli, un joven que en la misma balacera que cayó Márquez recibió un disparo en la cabeza, y desde entonces vive con la bala en su cuerpo. El corazón de Martín se paró en dos oportunidades alrededor de las 19.20. Media hora antes que Fernando de la Rúa abandonara la Casa Rosada en helicóptero. En ese momento, el “Toba” Héctor García se emperró en salvarle la vida. Le pegó una trompada en medio del pecho y lo trajo de vuelta. Y con un dedo le tapó el agujero que la bala de plomo le había hecho en la nuca. Estaba arrodillado junto a Martín, aunque todavía no sabía su nombre. Trece años después, Martín fue el primero de los baleados que contó lo ocurrido ante los jueces del TOF 6. “El Toba” no pudo acompañarlo en esa partida, estaba internado en el hospital de Ezeiza y falleció tres días después, el sábado 17 de mayo de 2014.

 

Junto a Martín, se sentó Juan Manuel Cárdenas, hijo de un testigo y víctima clave de esta represión: Jorge Cárdenas, el primer herido por un arma policial. La madrugada siguiente a la declaración de estado de sitio que dispuso De la Rúa (de manera inconstitucional, según señaló la querella del CELS durante la acusación) un grupo de personas se congregó frente al Congreso Nacional. Jorge estaba ahí con su hijo de 15 años cuando, a eso de las tres de la madrugada, un grupo de policías los atacó. Empezaron las corridas, y cuando se calmó todo el chico volvió y encontró a su padre desangrado sobre las escalinatas de ingreso al edificio. Jorge vivió 7 meses más, y su caso no forma parte del debate, aunque será parte fundamental para la acusación.

 

“¡La plaza es de las Madres, no de los cobardes!”, cantaban ellas. Caminaban con los brazos entrelazados y avanzando en una única fila en la plaza de sus luchas. Avanzaban en medio de las balas, los gases y los palazos policiales. En el juicio por los homicidios ocurridos durante la represión, ante el Tribunal Oral Federal 6, muchos testigos recordaron que decidieron salir a la calle cuando vieron que las mujeres de pañuelo blanco eran atacadadas por la policía montada.

 

― ¡Vos no apareces más! Va a ser bueno que tu mamá se compre un pañuelo y se ponga a dar vueltas en la Plaza― dijo el periodista Daniel Otero que le gritaron los policías. El 20 de diciembre de 2001 se lo llevaron detenido sin explicaciones y a los golpes. Casi trece años después, llegó a su correo una notificación del TOF 6 para declarar en el juicio. Contó que trabajaba como productor del programa televisivo Punto Doc y, mientras sus compañeros registraban la masacre, él tenía que ubicar a la diputada Elisa Carrió para invitarla al vivo que se emitiría esa noche. Caminó hasta el Congreso Nacional; pero cuando llegó un policía le impidió el paso. Preguntó los motivos: “¡Porque no se me cantan las pelotas!”, le respondió el policía. Cuando intentó retrucarlo vinieron los golpes, entre tres o cuatro, lo redujeron y esposado lo arrojaron en el celular que lo llevó hasta la comisaría 7, en el barrio de Once. “Ahí estuve hasta las tres o cuatro de la madrugada. El calabozo estaba lleno. Había hasta un pibe que era paseador de perros, y estaba preocupado porque los había dejado atados a un semáforo”.

 

El 20 de diciembre de 2001 Paula Simonetti escuchó una frenada. Giró y vio a unos hombres bajar de los autos que estacionaron sobre la avenida 9 de Julio, entre las calles Sarmiento y Perón, en el centro porteño. Vio a esos hombres sacar armas largas, apuntar y disparar. Un balazo impactó en ella. Desde entonces, vive con una bala de plomo en su cuerpo: “Entró cerca de la vena aorta, a la altura del broche del corpiño”, recordó en el juicio.
Paula agregó que ese día estaba con Federico Quevedo, su novio de entonces. Se habían encontrado a eso de las 18 por la calle Corrientes, a unas cuadras del Obelisco. Los dos estudiaban Periodismo. Él ahora vive en Córdoba. Ella, en Italia. Los dos viajaron hasta Buenos Aires, y declararon como testigos en el juicio por la represión.

 

LAS ACUSACIONES

 

Fotografía: Infojús
Fotografía: Infojús

En la instrucción, Mathov dijo que intentaban evitar que los manifestantes ingresaran a la Casa Rosada. Pero no dio precisiones sobre el origen de esa suposición. Fue el primer juicio oral en el que funcionarios de un gobierno constitucional son acusados por haber ordenado una represión de esta naturaleza”, dijo el abogado Rodolfo Yanzón, que acompaña a un grupo de víctimas.

 

El querellante Maximiliano Medina del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coincidió. Y dijo que es la primera vez que la cúpula de una fuerza de seguridad (la Policía Federal, en este caso) debe responder por la represión de las manifestaciones sociales. El ex jefe de la policía federal Rubén Santos y a sus subordinados, los ex comisarios Raúl Andreotti, entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero.

 

DE LA RÚA: TESTIGO

Fotografía: Infojús
Fotografía: Infojús

“No se deben a la policía, a ningún operativo, ni al Gobierno porque no hubo un plan de represión”, dijo el expresidente Fernando de la Rúa al referirse a los manifestantes asesinados el 20 de diciembre de 2001 en las inmediaciones de la Casa Rosada. Declaró como testigo ante el TOF 6 a un año y medio del inicio del juicio. No era la primera vez que el expresidente declaraba en esta causa. El 26 de diciembre de 2001, a las 13.18 —seis días después de haber abandonado su cargo en un helicóptero, desde los techos de la Casa Rosada—, De la Rúa presentó de puño y letra su primer descargo. Reconocía haber impuesto el estado de sitio, pero negaba su responsabilidad por las muertes ocasionadas y la represión con la que la Federal intentó impedir que los manifestantes permanecieran en la Plaza de Mayo. “Es claro que los procedimientos no estaban a mi cargo”, aseguró en el escrito que bajo la leyenda “Dios Guarde a V.S.” lleva su firma.

 

A esta, sucedieron otras declaraciones del exmandatario durante la instrucción de la causa en la que estuvo imputado hasta 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó su sobreseimiento. En mayo de 2004, lamentó “ser tratado como expresión de un aparato represivo dominante a la manera de Hitler, Stalin o Pinochet”.

 

LA IMPORTANCIA DE LAS IMÁGENES

 

“No nos van a matar de hambre en la casa, nos van a matar en la plaza a balazos”, gritó una mujer aquel 20 de diciembre. Su voz apareció en los registros audiovisuales seleccionados por la fiscalía para proyectar en el juicio. Entre las más de 300 horas de videos aportados por los canales privados de televisión, los documentalistas y los registros del Canal 4 de la Policía Federal, la fiscalía encabezada por Mauricio Viera seleccionó 28 tramos, en los que quedaron registrados los asesinatos de Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y la avenida 9 de Julio. Y la del viejo militante justicialista, Alberto Márquez, en la Plaza de la República, cerca del Obelisco.

 

Lamagna y Benedetto tenían mucha sangre en la cara. Riva estaba tirado sobre avenida de Mayo a 50 metros de la 9 de Julio; su esposa María Arena vio que la vida de Gastón se apagaba por televisión, lo reconoció por la remera que llevaba puesta. En las filmaciones del canal 4, cuando ya De la Rúa había renunciado cerca de las 19.30, se ve a un grupo de policías de Asuntos Internos desplegarse con sus autos en ramillete sobre la avenida 9 de Julio, bajar y apuntar siempre al torso y la cabeza de los manifestantes. Márquez murió por dos balas de plomo en la espalda. Antes que cayera, el canal policial transmitía las corridas con una canción de Chayanne como cortina musical.

 

PEDIDOS DE CONDENAS

 

La pareja y los hijos de Márquez llegaron llevaban remeras blancas con la inscripción “Los caídos viven en nuestra lucha, familiares de los asesinados el 20 de diciembre de 2001”. Después de 20 meses de audiencias, el abogado de la familia les pidió a los jueces del TOF 6 que condene por el homicidio de Alberto a los nueve policías de Asuntos Internos de la Federal que esa tarde dispararon contra 20 o 30 personas que buscaban un poco de sombra. Para el jefe del grupo, Orlando Oliverio, el querellante pidió 25 años de prisión; para los que llevaban la armas —Carlos López, Ariel Firpo Castro y Norberto Juárez— pidió 20 años de cárcel y 16 para los otros acusados.

 

“Ellos cuatro mediante una actuación coordinada fueron el órgano de gobierno que condujo el operativo que terminó con el asesinato de cinco manifestantes”, dijo el abogado de la querella unificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Rodrigo Borda, antes de pedirle al tribunal que condene a 5 años de prisión al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y al ex secretario de Seguridad de la Alianza, único funcionario político señalado por la represión. Los otros dos imputados que por sus decisiones consideró responsables indirectos: el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi —para quien pidió una pena a 4 años y 6 meses de prisión— y el exdirector general de Operaciones Norberto Gaudiero —para quien pidió una condena a de 4 años y 3 meses de cárcel—. En todos los casos solicitó que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos.

 

barro@lanan.com.ar
 

Nº de Edición: 1697