Ilustración: Juanma Dinosaur
Tres años atrás, un trece de noviembre, Wikileaks filtró el texto completo del borrador negociado para el capítulo de derechos de propiedad intelectual del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su nombre en inglés): quizás el tratado económico más importante de la historia entre países de la cuenca del Pacífico, promovido y patrocinado desde hace menos de una década por Estados Unidos. Hasta entonces, la negociación se había manejado con hermetismo, de espaldas a la sociedad civil. Nada raro en los, digamos, métodos de búsqueda de consenso de la potencia del norte. Lo que sí sorprendió fue el contenido del apartado filtrado, el más “controvertido” de acuerdo a la agencia de Julian Assange. Según reveló, el TPP avanzaría con efectos de largo alcance sobre producciones culturales, editores, servicios de Internet, libertades civiles y también sobre medicamentos y patentes biológicas. Esto es, sobre las normativas locales que hoy protegen y regulan el acceso a esas ramas de la propiedad intelectual. Cabe decir que esas normativas locales son ya excesivas en la protección del derecho de autor y brindan escasas excepciones y garantías de acceso para los usuarios, pero el TPP sólo volvería las cosas peores.
La filtración del borrador no hizo más que confirmar las sospechas e inquietudes de oenegés de todo el mundo que habían seguido con dificultad las escasas instancias de participación y debate para la sociedad civil, habilitadas por el gobierno estadounidense durante los primeros tres años de negociaciones. De a poco, los fantasmas del acuerdo multilateral coparon la agenda política de los potenciales adherentes. Se hicieron marchas, protestas y análisis mediáticos sobre el asunto y activistas por la defensa del acceso al conocimiento y la cultura elaboraron informes detallados sobre cómo se vería afectada la autonomía regulatoria de sus países; sus políticas de excepciones y límites al derecho de autor (aplicadas, por ejemplo, a bibliotecas, archivos y actividades educativas); y su ser y estar en el mundo digital. Estos cambios les quitarían terreno a los usuarios en favor de la industria del entretenimiento y conocimiento, aumentando controles, sanciones y períodos de duración de los derechos patrimoniales del autor.
Finalmente, el 4 de febrero de 2016, una docena de países adhirió al documento final del Trans-Pacific Partnership. De América latina, pusieron el gancho Chile, México y Perú (el resto fueron Australia, Brunei, Canadá, EEUU, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam). En total, más del cuarenta por ciento del PBI del mundo, según las cifras que aporta Wikileaks. El TPP complementaría además otra alianza transoceánica de libre comercio que Obama impulsa desde 2013 en la Unión Europea, la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). Juntos, el TPP y el TTIP superan el sesenta por ciento del PBI global. Los dos excluyen a China, probablemente para frenar su avance y consolidar las exportaciones de EEUU en las regiones alcanzadas por los acuerdos; pero fundamentalmente para revertir las proyecciones que auguran que el tigre asiático sería la primera economía del mundo en menos de una década.
—
En Chile, la decisión final está ahora en manos del Congreso. Tras la adhesión del 4 de febrero, será el Parlamento el que ratifique o rechace el tratado como un todo inflexible, cerrado a cualquier modificación. Si bien el debate aún no está en marcha, el director de Incidencia de la ONG chilena Derechos Digitales, Vladimir Garay, se anticipa al peor escenario: “Si el acuerdo se acepta, comienza otro proceso importante, que es el de implementarlo; es decir, realizar las modificaciones legales necesarias para adaptar las normativas internas a lo acordado en el tratado. En ese proceso, nos interesa mucho lo que pase con el sistema de notificación y bajada de contenidos de Internet; nos parece importante que Chile sea capaz de mantener el sistema actual, en el que la bajada de contenido sólo puede ocurrir mediante una orden judicial. Dentro de la propiedad intelectual, hay otros temas importantes que se escapan al trabajo de Derechos Digitales: la decodificación de señales satelitales, las medidas tecnológicas de protección y las patentes farmacéuticas.”
El “proceso de adaptación” no es una novedad para la legislación chilena. Apenas pasó una década desde la firma del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, que empujó al país a un ajuste de sus estándares de protección del derecho de autor. Ese acuerdo condicionó incluso los avances conseguidos con la reforma de la ley de propiedad intelectual chilena de 2010, sancionada al calor de un debate intenso y participativo. “Hay una serie de elementos fundamentales de la ley de propiedad intelectual que son afectados por el texto del TPP que acaba de develarse. Hay decisiones legislativas tomadas por el Congreso nacional hace menos de tres años que, producto del TPP, deben volver al inicio”, denunciaba un artículo sobre la filtración de Wikileaks publicado en la web de Derechos Digitales.
—Si se ratificara el acuerdo, ¿cómo esperan que se encare la etapa de adecuación teniendo en cuenta sus experiencias anteriores?
Vladimir Garay: —El proceso tendrá que darse tanto en materia de propiedad intelectual como en todas las demás temáticas que comprende el tratado. Es muy importante que el país tome buenas decisiones normativas, conscientes de nuestras propias necesidades de desarrollo y de lo que pase con la certificación. La certificación es un proceso interno de Estados Unidos mediante el cual se otorga el derecho de aprobar o rechazar las modificaciones internas decididas por un país (con respecto a los mecanismos establecidos en su Constitución), en el marco de un acuerdo económico con EEUU. Eso es atentatorio de la soberanía nacional.
El dato: en abril de este año, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos publicó su anual “Reporte Especial 301” sobre infracciones a los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, que incluye desde las descargas piratas hasta las violaciones de licencias farmacéuticas. Resulta que, según ese informe, Chile y la Argentina se encuentran en la “lista negra”, o priority watch list, por tener “serias” deficiencias en sus regulaciones de propiedad intelectual.
A pesar de la alerta, Chile parece haber hecho mejor los deberes: el informe le reconoce los esfuerzos por acortar los tiempos para el otorgamiento de patentes; la reducción de la tasa de uso de software sin licencia; y el incremento de acciones pro propiedad intelectual, entre otras cosas. Pero todavía no alcanza para entrar en el círculo de la confianza.
De este lado de Los Andes, las cosas siguen más o menos como en 2015. El reporte habla de deficiencias conocidas y de larga data en la legislación argentina, y reafirma su espanto por el constante incremento de la piratería, la falsificación y la expansión de La Salada. Sin embargo, nos pone una ficha: “Estados Unidos tiene la esperanza de que el gobierno del recientemente elegido Presidente Mauricio Macri activará de forma más productiva mejoras para la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la Argentina, creando con ello un entorno más atractivo para la inversión y la innovación”.
El “Reporte Especial 301”, antes llamado sólo “Sección 301”, fue creado con la Ley de Comercio estadounidense de 1974 para combatir los incumplimientos de acuerdos comerciales internacionales. En la práctica, habilitaba al presidente norteamericano a adoptar represalias económicas a los que presuntamente restringían el comercio estadounidense. Desde entonces, las leyes de propiedad intelectual de gran parte de los países del mundo son sometidas a un monitoreo unilateral de acuerdo a criterios definidos por EEUU. Como no podía ser de otra manera, un instrumento del poder al servicio de las corporaciones interesadas en exportar sus modelos restrictivos a naciones menos desarrolladas.
En nombre del comercio libre, la 301 se usó para aniquilar jóvenes industrias locales que buscaban ofrecer una opción accesible a medicinas y contenidos culturales. A fines de los ‘80, por ejemplo, le dio cuerpo a la persecución de EEUU a la India y Brasil por su oposición al patentamiento de fármacos, política con la que buscaban reducir el costo de medicamentos para pacientes con VIH/sida.
—¿Cuáles son las consecuencias que podrían sufrir los países que no se adecuaran “correctamente” a los cambios que introduce el TPP?
V.G.: —Lo primero a suponer es que no operarían las aperturas al comercio de EEUU que brindaría el tratado. Además, en caso de no satisfacer a las aspiraciones de ese país, podemos pensar que se buscaría una compensación económica por las posibles pérdidas o ganancias no obtenidas, mediante mecanismos arancelarios o aduaneros.
—
En la Argentina, la sigla TPP empieza a tener cada vez más eco. Y aunque no hay todavía un posicionamiento oficial sobre cómo se acomodará el país a este nuevo juego de alianzas de múltiples frentes, es fácil suponer qué rumbo tomaría. La evidencia está en la propicia coyuntura latinoamericana y en el giro de las relaciones exteriores argentinas desde la asunción de Mauricio Macri: pocas semanas atrás, el bloque económico conocido como la Alianza del Pacífico aceptó la solicitud de la Argentina para incorporarse como país “observador”. Meses antes, desde Washington, el secretario de Comercio, Miguel Braun, había asegurado que “el país, a largo plazo, ingresará en el Acuerdo Transpacífico”.
Como en Chile, las oenegés argentinas también están en alerta. Entre las más combativas se cuenta Wikimedia Argentina, el capítulo local del movimiento global que busca difundir el conocimiento libre en todo el mundo. “La coyuntura es preocupante porque tenemos un gobierno que está dispuesto, por lo menos de palabra, a hacer todo lo posible para entrar a ese club. Hay una cuestión aspiracional, incluso sin evaluar o discutir en el ámbito público cuáles serían las consecuencias prácticas. Creo que ese debate va a cobrar más espacio. En México, por ejemplo, es central en la política nacional. Hay marchas todos los meses contra el TPP. Lo cierto es que en la Argentina estamos en una etapa más embrionaria, en la que son las organizaciones vinculadas a derechos de autor o afines las que están alertando sobre esto. Todavía no hay movimiento social en la calle, porque el tema no cobró estado público. Si forzosamente avanza, va a cobrar otra dimensión. Aún todo lo relacionado al TPP está muy verde. Incluso dentro de los países centrales surgen resistencias”, analiza Galileo Vidoni, presidente de la organización.
—
De acuerdo al informe Potential Macroeconomic Implications of the Trans-Pacific Partnership, publicado por el Banco Mundial (BM) en enero de 2016, la recompensa por eliminar barreras comerciales para los socios del mega acuerdo se empezaría a sentir promediando 2030. Para entonces, “el TPP elevará el PBI de los países miembros entre un 0,4 y un 10 por ciento, y un 1,1 por ciento sobre la base del promedio ponderado por el PBI”. La proyección advierte que los beneficios se materializarán de a poco, pero asegura que se acelerarían hacia el final de ese período: “El comienzo lento es el resultado de una implementación gradual del acuerdo y el retardo que requieren los beneficios para materializar el incremento de utilidades”. ¿De dónde vendrían esos “beneficios”? De la reducción de medidas no arancelarias (como las cuotas o prohibiciones) y otras que benefician a los servicios. “Para los miembros del TPP, sólo el quince por ciento del aumento del PBI sería debido a la reducción de aranceles, mientras que los recortes en las medidas no arancelarias de bienes y servicios representan el 53 y 31 por ciento del aumento total del PBI, respectivamente”, sostiene el BM.
Para Garay, la lectura de esas cifras revela un horizonte menos optimista que el que pinta el organismo internacional: “Sin ningún estudio al respecto, todavía no sabemos cuáles son los beneficios del TPP para un país como Chile, que tiene acuerdos económicos con todos los otros miembros. Tampoco si la suma de lo que ganamos en relación a lo que perdemos es favorable o no”.
—¿Cuál prevén que será el impacto en materia de derechos humanos y libertad de expresión?
V.G.: —Desde el punto de vista del acceso a la cultura, el impacto es claro: durante años Estados Unidos ha buscado imponer una agenda sobreprotectora de los titulares de derecho de autor y contraria a los derechos de acceso a la cultura y participación de la vida cultural, que en la práctica se traduce en períodos de protección de obras más largos y mayor criminalización. Con el TPP, Estados Unidos busca elevar el estándar internacional de duración de los derechos de autor (que ya es alto) de 50 a 70 años post mortem. Eso quiere decir que países como Canadá y Japón pierden veinte años de dominio público. Por otro lado, en países que ya habían adoptado el estándar de los 70 años, como el caso de Chile, en el marco del TLC con EEUU, se hace muy difícil pensar en la posibilidad de revertir esta decisión. Otra materia importante es el modelo de notificación y bajada de contenido. EEUU impuso en el TPP un modelo de bajada de contenido en el que basta una notificación privada para bajar algo de Internet, sin participación de un juez. Este modelo es fácilmente abusable, lo que significa que contenido legítimo sería sacado de Internet, afectando así el derecho a la libertad de expresión. En teoría, Canadá y Chile lograron mantener sistemas alternativos. Pero hay que ver si Estados Unidos permite que esto ocurra a través del proceso de certificación. Sobre todo en el caso chileno, cuyo sistema no es del agrado de EEUU.
A las controvertidas disposiciones que enumera Garay, un artículo de Derechos Digitales añade una más: las sanciones contra la elusión de medidas tecnológicas de protección (como contraseñas, encriptados o controles de copias). El acuerdo levanta el estándar para la imposición de penas no sólo para quien las infrinja conscientemente sino también para quien lo haga teniendo “motivos razonables para saber”. “Estas medidas —explica el texto— permiten que los titulares de derechos controlen el acceso y reproducción de las obras, música o libros legalmente adquiridos”. Las sanciones pueden ser civiles y penales, si se demuestra que hubo una infracción a las leyes de copyright y se obtuvieron beneficios comerciales.
El gesto de “buena voluntad” del TPP a usuarios y consumidores se cristaliza en dos artículos (el 18.65 y 18.66) que habilitan a la aplicación de límites al derecho de autor para casos excepcionales. Dice el artículo 18.66: “Cada parte procurará alcanzar un equilibrio apropiado en su sistema de derecho de autor y derechos conexos, entre otras cosas, por medio de limitaciones o excepciones […], incluidas aquellas para el entorno digital, prestando debida consideración a fines legítimos tales como, pero no limitados a: crítica; comentario; cobertura de noticias; enseñanza, becas, investigación, y otros fines similares; y facilitar el acceso a obras publicadas a personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”.
—
¿Qué se esconde detrás de esta nueva modalidad de intercambio multilateral? ¿Cómo repercute en las formas de producción, distribución, consumo y acceso a la cultura y el conocimiento? Para Vidoni, el TPP representa “un chantaje en el que las cuestiones de derecho de autor forman parte del toma y daca para habilitar exportaciones primarias”. Los países subdesarrollados, explica, “tranzan para que Estados Unidos habilite la importación de limones a cambio de homologar sus leyes de derechos de autor a las estadounidenses, en favor de sus grandes productoras y estudios. No es que los países latinoamericanos y en vías de desarrollo impulsen la agenda de derechos de autor. Eso es parte del combo que se negocia en un TLC: la protección de las industrias (norteamericanas) de alto valor agregado, dentro de ellas, la cultural”.
—¿Por qué se oponen al TPP?
Galileo Vidoni: —Lo más preocupante del acuerdo en materia de propiedad intelectual es que estandariza los términos de duración de derechos de autor y otras restricciones al acceso al conocimiento a las normas estadounidenses. Homologa y copia todo lo negativo, pero no otorga ninguno de los beneficios y excepciones que también tienen las leyes de ese país. Es un mecanismo pensado para proteger los intereses de la industria del conocimiento, el entretenimiento y comercial estadounidense. Sin embargo, allá existe una institución que se llama “fair use” o “uso justo”, que habilita excepciones para uso no comercial o que se consideren educativos o de interés cultural. Por ejemplo, permite que muchas obras protegidas por copyright se puedan usar en Wikipedia en inglés o en contenidos dirigidos para públicos en EEUU. La norma a favor de grupos concentrados, que no representan el acceso de la población a la cultura y a la educación, impacta en la posibilidad de llegar a ese contenido que está guardado bajo siete llaves.
—¿Cuál es el escenario legislativo argentino sobre propiedad intelectual?
G.V.: —La regulación de Internet está llena de baches. No hay una ley integral. Hubo intentos. Hace unos años se intentó debatir una ley de canon digital que abarcaría algunos temas. Por suerte, no prosperó. La ley de canon digital española fue criticada hasta por la Comisión Europea, porque presume que todos los usuarios de Internet son delincuentes, entonces tienen que pagar una tasa por existir. Si uno ve el consumo argentino de recursos digitales, mucho se consideraría piratería y, con o sin razón, seríamos todos delincuentes. Los jueces aplican la Ley de Derechos de Autor a discreción, con conocimientos limitados de lo que es el mundo digital y las diferencias en las formas de distribución de contenidos. No sé si no es mejor así. Cada vez que un grupo de presión impulsa una ley integral, es para retraer los derechos de los usuarios y no para habilitar un marco civil de protección.
—
Poco habrá para festejar en Chile, si el TPP triunfa en la votación legislativa. Al menos, así lo contempla el integrante de Derechos Digitales: “Lo más complicado es cómo se está creando un nuevo estándar de propiedad intelectual a través de tratados de libre comercio con una perspectiva netamente comercial, donde las discusiones sobre acceso a la cultura y libertad de expresión no tienen espacio, y desde donde es muy difícil (quizás imposible) retroceder y enmendar el daño hecho. En el fondo, el TPP es perder la posibilidad de corregir las decisiones que ya han sido tomadas, que en materia de propiedad intelectual han sido consistentemente erradas”. Una cosa queda clara: “Los ganadores son las grandes corporaciones de propiedad intelectual, y muchas se encuentran en EEUU”.
Resulta paradójico pensar que la próxima elección estadounidense pueda definir la suerte del TPP. Pero puede. Puede como ya lo hizo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin quererlo, ese grito a favor del proteccionismo rozó como una bala el frágil entramado que intenta sostener la potencia imperialista del mundo libre. Movimientos como el “Brexit” o personajes con plataformas como las de Donald Trump “paradójicamente pueden resultar positivos”, analiza el presidente de Wikimedia Argentina: “Si ganara Hilary Clinton, también se convertiría en un tema fuerte hacia el interior de la agenda de EEUU. No se va a adoptar de la noche a la mañana. Los grupos de interés de ése y otros países no van a aceptarlo de buenas a primeras”.
—¿Y Latinoamérica?
G.V.: —La situación latinoamericana en un escenario como éste es muy preocupante. Hay una serie de gobiernos, el eje del Pacífico y algunos nuevos sobre el Atlántico, dispuestos a ceder a muchas de las pretensiones de EEUU y de otras potencias sobre estos temas. Hace algunos años, existía una resistencia, una voluntad de discutir cuál era el punto de vista latinoamericano, aunque en derechos de autor nunca hubo una consciencia muy elaborada. Si fuera por la situación latinoamericana, estamos fritos. La esperanza ahora está en la discusión en EEUU y Europa. En cómo se puede frenar desde sectores de los países centrales, que creen que la transnacionalización y la eliminación de cualquier barrera termina poniéndolos en peligro, como sostiene el discurso de Trump.
