Por Ailín Bullentini
La sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal porteña avaló la presentación realizada por la querella de los reporteros gráficos Esteban Ruffa y Gastón de los Santos, y acompañada por la fiscalía a cargo de Justo Joaquín Rovira, para que la causa que investiga las heridas de balas de plomo que recibieron ambos comunicadores de parte de miembros de la Policía Metropolitana durante el violento desalojo que esta fuerza realizó junto con la Federal en la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín siga su curso en el Juzgado Criminal de Instrucción número 38 de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo pasado, la jueza a cargo de esa instancia, Wilma López, se había declarado incompetente para investigar el ataque policial con balas de plomo y enviado la investigación a la Justicia de menores, que desarrolla otra causa surgida del mismo hecho. “Una cosa no tiene que ver con la otra. A nosotros nos balearon policías y eso no puede investigarse”, exigió De los Santos al cabo de la audiencia de hoy, en la querella que comparte con Ruffa ante la Cámara. Ambos festejaron junto a miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos (Eneca) y la Corriente contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que aguardaron la resolución con una manifestación en la vereda de la sede judicial.
“La Cámara nos dio la razón de cabo a rabo: le dijo a la jueza que debe investigar los ataques policiales”, explicó brevemente María del Carmen Verdú, la abogada representante de los dos reporteros de RNMA que, entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de marzo de 2013, fueron heridos con balas de plomo mientras participaban de la cobertura mediática de la represión que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó para desalojar el acampe de un grupo de jóvenes en la Sala Alberdi, de donde las autoridades los habían echado sin ofrecerles destino.
Ruffa y De los Santos recibieron disparos en sus piernas. El primero aún tiene alojada la bala en la tibia. Ambos vieron que los disparos provinieron de armas de la Policía Metropolitana y radicaron la denuncia. La instrucción fue encabezada por Rovira, de la Fiscalía en lo Criminal número 7 y recayó en el juzgado de López. En paralelo, la Justicia de Menores se hizo cargo de otra investigación relacionada con la detención de cuatro manifestantes, entre ellos una adolescente, acusados de daño, atentado a la autoridad y lesiones. Rovira avanzó en la línea del ataque policial con armas de plomo e imputó por los disparos a tres efectivos de la fuerza de seguridad porteña: Gabriel Pereira de la Rosa, Miguel Ledesma y Nelson Acosta. A los comisarios Pedro Carnero y Guillermo Calviño, de la Federal, les endilgó los delitos de incumplimiento de funcionario público y omisión funcional. Hasta el momento, ninguno fue llamado a ofrecer declaración indagatoria.
Todo iba bien hasta que la jueza a cargo de convalidar la instrucción se declaró incompetente y consideró que los hechos del ataque policial debía investigarlos la Justicia de Menores, a cuyo cargo estaba la causa en la que los señalados eran los militantes. “La unificación de las causas tenía el solo propósito de diluir la responsabilidad de los policías que le dispararon a la gente con balas de plomo”, consideró uno de los reporteros gráficos receptores del ataque.
La querella apeló la decisión de López y la cuestión derivó en el escritorio de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la ciudad, que hoy escuchó los argumentos de las partes acusadoras (los acusados y sus defensas no asistieron) y obligó a la jueza a retroceder en su accionar. Verdú señaló a NaN que el “punto fundamental” de la apelación es la diferenciación entre unos hechos y otros: “Los que investiga la Justicia de Menores y los que tiene que investigar López son distintos, más allá de que hayan ocurrido en un mismo contexto histórico”, es decir el desalojo y la represión ordenados por el gobierno porteño en marzo de 2013. “No existen en esta causa elementos que permitan determinar que los fotógrafos estuvieran agrediendo al personal policial. El ataque con balas de plomo no tiene nada que ver con lo que la Justicia debe investigar en la otra causa”, completó la abogada miembro de Correpi.
También apuntó que las lesiones que recibieron los reporteros de la RNMA “ocurrieron en lugares remotos respecto de los lugares en los que supuestamente los manifestantes atacaron a la Policía”. Ruffa y De los Santos fueron heridos en Corrientes y Paraná, mientras que los escenarios de los presuntos ataques a las fuerzas fueron: dentro del centro cultural de la calle Sarmiento, en la puerta, en Sarmiento y Callao, y en Rodríguez Peña y Lavalle. Por último, mencionó que tampoco son coincidentes los horarios en los que ocurrieron uno y otros hechos. Sin ir más lejos, Acosta, uno de los imputados por los disparos, declaró en la otra causa que recibió un piedrazo en la mano después de que los fotógrafos fueran heridos.
